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La Junta de Andalucía ha comenzado a elaborar el nuevo Plan para la Ordenación del territorio de la Costa del Sol, su objetivo es asentar las nuevas bases para el desarrollo urbanístico y territorial de la zona. En total son nueve municipios y una población con aproximadamente 400.000 habitantes, para los que son necesarios fijar unos objetivos de ordenación supramunicipal en infraestructuras, espacios libres y zonas de crecimiento. ...continúa leyendo "Nuevo Plan de Ordenación del territorio de la Costa del Sol"

La recuperación inmobiliaria es ya una realidad en Madrid. Sobre el papel, lo muestran las estadísticas (aumento de compraventas, visados, hipotecas y precios), pero también se confirma sobre el terreno. La ciudad de Madrid, tras su reactivación en los últimos años, es uno de los mejores reflejos del sostenido regreso de las grúas y la consiguiente puesta en marcha de nuevos proyectos para la construcción de más pisos. Así lo afirma CBRE en el II informe "Madrid desde el cielo", un innovador estudio en el que esta consultora vía satélite y con un posterior trabajo de campo, ha localizado 244 grúas activas en la ciudad a mediados de este año 2017, por las 231 que había en marcha en 2016. Este revivir inmobiliario en Madrid lo completamos con la "Guía para invertir en Madrid en el sector inmobiliario" un estudio de Invermax que da respuesta a una pregunta de interés para pequeños inversores: ¿Cuál es el mejor distrito para comprar una vivienda en Madrid y rentabilizarla a través del alquiler? Según el informe, "la inversión óptima, está entre los 80.000 y 130.000 euros".

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¿Se encamina España hacia una segunda burbuja inmobiliaria? Para Greenpeace, la amenaza existe, y alerta sobre 53 zonas de alta presión urbanizadora que no están protegidas y se encuentran ya urbanizadas, pero están cerca de zonas naturales muy codiciadas para la construcción de viviendas. Así, la organización ecologista ha puesto en marcha la campaña "Protección a toda costa" para evidenciar la ocupación urbanística del litoral español, señalar los puntos más golosos para los promotores y pedir que aumenten las figuras de protección en las zonas aún vírgenes de mayor riesgo por el aumento de casas y pisos. El estudio de la ONG señala estos puntos de interés repartidas por los 7.880 kilómetros bañados por el mar en todo país, incluidas las islas, siendo las zonas más apetecibles para un hipotético desarrollo inmobiliario que trae la recuperación. No se salva ninguna provincia, aunque la incidencia es mayor en el sur y en el levante español, donde la presión urbanizadora en zonas como Málaga y Cádiz ocupa ya el 74,9% y el 71,3% de la franja costera, respectivamente. La imagen muestra que, cuanto mayor cercanía hay a espacios protegidos, mayores son los crecimientos urbanos recientes. Así, según datos del Gobierno, el "ladrillo" en el último año ha duplicado su crecimiento, y son ya más de 200 viviendas al día en construcción.

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Las viviendas de uso turístico ya dominan el mercado. En 2016, las plazas en apartamentos vacacionales superaron por primera vez a las de hoteles en los principales núcleos urbanos, según un estudio de Exceltur, la patronal del sector, que revela que estas plazas casi se han duplicado respecto a 2015. En concreto, el año pasado se registraron 362.493 plazas en pisos turísticos en las 22 principales ciudades españolas. Esta oferta supera ya en un 9,76% a la de los hoteles. El auge de los apartamentos turísticos a raíz de las plataformas web ha cambiado el escenario turístico en España. De 2012 a 2016 la oferta de estas viviendas en alquiler de vacaciones se ha disparado un 1.633% en las 22 grandes ciudades, entre las que agrupan el 84,5% de toda la actividad turística urbana del país. lo que supone un ritmo de crecimiento del 104,4% anual. Así, durante el año pasado las viviendas vacacionales superaron por primera vez las plazas regladas disponibles en estas ciudades, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los principales portales, en un contexto de aumento de demanda, donde la regularización de alquileres sumergidos y nuevas licencias para uso turístico crecen en medio de una legislación aún muy caótica, ahora además en las ciudades, se generan nuevos conceptos como turistificación, gentrificación y turismofobia.

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El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, que fija doctrina, en la que establece que el comprador de una vivienda podrá recuperar el dinero anticipado si se anula el contrato de compraventa por haber ocultado el vendedor irregularidades urbanísticas. El fallo determina que las garantías legales de las cantidades anticipadas para adquisición de viviendas reguladas en la Ley 57/1968 y en la disposición adicional de la LOE se extienden a aquellos supuestos en que el contrato de compraventa no llega a buen fin por declararse nulo "por vicio invalidante del consentimiento", al haber ocultado el promotor-vendedor al comprador "la existencia de vicios de la edificación de naturaleza urbanística". A partir de ahora, "el vendedor responde no sólo de la entrega del inmueble, sino también de efectuarlo con utilidad para su destino propio, en condiciones de habitabilidad".

