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Edificio de oficinas

El volumen de inversión inmobiliaria (residencial, oficinas, retail, logística y hoteles) cerrará el semestre en torno a los 6.000 millones de euros, según estimaciones de la consultora JLL, empresa de servicios y gestión de inversiones especializada en el sector inmobiliario. Este dato supondría un incremento de la inversión cercano al 70% respecto al mismo periodo del año anterior. Según Borja Ortega, director de Capital Markets de JLL, "El mercado atraviesa un excelente momento y es previsible que todos los segmentos del mercado mejoren su volumen de inversión respecto a 2016, dejando un volumen de negocios inmobiliarios al cierre de 2017 que podría ser entre un 10% y un 15% superior a la del año anterior, superando los 10.000 millones de euros.

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Viviendas en primera línea de playa en El Campello (Alicante, Costa Blanca)

El futuro del mercado de la vivienda en España vendrá principalmente determinado por la economía, y no sólo por la del propio país, sino por la internacional. Dos factores influyen ya en la incipiente recuperación inmobiliaria: la inversión y el "Brexit". Así, los fondos de inversión, formado por grupos internacionales que inicialmente operaron sobre todo a través de la compra de edificios, hoteles, oficinas... en Barcelona y Madrid, han pasado también a influir y dinamizar de la mano de las Socimis y el resurgir de nuevas promociones de obra nueva el mercado residencial. Por otro lado, el inesperado "Brexit" que supone la salida de Reino Unido de la Unión Europea, cuyas consecuencias aún están rodeadas de incertidumbre, tendrá al menos, un efecto de doble filo: un lado positivo, porque ayudará a mantener los tipos de interés bajos durante más tiempo en la Eurozona (medida que impulsará el BCE para contrarrestar el posible decrecimiento económico producido por la salida del Reino Unido); y por otro, negativo, que comienza a pasar factura en el número de compradores británicos que pensaban adquirir una vivienda en España. Ambos factores: inversión y "Brexit", ya se dejan notar. Especialmente en Costa Blanca (Alicante) y Costa del Sol (Málaga), dos poderosas zonas turísticas y residenciales que lideran la venta de viviendas a extranjeros residentes, seguidas de Barcelona, Madrid y Baleares, según el Ministerio de Fomento.

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El precio medio de la vivienda en alquiler en España se mantuvo estable en agosto, al no registrar variación con respecto al mismo mes del año pasado (0,0%), según el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que las grandes empresas de inversión comienzan a hacerse con el mercado de los alquileres, pasando de ser casi residuales a convertirse a través de las socimis en los protagonistas del mercado.

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Así, según el INE, la evolución de los precios de los pisos y casas en alquiler retoma la estabilidad tras la caída del 0,1% que registró en julio. Además, el diferencial con la tasa de IPC general (-0,1%) se sitúa en una décima. En el acumulado de los ocho primeros meses del año, la evolución de los precios de los alquileres muestra un repunte de apenas el 0,1%.

Por regiones, el coste de los alquileres subió en la Comunidad Valenciana (0,6%), Baleares y Melilla (las dos con un alza del 0,4%), Andalucía, Canarias y Ceuta (las tres con un 0,3% más), Cataluña (0,2%) y Asturias, Galicia y Murcia (todas con un 0,1% más).

En Castilla y León y en La Rioja hubo estabilidad de precios. Mientras, los descensos más pronunciados se registraron en Castilla-La Mancha (-0,7%), Madrid (-0,6%), País Vasco (-0,6%), Cantabria (-0,3%), Extremadura (-0,3%), Navarra (-0,2%) y Aragón (-0,1%).

Las grandes empresas comienzan a hacerse con el mercado del alquiler

El alquiler se erige como uno de los símbolos del nuevo ciclo inmobiliario. Ha pasado de ser casi residual a convertirse en uno de los protagonistas del mercado residencial. Lejos quedan ya los prejuicios que lastraban a este régimen y parece que lo mejor está por venir: todo apunta a que le espera un futuro prometedor por la vía de la profesionalización.

Un ejemplo reciente de la maduración que experimenta el alquiler profesional es Testa Residencial, la nueva filial de Merlin Properties alumbrada tras la fusión de las carteras residenciales de esta Socimi y de Metrovacesa. Esta joint venture, aún en gestación y cuya idea es que se acoja al régimen de Socimi, nace con un mostrador de 4.706 viviendas, todas explotadas en arrendamiento. La gran apuesta de Merlin por el alquiler residencial resulta aún más importante si se tiene en cuenta que se ha convertido en el primer grupo inmobiliario de España y octavo de Europa.

Además, esta amplia oferta de Testa Residencial crecerá aún mucho más. Recibirá una fuerte inyección de inmuebles (a cambio de acciones) del Banco Santander, BBVA y Banco Popular, tres de sus accionistas provenientes de Metrovacesa. Se baraja que el Santander aporte otras 4.500 unidades y el BBVA más de 1.500. Se desconoce cuál sería la contribución del Popular. De este modo, la firma pasaría a manejar un escaparate de más de 10.000 unidades, situándose a la altura de las principales patrimonialistas de este mercado.

Testa Residencial irrumpe en un sector en el que hasta ahora existían dos grandes empresas. La primera es Azora, fundada en 2003 y con más de 12.000 viviendas en arrendamiento bajo gestión en diferentes fondos y compañías (por ejemplo, Lazora o Hispania), se alza como la mayor entidad privada de este mercado. Junto con Azora, Larcovi representa la otra punta del iceberg de la profesionalización del alquiler. Con unas 9.000 unidades, esta empresa ha estructurado equipos y procesos, lo que le permite tener plena ocupación.

El alquiler seguirá en ascenso

Actualmente, la tasa de pisos y casas en alquiler rondaría el 25% del parque residencial. Los últimos datos oficiales son de 2014, cuando, según Eurostat, el 21,2% de españoles vivía en arrendamiento, un porcentaje que ha ido subiendo desde entonces y es mucho más elevado en las grandes ciudades, según los expertos. Hay que remontarse hasta los años 60 para encontrar una España con tantos inquilinos.

