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Terraza en Madrid

La recuperación inmobiliaria es ya una realidad en Madrid. Sobre el papel, lo muestran las estadísticas (aumento de compraventas, visados, hipotecas y precios), pero también se confirma sobre el terreno. La ciudad de Madrid, tras su reactivación en los últimos años, es uno de los mejores reflejos del sostenido regreso de las grúas y la consiguiente puesta en marcha de nuevos proyectos para la construcción de más pisos. Así lo afirma CBRE en el II informe "Madrid desde el cielo", un innovador estudio en el que esta consultora vía satélite y con un posterior trabajo de campo, ha localizado 244 grúas activas en la ciudad a mediados de este año 2017, por las 231 que había en marcha en 2016. Este revivir inmobiliario en Madrid lo completamos con la "Guía para invertir en Madrid en el sector inmobiliario" un estudio de Invermax que da respuesta a una pregunta de interés para pequeños inversores: ¿Cuál es el mejor distrito para comprar una vivienda en Madrid y rentabilizarla a través del alquiler? Según el informe, "la inversión óptima, está entre los 80.000 y 130.000 euros".

...continúa leyendo "Madrid: Más pisos nuevos y las mejores zonas para comprar como inversión"

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Desde Murcia, el holding empresarial español Baraka ha cerrado un acuerdo de compra del Edificio España con su actual propietario, el grupo Wanda, por un importe superior a los 265 millones de euros, según fuentes cercanas a la operación. 265 millones fue precisamente el precio que pagó en 2014 el magnate chino Wang Jianlin al Banco Santander por hacerse con él. Con la venta del edificio se cierra uno de los culebrones urbanísticos de Madrid protagonizado por el inversor chino y el Ayuntamiento de Madrid desde enero de 2015, para poder desarrollar el proyecto, que preveía construir 300 viviendas, un hotel de más de 20.000 m2 y un gran centro comercial.

edificioespaña

La negativa del Ayuntamiento de Madrid a que el magnate chino derribara la fachada, protegida por la Comisión Local de Patrimonio Histórico (CLPH), hizo que este desistiera hace seis meses de convertir el edificio en un hotel de lujo con oficinas y zona comercial y decidiera deshacerse de él. En enero, el Grupo Wanda encargó un concurso para la venta del edificio, de 117 metros de altura, en el que participaron cuatro grandes firmas del sector, y que finalmente ganó la consultora Jones Lang LaSalle (JLL). Durante este periodo, muchos fondos de inversión nacionales e internacionales se interesaron por la adquisición del inmueble, pero finalmente ha sido Baraka, el holding del empresario Trinitario Casanova, con sede en Murcia, quien ha roto la baraja con su oferta de compra.

El holding Baraka Global Invest está ubicado en el edificio Hispania de Murcia y se dedica a la promoción de viviendas, explotación de supermercados y promoción de eventos. En la capital ha protagonizado algunas operaciones, como la compra por 75 millones de un suelo urbanizable en Valdebebas. Su promotor, Trinitario Casanova, que ya fue calificado de "superviviente de la crisis del ladrillo", se mueve sin embargo como un experto jugador de Monopoly. En año y medio ha protagonizado sonadas operaciones en Madrid, como la compra de 114.000 metros cuadrados de suelo residencial en Valdebebas por 75 millones de euros, de la sucursal de Bankia de Gran Vía 44 (con la que obtuvo 2,6 millones en plusvalías en un mes) o de la sede comercial de Peugeot en Madrid, por seis millones.

El Ejecutivo de Manuela Carmena, ha tenido que lidiar además con el desafío del inversor asiático que ponía a su joven Gobierno contra las cuerdas al anunciar la decisión de abandonar sus planes inmobiliarios en Madrid. Sin embargo, el reciente convenio sellado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, club donde Wanda posee el 20%, para desbloquear la operación Calderón, y el principio de acuerdo con Casanova permiten que las aguas vuelvan a su cauce.