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Asimismo, el Supremo indica que la existencia de ilegalidades urbanísticas no puede considerarse que escapa del ámbito de la Ley 57/1968, "pues se encuentra estrechamente relacionada con la obligación del promotor-vendedor de iniciar y entregar la vivienda, cumpliendo las condiciones físicas y jurídicas para ser habitada sin miedos de futuro y sin frustración de expectativas, en lo que constituye el objeto del contrato".

Este fallo tiene su origen en la demanda que presentó la empresa Monteye Properties & Loan (compradora) contra Marina Isla Valdecañas (vendedora) y su aseguradora, solicitando la nulidad del contrato de compraventa de una vivienda, por vicio de consentimiento. En dicha demanda, la empresa compradora alegaba que el día de la firma del contrato de compraventa no se le informó de la existencia de un litigio que afectaba al instrumento urbanístico sobre el que se asentaba el inmueble. En concreto, argumentaba que la vendedora le ocultó que había un procedimiento judicial pendiente en el que se pedía que se anulara el decreto de la Junta de Extremadura que daba cobertura legal urbanística al complejo donde se ubicaba la vivienda adquirida.

Un juzgado de Sevilla declaró la nulidad del contrato y condenó a la vendedora a devolver las cantidades anticipadas (200.670,65 euros) y a pagar 52.143,55 euros por daños y perjuicios, pero se rechazó la responsabilidad de la aseguradora al entender que, como existía licencia de primera ocupación, se cancelaban las garantías otorgadas por la aseguradora o avalista, según el artículo 4 de la Ley 57/1968. Dicho artículo establece que "expedida la cédula de habitabilidad por la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda y acreditada por el promotor la entrega de la vivienda al comprador, se cancelarán las garantías otorgadas por la entidad aseguradora o avalista". La Audiencia Provincial de Sevilla confirmó dicho fallo, razonando que la circunstancia de este caso no está prevista en la ley 57/1968, que sólo cubriría que no se iniciase o terminase la construcción, el retraso en la entrega o la falta de licencia de primera ocupación.

La sentencia del Tribunal Supremo condena a la aseguradora

La sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado lunes y de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena Ruiz, estima el recurso de casación interpuesto por la empresa Monteye Properties & Loan y condena a la compañía aseguradora, alejándose del fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla y del juzgado, que la absolvieron al apreciar sólo la responsabilidad del promotor-vendedor. La cuestión que se plantea en este caso es hasta dónde alcanza el riesgo cubierto por la garantía que establece la ley 57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas en los casos en los que se anule el contrato de compraventa por causa no imputable al comprador.

En la sentencia se explica que hay Audiencias Provinciales que consideran que la garantía establecida en dicha ley sólo cubre la falta de inicio o terminación de la construcción de la vivienda y obtención de las licencias administrativas accesorias para ser entregada y utilizada como tal. En sentido contrario, otro grupo de sentencias, citadas por la empresa recurrente, admiten otros supuestos de incumplimiento distintos a los anteriores: cuando se entrega la vivienda en condiciones distintas a las pactadas; con una carga hipotecaria superior al importe del precio pendiente de abono; cuando se entrega con un embargo a favor de una empresa constructora, o cuando no hubo entrega efectiva por haber sido vendido a un tercero.

Otro supuesto es el que equipara la falta de entrega física de la vivienda a su falta de entrega jurídica. A los efectos de la ley 57/68, cuando concurre un problema urbanístico, como en este caso, conlleva la demolición de las viviendas. Para el Tribunal Supremo, "la obligación de entrega por parte del vendedor presenta un doble aspecto: físico o material, consistente en la puesta en posesión que en casos de inmuebles puede entenderse producida por el otorgamiento de la escritura pública; y otro jurídico, que se refiere al cumplimiento de aquellas condiciones necesarias para que quede garantizada la posesión legal y pacífica de la cosa a favor del comprador".

La Sala Civil del Tribunal Supremo señala que lo relevante para el comprador es que la entrega de la vivienda se produzca cuando el inmueble esté en condiciones de ser disfrutado según su destino. Del mismo modo, añade que la obligación del vendedor de entregar la vivienda supone "la entrega de aquella en condiciones de poder ser habitada sin impedimento legal alguno, haciendo posible su ocupación de un modo definitivo y sin obstáculos o impedimentos administrativos o urbanísticos". En consecuencia, concluye el fallo, "el vendedor responde no sólo de la entrega de la vivienda, sino también de efectuarla con utilidad para su destino propio, o lo que es lo mismo, con la condición de habitabilidad".