Pese al notable auge del alquiler, España aún está lejos de países como Alemania (con el 47,5% de arrendatarios), Austria (42,8%), Dinamarca (36,7%), Reino Unido (35,2%) o Francia (34,9%). La media en Europa se sitúa en el 29,9%. Esta realidad europea indica que el alquiler en España tiene recorrido al alza.

Los expertos recuerdan que una de las máximas del nuevo ciclo inmobiliario pasa por un mercado más equilibrado entre la propiedad y el alquiler. Coinciden en que para alcanzar esta meta hay que profesionalizar un sector mayoritariamente en manos de caseros particulares. Esta profesionalización está en marcha desde hace años y ahora comienza a consolidarse a gran escala y siempre mirando a la eficiencia energética.

Así, para los profesionales del sector el alquiler seguirá en ascenso por varios factores: la mayor movilidad geográfica laboral, el acceso limitado al crédito para la compra, la supresión de los incentivos fiscales a la compra, el cambio de mentalidad (especialmente en sus principales demandantes: los jóvenes) y la creciente demanda de las familias que buscan mejores hogares.

Fuente: elmundo.es

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Lo que ocurrió entre 2012 y 2013 con la venta de casi 3.000 viviendas de protección social a un fondo buitre no es más que la punta del iceberg de una práctica que sigue vigente en Madrid: la venta de promociones enteras eliminando el derecho de tanteo de los inquilinos, y en base al informe de una consultora que, como respuesta a los problemas económicos de la Empresa Municipal de la Vivienda Social, solo dio una solución: vender los pisos. No ha sido el único caso, este verano también se han visto sorprendidos los vecinos de una promoción de pisos protegidos en alquiler con opción a compra en Torrejón de Ardoz. De las 31.100 viviendas protegidas edificadas en los últimos 12 años, 30.000 están en manos privadas y pueden ser vendidas libremente. La Comunidad solo mantiene la titularidad de 1.100 pisos.

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Así, a los vecinos de una promoción de viviendas protegidas construidas en régimen de alquiler con opción a compra en Torrejón de Ardoz, encontraron en julio en su buzón una nota que les informaba de que sus pisos han sido adquiridos por Fidere, un fondo buitre. El cambio de titularidad de las viviendas de Torrejón, que ha pillado a la mayoría de los vecinos de vacaciones, se produce pese a que el Gobierno regional se comprometió a no vender pisos protegidos a ese tipo de sociedades. “La Comunidad no va a vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro”, dijo la presidenta, Cristina Cifuentes, en su discurso de investidura, en junio de 2015. En diciembre de ese año, PSOE y Podemos sacaron adelante una enmienda parcial para que las viviendas de protección pública solo pudieran venderse a sus inquilinos o a entidades con fines sociales. La normativa no se ha desarrollado todavía.

Según José María García Gómez, director general de Vivienda en Madrid, "Se trata de una venta entre particulares, por lo que el compromiso de la presidenta (Cristina Cifuentes) se ha cumplido, no se ha producido una venta de viviendas de la Comunidad a terceros".  Sin embargo, hay que tener en cuenta que más del 90% de las viviendas protegidas promovidas por la Comunidad de Madrid de 2005 a 2016 fueron construidas por promotores privados: el Gobierno regional impulsó la construcción de 31.100 casas, de las cuales 28.225 fueron edificadas por empresas privadas y solo 2.875 por la Agencia de Vivienda Social. Así, existen 30.000 viviendas edificadas entre 2005 a 2016, que pueden acabar en manos de fondos buitre. Es lo que les ha ocurrido a los vecinos de la parcela M-8 del Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz. El inmueble, promovido por la Comunidad, fue edificado por la constructora Sando, y en 2009 pasó a la inmobiliaria Hercesa. Hasta el 20 de julio, tres meses antes de que pudieran ejercer su opción de compra. “Hercecam (filial de Hercesa) ha transmitido la propiedad de su finca a la sociedad Yuncai Investment, que desde este momento es su nuevo arrendador”, decía la nota en el buzón. Yuncai Investment es filial de Fidere, filial a su vez de Blackstone.

En la ciudad de Madrid, este problema puede estallarle a la actual alcaldesa antes de que finalice su mandato. El Gobierno municipal puede encontrarse en meses con centenares de desahucios de inquilinos que vivían en régimen de alquiler en los pisos cuando eran públicos y no pueden hacer frente a los precios (con subidas de hasta el 43% en tres años) impuestas para renovar los alquileres. De aquí hasta 2019 sólo en los barrios de Carabanchel, Vallecas y Villaverde vencerán 1.553 contratos.

La portavoz de la plataforma de afectados, la última desahuciada

Esta batalla legal ha dejado en la calle a Arancha Mejías, la portavoz de la plataforma de afectados por la venta de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), quien ha recibido un burofax de Fidere, el fondo que compró su vivienda al Ayuntamiento, donde le comunican que no le renovarán el alquiler y que tiene treinta días para abandonar el inmueble. Mejías ha considerado que la compañía comete un "acto de venganza" al no renovarle el contrato por ser la “cara visible de luchar por todo el patrimonio que ha vendido el Ayuntamiento”. Mejías ha recalcado que los hechos demuestran que es incierto que los fondos no desahucien y que ella no entra en las tres condiciones que estos esgrimen para expulsar a alguien: no estar al corriente de pago, tener problemas de convivencia vecinal o ser delincuente.

La portavoz contra la venta de viviendas públicas compareció el pasado 1 de julio en la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que investiga la venta de estos inmuebles de la EMVS a los llamados fondos buitres durante la gestión de Ana Botella (PP). La joven, de 27 años, ha denunciado que Fidere, que adquirió su vivienda del PAU de Carabanchel hace tres años, la discrimina al no darle opción de quedarse en el piso aunque fuese con “condiciones leoninas” como sí ha hecho con otros vecinos.

