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Madrid podrá crecer en 22 nuevos barrios que estaban amenazados por los recursos judiciales. El Tribunal Supremo ha ratificado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2013 por Ana Botella (PP), anterior alcaldesa de Madrid, e Ignacio González (PP), expresidente de la comunidad. La decisión afecta a nuevos barrios pero también a algunos ya consolidados como Valdebebas o Arroyo del Fresno. En vilo estaba el desarrollo de alrededor de 130.000 viviendas que finalmente seguirán su curso.

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El Supremo finalmente avala una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante un recurso presentado por varios inversores privados. Se desenredan así unos conflictos judiciales que se remontan al final de los años noventa y que ha frenado el desarrollo urbanístico en los barrios periféricos de la capital. En 2013, Botella y González aprobaron en siete meses la modificación del plan general, un trámite que habitualmente lleva varios años, por lo que se le dio el nombre de exprés. La decisión venía a corregir varias anulaciones anteriores de modificaciones del PGOU de 1985 y sus cambios de 1997, tumbadas anteriormente en el Supremo en 2012.

Aún así, el Alto Tribunal anula tres actuaciones parciales, de licencia de obras para la ejecución de vivienda libre a Residencial Adhara, para la ejecución de obras de edificación en la parcela 168A del proyecto de reparcelación en Parque de Valdebebas, y otros dos acuerdos referidos a La Dehesa. Aunque desde la junta de compensación de Valdebebas se señala que la decisión del Supremo no tendrá efectos prácticos dado que la edificación de esa parcela tiene cobertura en una licencia posterior otorgada en 2014. “El fallo da garantías a los más de 50 promotores y gestores de cooperativas y las más de 4.000 familias que ya han apostado por este proyecto”, explicó en un comunicado Jorge Serrano, gerente de la junta de compensación de Valdebebas.

En estos desarrollos, estaba prevista la construcción de más de 130.000 viviendas. La sentencia del Supremo de 2012 desclasifica (recupera la clasificación de suelos no urbanizables que tenían en el plan de 1985) parte de los terrenos que componen los 21 ámbitos afectados. Porque la sentencia habla solo de 21. Existe otro más, el 22, el Ensanche de Coslada, que finalmente quedó excluido, al haberse producido una alteración de los términos municipales entre Madrid y Coslada, pasando los suelos correspondientes a este ámbito de la capital a formar parte de esa localidad. Pero la sentencia del Supremo de 2012 no supuso el fin del recorrido judicial del PGOU de Madrid.

Gran parte de las más de 130.000 viviendas previstas en los planes urbanísticos de 1997 no están construidas. Afecta a 22 desarrollos urbanísticos, entre ellos los ligados al Este de la ciudad como Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros, además de otros como La Dehesa, Valdebebas, La Atalayuela, Valdecarros, Arroyo del Fresno, Campamento y Cuatro Vientos. El pasado año el TSJM ya había avalado la decisión del Ayuntamiento.

Fomento recurre ante los tribunales el veto a la Operación Chamartín

Por otro lado, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy también presenta un recurso contra la anulación, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la conocida como Operación Chamartín. Se suma así a la presentada por la promotora del proyecto Distrito Castellana Norte (DCN) y por la Comunidad de Madrid presidida por Cristina Cifuentes (PP). El Ministerio de Fomento confirmó que este martes presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el rechazo del Ayuntamiento de la capital al plan urbanístico que Distrito Castellana Norte (DCN) preveía desarrollar en la ciudad y que cuenta con el respaldo del resto de Administraciones. El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, había anunciado en la víspera esta apelación: “Ya anunciamos que, ante la disconformidad con las decisiones que había tomado el Ayuntamiento de Madrid, acudiríamos a los tribunales de justicia para impugnarlas y que la operación pudiera salir adelante en los términos en los que había sido planteada”.

Este martes también se conocía precisamente que el TSJM admitía a trámite el recurso de la empresa promotora. El plan presentado por Distrito Castellana Norte (empresa en la que BBVA dispone del 75% y Grupo San José el 25% restante) se paralizó tras la llegada al Consistorio de Manuela Carmena, que ya lo tumbó en el pleno municipal con los votos de Ahora Madrid y PSOE. Además, el Ayuntamiento presentó su propio proyecto, llamado Madrid Puerta Norte, en el que reduce las 17.000 viviendas previstas a 4.600.