Ayer, debido al contrato de confidencialidad firmado con el grupo Wanda, ni el grupo Baraka ni la consultora JLL quisieron confirmar la venta, que se convierte en la mayor operación inmobiliaria de este año en la capital. También se desconoce por ahora qué uso querrá darle el nuevo propietario, que tendrá que avenirse a las condiciones impuestas por el Ayuntamiento.

La oposición usa la marcha de Wanda contra Carmena

Los representantes municipales del Partido Popular calificaron ayer la venta del Edificio España al holding murciano de "crónica de una marcha anunciada". José Luis Martínez Almeida (PP) pidió, nada más cerrar la comisión del Ayuntamiento sobre desarrollo urbano sostenible, que la alcaldesa pidiese "perdón" a los madrileños por decir en marzo que Wanda se quedaba.

Begoña Villacís, de Ciudadanos, recordó que el dato que hay que subrayar es la huida de Wanda, que se marcha por "la falta de apoyo, de consideración y de transparencia" del Gobierno municipal. El Ayuntamiento está "espantando a los inversores", dijo. Y añadió: "Hemos estado preguntando comisión tras comisión cómo iban las negociaciones con Wanda y la información que tenemos es nula".

Respecto al partido socialista, la concejala Mercedes González consideró que "Wanda se fue hace muchos meses". Y afirmó que el PSOE mantendrá la postura que adoptó ante el proyecto del grupo chino, es decir, que se respete la normativa vigente.

Fuente: elmundo.es

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Tras años de retrasos y modificaciones, la operación Mahou-Calderón por fin tiene fechas concretas: a partir de septiembre podría comenzar la reforma urbanística en la zona que ocupa el estadio rojiblanco y la antigua fábrica de cerveza. Así, cinco días después de las elecciones generales, el Ayuntamiento de Madrid pudo por fin presentar su acuerdo con Mahou y el Atlético de Madrid para los terrenos del Vicente Calderón. Se trata solo de un primer paso para desbrozar la madeja creada por el decaimiento del plan anterior, creado por el PP de Ruiz Gallardón y Ana Botella, zarandeado por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y rechazado por el equipo municipal de Ahora Madrid. El acuerdo alcanzado, contempla la sustitución de los dos rascacielos de 36 plantas y ocho edificios de hasta 20 alturas previstos inicialmente por la construcción de varios bloques de hasta ocho plantas y la reducción del número de viviendas de 2.000 a 1.000. La edificabilidad se reducirá en torno a un 30-35%, habrá más zonas verdes y no se soterrará la M-30 sino que se "cubrirá".

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El acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, que junto a la cervecera es propietaria de los 204.218 metros cuadrados de terreno afectados, donde el Atlético de Madrid prevé disputar en 2017 la última temporada antes de trasladarse a La Peineta, acogerá un nuevo proyecto urbanístico que reduce la edificabilidad de la zona, el Atlético de Madrid asume menos cargas económicas de la operación (ya que no hay soterramiento de la vía de circunvalación), y además será el Ayuntamiento de Madrid quien financie íntegramente la cubierta de la M-30, con un coste de entre 50 y 60 millones de euros.

Según el ayuntamiento, “esta propuesta recoge buena parte de las demandas de las asociaciones vecinales del distrito de Arganzuela, muy críticas con el Plan Parcial aprobado en 2014 para el ámbito. La ordenación que se ha presentado será sometida a un proceso de audiencia pública para que ciudadanos, colectivos, entidades de interés público y Comunidad de Madrid aporten sus sugerencias a fin de garantizar el mayor consenso posible”.