El Ayuntamiento pide anular la venta de los pisos de la EMVS

El Ayuntamiento de Madrid pedirá declarar la "nulidad radical" de la venta, entre 2012 y 2013, de 18 promociones de vivienda de la EMVS al fondo de inversión Fidere. La delegada del gobierno Marta Higueras sostuvo que "está en las manos" de la Comunidad avanzar para anular ese contrato, mientras que Cristina Cifuentes aseguró que el Consistorio tiene "perfecta competencia para desarrollar las peticiones que considere necesario".

En abril, la Cámara de Cuentas cuestionó en un informe provisional la legitimidad de la venta al grupo Fidere, filial del fondo Blackstone, por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de 1.860 casas correspondientes a 18 promociones de viviendas protegidas. El informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la venta de estos pisos se llevó a cabo "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación". De Hecho, según Marta Higueras, las viviendas se habrían vendido por la mitad de su precio.

Por ello, el equipo de gobierno municipal pretende obtener la "nulidad radical" de ese contrato, recuperando así las viviendas adquiridas por Fidere. Éste es un procedimiento que sólo afecta a la preparación y adjudicación de un contrato, y que según sostuvo la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y también presidenta de la EMVS, depende de la opinión favorable de la Comunidad para seguir adelante.

Si el Ayuntamiento de Madrid no logra la nulidad del proceso, tendría igualmente que pagar 30 millones de euros por los costes judiciales, admitió Higueras. Como último recurso, el Gobierno de Manuela Carmena no descarta acudir a la regulación estadounidense contra los sobornos, ya que Higueras recordó que los fondos que adquirieron las viviendas a través de Fidere (Magic Real State y Blackstone) son americanos. "Tendríamos que acreditar la connivencia de los compradores", un proceso que se podría prolongarse "entre ocho y diez años".

Si la asociación de afectados por la venta de viviendas de la EMVS solicita la reapertura de la querella, el actual Gobierno municipal se unirá a la misma y se personará en el procedimiento para exigir la responsabilidad contable de todas las personas que permitieron esta operación, más allá del consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé. Además, se sumará a la solicitud de reapertura de la querella presentada por los afectados.

Fuente: elpais.com Foto: Laura Martín

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Tras años de retrasos y modificaciones, la operación Mahou-Calderón por fin tiene fechas concretas: a partir de septiembre podría comenzar la reforma urbanística en la zona que ocupa el estadio rojiblanco y la antigua fábrica de cerveza. Así, cinco días después de las elecciones generales, el Ayuntamiento de Madrid pudo por fin presentar su acuerdo con Mahou y el Atlético de Madrid para los terrenos del Vicente Calderón. Se trata solo de un primer paso para desbrozar la madeja creada por el decaimiento del plan anterior, creado por el PP de Ruiz Gallardón y Ana Botella, zarandeado por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y rechazado por el equipo municipal de Ahora Madrid. El acuerdo alcanzado, contempla la sustitución de los dos rascacielos de 36 plantas y ocho edificios de hasta 20 alturas previstos inicialmente por la construcción de varios bloques de hasta ocho plantas y la reducción del número de viviendas de 2.000 a 1.000. La edificabilidad se reducirá en torno a un 30-35%, habrá más zonas verdes y no se soterrará la M-30 sino que se "cubrirá".

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El acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, que junto a la cervecera es propietaria de los 204.218 metros cuadrados de terreno afectados, donde el Atlético de Madrid prevé disputar en 2017 la última temporada antes de trasladarse a La Peineta, acogerá un nuevo proyecto urbanístico que reduce la edificabilidad de la zona, el Atlético de Madrid asume menos cargas económicas de la operación (ya que no hay soterramiento de la vía de circunvalación), y además será el Ayuntamiento de Madrid quien financie íntegramente la cubierta de la M-30, con un coste de entre 50 y 60 millones de euros.

Según el ayuntamiento, “esta propuesta recoge buena parte de las demandas de las asociaciones vecinales del distrito de Arganzuela, muy críticas con el Plan Parcial aprobado en 2014 para el ámbito. La ordenación que se ha presentado será sometida a un proceso de audiencia pública para que ciudadanos, colectivos, entidades de interés público y Comunidad de Madrid aporten sus sugerencias a fin de garantizar el mayor consenso posible”.

Las zonas verdes se incrementan desde los 54.600 m2 que preveía el Plan Parcial de 2014 a 79.900 actuales, y los equipamientos previstos pasan de los 10.000 m2 que establecía el plan anterior, pese a su mayor edificabilidad, a los 12.800 m2. “Se pone suelo a disposición de la Comunidad de Madrid para la ampliación del CEIP Tomás Bretón y el IES Gran Capitán, y una parcela dotacional municipal que se definirá con la participación de los vecinos y vecinas del barrio, y que podría convertirse en un centro de mayores, centro de día o centro dotacional polivalente”.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, durante la presentación de la Operación, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reconocido que el número total de viviendas está aún por definir, pero que el plan de edificabilidad se ha establecido en los 129.000 metros cuadrados. Un 10 por ciento de la edificación de la Operación Calderón, lo que supone 13.000 metros cuadrados, será destinado a viviendas de protección oficial, y serán viviendas de entre 50 y 100 metros cuadrados.

Respecto al polémico y costoso soterramiento de la M-30, ahora el Ayuntamiento va a adaptar "las estructuras existentes, que son perfectamente válidas", a algún tipo de solución técnica que permita "cubrir" esa brecha de Madrid Río: 600 metros de semiautovía que van a quedar cercanos por zonas verdes y viviendas a ambos lados del río. ¿Cuánto costará a las arcas públicas la decisión del Consistorio? Calvo habló de entre 50 y 60 millones de euros, "en todo caso menos de lo que el Ayuntamiento se había comprometido a aportar" en los anteriores proyectos. Como éstos nunca llegaron a arrancar realmente, no está del todo claro cuánto costaba entonces el soterramiento completo, pero la horquilla iba de los 80 a los 170 millones de euros, de los que el Ayuntamiento asumiría en torno al 40%.