Inicialmente estaba planteado que el promotor invirtiera 6.000 millones en el desarrollo y en infraestructuras, recogido en un plan parcial aprobado por el anterior equipo de Ana Botella (PP), pero que nunca fue refrendado en el pleno. Este proyecto, en el entorno de la estación de Chamartín, lleva vivo desde 1993, sin que las Administraciones se hayan puesto de acuerdo en cómo desarrollarlo.

Distrito Castellana Norte tiene los derechos sobre el 61% de los 3,1 millones de metros cuadrados del ámbito, gracias a un acuerdo con Adif, que puede quedarse sin 1.300 millones previstos en la macrooperación de BBVA. Por eso, a final de mayo, Gonzalo Ferre, presidente de Adif, y Pablo Vázquez, presidente de Renfe, en una carta al Consistorio amenazaban ya con tomar medidas judiciales si se paralizaba el plan urbanístico, porque consideraban que se perjudicaba a la caja futura de estas empresas públicas del Grupo Fomento. En la reclamación, cifraron los perjuicios en 700 millones por las inversiones ya realizadas o por los compromisos actuales en obras. Sin embargo, según confirmaron fuentes de Fomento, en la actual reclamación al TSJM, no se incluye una indemnización por los potenciales daños patrimoniales. Fomento pide ahora que se anule la decisión de parar el proyecto de DCN. Por su parte, el recurso de Cifuentes pide la nulidad por una supuesta desviación de poder del Consistorio.

En la actualidad, la negociación sobre esta operación está bloqueada. Las semanas antes de las elecciones del 26 de junio, Fomento, Comunidad de Madrid, BBVA y Ayuntamiento abrieron una mesa de negociación a máximo nivel que no tuvo ningún fruto. Carmena, que siempre apostó por un proyecto diseñado y ejecutado por la Administración, descartó cualquier avance sin saber el color político del próximo ministro del ramo.

Fuente: cincodias.com

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Lo que ocurrió entre 2012 y 2013 con la venta de casi 3.000 viviendas de protección social a un fondo buitre no es más que la punta del iceberg de una práctica que sigue vigente en Madrid: la venta de promociones enteras eliminando el derecho de tanteo de los inquilinos, y en base al informe de una consultora que, como respuesta a los problemas económicos de la Empresa Municipal de la Vivienda Social, solo dio una solución: vender los pisos. No ha sido el único caso, este verano también se han visto sorprendidos los vecinos de una promoción de pisos protegidos en alquiler con opción a compra en Torrejón de Ardoz. De las 31.100 viviendas protegidas edificadas en los últimos 12 años, 30.000 están en manos privadas y pueden ser vendidas libremente. La Comunidad solo mantiene la titularidad de 1.100 pisos.

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Así, a los vecinos de una promoción de viviendas protegidas construidas en régimen de alquiler con opción a compra en Torrejón de Ardoz, encontraron en julio en su buzón una nota que les informaba de que sus pisos han sido adquiridos por Fidere, un fondo buitre. El cambio de titularidad de las viviendas de Torrejón, que ha pillado a la mayoría de los vecinos de vacaciones, se produce pese a que el Gobierno regional se comprometió a no vender pisos protegidos a ese tipo de sociedades. “La Comunidad no va a vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro”, dijo la presidenta, Cristina Cifuentes, en su discurso de investidura, en junio de 2015. En diciembre de ese año, PSOE y Podemos sacaron adelante una enmienda parcial para que las viviendas de protección pública solo pudieran venderse a sus inquilinos o a entidades con fines sociales. La normativa no se ha desarrollado todavía.