Las zonas verdes se incrementan desde los 54.600 m2 que preveía el Plan Parcial de 2014 a 79.900 actuales, y los equipamientos previstos pasan de los 10.000 m2 que establecía el plan anterior, pese a su mayor edificabilidad, a los 12.800 m2. “Se pone suelo a disposición de la Comunidad de Madrid para la ampliación del CEIP Tomás Bretón y el IES Gran Capitán, y una parcela dotacional municipal que se definirá con la participación de los vecinos y vecinas del barrio, y que podría convertirse en un centro de mayores, centro de día o centro dotacional polivalente”.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, durante la presentación de la Operación, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reconocido que el número total de viviendas está aún por definir, pero que el plan de edificabilidad se ha establecido en los 129.000 metros cuadrados. Un 10 por ciento de la edificación de la Operación Calderón, lo que supone 13.000 metros cuadrados, será destinado a viviendas de protección oficial, y serán viviendas de entre 50 y 100 metros cuadrados.

Respecto al polémico y costoso soterramiento de la M-30, ahora el Ayuntamiento va a adaptar "las estructuras existentes, que son perfectamente válidas", a algún tipo de solución técnica que permita "cubrir" esa brecha de Madrid Río: 600 metros de semiautovía que van a quedar cercanos por zonas verdes y viviendas a ambos lados del río. ¿Cuánto costará a las arcas públicas la decisión del Consistorio? Calvo habló de entre 50 y 60 millones de euros, "en todo caso menos de lo que el Ayuntamiento se había comprometido a aportar" en los anteriores proyectos. Como éstos nunca llegaron a arrancar realmente, no está del todo claro cuánto costaba entonces el soterramiento completo, pero la horquilla iba de los 80 a los 170 millones de euros, de los que el Ayuntamiento asumiría en torno al 40%.

¿Salen ahora las cuentas? El problema es que de momento ni las hay, porque el proyecto no es definitivo. ¿Tiene el Ayuntamiento cincuenta millones de euros, el mínimo del que se habla, para destinarlo a este proyecto? Es cierto que la situación de la deuda municipal no es tan angustiosa como en la anterior legislatura, pero el Ministerio de Hacienda, con su Ley de Estabilidad Financiera, puede tener la última palabra. ¿Será la próxima temporada la última con fútbol en el Vicente Calderón? Ese es el plazo más claro de una Operación que avanza, pero a paso muy lento.

Carmena llevará a los tribunales a quienes vendieron pisos públicos a fondos buitre

Por otro lado, el concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha afirmado que el Ayuntamiento emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por la venta en bloque de pisos sociales a fondos buitre. La decisión fue anunciada después de la sesión de la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas. "Hay base jurídica para muchas cosas, pero especialmente para una actuación contra los administradores de una sociedad que no ha velado por el correcto funcionamiento de la misma, ni por su patrimonio".

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que determina que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación. Este informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección (de los que 2.956 son viviendas), cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros. Según ese organismo, la venta se realizó "sin la existencia de pliegos de condiciones" y "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar", que se fijó "por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores". Esto supone, según la Cámara de Cuentas, "la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos". "De lo que estamos hablando es de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales, o sea, vulneraciones del código penal, por supuesto también de actuaciones que han vulnerado las normas mercantiles", ha advertido sobre ese asunto Carlos Sánchez Mato.

No obstante, ha comentado que para poder revertir la situación (es decir, para que las viviendas vendidas regresen a manos municipales) habría que ir por la vía del Derecho Civil, porque "incluso una actuación delictiva que haya tenido como resultado un desastre para la EMVS podría hacer imposible la devolución de esas viviendas al patrimonio de todos. Por lo tanto esa parte, la que es menos sencilla de probar, es la que seguimos estudiando, porque desde luego los otros dos elementos, las obligaciones mercantiles y penales, parecen bastante claras".

Fuentes: expansion.com y publico.es

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operacionchamartin2Madrid, con su renovada corporación municipal (Ahora Madrid) y con Manuela Carmena como alcaldesa, además de intentar paliar los problemas sociales y desahucios que sufre la capital, la nueva administración también deberá tomar importantes decisiones para el futuro de la ciudad a corto plazo. Entre éstas, destacan, por su relevancia para el crecimiento de la ciudad y sobre todo, por su calado económico, el futuro de las actuaciones urbanas en marcha en como la Operación Chamartín, Campamento o Calderón, donde se contempla la construcción de miles de viviendas.