¿Salen ahora las cuentas? El problema es que de momento ni las hay, porque el proyecto no es definitivo. ¿Tiene el Ayuntamiento cincuenta millones de euros, el mínimo del que se habla, para destinarlo a este proyecto? Es cierto que la situación de la deuda municipal no es tan angustiosa como en la anterior legislatura, pero el Ministerio de Hacienda, con su Ley de Estabilidad Financiera, puede tener la última palabra. ¿Será la próxima temporada la última con fútbol en el Vicente Calderón? Ese es el plazo más claro de una Operación que avanza, pero a paso muy lento.

Carmena llevará a los tribunales a quienes vendieron pisos públicos a fondos buitre

Por otro lado, el concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha afirmado que el Ayuntamiento emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por la venta en bloque de pisos sociales a fondos buitre. La decisión fue anunciada después de la sesión de la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas. "Hay base jurídica para muchas cosas, pero especialmente para una actuación contra los administradores de una sociedad que no ha velado por el correcto funcionamiento de la misma, ni por su patrimonio".

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que determina que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación. Este informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección (de los que 2.956 son viviendas), cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros. Según ese organismo, la venta se realizó "sin la existencia de pliegos de condiciones" y "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar", que se fijó "por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores". Esto supone, según la Cámara de Cuentas, "la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos". "De lo que estamos hablando es de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales, o sea, vulneraciones del código penal, por supuesto también de actuaciones que han vulnerado las normas mercantiles", ha advertido sobre ese asunto Carlos Sánchez Mato.

No obstante, ha comentado que para poder revertir la situación (es decir, para que las viviendas vendidas regresen a manos municipales) habría que ir por la vía del Derecho Civil, porque "incluso una actuación delictiva que haya tenido como resultado un desastre para la EMVS podría hacer imposible la devolución de esas viviendas al patrimonio de todos. Por lo tanto esa parte, la que es menos sencilla de probar, es la que seguimos estudiando, porque desde luego los otros dos elementos, las obligaciones mercantiles y penales, parecen bastante claras".

Fuentes: expansion.com y publico.es

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Merlin, una sociedad de inversión (socimi) con menos de dos años de vida, y Metrovacesa, uno de los antiguos reyes del ladrillo antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria y actualmente en manos de los bancos, se fusionan para crear un gigante inmobiliario, el mayor del mercado español y uno de los más importantes de Europa. La operación dará lugar a la constitución de dos sociedades. La primera y más grande será propietaria de la cartera de patrimonio terciario (oficinas y centros comerciales), con activos con un valor bruto de 9.317 millones. La segunda, enfocada al mercado residencial, tendrá una cartera de viviendas con un valor de 980 millones.

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Merlin suscribió este martes el acuerdo con los bancos accionistas de Metrovacesa para que esta última se parta en tres pedazos, integre dos de ellos en el seno de Merlin y desaparezca. De esta escisión y posterior fusión saldrán dos empresas. La primera compañía, la nueva Merlin, será dueña de la cartera de patrimonio terciario. La segunda sociedad, Testa Residencial, se dedicará a la vivienda. En ambas, Santander, BBVA y Popular, actuales propietarios del 99% de Metrovacesa, tendrán participaciones importantes: el 31,2% en la primera y el 65,7% en la segunda. El resto, se lo repartirán los fondos que ahora controlan Merlin (entre ellos, Blackrock y Principal Financial) y los demás dueños de acciones de esta cotizada.

En concreto, Santander será el primer accionista individual de la nueva Merlin y de Testa Residencial, con el 21,9% y 46,21% de estas firmas, respectivamente. BBVA controlará un 6% de la nueva Merlin y un 13% en la firma de viviendas. Banco Popular convertirá su participación actual en un 9,1% de la inmobiliaria Metrovacesa en un 2,86% de la nueva sociedad patrimonial y en el 6% de la firma residencial.

El nuevo gigante inmobiliario nace ya con unos activos "excelentemente diversificados". En el negocio patrimonial se compone de edificios de uso terciario en zonas de negocios de Madrid y Barcelona principalmente. Por ejemplo, con la cartera de centros comerciales, la nueva sociedad pasará a ser el segundo operador por tamaño en España de este sector. En total, esta primera pata del nuevo negocio de Merlin-Metrovacesa tendrá activos con un valor bruto 9.317 millones de euros (4.927 millones en valor neto) y unas rentas brutas anuales de 450 millones.

El segundo gran segmento de negocio del nuevo gigante está vinculado a la vivienda. Metrovacesa segregará este negocio del resto y combinará su cartera de pisos en alquiler con la de Testa Residencial. Esta última es la filial especializada de Merlin en el arrendamiento para particulares. Se la compró en junio de 2015 a otro antiguo gigante del ladrillo de la época del boom inmobiliario español, Sacyr. De esta operación de fusión entre Testa y Metrovacesa Residencial surgirá ahora una compañía con más de 4.700 viviendas en gestión, un valor bruto de activos de 980 millones de euros (670 millones de valor neto) y unas rentas brutas anuales de 35 millones.

El patrimonio restante de Metrovacesa, el tercer negocio que queda fuera del residencial y el patrimonial, se queda al margen del acuerdo con Merlin. La empresa justificó que es un negocio "no estratégico" (suelos, activos destinados a su explotación, etc.), valorado en 326,5 millones, y que se destinará a una sociedad anónima de nueva constitución, cuyas acciones se adjudicarán exclusivamente a los actuales propietarios de Metrovacesa.

La integración de las dos compañías inmobiliarias se produce justo dos días después de que Merlin haya cerrado el 100% de la compra de Testa a Sacyr (comenzó la adquisición en junio de 2015 pero le faltaba el control sobre el 22,6%) y apenas unos meses después de que Metrovacesa, actualmente controlada por el Banco Santander, concluyera su reestructuración.

Esta operación crea uno de los líderes en el segmento de viviendas de alquiler y refuerza la liquidez de la cartera de los hoteles, subraya Merlin. La operación está sujeta a la aprobación de las respectivas juntas de accionistas de Merlin y Metrovacesa, que previsiblemente tendrán lugar en septiembre.