Según José María García Gómez, director general de Vivienda en Madrid, "Se trata de una venta entre particulares, por lo que el compromiso de la presidenta (Cristina Cifuentes) se ha cumplido, no se ha producido una venta de viviendas de la Comunidad a terceros".  Sin embargo, hay que tener en cuenta que más del 90% de las viviendas protegidas promovidas por la Comunidad de Madrid de 2005 a 2016 fueron construidas por promotores privados: el Gobierno regional impulsó la construcción de 31.100 casas, de las cuales 28.225 fueron edificadas por empresas privadas y solo 2.875 por la Agencia de Vivienda Social. Así, existen 30.000 viviendas edificadas entre 2005 a 2016, que pueden acabar en manos de fondos buitre. Es lo que les ha ocurrido a los vecinos de la parcela M-8 del Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz. El inmueble, promovido por la Comunidad, fue edificado por la constructora Sando, y en 2009 pasó a la inmobiliaria Hercesa. Hasta el 20 de julio, tres meses antes de que pudieran ejercer su opción de compra. “Hercecam (filial de Hercesa) ha transmitido la propiedad de su finca a la sociedad Yuncai Investment, que desde este momento es su nuevo arrendador”, decía la nota en el buzón. Yuncai Investment es filial de Fidere, filial a su vez de Blackstone.

En la ciudad de Madrid, este problema puede estallarle a la actual alcaldesa antes de que finalice su mandato. El Gobierno municipal puede encontrarse en meses con centenares de desahucios de inquilinos que vivían en régimen de alquiler en los pisos cuando eran públicos y no pueden hacer frente a los precios (con subidas de hasta el 43% en tres años) impuestas para renovar los alquileres. De aquí hasta 2019 sólo en los barrios de Carabanchel, Vallecas y Villaverde vencerán 1.553 contratos.

La portavoz de la plataforma de afectados, la última desahuciada

Esta batalla legal ha dejado en la calle a Arancha Mejías, la portavoz de la plataforma de afectados por la venta de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), quien ha recibido un burofax de Fidere, el fondo que compró su vivienda al Ayuntamiento, donde le comunican que no le renovarán el alquiler y que tiene treinta días para abandonar el inmueble. Mejías ha considerado que la compañía comete un "acto de venganza" al no renovarle el contrato por ser la “cara visible de luchar por todo el patrimonio que ha vendido el Ayuntamiento”. Mejías ha recalcado que los hechos demuestran que es incierto que los fondos no desahucien y que ella no entra en las tres condiciones que estos esgrimen para expulsar a alguien: no estar al corriente de pago, tener problemas de convivencia vecinal o ser delincuente.

La portavoz contra la venta de viviendas públicas compareció el pasado 1 de julio en la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que investiga la venta de estos inmuebles de la EMVS a los llamados fondos buitres durante la gestión de Ana Botella (PP). La joven, de 27 años, ha denunciado que Fidere, que adquirió su vivienda del PAU de Carabanchel hace tres años, la discrimina al no darle opción de quedarse en el piso aunque fuese con “condiciones leoninas” como sí ha hecho con otros vecinos.

El Ayuntamiento pide anular la venta de los pisos de la EMVS

El Ayuntamiento de Madrid pedirá declarar la "nulidad radical" de la venta, entre 2012 y 2013, de 18 promociones de vivienda de la EMVS al fondo de inversión Fidere. La delegada del gobierno Marta Higueras sostuvo que "está en las manos" de la Comunidad avanzar para anular ese contrato, mientras que Cristina Cifuentes aseguró que el Consistorio tiene "perfecta competencia para desarrollar las peticiones que considere necesario".

En abril, la Cámara de Cuentas cuestionó en un informe provisional la legitimidad de la venta al grupo Fidere, filial del fondo Blackstone, por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de 1.860 casas correspondientes a 18 promociones de viviendas protegidas. El informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la venta de estos pisos se llevó a cabo "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación". De Hecho, según Marta Higueras, las viviendas se habrían vendido por la mitad de su precio.

Por ello, el equipo de gobierno municipal pretende obtener la "nulidad radical" de ese contrato, recuperando así las viviendas adquiridas por Fidere. Éste es un procedimiento que sólo afecta a la preparación y adjudicación de un contrato, y que según sostuvo la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y también presidenta de la EMVS, depende de la opinión favorable de la Comunidad para seguir adelante.