Fundamentalmente, sobre la mesa de Carmena está la Operación Chamartín, relanzada a principios de año por sus promotores (BBVA mayoritariamente y la constructora San José) y por toda la Administración (municipal, autonómica y estatal). Este proyecto, además de suponer la regeneración y vertebración de la cara norte, albergaría 17.739 nuevos pisos en Madrid (1.774 protegidos) y un innovador distrito de negocios.

Manuela Carmena ya ha expresado sus dudas respecto a esta operación "A lo mejor hay que darle una configuración distinta. No hacen falta ahora esas viviendas en Madrid cuando hay vacías". Son las últimas declaraciones de Carmena, ya como alcaldesa, partidaria de rehabilitar la vivienda existente y de no seguir construyendo nuevos proyectos. No obstante, existen precedentes antes de las elecciones: "Yo creo que no hacen falta 17.500 viviendas, ya hablaremos en 2017 o 2018, ahora no". En este sentido, la nueva alcaldesa también ha aclarado que está interesada en la inversión siempre que sea "buena y razonable".

Ante el confuso panorama político sobre el proyecto, incluso Francisco González, presidente del BBVA, se ha pronunciado, recordando que con la actuación se crearán 120.000 empleos y reportará más de 3.300 millones de euros a las arcas públicas. "Es un gran proyecto que crea riqueza para todos", ha asegurado en clara alusión al mensaje sobre el reparto de la riqueza de Carmena.

Samuel Población, director nacional de Suelo y Residencial CBRE, insiste en que "se trata de una operación faseada y su ritmo dependerá del cruce entre la oferta y demanda, y si éstas no se cruzan, se ralentizará. Desde la óptica de la demanda, la actuación tiene todo el sentido del mundo porque el stock de obra nueva en Madrid se está agotando, apenas quedan parcelas residenciales en los PAU del norte y mucho menos dentro de la M-30", manifiesta. Así, para Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores, "El ámbito tendrá además muchos interesados en sus viviendas porque durante años muchas personas no han accedido al mercado, ya sea por preocupación por la economía o porque su situación particular empeoró". Pedro de Churruca, consejero de JLL, habla de "demanda insatisfecha" y no duda al afirmar que este desarrollo sería uno de los barrios más deseados.

Según los expertos, si el plan no se para, el proyecto estaría en un año, las obras empezarían a principios de 2017 y los primeros pisos se entregarían en 2020-2021. Mismo horizonte vislumbra Corral, poniendo en valor este ámbito: "Para 2020, la oferta en los desarrollos del norte habrá sido casi absorbida y la Prolongación de la Castellana sería como tener un futuro y nuevo gran PAU". Además de las viviendas, contaría con un centro de negocios de referencia, tres nuevas estaciones de Metro (con la ampliación de la línea 10 y la línea 1), dos de Cercanías y una vía ciclista de 12,8 kilómetros. El 25% del suelo se destinaría a usos ferroviarios.

A todo esto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma en una reciente sentencia relacionada con la construcción de edificios previstos en la Prolongación de la Castellana, la obligación de no superar las tres alturas más ático con carácter general, además de eximir a los propietarios de pagar infraestructuras como el Nudo Norte o la Línea de Metro y la conexión Tres Olivos-Las Tablas que imponía el convenio firmado, mientras que los propietarios sí tienen que asumir el pago del cubrimiento de las vías del tren. El proyecto incluía todo un archipiélago de rascacielos, todas ellas aún más altas que las cuatro de la Ciudad Deportiva. Exactamente dos megatorres de 100 plantas y 300 metros de altura cada una, y al menos una decena de ellas más altas que las cuatro existentes.

Según Antonio Bejar, presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha comprometido a estudiar el proyecto del plan de Prolongación de la Castellana de la capital, y tiene al menos seis meses para revisar el crecimiento propuesto sin que puedan achacarle retraso alguno. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a ratificarse, a solicitud del Tribunal Supremo, en una sentencia anterior con la que da al traste con el plan parcial de reforma interior diseñado, y da un balón de oxígeno a la nueva alcaldesa de Madrid.