La sentencia parte del hecho de que a pesar de haberse expedido la licencia de ocupación, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura había ordenado la reposición de los terrenos a su estado anterior por lo que existía un "peligro cierto y grave" de demolición sobre la vivienda, basado en esa resolución judicial firme, que no se podía esquivar con la modificación del Plan General Municipal. "Tan esencial es el error provocado por la ocultación que hizo el promotor-vendedor al comprador de la ilegalidad urbanística, que ha dado lugar a la anulabilidad del contrato por vicio en el consentimiento, con lo que es evidente que el contrato no ha llegado a buen fin, pues era factible la entrega física al encontrarse la vivienda terminada, pero adolecía de condiciones jurídicas que garantizasen el uso pacífico de futuro, sin miedos ni sobresaltos por ilegalidades urbanísticas".

En relación con la condena a la aseguradora, la Sala afirma que si hubiese cumplido con sus obligaciones, entre la que se encuentra la de entrega de una vivienda hábil para su destino por estar cubierta con la normativa urbanística, "habría podido detectar, al ser profesionales del ramo, las dificultades urbanísticas que ya existían cuando concertó el seguro". Por esa falta de "diligencia", el Supremo condena a la compañía aseguradora Asefa a devolver a la compradora las cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda más los intereses recogidos en la demanda.

Fuente: poderjudicial.es

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Madrid podrá crecer en 22 nuevos barrios que estaban amenazados por los recursos judiciales. El Tribunal Supremo ha ratificado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2013 por Ana Botella (PP), anterior alcaldesa de Madrid, e Ignacio González (PP), expresidente de la comunidad. La decisión afecta a nuevos barrios pero también a algunos ya consolidados como Valdebebas o Arroyo del Fresno. En vilo estaba el desarrollo de alrededor de 130.000 viviendas que finalmente seguirán su curso.

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El Supremo finalmente avala una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante un recurso presentado por varios inversores privados. Se desenredan así unos conflictos judiciales que se remontan al final de los años noventa y que ha frenado el desarrollo urbanístico en los barrios periféricos de la capital. En 2013, Botella y González aprobaron en siete meses la modificación del plan general, un trámite que habitualmente lleva varios años, por lo que se le dio el nombre de exprés. La decisión venía a corregir varias anulaciones anteriores de modificaciones del PGOU de 1985 y sus cambios de 1997, tumbadas anteriormente en el Supremo en 2012.

Aún así, el Alto Tribunal anula tres actuaciones parciales, de licencia de obras para la ejecución de vivienda libre a Residencial Adhara, para la ejecución de obras de edificación en la parcela 168A del proyecto de reparcelación en Parque de Valdebebas, y otros dos acuerdos referidos a La Dehesa. Aunque desde la junta de compensación de Valdebebas se señala que la decisión del Supremo no tendrá efectos prácticos dado que la edificación de esa parcela tiene cobertura en una licencia posterior otorgada en 2014. “El fallo da garantías a los más de 50 promotores y gestores de cooperativas y las más de 4.000 familias que ya han apostado por este proyecto”, explicó en un comunicado Jorge Serrano, gerente de la junta de compensación de Valdebebas.

En estos desarrollos, estaba prevista la construcción de más de 130.000 viviendas. La sentencia del Supremo de 2012 desclasifica (recupera la clasificación de suelos no urbanizables que tenían en el plan de 1985) parte de los terrenos que componen los 21 ámbitos afectados. Porque la sentencia habla solo de 21. Existe otro más, el 22, el Ensanche de Coslada, que finalmente quedó excluido, al haberse producido una alteración de los términos municipales entre Madrid y Coslada, pasando los suelos correspondientes a este ámbito de la capital a formar parte de esa localidad. Pero la sentencia del Supremo de 2012 no supuso el fin del recorrido judicial del PGOU de Madrid.

Gran parte de las más de 130.000 viviendas previstas en los planes urbanísticos de 1997 no están construidas. Afecta a 22 desarrollos urbanísticos, entre ellos los ligados al Este de la ciudad como Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros, además de otros como La Dehesa, Valdebebas, La Atalayuela, Valdecarros, Arroyo del Fresno, Campamento y Cuatro Vientos. El pasado año el TSJM ya había avalado la decisión del Ayuntamiento.

Fomento recurre ante los tribunales el veto a la Operación Chamartín

Por otro lado, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy también presenta un recurso contra la anulación, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la conocida como Operación Chamartín. Se suma así a la presentada por la promotora del proyecto Distrito Castellana Norte (DCN) y por la Comunidad de Madrid presidida por Cristina Cifuentes (PP). El Ministerio de Fomento confirmó que este martes presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el rechazo del Ayuntamiento de la capital al plan urbanístico que Distrito Castellana Norte (DCN) preveía desarrollar en la ciudad y que cuenta con el respaldo del resto de Administraciones. El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, había anunciado en la víspera esta apelación: “Ya anunciamos que, ante la disconformidad con las decisiones que había tomado el Ayuntamiento de Madrid, acudiríamos a los tribunales de justicia para impugnarlas y que la operación pudiera salir adelante en los términos en los que había sido planteada”.