Si el Ayuntamiento de Madrid no logra la nulidad del proceso, tendría igualmente que pagar 30 millones de euros por los costes judiciales, admitió Higueras. Como último recurso, el Gobierno de Manuela Carmena no descarta acudir a la regulación estadounidense contra los sobornos, ya que Higueras recordó que los fondos que adquirieron las viviendas a través de Fidere (Magic Real State y Blackstone) son americanos. "Tendríamos que acreditar la connivencia de los compradores", un proceso que se podría prolongarse "entre ocho y diez años".

Si la asociación de afectados por la venta de viviendas de la EMVS solicita la reapertura de la querella, el actual Gobierno municipal se unirá a la misma y se personará en el procedimiento para exigir la responsabilidad contable de todas las personas que permitieron esta operación, más allá del consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé. Además, se sumará a la solicitud de reapertura de la querella presentada por los afectados.

Fuente: elpais.com Foto: Laura Martín

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Desde Murcia, el holding empresarial español Baraka ha cerrado un acuerdo de compra del Edificio España con su actual propietario, el grupo Wanda, por un importe superior a los 265 millones de euros, según fuentes cercanas a la operación. 265 millones fue precisamente el precio que pagó en 2014 el magnate chino Wang Jianlin al Banco Santander por hacerse con él. Con la venta del edificio se cierra uno de los culebrones urbanísticos de Madrid protagonizado por el inversor chino y el Ayuntamiento de Madrid desde enero de 2015, para poder desarrollar el proyecto, que preveía construir 300 viviendas, un hotel de más de 20.000 m2 y un gran centro comercial.

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La negativa del Ayuntamiento de Madrid a que el magnate chino derribara la fachada, protegida por la Comisión Local de Patrimonio Histórico (CLPH), hizo que este desistiera hace seis meses de convertir el edificio en un hotel de lujo con oficinas y zona comercial y decidiera deshacerse de él. En enero, el Grupo Wanda encargó un concurso para la venta del edificio, de 117 metros de altura, en el que participaron cuatro grandes firmas del sector, y que finalmente ganó la consultora Jones Lang LaSalle (JLL). Durante este periodo, muchos fondos de inversión nacionales e internacionales se interesaron por la adquisición del inmueble, pero finalmente ha sido Baraka, el holding del empresario Trinitario Casanova, con sede en Murcia, quien ha roto la baraja con su oferta de compra.

El holding Baraka Global Invest está ubicado en el edificio Hispania de Murcia y se dedica a la promoción de viviendas, explotación de supermercados y promoción de eventos. En la capital ha protagonizado algunas operaciones, como la compra por 75 millones de un suelo urbanizable en Valdebebas. Su promotor, Trinitario Casanova, que ya fue calificado de "superviviente de la crisis del ladrillo", se mueve sin embargo como un experto jugador de Monopoly. En año y medio ha protagonizado sonadas operaciones en Madrid, como la compra de 114.000 metros cuadrados de suelo residencial en Valdebebas por 75 millones de euros, de la sucursal de Bankia de Gran Vía 44 (con la que obtuvo 2,6 millones en plusvalías en un mes) o de la sede comercial de Peugeot en Madrid, por seis millones.

El Ejecutivo de Manuela Carmena, ha tenido que lidiar además con el desafío del inversor asiático que ponía a su joven Gobierno contra las cuerdas al anunciar la decisión de abandonar sus planes inmobiliarios en Madrid. Sin embargo, el reciente convenio sellado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, club donde Wanda posee el 20%, para desbloquear la operación Calderón, y el principio de acuerdo con Casanova permiten que las aguas vuelvan a su cauce.

Ayer, debido al contrato de confidencialidad firmado con el grupo Wanda, ni el grupo Baraka ni la consultora JLL quisieron confirmar la venta, que se convierte en la mayor operación inmobiliaria de este año en la capital. También se desconoce por ahora qué uso querrá darle el nuevo propietario, que tendrá que avenirse a las condiciones impuestas por el Ayuntamiento.

