La rehabilitación de inmuebles de carácter público supone para los pequeños municipios de Andalucía una generación de empleo, fijación del mismo, cohesión del territorio y proporción de calidad de vida a los ciudadanos, por este motivo, La Junta de Andalucía ha elaborado, a través de la Dirección General de Administración Local, un presupuesto de un total de 2 millones de euros destinado a la reforma de sedes de ayuntamientos y edificios de servicios públicos para aquellas localidades con menos de 1.500 habitantes. ...continúa leyendo "La Junta de Andalucía subvencionará la rehabilitación de edificios municipales"
El pasado miércoles 4 de octubre se realizó en Sevilla la reunión del Consejo Andaluz de Consumo (CAC), en la que participaron representantes de todos los organismos institucionales y entre otros temas, se debatió la aprobación de un nuevo Código para la regulación de la actividad inmobiliaria que beneficiará tanto a las agencias como a los clientes. ...continúa leyendo "La Junta de Andalucía aprueba el Código Andaluz de Calidad Inmobiliaria"
El Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía aprobado en el año 2016, ha recibido ya unas 4.750 solicitudes a través del Programa de Adecuación Funcional Básica, para las ayudas destinadas a la ejecución de obras de adecuación en viviendas con miembros con algún tipo de discapacidad o personas mayores de 65 años con el fin de adaptarlas a sus necesidades. El pasado 28 de junio se abrió el plazo de entrega de la solicitud de estas subvenciones que cuentan con un total de tres millones de euros para adaptar el interior de las viviendas con el fin de mejorar la seguridad y la integridad de las personas que así lo necesiten. ...continúa leyendo "Ya son más de 4.000 las solicitudes para la adecuación de viviendas de discapacitados y mayores"
Las viviendas con fines turísticos de Andalucía salen del limbo legal al que las envió la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de junio de 2013, que excluyó los alquileres por temporada. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que regula las viviendas en alquiler de vacaciones en Andalucía, una vieja demanda del sector hotelero que tiene como objetivo principal combatir la competencia desleal y el intrusismo e intentar que aflore la economía sumergida. La norma servirá para elaborar un censo de viviendas turísticas, que no existe, y obliga a su regularización en un registro en tres meses y a la identificación de los viajeros que usen estos alojamientos, amparándose en la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza), que exige conocer la identidad de los usuarios de todos los establecimientos de hospedaje.
El decreto de la Junta afecta a las viviendas en suelo de uso residencial que se alquilen "de forma habitual y con fines turísticos". Quedan excluidos los arrendamientos superiores a dos meses con la misma persona, que se rigen por la LAU. Para ofrecer este servicio, las viviendas tendrán que estar inscritas obligatoriamente en el Registro de Turismo de Andalucía y sus propietarios deben formalizar ante la consejería una declaración responsable y aportar sus datos identificativos. El número de registro obtenido en este trámite tiene que aparecer siempre en la publicidad o promoción de la vivienda para su alquiler, sea el canal que sea.
El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha explicado que el plazo de inscripción de las las casas y apartamentos de vacaciones en Andalucía es de tres meses. El tiempo empieza descontar desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), gestión que previsiblemente tardará apenas un día quedando publicado previsiblemente mañana. Desde el alta en el registro, los propietarios de los inmuebles tienen un año para adaptarlos a las condiciones de habitabilidad que prevé la norma.
Si el número de registro no aparece en la oferta de alquiler, se considerará una actividad clandestina y entrará en escena el servicio de inspección de la Junta. Se contemplan sanciones en caso de infracción, que en el caso de las graves están penadas con hasta 18.000 euros y las muy graves, con hasta 150.000. El consejero ha explicado que se trabaja para cerrar un acuerdo con portales web para que no publiciten viviendas que no estén inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía.
El decreto incluye tanto las viviendas que se ceden en su totalidad como las que se alquilan por habitaciones, aunque en este caso, el propietario debe residir en el inmueble. Esta obligación representa una diferencia respecto al borrador que se tramitaba en la anterior legislatura, cuando IU ocupaba la Consejería de Turismo. Otros cambios son la eliminación de dos noches mínimas de alquiler para que se trate de una vivienda turística y algunos puntos de las condiciones de cancelación.
El decreto no afecta a las casas rurales. Tampoco tendrán esta catalogación las viviendas cuyo propietario tenga tres o más unidades en un radio inferior a un kilómetro, que seguirán reguladas por el decreto de establecimientos de apartamentos turísticos. Este punto levanta ampollas entre los representantes de los propietarios de estos inmuebles, que persiguen su registro como viviendas con fines turísticos. "Pedimos que se abra una agenda de contactos y se escuche al sector", subraya Carlos Pérez-Lanzac, secretario de la asociación Apartsur y miembro de la junta directiva de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). El escollo está en que los pisos turísticos se regulan igual que los establecimientos hoteleros, por lo que el suelo sobre el que se levantan debe tener la calificación de terciario. Esto obliga a cambiar el uso de residencial a terciario, un trámite de excesiva burocracia sin el que no es posible obtener la autorización para la actividad turística.