Este martes también se conocía precisamente que el TSJM admitía a trámite el recurso de la empresa promotora. El plan presentado por Distrito Castellana Norte (empresa en la que BBVA dispone del 75% y Grupo San José el 25% restante) se paralizó tras la llegada al Consistorio de Manuela Carmena, que ya lo tumbó en el pleno municipal con los votos de Ahora Madrid y PSOE. Además, el Ayuntamiento presentó su propio proyecto, llamado Madrid Puerta Norte, en el que reduce las 17.000 viviendas previstas a 4.600.

Inicialmente estaba planteado que el promotor invirtiera 6.000 millones en el desarrollo y en infraestructuras, recogido en un plan parcial aprobado por el anterior equipo de Ana Botella (PP), pero que nunca fue refrendado en el pleno. Este proyecto, en el entorno de la estación de Chamartín, lleva vivo desde 1993, sin que las Administraciones se hayan puesto de acuerdo en cómo desarrollarlo.

Distrito Castellana Norte tiene los derechos sobre el 61% de los 3,1 millones de metros cuadrados del ámbito, gracias a un acuerdo con Adif, que puede quedarse sin 1.300 millones previstos en la macrooperación de BBVA. Por eso, a final de mayo, Gonzalo Ferre, presidente de Adif, y Pablo Vázquez, presidente de Renfe, en una carta al Consistorio amenazaban ya con tomar medidas judiciales si se paralizaba el plan urbanístico, porque consideraban que se perjudicaba a la caja futura de estas empresas públicas del Grupo Fomento. En la reclamación, cifraron los perjuicios en 700 millones por las inversiones ya realizadas o por los compromisos actuales en obras. Sin embargo, según confirmaron fuentes de Fomento, en la actual reclamación al TSJM, no se incluye una indemnización por los potenciales daños patrimoniales. Fomento pide ahora que se anule la decisión de parar el proyecto de DCN. Por su parte, el recurso de Cifuentes pide la nulidad por una supuesta desviación de poder del Consistorio.

En la actualidad, la negociación sobre esta operación está bloqueada. Las semanas antes de las elecciones del 26 de junio, Fomento, Comunidad de Madrid, BBVA y Ayuntamiento abrieron una mesa de negociación a máximo nivel que no tuvo ningún fruto. Carmena, que siempre apostó por un proyecto diseñado y ejecutado por la Administración, descartó cualquier avance sin saber el color político del próximo ministro del ramo.

Fuente: cincodias.com

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El 27,8% de los 7.898 kilómetros del litoral costero en España se encuentra ya urbanizado o transformado por el hombre. En 24 años, transcurridos entre 1987 y 2011, la ocupación de esa primera línea costa (primera y segunda línea de playa hasta 500 metros desde el mar) ha crecido un 32,9%, a una velocidad de 22,7 kilómetros cada 12 meses. De continuar con este ritmo, en 251 años el 100% estará urbanizada. Así se desprende del informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad. El estudio parte de los datos del Instituto Geográfico Nacional, que periódicamente actualiza la información sobre la ocupación de la costa vía satélite dentro de un proyecto europeo.

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La zona del Mediterráneo y el Atlántico sur es la más castigada. De sus 3.829 kilómetros, el 35,2% (1.351 kilómetros) están ya ocupados artificialmente, ya sea por viviendas, zonas comerciales, infraestructuras o explotaciones mineras. En las Islas Canarias se situaba en el 19,7%,  sin embargo, en el ritmo de urbanización entre 1987 y 2011 en las islas ha sido el más alto: los kilómetros ocupados han aumentado un 42,6% en esos 24 años. La provincia de Málaga está a la cabeza en la transformación del litoral en España: el 81% de su primera línea está ya ocupado. El segundo lugar lo ocupa Valencia, con el 67% ya artificializado. En el caso de la costa del Atlántico norte (Galicia) y el Cantábrico (Asturias, Cantabria y País Vasco) esa ocupación estaba en 2011 en el 21,6%.

Para los realizadores del informe del Observatorio de la Sostenibilidad, lo más preocupante es la velocidad de la transformación de la costa. “De seguir así vamos hacia un colapso, hacia una costa congestionada”, apunta. En su opinión, es necesario que las Administraciones pongan en marcha actuaciones de restauración de las zonas ya degradadas y se salvaguarden las que aún permanecen intactas. “Se deben empezar a recuperar humedales y bosques”. Entre las medidas concretas que proponen estos expertos está establecer algún sistema por el que los Ayuntamientos en los que existan reservas de suelos sin transformar sean “recompensados por el resto de la sociedad”.