La oposición usa la marcha de Wanda contra Carmena

Los representantes municipales del Partido Popular calificaron ayer la venta del Edificio España al holding murciano de "crónica de una marcha anunciada". José Luis Martínez Almeida (PP) pidió, nada más cerrar la comisión del Ayuntamiento sobre desarrollo urbano sostenible, que la alcaldesa pidiese "perdón" a los madrileños por decir en marzo que Wanda se quedaba.

Begoña Villacís, de Ciudadanos, recordó que el dato que hay que subrayar es la huida de Wanda, que se marcha por "la falta de apoyo, de consideración y de transparencia" del Gobierno municipal. El Ayuntamiento está "espantando a los inversores", dijo. Y añadió: "Hemos estado preguntando comisión tras comisión cómo iban las negociaciones con Wanda y la información que tenemos es nula".

Respecto al partido socialista, la concejala Mercedes González consideró que "Wanda se fue hace muchos meses". Y afirmó que el PSOE mantendrá la postura que adoptó ante el proyecto del grupo chino, es decir, que se respete la normativa vigente.

Fuente: elmundo.es

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Tras años de retrasos y modificaciones, la operación Mahou-Calderón por fin tiene fechas concretas: a partir de septiembre podría comenzar la reforma urbanística en la zona que ocupa el estadio rojiblanco y la antigua fábrica de cerveza. Así, cinco días después de las elecciones generales, el Ayuntamiento de Madrid pudo por fin presentar su acuerdo con Mahou y el Atlético de Madrid para los terrenos del Vicente Calderón. Se trata solo de un primer paso para desbrozar la madeja creada por el decaimiento del plan anterior, creado por el PP de Ruiz Gallardón y Ana Botella, zarandeado por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y rechazado por el equipo municipal de Ahora Madrid. El acuerdo alcanzado, contempla la sustitución de los dos rascacielos de 36 plantas y ocho edificios de hasta 20 alturas previstos inicialmente por la construcción de varios bloques de hasta ocho plantas y la reducción del número de viviendas de 2.000 a 1.000. La edificabilidad se reducirá en torno a un 30-35%, habrá más zonas verdes y no se soterrará la M-30 sino que se "cubrirá".

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El acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, que junto a la cervecera es propietaria de los 204.218 metros cuadrados de terreno afectados, donde el Atlético de Madrid prevé disputar en 2017 la última temporada antes de trasladarse a La Peineta, acogerá un nuevo proyecto urbanístico que reduce la edificabilidad de la zona, el Atlético de Madrid asume menos cargas económicas de la operación (ya que no hay soterramiento de la vía de circunvalación), y además será el Ayuntamiento de Madrid quien financie íntegramente la cubierta de la M-30, con un coste de entre 50 y 60 millones de euros.

Según el ayuntamiento, “esta propuesta recoge buena parte de las demandas de las asociaciones vecinales del distrito de Arganzuela, muy críticas con el Plan Parcial aprobado en 2014 para el ámbito. La ordenación que se ha presentado será sometida a un proceso de audiencia pública para que ciudadanos, colectivos, entidades de interés público y Comunidad de Madrid aporten sus sugerencias a fin de garantizar el mayor consenso posible”.

Las zonas verdes se incrementan desde los 54.600 m2 que preveía el Plan Parcial de 2014 a 79.900 actuales, y los equipamientos previstos pasan de los 10.000 m2 que establecía el plan anterior, pese a su mayor edificabilidad, a los 12.800 m2. “Se pone suelo a disposición de la Comunidad de Madrid para la ampliación del CEIP Tomás Bretón y el IES Gran Capitán, y una parcela dotacional municipal que se definirá con la participación de los vecinos y vecinas del barrio, y que podría convertirse en un centro de mayores, centro de día o centro dotacional polivalente”.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, durante la presentación de la Operación, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reconocido que el número total de viviendas está aún por definir, pero que el plan de edificabilidad se ha establecido en los 129.000 metros cuadrados. Un 10 por ciento de la edificación de la Operación Calderón, lo que supone 13.000 metros cuadrados, será destinado a viviendas de protección oficial, y serán viviendas de entre 50 y 100 metros cuadrados.