El nuevo consejo de administración de la primera sociedad, la nueva Merlin, pasará a estar compuesto por 15 consejeros: nueve independientes procedentes de Merlin y de Testa, tres a propuesta del Santander, uno a propuesta del BBVA y dos consejeros ejecutivos. Rodrigo Echenique, vicepresidente del Grupo Santander, asumirá el cargo de presidente no ejecutivo de la sociedad. Asimismo, Ismael Clemente Orrego, actual presidente de Merlin, será vicepresidente ejecutivo y consejero delegado. Por su parte, Testa Residencial tendrá un consejo de administración cuyos miembros serán designados por sus accionistas de manera proporcional a su participación en el capital social, señalaron las empresas al regulador bursátil.

Fuente: elpais.com Foto: elconfidencial.com

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La inversión inmobiliaria en España batió en 2015 récords tanto en volumen de negocio como en número de operaciones. Así, tal y como la consultora Aguirre Newman había previsto, el pasado año 2015 se alcanzaron los 10.790 millones de euros, superando las cifras que se alcanzaban en 2007 previas a la crisis. La cifra, según la consultora BNP Paribas Real Estate, incluso podría haber sido superior, alcanzando los 11.700 millones de euros (aunque aquí se incluyen las operaciones de fusión). De ese modo, el crecimiento respecto a 2014 es del 67%. La recuperación del sector inmobiliario se ha percibido también, según BNP Paribas, en el número de transacciones realizadas, que alcanzaron las 271 operaciones, frente a las 169 de 2014.

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Madrid fue durante el primer semestre del pasado año 2015 la ciudad del mundo donde más creció la inversión inmobiliaria. En esos meses, las grandes operaciones fueron el centro comercial Plenilunio (375 millones), Gran Vía 34 (400) y el Hotel Ritz (130). La inversión en el tercer trimestre de 2015 alcanzó los 2.300 millones de euros, tras un verano "muy activo" en el sector inmobiliario, que se ha visto favorecido por operaciones como la venta de la cartera Thunder, formada por dos complejos de oficinas en Madrid y Barcelona. Solo en las últimas seis semanas del pasado año, cinco grandes operaciones han movido 705 millones de euros, destacando la venta de Torre Espacio al magnate filipino Andrew L. Tan por 558 millones. Pero sin lugar a dudas, la operación que ha marcado el año ha sido la compra de Testa (antigua filial patrimonialista de Sacyr) por parte de la socimi Merlin Properties, que se convierte así en líder destacado del sector inmobiliario con unos activos valorados en 5.500 millones de euros.

Las oficinas lideran la recuperación de todos los segmentos del mercado

El sector más activo en el mercado han sido las oficinas con cerca 5.600 millones, una cantidad que sitúa a España en cuarta posición a nivel europeo por detrás de Reino Unido, Alemania y Francia. Destacan Madrid y Barcelona, que solo en el primer semestre este mercado creció hasta un 150%, que, en general se situó en máximos de 20 años y con una mayor rentabilidad. Así, el pasado año 2015 Madrid alcanzó en torno a los 460.000 m2, un 39% más que en 2014, mientras que Barcelona se situó a niveles precrisis con 360.000 m2. En Madrid se espera que la renta prime se sitúe entre los 26,5 y 27 euros/m2, lejos de los 45 euros de máximo que se alcanzaron en 2007 pero con potencial de crecimiento.

La inversión en centros y locales comerciales cerró 2015 en 4.000 millones, similar a 2014, cuya inversión solo en el primer trimestre alcanzó los 918 millones según la consultora JLL. Por primera vez desde la crisis las rentas han subido en centros comerciales y calles comerciales prime con un alza de entre un 5-10% impulsado por el aumento de las ventas y de la afluencia.

En el segmento logístico de las naves industriales, también se dan cifras récord de 800 millones, superando niveles previos a la crisis con una contratación que alcanza los 500.000 m2. La falta de producto de calidad en el mercado es otra de las conclusiones de la firma. Finalmente, el sector hotelero la inversión alcanzó los 2.000 millones desde los 1.700 millones actuales siendo Barcelona el destino favorito y ganando peso Madrid.

En el mercado residencial vuelve el apetito inversor con un mercado a dos velocidades. Encabezan la recuperación Madrid, Barcelona, Costa del Sol y zonas del Levante como Valencia y Alicante. También se empiezan a ver operaciones de suelo por parte de fondos de inversión y de la mano de promotores locales. Para 2016 se esperan más operaciones en ciudades como Valencia, Bilbao o Málaga.

Socimis y capital extranjero, protagonistas en la inversión en España

En lo que respecta al origen de la inversión, unos 4.000 de 10.800 millones han procedido de inversores extranjeros. Más de un 70% de la inversión, en comparación con 2014, se ha detectado un menor protagonismo de los inversores estadounidenses en favor de los europeos, ya que los franceses y los ingleses han representado un 25% y un 20%, respectivamente, de la inversión total.

Por perfil, las socimis representan un 46% del total, continúan dominando el mercado de inversión. Merlin Properties, que se hizo con la inmobiliaria Testa por 1.793 millones, lidera ese grupo de sociedades dedicadas a los inmuebles en alquiler con unos activos valorados en 5.800 millones de euros, seguida de Hispania (775 millones), Axiare (773,4 millones) y Lar Real Estate (594,9 millones). Las diez socimi que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) suman unos activos de 3.058 millones de euros. Por detrás, le siguen los fondos, con un 31%, y las inmobiliarias, con un 13% de la inversión.

Según los cálculos de la consultora inmobiliaria CBRE, se espera que el volumen de inversión se estabilice este año 2016 en más de 10.000 millones de euros, que ve que los precios están subiendo y las rentabilidades van a la baja, fruto de la presión compradora y de la escasez que existe de determinados tipos de productos. BNP Paribas prevé, sin embargo, que tras estos resultados el volumen de inversión cambie de tendencia para estabilizarse en torno a los 8.500 millones de euros, ligeramente por debajo de los 9.000 millones de euros de 2007. Entre las razones de este viraje cita la escasez de oportunidades adecuadas de inversión y un previsible incremento del coste del dinero.