Los datos que proporciona el Instituto Geográfico Nacional también incluyen la superficie afectada. En la franja comprendida dentro de los dos primeros kilómetros de costa, 186.748 hectáreas se habían transformado en 2011. Esto implica que se ha urbanizado el 19,6% de las 952.499 hectáreas disponibles. Entre 1987 y 2011, ha aumentado esta superficie transformada un 42,7%.

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La población en la costa sube cinco millones más

Otro factor importante, según los autores del informe del Observatorio de Sostenibilidad, es el aumento de la población residente en la costa. Destacan que entre 1991 y 2011 esa población ha crecido un 22,6%; se ha pasado de los 15 millones de personas a los 20.

El aumento no es uniforme en las diferentes regiones costeras. Dentro de cada una de ellas existen también grandes diferencias interprovinciales. Entre 1991 y 2011 la población total costera española aumentó en un 22,6%. En los dos primeros kilómetros desde el mar, Tarragona y Gerona han aumentado su población en más de un 70%; por encima del 40% se encuentran Almería, Alicante, Baleares, Murcia, Castellón, Las Palmas y Málaga. Esas mismas provincias, aunque en distinto orden, compiten por los primeros puestos en la franja de 10 kilómetros, con porcentajes de crecimiento también muy elevados, entre el 65,3% de Almería y el 38,9% de Castellón.

En un rango de crecimiento intermedio encontramos las provincias atlánticas andaluzas de Huelva y Cádiz. En Cantabria (aumento del 17,8% en los dos primeros km y del 16,1% en la franja de 10 km), que rompe una evolución casi generalizada de deriva poblacional moderada hacia el mar en todo el norte. También provincias como Barcelona (2 km: 7,4%; 10 km: 11,1%) y Valencia (2 km: 13,3%; 10 km: 19,1%), en las que la congestión de la costa fue muy temprana y la deriva poblacional hacia la primera línea muy rápida y descontrolada, lo cual impide cifras de aumento muy elevadas por pura incapacidad física (proceso de colmatación antiguo). Ambas presentan porcentajes mayores en la franja de 10 km por falta de espacio en la primera línea.

Con menor crecimiento se sitúan las provincias del Cantábrico y en la costa gallega, que no habían sufrido una presión excesiva durante las décadas en las que se urbanizó sin planificación la región peninsular mediterránea y los archipiélagos. Así, en Galicia y en Asturias, se presentan las menores ratios positivas en ambas franjas (0,9% y 0,2% respectivamente), se caracterizan por un poblamiento lento y bien distribuido, que tiene sus excepciones en la dinámica de la franja de 10 km de Lugo (- 4,4%) y Vizcaya (-1%), que pierden población pero la ganan en primera línea de costa). No obstante, los incrementos de población en las costas del norte no superan el 10% en ambos espacios excepto en la mencionada Cantabria y en la franja de 10 km de la provincia de Pontevedra, sometida a una presión más elevada.

Estadística de Migraciones 2015: más población en el Mediterráneo y las islas

Quienes viven en España y se mudan de comunidad autónoma miran hacia Madrid, el Mediterráneo, País Vasco, Navarra y las islas. Estas zonas consiguieron un saldo migratorio interior positivo en 2015, según la Estadística de Migraciones 2015 del Instituto Nacional de Estadística. Simplificado: a ellas fue a vivir más gente de otras comunidades de la que se marchó a vivir a otros lugares de España. Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco y Navarra son las comunidades con los saldos migratorios positivos más acusados en el último año. Castilla La-Mancha, Castilla y León y Andalucía, por ese orden, lideran los negativos.

En esta serie temporal, que se remonta a 2008, Madrid consigue saldos migratorios favorables desde 2011, las cifras positivas se han incrementado cada año. En 2015, 55.000 residentes en Madrid se marcharon a otra comunidad; otras 77.000, sin embargo, la convirtieron en su casa. A este respecto Madrid ganó 22.000 habitantes. Un panorama muy diferente a 2008, cuando perdió 10.000 habitantes en el intercambio.

Una circunstancia similar ocurre en Cataluña, que durante los años de la crisis vio cómo se iba más gente de la que venía, la tendencia ha cambiado: los dos últimos años han arrojado saldos positivos (3.900 en 2015). En ese aspecto, no hay quien gane al País Vasco: lleva recibiendo a más gente de la que se marcha desde 2009. En el lado contrario se encuentra Castilla y León, que ha perdido habitantes en todos los períodos.

Varias comunidades han perdido población en favor de otras autonomías al menos desde 2012: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, la mencionada Castilla y León, Extremadura y La Rioja. Castilla-La Mancha, además, es la que peor saldo ha obtenido en los últimos tres años. Todo lo contrario a 2008, cuando llegó a dar la bienvenida a 13.000 personas más de las que le decían hasta luego.