Respecto al polémico y costoso soterramiento de la M-30, ahora el Ayuntamiento va a adaptar "las estructuras existentes, que son perfectamente válidas", a algún tipo de solución técnica que permita "cubrir" esa brecha de Madrid Río: 600 metros de semiautovía que van a quedar cercanos por zonas verdes y viviendas a ambos lados del río. ¿Cuánto costará a las arcas públicas la decisión del Consistorio? Calvo habló de entre 50 y 60 millones de euros, "en todo caso menos de lo que el Ayuntamiento se había comprometido a aportar" en los anteriores proyectos. Como éstos nunca llegaron a arrancar realmente, no está del todo claro cuánto costaba entonces el soterramiento completo, pero la horquilla iba de los 80 a los 170 millones de euros, de los que el Ayuntamiento asumiría en torno al 40%.

¿Salen ahora las cuentas? El problema es que de momento ni las hay, porque el proyecto no es definitivo. ¿Tiene el Ayuntamiento cincuenta millones de euros, el mínimo del que se habla, para destinarlo a este proyecto? Es cierto que la situación de la deuda municipal no es tan angustiosa como en la anterior legislatura, pero el Ministerio de Hacienda, con su Ley de Estabilidad Financiera, puede tener la última palabra. ¿Será la próxima temporada la última con fútbol en el Vicente Calderón? Ese es el plazo más claro de una Operación que avanza, pero a paso muy lento.

Carmena llevará a los tribunales a quienes vendieron pisos públicos a fondos buitre

Por otro lado, el concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha afirmado que el Ayuntamiento emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por la venta en bloque de pisos sociales a fondos buitre. La decisión fue anunciada después de la sesión de la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas. "Hay base jurídica para muchas cosas, pero especialmente para una actuación contra los administradores de una sociedad que no ha velado por el correcto funcionamiento de la misma, ni por su patrimonio".

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que determina que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación. Este informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección (de los que 2.956 son viviendas), cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros. Según ese organismo, la venta se realizó "sin la existencia de pliegos de condiciones" y "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar", que se fijó "por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores". Esto supone, según la Cámara de Cuentas, "la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos". "De lo que estamos hablando es de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales, o sea, vulneraciones del código penal, por supuesto también de actuaciones que han vulnerado las normas mercantiles", ha advertido sobre ese asunto Carlos Sánchez Mato.

No obstante, ha comentado que para poder revertir la situación (es decir, para que las viviendas vendidas regresen a manos municipales) habría que ir por la vía del Derecho Civil, porque "incluso una actuación delictiva que haya tenido como resultado un desastre para la EMVS podría hacer imposible la devolución de esas viviendas al patrimonio de todos. Por lo tanto esa parte, la que es menos sencilla de probar, es la que seguimos estudiando, porque desde luego los otros dos elementos, las obligaciones mercantiles y penales, parecen bastante claras".

Fuentes: expansion.com y publico.es

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stop-desahuciosDos años y medio de vida, apenas un 30% de las viviendas ocupadas y la sensación de que lo que parecía una medida social de gran necesidad ha acabado siendo un fracaso. Así se puede resumir la experiencia del Fondo Social de Viviendas, convenio que el 17 de enero de 2013 firmaron los Ministerios de Economía y Servicios Sociales con las principales entidades bancarias de España, con el que el Gobierno trató de que el parqué de viviendas vacías que las entidades tenían en cartera fueran habitadas, en régimen de alquiler, por familias que han perdido su casa y que se encuentran en riesgo de exclusión social.

El ministerio de Economía, que gestiona en parque de viviendas para realojar a las familias afectadas por los desahucios, calculó que se otorgarían más de 6.000 viviendas para estos fines. Pero dos años después del anuncio, el ministerio reconoce que hay 4.000 pisos que todavía siguen vacíos, a la espera de adjudicación.

Exactamente, los bancos aportaron un 5.891 viviendas de las que, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía, sólo 1.767 están alquiladas. El número crece hasta las 2.000 familias si se tienen en cuenta las que ya tienen asignada una vivienda y no han formalizado el contrato pero aún así, el balance sigue siendo "pobre" si se compara con los miles de desahucios que se han producido en los últimos años, tal y como reconoció la pasada semana el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán pide "mayor colaboración" de las administraciones y señala que la situación "es un poco frustrante". Imagínense para los desahuciados.

