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Desde Murcia, el holding empresarial español Baraka ha cerrado un acuerdo de compra del Edificio España con su actual propietario, el grupo Wanda, por un importe superior a los 265 millones de euros, según fuentes cercanas a la operación. 265 millones fue precisamente el precio que pagó en 2014 el magnate chino Wang Jianlin al Banco Santander por hacerse con él. Con la venta del edificio se cierra uno de los culebrones urbanísticos de Madrid protagonizado por el inversor chino y el Ayuntamiento de Madrid desde enero de 2015, para poder desarrollar el proyecto, que preveía construir 300 viviendas, un hotel de más de 20.000 m2 y un gran centro comercial.

edificioespaña - Desde Murcia compran a Wanda el Edificio España de Madrid por 265 millones

La negativa del Ayuntamiento de Madrid a que el magnate chino derribara la fachada, protegida por la Comisión Local de Patrimonio Histórico (CLPH), hizo que este desistiera hace seis meses de convertir el edificio en un hotel de lujo con oficinas y zona comercial y decidiera deshacerse de él. En enero, el Grupo Wanda encargó un concurso para la venta del edificio, de 117 metros de altura, en el que participaron cuatro grandes firmas del sector, y que finalmente ganó la consultora Jones Lang LaSalle (JLL). Durante este periodo, muchos fondos de inversión nacionales e internacionales se interesaron por la adquisición del inmueble, pero finalmente ha sido Baraka, el holding del empresario Trinitario Casanova, con sede en Murcia, quien ha roto la baraja con su oferta de compra.

El holding Baraka Global Invest está ubicado en el edificio Hispania de Murcia y se dedica a la promoción de viviendas, explotación de supermercados y promoción de eventos. En la capital ha protagonizado algunas operaciones, como la compra por 75 millones de un suelo urbanizable en Valdebebas. Su promotor, Trinitario Casanova, que ya fue calificado de "superviviente de la crisis del ladrillo", se mueve sin embargo como un experto jugador de Monopoly. En año y medio ha protagonizado sonadas operaciones en Madrid, como la compra de 114.000 metros cuadrados de suelo residencial en Valdebebas por 75 millones de euros, de la sucursal de Bankia de Gran Vía 44 (con la que obtuvo 2,6 millones en plusvalías en un mes) o de la sede comercial de Peugeot en Madrid, por seis millones.

El Ejecutivo de Manuela Carmena, ha tenido que lidiar además con el desafío del inversor asiático que ponía a su joven Gobierno contra las cuerdas al anunciar la decisión de abandonar sus planes inmobiliarios en Madrid. Sin embargo, el reciente convenio sellado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, club donde Wanda posee el 20%, para desbloquear la operación Calderón, y el principio de acuerdo con Casanova permiten que las aguas vuelvan a su cauce.

Ayer, debido al contrato de confidencialidad firmado con el grupo Wanda, ni el grupo Baraka ni la consultora JLL quisieron confirmar la venta, que se convierte en la mayor operación inmobiliaria de este año en la capital. También se desconoce por ahora qué uso querrá darle el nuevo propietario, que tendrá que avenirse a las condiciones impuestas por el Ayuntamiento.

La oposición usa la marcha de Wanda contra Carmena

Los representantes municipales del Partido Popular calificaron ayer la venta del Edificio España al holding murciano de "crónica de una marcha anunciada". José Luis Martínez Almeida (PP) pidió, nada más cerrar la comisión del Ayuntamiento sobre desarrollo urbano sostenible, que la alcaldesa pidiese "perdón" a los madrileños por decir en marzo que Wanda se quedaba.

Begoña Villacís, de Ciudadanos, recordó que el dato que hay que subrayar es la huida de Wanda, que se marcha por "la falta de apoyo, de consideración y de transparencia" del Gobierno municipal. El Ayuntamiento está "espantando a los inversores", dijo. Y añadió: "Hemos estado preguntando comisión tras comisión cómo iban las negociaciones con Wanda y la información que tenemos es nula".

Respecto al partido socialista, la concejala Mercedes González consideró que "Wanda se fue hace muchos meses". Y afirmó que el PSOE mantendrá la postura que adoptó ante el proyecto del grupo chino, es decir, que se respete la normativa vigente.

Fuente: elmundo.es

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