Fuentes: 20minutos.es y lavanguardia.com

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stop-desahuciosDos años y medio de vida, apenas un 30% de las viviendas ocupadas y la sensación de que lo que parecía una medida social de gran necesidad ha acabado siendo un fracaso. Así se puede resumir la experiencia del Fondo Social de Viviendas, convenio que el 17 de enero de 2013 firmaron los Ministerios de Economía y Servicios Sociales con las principales entidades bancarias de España, con el que el Gobierno trató de que el parqué de viviendas vacías que las entidades tenían en cartera fueran habitadas, en régimen de alquiler, por familias que han perdido su casa y que se encuentran en riesgo de exclusión social.

El ministerio de Economía, que gestiona en parque de viviendas para realojar a las familias afectadas por los desahucios, calculó que se otorgarían más de 6.000 viviendas para estos fines. Pero dos años después del anuncio, el ministerio reconoce que hay 4.000 pisos que todavía siguen vacíos, a la espera de adjudicación.

Exactamente, los bancos aportaron un 5.891 viviendas de las que, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía, sólo 1.767 están alquiladas. El número crece hasta las 2.000 familias si se tienen en cuenta las que ya tienen asignada una vivienda y no han formalizado el contrato pero aún así, el balance sigue siendo "pobre" si se compara con los miles de desahucios que se han producido en los últimos años, tal y como reconoció la pasada semana el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán pide "mayor colaboración" de las administraciones y señala que la situación "es un poco frustrante". Imagínense para los desahuciados.

Los requisitos para poderse acoger al Fondo Social de Vivienda son tan grandes que muy pocas familias las están solicitando. Para empezar, está destinado a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Deben reunir una serie de requisitos económicos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).

Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, las víctimas de violencia de género, y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a nuevas medidas, dando cobertura por ejemplo a los mayores que avalaron a sus hijos y nietos. También se recogió esta opción para las daciones en pago. La introducción de esas medidas ha sido clave para que el número de estos alquileres se gestionara con algo de mayor éxito en 2014.

Una situación contradictoria y algo surrealista cuando ocho años después del estallido de la burbuja, España sigue de resaca con cientos de miles de viviendas que permanecen vacías. Según Julio Gil, presidente de la Fundación de Estudios Inmobiliarios (FEI) en España "Hay en torno a 700.000 casas nuevas sin vender. Esto indica una sobreoferta se mueve entre las 525.000 y 550.000 viviendas" Más de la mitad está en manos de las entidades financieras y de la Sareb o "banco malo". Otros estudios, como el realizado la Asociación de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), el stock se ha reducido, cerrando el pasado año con un total de 439.617 pisos y casas nuevas en venta y alquiler, hasta el punto que en términos de mercado "técnicamente", en 25 provincias la construcción de viviendas se podría reactivar.

Tanto en Madrid y Barcelona, las dos grandes capitales de España, están abanderando de la mano de sus recién estrenadas alcaldesas cambios en las estructuras políticas para mejorar las cosas a nivel social y particularmente en el drama asociado a los desahucios de viviendas. Tanto para Manuela Carmena y como para Ada Colau, no será fácil. Por lo pronto, tras los acercamiento iniciales con la banca llenos de cordialidad y buenas intenciones por ambas partes, aún no se ha concretado nada. "El objetivo es pedir a la banca que colaboren para evitar los desahucios si hay problemas con las cuentas hipotecarias", explicó Carmena. Su intención es firmar un protocolo para la creación de una oficina para evitar los lanzamientos y que haya un interlocutor por cada uno de los bancos en esa oficina. En principio los bancos sugieren, optimizar el uso del Fondo Social de Viviendas para resolver esta cuestión, aunque están abiertos a colaborar para encontrar soluciones.

El 60% de desahucios en Madrid, de pisos públicos vendidos a fondos de inversión

Seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas a fondos de inversión en los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Así consta en un informe en el que el Ministerio de Hacienda desmenuza y critica el programa electoral de la nueva alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), que se ha comprometido precisamente a frenar los desahucios y a ofrecer una vivienda pública a los afectados. De los 111 casos contabilizados por Hacienda entre febrero y junio de este año, 65 fueron en viviendas vendidas por la Administración. El controvertido informe del Ministerio de Hacienda, censura las políticas comprometidas por el nuevo Gobierno municipal. Sin embargo, de su profusión de cifras y análisis se desprenden consecuencias preocupantes sobre la gestión llevada a cabo al frente del Ayuntamiento y de la Comunidad por el PP en los últimos años.

Hacienda recuerda que el Ayuntamiento sólo puede frenar un desahucio si lo ha promovido él mismo en viviendas de su propiedad. En caso de pisos hipotecados con bancos o alquilados a particulares, "no ostenta posibilidad alguna de actuación". Carmena es consciente de ello: “Los jueces son los que dan la orden de que alguien salga de la vivienda; se trata de que, cuando el juez tenga que acordar el lanzamiento, que a veces se producirá, ya esté resuelta una alternativa habitacional para que esas personas no se queden en la calle".

Manuela Carmena avanzó el pasado viernes que el Ayuntamiento ya está estudiando resolver o bien por la vía judicial o bien por la vía de acuerdos la venta de vivienda protegida de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a "fondos buite".  Ya en el programa electoral de Ahora Madrid, partido instrumental que encabezó Manuela Carmena los pasados comicios, se recogía como uno de los compromisos "paralizar la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y procurar su reversión".

Carmena: "No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda"

Un sencillo tuit de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha bastado para tranquilizar a todas los propietarios que tienen un piso alquilado, y ha explicado que, en lugar de paralizar los desahucios, el plan es "ofrecer alternativas a quien no pueda pagar", con lo que se evitaría generar una situación de indefensión a los particulares que cuentan con un inquilino que no abona la renta mensual.

Con este mensaje, la nueva alcaldesa de Madrid matiza por primera vez desde su nombramiento el pasado 13 de junio una de las propuestas más controvertidas de su programa electoral, donde se afirmaba que pondría "todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo)”.