Los requisitos para poderse acoger al Fondo Social de Vivienda son tan grandes que muy pocas familias las están solicitando. Para empezar, está destinado a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Deben reunir una serie de requisitos económicos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).

Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, las víctimas de violencia de género, y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a nuevas medidas, dando cobertura por ejemplo a los mayores que avalaron a sus hijos y nietos. También se recogió esta opción para las daciones en pago. La introducción de esas medidas ha sido clave para que el número de estos alquileres se gestionara con algo de mayor éxito en 2014.

Una situación contradictoria y algo surrealista cuando ocho años después del estallido de la burbuja, España sigue de resaca con cientos de miles de viviendas que permanecen vacías. Según Julio Gil, presidente de la Fundación de Estudios Inmobiliarios (FEI) en España "Hay en torno a 700.000 casas nuevas sin vender. Esto indica una sobreoferta se mueve entre las 525.000 y 550.000 viviendas" Más de la mitad está en manos de las entidades financieras y de la Sareb o "banco malo". Otros estudios, como el realizado la Asociación de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), el stock se ha reducido, cerrando el pasado año con un total de 439.617 pisos y casas nuevas en venta y alquiler, hasta el punto que en términos de mercado "técnicamente", en 25 provincias la construcción de viviendas se podría reactivar.

Tanto en Madrid y Barcelona, las dos grandes capitales de España, están abanderando de la mano de sus recién estrenadas alcaldesas cambios en las estructuras políticas para mejorar las cosas a nivel social y particularmente en el drama asociado a los desahucios de viviendas. Tanto para Manuela Carmena y como para Ada Colau, no será fácil. Por lo pronto, tras los acercamiento iniciales con la banca llenos de cordialidad y buenas intenciones por ambas partes, aún no se ha concretado nada. "El objetivo es pedir a la banca que colaboren para evitar los desahucios si hay problemas con las cuentas hipotecarias", explicó Carmena. Su intención es firmar un protocolo para la creación de una oficina para evitar los lanzamientos y que haya un interlocutor por cada uno de los bancos en esa oficina. En principio los bancos sugieren, optimizar el uso del Fondo Social de Viviendas para resolver esta cuestión, aunque están abiertos a colaborar para encontrar soluciones.

El 60% de desahucios en Madrid, de pisos públicos vendidos a fondos de inversión

Seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas a fondos de inversión en los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Así consta en un informe en el que el Ministerio de Hacienda desmenuza y critica el programa electoral de la nueva alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), que se ha comprometido precisamente a frenar los desahucios y a ofrecer una vivienda pública a los afectados. De los 111 casos contabilizados por Hacienda entre febrero y junio de este año, 65 fueron en viviendas vendidas por la Administración. El controvertido informe del Ministerio de Hacienda, censura las políticas comprometidas por el nuevo Gobierno municipal. Sin embargo, de su profusión de cifras y análisis se desprenden consecuencias preocupantes sobre la gestión llevada a cabo al frente del Ayuntamiento y de la Comunidad por el PP en los últimos años.

Hacienda recuerda que el Ayuntamiento sólo puede frenar un desahucio si lo ha promovido él mismo en viviendas de su propiedad. En caso de pisos hipotecados con bancos o alquilados a particulares, "no ostenta posibilidad alguna de actuación". Carmena es consciente de ello: “Los jueces son los que dan la orden de que alguien salga de la vivienda; se trata de que, cuando el juez tenga que acordar el lanzamiento, que a veces se producirá, ya esté resuelta una alternativa habitacional para que esas personas no se queden en la calle".

Manuela Carmena avanzó el pasado viernes que el Ayuntamiento ya está estudiando resolver o bien por la vía judicial o bien por la vía de acuerdos la venta de vivienda protegida de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a "fondos buite".  Ya en el programa electoral de Ahora Madrid, partido instrumental que encabezó Manuela Carmena los pasados comicios, se recogía como uno de los compromisos "paralizar la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y procurar su reversión".