Fuente y gráfico: elpais.com

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Desde Murcia, el holding empresarial español Baraka ha cerrado un acuerdo de compra del Edificio España con su actual propietario, el grupo Wanda, por un importe superior a los 265 millones de euros, según fuentes cercanas a la operación. 265 millones fue precisamente el precio que pagó en 2014 el magnate chino Wang Jianlin al Banco Santander por hacerse con él. Con la venta del edificio se cierra uno de los culebrones urbanísticos de Madrid protagonizado por el inversor chino y el Ayuntamiento de Madrid desde enero de 2015, para poder desarrollar el proyecto, que preveía construir 300 viviendas, un hotel de más de 20.000 m2 y un gran centro comercial.

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La negativa del Ayuntamiento de Madrid a que el magnate chino derribara la fachada, protegida por la Comisión Local de Patrimonio Histórico (CLPH), hizo que este desistiera hace seis meses de convertir el edificio en un hotel de lujo con oficinas y zona comercial y decidiera deshacerse de él. En enero, el Grupo Wanda encargó un concurso para la venta del edificio, de 117 metros de altura, en el que participaron cuatro grandes firmas del sector, y que finalmente ganó la consultora Jones Lang LaSalle (JLL). Durante este periodo, muchos fondos de inversión nacionales e internacionales se interesaron por la adquisición del inmueble, pero finalmente ha sido Baraka, el holding del empresario Trinitario Casanova, con sede en Murcia, quien ha roto la baraja con su oferta de compra.

El holding Baraka Global Invest está ubicado en el edificio Hispania de Murcia y se dedica a la promoción de viviendas, explotación de supermercados y promoción de eventos. En la capital ha protagonizado algunas operaciones, como la compra por 75 millones de un suelo urbanizable en Valdebebas. Su promotor, Trinitario Casanova, que ya fue calificado de "superviviente de la crisis del ladrillo", se mueve sin embargo como un experto jugador de Monopoly. En año y medio ha protagonizado sonadas operaciones en Madrid, como la compra de 114.000 metros cuadrados de suelo residencial en Valdebebas por 75 millones de euros, de la sucursal de Bankia de Gran Vía 44 (con la que obtuvo 2,6 millones en plusvalías en un mes) o de la sede comercial de Peugeot en Madrid, por seis millones.

El Ejecutivo de Manuela Carmena, ha tenido que lidiar además con el desafío del inversor asiático que ponía a su joven Gobierno contra las cuerdas al anunciar la decisión de abandonar sus planes inmobiliarios en Madrid. Sin embargo, el reciente convenio sellado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, club donde Wanda posee el 20%, para desbloquear la operación Calderón, y el principio de acuerdo con Casanova permiten que las aguas vuelvan a su cauce.

Ayer, debido al contrato de confidencialidad firmado con el grupo Wanda, ni el grupo Baraka ni la consultora JLL quisieron confirmar la venta, que se convierte en la mayor operación inmobiliaria de este año en la capital. También se desconoce por ahora qué uso querrá darle el nuevo propietario, que tendrá que avenirse a las condiciones impuestas por el Ayuntamiento.

La oposición usa la marcha de Wanda contra Carmena

Los representantes municipales del Partido Popular calificaron ayer la venta del Edificio España al holding murciano de "crónica de una marcha anunciada". José Luis Martínez Almeida (PP) pidió, nada más cerrar la comisión del Ayuntamiento sobre desarrollo urbano sostenible, que la alcaldesa pidiese "perdón" a los madrileños por decir en marzo que Wanda se quedaba.

Begoña Villacís, de Ciudadanos, recordó que el dato que hay que subrayar es la huida de Wanda, que se marcha por "la falta de apoyo, de consideración y de transparencia" del Gobierno municipal. El Ayuntamiento está "espantando a los inversores", dijo. Y añadió: "Hemos estado preguntando comisión tras comisión cómo iban las negociaciones con Wanda y la información que tenemos es nula".

Respecto al partido socialista, la concejala Mercedes González consideró que "Wanda se fue hace muchos meses". Y afirmó que el PSOE mantendrá la postura que adoptó ante el proyecto del grupo chino, es decir, que se respete la normativa vigente.

Fuente: elmundo.es

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Todos los grandes indicadores del mercado de la vivienda (ventas, precios, visados, hipotecas...) llevan ya más de un año en tasas positivas que parecen confirmar la estabilización de la recuperación inmobiliaria en España y, sin embargo, el consenso de los expertos es que no podrá darse por superada la crisis hasta que no culmine la absorción del stock de pisos y casas nuevas que, según las cifras del Ministerio de Fomento, llegó a las 649.780 csas en 2009. No obstante, poco a poco va ajustando este registro de inmuebles en stock, logrando en el primer trimestre de este año bajar de las 500.000 viviendas nuevas sin vender ni alquilar tras nueve largos años de crisis, según la Asociación de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco).