La nueva propuesta Manuela Carmena sigue la línea marcada por Ada Colau y Barcelona en Comú, que según su programa electoral puesta por "garantizar apoyo, atención y seguimiento a los pequeños propietarios que se vean afectados por impagos de alquiler" para lo que "se estudiarán los motivos de impago" y, en el caso de no poder detener el desahucio, "se garantizará un realojo adecuado".

La idea de Carmena pasa por crear una Oficina de Mediación dentro del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Estos mediadores públicos elaborarán un estudio de la capacidad económica de los deudores que se cruzará con otro informe sobre la información social y el riesgo de vulnerabilidad de esas familias. Algo parecido a la "oficina antidesahucios" creada por la reciente y novedosa ley de vivienda del País Vasco, que además convierte el alquiler social en un derecho para sus ciudadanos.

 598.747 ejecuciones hipotecarias desde que empezó la crisis

Finalmente, hoy hemos conocido que entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas hoy en un informe presentado por Amnistía Internacional. Los datos, sin embargo, no especifican si se trata de una vivienda o un local comercial. En cuanto a domicilios principales en nuestro país, en base a datos del Banco de España, que entre 2012 y junio de 2014 se produjeron 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual.

Así, Amnistía Internacional denuncia que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en nuestro país según los últimos datos del INE en 2011. En este sentido la organización reclama en su estudio el elevado número de viviendas vacías de las que dispone España, 3,44 millones según el censo de 2011, son un "recurso potencialmente utilizable a la hora de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución".

Este es un problema que, según denuncia Amnistía Internacional en su informe, está provocado "por la desprotección que sufre el individuo por parte de las instituciones públicas". También se señala que, a pesar de que desde 2012 el Gobierno ha aprobado una serie de medidas dirigidas a mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su casa, éstas "no son suficientes para cumplir con las obligaciones que exige el derecho internacional en cuanto a derechos humanos".

El informe destaca también que en España hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública. Sin embargo, el porcentaje que supone dentro del mercado inmobiliario es sólo del 1,1% frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido o el 17% de Francia. Sin embargo, "las autoridades de áreas muy afectadas por los desahucios como Madrid o Cataluña han seguido vendiendo parte de su parque público de viviendas a sociedades de inversión, reduciéndolo aún más".

Desde Amnistía Internacional reclaman que "las autoridades españolas no han habilitado mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios". Además, estiman que el Estado debería establecer un mecanismo preceptivo que vigile la negociación entre bancos y familias para garantizar que el desahucio es realmente el único recurso posible una vez evaluadas todas las alternativas.

Fuentes: elpais.com y elmundo.es

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fondosbuitresTras conocer los datos de los desahucios en 2014, que tanto para el INE como para el Poder Judicial han aumentado, nos preguntamos qué fue de los cientos de familias afectadas por la venta de vivienda pública a fondos privados de inversión en la Comunidad de Madrid. Muchas de estas familias son ya parte de la lamentable estadística de desahucios, o en el mejor de los casos, apenas pueden soportar el esfuerzo para asumir las condiciones de los nuevos propietarios. Mientras en los juzgados siguen abiertas las denuncias sobre la legalidad en los procesos de venta de estas viviendas sociales, que a su vez pueden llevar asociados delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

En 2013, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la venta de un tercio de sus pisos sociales para salvar de la quiebra la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). En parte logró el objetivo con la venta de 1.860 viviendas de renta protegida (distritos de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Hortaleza y Moratalaz) por 128,5 millones de euros al fondo de inversión Magic Real Estate (Blackstone). Las consecuencias de la venta de viviendas de carácter social y titularidad pública a estos grupos de inversión, conocidos por su agresividad especulativa como "fondos buitre", se están traduciendo en más familias desahuciadas por no poder pagar los abultados alquileres que los nuevos caseros les han impuesto, mientras que el Ayuntamiento de Madrid presume de haber reducido el déficit.

En aquel momento, se dijo a los inquilinos que les mantendrían las condiciones de alquiler reducido según las circunstancias personales de cada uno, pero la nueva empresa comienza la renovación de los contratos con condiciones muy diferentes a las establecidas inicialmente. Decenas de familias denunciaron que además de encontrarse, sin previo aviso, con estos nuevos propietarios, se les reclama un alquiler muchísimo más alto, al que no pueden hacer frente.

En paralelo al conflicto de los pisos sociales del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid (IVIMA) mantiene una situación similar con las viviendas del organismo que también fueron vendidas a un fondo buitre. Así, en agosto de 2013 Goldman Sachs-Azora se hizo con las 32 promociones de viviendas donde residen 2.935 familias del Plan Joven del IVIMA tras pagar 201 millones de euros.

En este caso, todos los desahucios relacionados con estas viviendas del IVIMA han quedado paralizados. La Comunidad de Madrid no les consideró parte interesada a estos inquilinos en el proceso, porque defendía que las condiciones de sus contratos no cambiarían con los nuevos propietarios. El Gobierno no mencionó, en cambio, que esta situación tenía fecha de caducidad.

La estrategia de estos fondos de inversión es clara: comprar las viviendas a una media de 60.000 euros, y cuando los pisos se queden vacíos, venderlos a 140.000 euros. Les interesa que los inquilinos salgan de los pisos de no poder afrontar las nuevas condiciones (de rentas de 50 euros se pasa a casi 500 euros), por lo tanto, el interés social de estas mismas desaparece. Comienzan así los procesos de desahucios, ocupaciones ilegales y dificultades para alquilar y vender los pisos que, finalmente, estos fondos logran poner en el mercado una vez desalojados sus originarios propietarios.

Desahuciados de un piso que ya no es "social"

Jorge, parado y sin cobrar subsidio. Vive con su mujer y tres hijos en un edificio de viviendas públicas situado en Vallecas. La renta que pagó Jorge durante los años en que el edificio fue propiedad de la Comunidad de Madrid oscilaba entre los 50 y 140 euros. "Dependía mucho de los ingresos que teníamos", aclara el afectado. Cuando les vence la subvención del Estado pasa a pagar 480 euros mensuales y 500 euros del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), algo de lo que se hacía cargo el IVIMA."Es imposible para nosotros pagar el alquiler y darle de comer a nuestros hijos", señala.