Carmena: "No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda"

Un sencillo tuit de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha bastado para tranquilizar a todas los propietarios que tienen un piso alquilado, y ha explicado que, en lugar de paralizar los desahucios, el plan es "ofrecer alternativas a quien no pueda pagar", con lo que se evitaría generar una situación de indefensión a los particulares que cuentan con un inquilino que no abona la renta mensual.

Con este mensaje, la nueva alcaldesa de Madrid matiza por primera vez desde su nombramiento el pasado 13 de junio una de las propuestas más controvertidas de su programa electoral, donde se afirmaba que pondría "todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo)”.

La nueva propuesta Manuela Carmena sigue la línea marcada por Ada Colau y Barcelona en Comú, que según su programa electoral puesta por "garantizar apoyo, atención y seguimiento a los pequeños propietarios que se vean afectados por impagos de alquiler" para lo que "se estudiarán los motivos de impago" y, en el caso de no poder detener el desahucio, "se garantizará un realojo adecuado".

La idea de Carmena pasa por crear una Oficina de Mediación dentro del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Estos mediadores públicos elaborarán un estudio de la capacidad económica de los deudores que se cruzará con otro informe sobre la información social y el riesgo de vulnerabilidad de esas familias. Algo parecido a la "oficina antidesahucios" creada por la reciente y novedosa ley de vivienda del País Vasco, que además convierte el alquiler social en un derecho para sus ciudadanos.

 598.747 ejecuciones hipotecarias desde que empezó la crisis

Finalmente, hoy hemos conocido que entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas hoy en un informe presentado por Amnistía Internacional. Los datos, sin embargo, no especifican si se trata de una vivienda o un local comercial. En cuanto a domicilios principales en nuestro país, en base a datos del Banco de España, que entre 2012 y junio de 2014 se produjeron 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual.

Así, Amnistía Internacional denuncia que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en nuestro país según los últimos datos del INE en 2011. En este sentido la organización reclama en su estudio el elevado número de viviendas vacías de las que dispone España, 3,44 millones según el censo de 2011, son un "recurso potencialmente utilizable a la hora de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución".

Este es un problema que, según denuncia Amnistía Internacional en su informe, está provocado "por la desprotección que sufre el individuo por parte de las instituciones públicas". También se señala que, a pesar de que desde 2012 el Gobierno ha aprobado una serie de medidas dirigidas a mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su casa, éstas "no son suficientes para cumplir con las obligaciones que exige el derecho internacional en cuanto a derechos humanos".

El informe destaca también que en España hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública. Sin embargo, el porcentaje que supone dentro del mercado inmobiliario es sólo del 1,1% frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido o el 17% de Francia. Sin embargo, "las autoridades de áreas muy afectadas por los desahucios como Madrid o Cataluña han seguido vendiendo parte de su parque público de viviendas a sociedades de inversión, reduciéndolo aún más".

Desde Amnistía Internacional reclaman que "las autoridades españolas no han habilitado mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios". Además, estiman que el Estado debería establecer un mecanismo preceptivo que vigile la negociación entre bancos y familias para garantizar que el desahucio es realmente el único recurso posible una vez evaluadas todas las alternativas.

Fuentes: elpais.com y elmundo.es

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Los ciudadanos pagarán de media dos euros más al mes

MadridLa Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) una media del 5,7% de aquí a 10 años.

Esta decisión se traducirá en una subida de unos dos euros más de media cada mes para propietarios de viviendas de alrededor de 90 metros cuadrados, aunque esta cantidad de reducirá a la mitad para aquellas personas que mantienen un sistema de pago anual.

A pesar de la subida, el Ayuntamiento de Madrid ha indicado que este incremento es mucho menos al producido en la década anterior, cuando el IBI subió un 129%.

Los contribuyentes recibirán a partir del mes que viene una carta de la Dirección General del Catastro con la información referente a las nuevas notificaciones electrónicas de los valores catastrales. La revisión del catastro no influirá en la Tasa de Basuras.