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Así, en el primer trimestre de este año el excedente de pisos a estrenar y casas nuevas sin vender ni alquilar ascendía a un total de 493.112 viviendas, lo que significa un descenso del 28,3% sobre el nivel máximo alcanzado en 2009 (en concreto 687.953, según sus cálculos), y regresar al excedente contabilizado justo antes de la crisis en 2007 y bajar por primera vez desde entonces de las 500.000 unidades.

Pero, más allá de que se trata de una reducción importante, ¿es mucho o poco que todavía existan esas 493.112 viviendas que no encuentran comprador o nadie que quiera habitarlas en alquiler? El informe de Cepco analiza la situación por provincias, ya que la absorción de este stock no está siendo fácil ni igual de rápido en todos los territorios.

En ese estudio destaca que ya hay cuatro provincias donde el excedente es inexistente: Cantabria, Navarra, Cáceres y Badajoz. Asimismo, el informe mide la cantidad de viviendas sin vender de dos formas, en términos absolutos y en términos relativos, estableciendo cuántos pisos de nueva construcción se encuentran en venta por cada 100.000 habitantes. Una ratio por debajo de 1.000 viviendas se considera un nivel mínimo de stock fácilmente asumible por el mercado, en opinión de los expertos; y en ese rango se encuentran ya otras 19 provincias. Entre ellas, destacan las tres más pobladas, Madrid, Barcelona y Valencia; pero también todas las de Andalucía excepto Almería, además de las provincias de Galicia, o el País Vasco, entre otras.

Pero, mientras hay áreas donde en los últimos seis años el stock de vivienda ha logrado reducirse a la mitad, todavía existen territorios donde la digestión del anterior boom inmobiliario está siendo más pesada de lo habitual. Estos se localizan sobre todo en Castilla y León, Castilla-La Mancha y en provincias como Alicante o Castellón, donde aunque el excedente se está reduciendo a tasas de dos dígitos, pero aún se sitúa en niveles elevados.

Viviendas invendibles

No obstante, según los expertos, entre la sostenida reducción del stock de viviendas en los últimos años, existe un porcentaje nada despreciable de este stock nunca se venderá, ya que corresponde a casas que se construyeron en zonas alejadas de los centros urbanos, con escasos equipamientos y dotaciones, como transporte o instalaciones educativas y sanitarias y tampoco responde a lo que demandan quienes quieren vivir de alquiler. El cálculo que elaboró Tinsa se atrevió incluso a predecir cuántas de esas viviendas son invendibles: poco más de 100.000, el 25,8% del excedente que la tasadora estimó que existía. Para establecer este dato, Tinsa utilizó dos criterios de cálculo, depurando de ese modo algunas situaciones que Fomento no tiene en cuenta. Así, más que restar a las casas terminadas las vendidas, realizó su informe al revés. Teniendo en cuenta cuántas viviendas se habían construido desde 2008, identificó las que sí están ocupadas, las segundas residencias, o las que se encuentran en alquiler, para lo que utilizó todas las estadísticas oficiales y los censos de población del INE.

Todo ello lo contrastó con el trabajo de campo realizado por 250 agentes en 900 municipios que concentran el 80% de las casas edificadas desde 2008. De este modo, la tasadora estimó que si en España se habían construido 1,56 millones de viviendas desde 2008, el stock de vivienda nueva a finales de 2015 ascendía a 389.000 y, de ellas (1 de cada 4) 100.000 no se venderán nunca. Otros estudios, como el realizado por RR de Acuña & Asociados, donde se suma la vivienda usada, estiman que unas 657.000 viviendas que hoy se encuentran en venta, no encontrarán comprador jamás.

Fuente: cincodias.com

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Tras años de retrasos y modificaciones, la operación Mahou-Calderón por fin tiene fechas concretas: a partir de septiembre podría comenzar la reforma urbanística en la zona que ocupa el estadio rojiblanco y la antigua fábrica de cerveza. Así, cinco días después de las elecciones generales, el Ayuntamiento de Madrid pudo por fin presentar su acuerdo con Mahou y el Atlético de Madrid para los terrenos del Vicente Calderón. Se trata solo de un primer paso para desbrozar la madeja creada por el decaimiento del plan anterior, creado por el PP de Ruiz Gallardón y Ana Botella, zarandeado por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y rechazado por el equipo municipal de Ahora Madrid. El acuerdo alcanzado, contempla la sustitución de los dos rascacielos de 36 plantas y ocho edificios de hasta 20 alturas previstos inicialmente por la construcción de varios bloques de hasta ocho plantas y la reducción del número de viviendas de 2.000 a 1.000. La edificabilidad se reducirá en torno a un 30-35%, habrá más zonas verdes y no se soterrará la M-30 sino que se "cubrirá".