Ana Vargas, con 3 hijos y un sueldo de 900 euros tiene que hacer frente ahora a un alquiler de 600 euros de un piso en Vallecas concedido por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y vendido posteriormente a Magic Real Estate Blackstone. Le espera una orden de embargo por no poder hacer frente a esas condiciones.

Chus, después de años en su piso, se le permite una prorroga de 1 a 3 años pero con una subida del alquiler de un 42,5% a lo largo del trienio, a lo que hay que sumar el IBI de 400 euros, más los gastos de comunidad. Chus es la propulsora de un calendario protesta en la que aparecen 13 familias desnudas dentro de sus casas. Es un calendario que habla de "ilusiones truncadas", de lucha, de pérdida de derechos, de dignidad y de corrupción.

Éstos son sólo algunos de los casos, desgraciadamente, no son los únicos. Los nuevos propietarios aprovechan cualquier resquicio legal para subir las cuotas, impedir la prórroga de contratos vencidos, eliminar las ayudas públicas, descuidar el mantenimiento y deshacerse así de las familias para poder vender o arrendar a precios de mercado. "Mobing inmobiliario en toda la regla. Muchos se están marchando porque no quieren pasar la vergüenza de un desahucio pero a los que no tienen ninguna alternativa los acaban echando", denuncia Arancha Mejías, presidenta de la asociación de vecinos de las viviendas sociales de la EMVS en Carabanchel.

De fondos y buitres

Esto es lo que está ocurriendo con las viviendas sociales que los políticos que mandan en Ayuntamientos, han vendido a estos fondos de inversión. Fondos buitres los llaman. Pero para muchos, como bien comenta José Antonio Martínez Lamoca en El País: "buitre no es otro que el político (del que se supone que tiene que administrar los bienes de todos e intentar favorecer a los más necesitados) que pone a la venta ese bien común, no importándole en absoluto los efectos de su insociable decisión. Es el infeliz resultado de ese capitalismo salvaje que proclaman los que invocan la santidad de los mercados y el ultraliberalismo económico; en fin, pura y dura especulación. Fondo buitre es ese fondo de inversión alimentado por esos buitres que vuelan en círculo en nuestro país. Visto lo visto, es razonable empezar a buscar el significado de justicia social e indignación".

Fuente: elpais.com

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bmp2014barcelonaTemporada de salones y ferias inmobiliarias, y esta semana es el turno de Barcelona Meeting Point, donde algunos de los principales y mayores fondos de inversión internacionales serán los protagonistas, dispuestos a aprovechar las últimas oportunidades de precio ante la incipiente recuperación que el sector inmobiliario está experimentando estos últimos meses.

De este modo, la 18 edición del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point entre mañana miércoles día 29 de octubre y el 2 de noviembre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, y que arrancará con la asistencia de 32 fondos internacionales (el año pasado estuvieron presentes 21) que vienen a la búsqueda de oportunidades de inversión.

Entre las firmas de inversión internacionales destacan Bank of America, Merrill Lynch, Cerberus, Deka, GreenOak, Oaktree, Orion, TPG, Värde Partners, Shaftesbury, Credit Suisse, GE Capital y Kenedy Wilson, entre otros. Algunas de estas compañías ya han realizado operaciones de compras de activos inmobiliarios en España y su presencia en el Barcelona Meeting Point confirma que siguen dispuestas a invertir en nuestro país. Así, entre fondos, bancos, entidades financieras, promotoras, inmobiliarias y expertos del sector serán un total de 265 empresas procedentes de 23 países participarán en la presente edición del certamen,

El presidente de este salón inmobiliario, Enrique Lacalle, ha destacado que la presencia "masiva" de estos fondos en esta edición, es síntoma del auge en la captación de inversiones en España. En este sentido, ha pedido hacer lo posible para evitar la creación de una "nueva burbuja" y que estos fondos, que vienen "con ganas de buscar y de comprar, no se marchen con mal sabor de boca" para consolidar la recuperación del sector. Así, recuerda que este año vuelven las buenas noticias, destacando la adquisición de viviendas por parte de extranjeros en España creció el 36,6% en 2013 y la venta de viviendas en España se incrementó un 12,5% en el segundo trimestre de 2014.

La 18ª edición del BCN Meeting Point fomentará la venta de una amplia oferta residencial principalmente a mercados occidentales. Más allá del importante papel de los fondos internacionales, que especialmente en el último año han adquirido importantes carteras de activos en manos de la banca, Enrique Lacalle resalta que el salón seguirá intentando captar a inversores particulares chinos y rusos, dos mercados en auge en las últimas ediciones, pero que dedicará este año "más atención" a los inversores de países como Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza o Bélgica, que tradicionalmente tienen mayor peso en la compra de pisos en España.

Como novedades y para canalizar la relación con los fondos se ha creado el programa "Barcelona Funds Meeting", y con el foco puesto en el inversor particular se ha diseñado el clúster "Shop in Barcelona. Real Estate". Ambas iniciativas aspiran a poner en contacto a las inmobiliarias españolas con cerca de un centenar de compradores y agentes de la propiedad de los mercados europeos más tradicionales, y con este fin los responsables del salón han sellado acuerdos con la Asociación de Profesionales Inmobiliarios Internacionales así como con dos entidades de referencia en Bélgica y Francia.

En paralelo a una gran dinámica de encuentros y actividades profesionales, el Barcelona Meeting Point ofrecerá al visitante todo tipo de productos y servicios inmobiliarios para uso personal o como inversión. Así, podrá encontrar desde locales comerciales, oficinas y parking, naves industriales, solares y parcelas, hasta una amplia oferta de pisos y casas de primera y segunda residencia, tanto en alquiler como en compra. También podrá contrastar los créditos hipotecarios, conocer los seguros y las tasaciones existentes etc.

Fuente: abc.es

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