El consejero de Turismo ha resaltado que el consenso ha rodeado todo el proceso y que el decreto cuenta con el respaldo de los empresarios, incluidos los hoteleros, los sindicatos, usuarios y consumidores: "Ha existido esa voluntad de consenso, porque era necesario regular el sector". Entre las zonas especialmente afectadas por esta situación, serán los centros históricos de las ciudades, las urbanizaciones de la Costa del Sol, Cádiz, Almería, Huelva o la costa de Granada, así como el alquiler de viviendas en Sierra Nevada.
La Junta de Andalucía ha urgido este miércoles a las entidades bancarias a "dejar de aplicar cláusulas suelo abusivas en sus hipotecas" y ha anunciado que está "decidida a sancionar cuando se detecte infracción por falta de transparencia en la información" a los consumidores.
Eliminación de las cláusulas suelo de las hipotecas.
Así lo asegura la secretaria general de Consumo de la Junta, Dolores Muñoz, en un comunicado en el que informa sobre la campaña de inspección sobre escrituras hipotecarias puesta en marcha por este departamento para "vigilar y controlar si las cláusulas suelo cumplen los requisitos de especial transparencia previstos en la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS)".
En este sentido, Muñoz defiende la necesidad de "proteger a la ciudadanía de los abusos que hayan podido cometer las entidades bancarias en la operación más importante de sus vidas" y traslada a la ciudadanía que "es el momento de que revisen sus hipotecas y comprueben si tienen cláusulas suelo que puedan ser abusivas y reclamen ante su entidad bancaria lo antes posible".
Desde finales de 2012 las entidades financieras deben de colaborar facilitando información sobre su cartera de viviendas que tienen sin ocupar a la Consejería de Fomento y Vivienda, pero, según aclaró este martes el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, “hay entidades financieras que no quieren colaborar”
No quieren colaborar cuando en realidad están obligadas a raíz del decreto ley de la función social de la vivienda, aprobado por el Ejecutivo andaluz y convalidado por el Parlamento, sin votos en contra. Pero si continuan en esa situación, el Gobierno andaluz “no tendrá ningún problema” en hacer públicos los nombres de esas entidades y “denunciar a las que no colaboren”.
Un plazo de un mes, era lo que otorgaba en decreto, que ya cumplió el día 12, a las entidades financieras e inmobiliarias para que comunicaran a la Junta el número de viviendas de VPO desocupadas que poseen, con los datos detallados de sus características y ubicación. Aun así, Fomento dará unos días más de prórroga. "Si el retraso es pequeño, bien está lo que bien acaba", opinió Velázquez.
Diego Valderas, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, avanzó ayer que la Administración regional ultima un decreto de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios que llevará al Parlamento para su aprobación a finales de este mes o primeros de junio.
La normativa pretende hacer frente a los abusos bancarios sobre las participaciones preferentes y las cláusulas sobre las hipotecas. Se incrementarán las inspecciones y las sanciones administrativas para conseguirlo.
Recalcó que con la nueva normativa la Junta pretende proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente a los pagos de los mismos, así como también a las personas que avalen operaciones de préstamo o crédito. La intención de la Junta según explicó en rueda de prensa el también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, es "Impulsar un mayor nivel de inspección, dar más alcance y celeridad a las sanciones que se ponen encima de la mesa para que pasen a beneficiar cuando haya un abuso a los ciudadanos".
Por si faltaran casas en la Costa de Andalucía, nos llega esta noticia sobre la existencia de suelo destinado a la construcción en el litoral Andalúz. Quizás no sea el momento de construir más, sino de vender lo construido y proteger más este tesoro andaluz.
El pasado lunes cuatro de marzo, tuvo lugar una reunión de Luis Planas, consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con los directivos de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Fadeco para analizar el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.
Plana ha señalado a representantes de las patronales CEA y Fadeco la existencia de suelo destinado para la construcción de 40.000 viviendas en el litoral andaluz.
¨La Junta en ningún caso pretende paralizar el desarrollo de la costa¨, ha asegurado.
De hecho, según datos previos, existen 30 millones de metros cuadrados en sectores de suelo urbanizable ordenado con plan parcial aprobado preparado para su inmediata urbanización, con capacidad para la construcción de unas 40.000 viviendas.
La institución autonómica pretende ingresar hasta 800 millones de euros
La Junta de Andalucía ha comenzado un concurso para la gestión de la venta de parte de sus bienes inmuebles, con la que se quiere ingresar unos 800 millones de euros. Se trata de un lote de 49 edificios, según comunicó la institución a principios de mes.
Los inmuebles se reparten entre las ocho provincias y llegan a incluir sedes de consejerías y delegaciones provinciales.
El objetivo de la Junta es conseguir liquidez. Hasta ahora ya se han vendido cinco edificios, con los que ha ingresado 72 millones de euros.
La fórmula utilizada para la venta de los edificios es la del “sale & lease back”, que consiste en vender un inmueble para alquilarlo justo después. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ya explicó que esta fórmula permite mejorar la gestión y explotación de los edificios, así como una racionalización del gasto.
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