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El acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, que junto a la cervecera es propietaria de los 204.218 metros cuadrados de terreno afectados, donde el Atlético de Madrid prevé disputar en 2017 la última temporada antes de trasladarse a La Peineta, acogerá un nuevo proyecto urbanístico que reduce la edificabilidad de la zona, el Atlético de Madrid asume menos cargas económicas de la operación (ya que no hay soterramiento de la vía de circunvalación), y además será el Ayuntamiento de Madrid quien financie íntegramente la cubierta de la M-30, con un coste de entre 50 y 60 millones de euros.

Según el ayuntamiento, “esta propuesta recoge buena parte de las demandas de las asociaciones vecinales del distrito de Arganzuela, muy críticas con el Plan Parcial aprobado en 2014 para el ámbito. La ordenación que se ha presentado será sometida a un proceso de audiencia pública para que ciudadanos, colectivos, entidades de interés público y Comunidad de Madrid aporten sus sugerencias a fin de garantizar el mayor consenso posible”.

Las zonas verdes se incrementan desde los 54.600 m2 que preveía el Plan Parcial de 2014 a 79.900 actuales, y los equipamientos previstos pasan de los 10.000 m2 que establecía el plan anterior, pese a su mayor edificabilidad, a los 12.800 m2. “Se pone suelo a disposición de la Comunidad de Madrid para la ampliación del CEIP Tomás Bretón y el IES Gran Capitán, y una parcela dotacional municipal que se definirá con la participación de los vecinos y vecinas del barrio, y que podría convertirse en un centro de mayores, centro de día o centro dotacional polivalente”.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, durante la presentación de la Operación, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reconocido que el número total de viviendas está aún por definir, pero que el plan de edificabilidad se ha establecido en los 129.000 metros cuadrados. Un 10 por ciento de la edificación de la Operación Calderón, lo que supone 13.000 metros cuadrados, será destinado a viviendas de protección oficial, y serán viviendas de entre 50 y 100 metros cuadrados.

Respecto al polémico y costoso soterramiento de la M-30, ahora el Ayuntamiento va a adaptar "las estructuras existentes, que son perfectamente válidas", a algún tipo de solución técnica que permita "cubrir" esa brecha de Madrid Río: 600 metros de semiautovía que van a quedar cercanos por zonas verdes y viviendas a ambos lados del río. ¿Cuánto costará a las arcas públicas la decisión del Consistorio? Calvo habló de entre 50 y 60 millones de euros, "en todo caso menos de lo que el Ayuntamiento se había comprometido a aportar" en los anteriores proyectos. Como éstos nunca llegaron a arrancar realmente, no está del todo claro cuánto costaba entonces el soterramiento completo, pero la horquilla iba de los 80 a los 170 millones de euros, de los que el Ayuntamiento asumiría en torno al 40%.

¿Salen ahora las cuentas? El problema es que de momento ni las hay, porque el proyecto no es definitivo. ¿Tiene el Ayuntamiento cincuenta millones de euros, el mínimo del que se habla, para destinarlo a este proyecto? Es cierto que la situación de la deuda municipal no es tan angustiosa como en la anterior legislatura, pero el Ministerio de Hacienda, con su Ley de Estabilidad Financiera, puede tener la última palabra. ¿Será la próxima temporada la última con fútbol en el Vicente Calderón? Ese es el plazo más claro de una Operación que avanza, pero a paso muy lento.

Carmena llevará a los tribunales a quienes vendieron pisos públicos a fondos buitre

Por otro lado, el concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha afirmado que el Ayuntamiento emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por la venta en bloque de pisos sociales a fondos buitre. La decisión fue anunciada después de la sesión de la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas. "Hay base jurídica para muchas cosas, pero especialmente para una actuación contra los administradores de una sociedad que no ha velado por el correcto funcionamiento de la misma, ni por su patrimonio".

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que determina que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación. Este informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección (de los que 2.956 son viviendas), cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros. Según ese organismo, la venta se realizó "sin la existencia de pliegos de condiciones" y "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar", que se fijó "por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores". Esto supone, según la Cámara de Cuentas, "la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos". "De lo que estamos hablando es de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales, o sea, vulneraciones del código penal, por supuesto también de actuaciones que han vulnerado las normas mercantiles", ha advertido sobre ese asunto Carlos Sánchez Mato.

No obstante, ha comentado que para poder revertir la situación (es decir, para que las viviendas vendidas regresen a manos municipales) habría que ir por la vía del Derecho Civil, porque "incluso una actuación delictiva que haya tenido como resultado un desastre para la EMVS podría hacer imposible la devolución de esas viviendas al patrimonio de todos. Por lo tanto esa parte, la que es menos sencilla de probar, es la que seguimos estudiando, porque desde luego los otros dos elementos, las obligaciones mercantiles y penales, parecen bastante claras".

Fuentes: expansion.com y publico.es

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