Giro neoliberal: vivienda social que termina cotizando en Bolsa

Como apunte final en relación a Madrid, tras conocer que el 60% de los desahucios ejecutados en Madrid provienen de los pisos vendidos a fondos de inversión, la historia da un giro neoliberal más al descubrir que el fondo estadounidense Blackstone sacará a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), a Fidere Patrimonio, la socimi que ha constituido con el parque de viviendas protegidas compradas en Madrid. El fondo ha constituido Fidere Patrimonio con la cartera de 23 promociones de viviendas protegidas en alquiler, que suman 2.688 pisos, que el fondo ha comprado en los últimos años, principalmente en la Comunidad de Madrid.

En concreto, la socimi cuenta con las 1.200 viviendas protegidas que Blackstone adquirió a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Madrid en octubre de 2013, ubicadas en los distritos de Carabanchel, Vallecas y Villaverde. Asimismo, integra 436 pisos, también protegidos, comprados a Sareb en febrero de 2014 y repartidos por las localidades madrileñas de Rivas, Alcorcón y Valdemoro, además de por Guadalajara y Barcelona. Además, cuenta con las 508 viviendas protegidas de Getafe y Móstoles compradas también a Sareb en noviembre del pasado año, y las 600 viviendas adquiridas a una empresa en Torrejón de Ardoz y Paracuellos de Jarama el pasado mes de diciembre.

Con su salida al MAB, además de cumplir con el régimen de las socimis, la firma de Blackstone pretende también dotarse de un mecanismo de financiación para captar recursos con los que costear el futuro crecimiento de la empresa, además de "aumentar la notoriedad de la compañía y abrirla a nuevos accionistas", según indica en el folleto explicativo de su salida a Bolsa.

Fuentes: elmundo.es y publico.es

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stop-desahuciosDos años y medio de vida, apenas un 30% de las viviendas ocupadas y la sensación de que lo que parecía una medida social de gran necesidad ha acabado siendo un fracaso. Así se puede resumir la experiencia del Fondo Social de Viviendas, convenio que el 17 de enero de 2013 firmaron los Ministerios de Economía y Servicios Sociales con las principales entidades bancarias de España, con el que el Gobierno trató de que el parqué de viviendas vacías que las entidades tenían en cartera fueran habitadas, en régimen de alquiler, por familias que han perdido su casa y que se encuentran en riesgo de exclusión social.

El ministerio de Economía, que gestiona en parque de viviendas para realojar a las familias afectadas por los desahucios, calculó que se otorgarían más de 6.000 viviendas para estos fines. Pero dos años después del anuncio, el ministerio reconoce que hay 4.000 pisos que todavía siguen vacíos, a la espera de adjudicación.

Exactamente, los bancos aportaron un 5.891 viviendas de las que, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía, sólo 1.767 están alquiladas. El número crece hasta las 2.000 familias si se tienen en cuenta las que ya tienen asignada una vivienda y no han formalizado el contrato pero aún así, el balance sigue siendo "pobre" si se compara con los miles de desahucios que se han producido en los últimos años, tal y como reconoció la pasada semana el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán pide "mayor colaboración" de las administraciones y señala que la situación "es un poco frustrante". Imagínense para los desahuciados.

Los requisitos para poderse acoger al Fondo Social de Vivienda son tan grandes que muy pocas familias las están solicitando. Para empezar, está destinado a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Deben reunir una serie de requisitos económicos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).

Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, las víctimas de violencia de género, y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a nuevas medidas, dando cobertura por ejemplo a los mayores que avalaron a sus hijos y nietos. También se recogió esta opción para las daciones en pago. La introducción de esas medidas ha sido clave para que el número de estos alquileres se gestionara con algo de mayor éxito en 2014.

Una situación contradictoria y algo surrealista cuando ocho años después del estallido de la burbuja, España sigue de resaca con cientos de miles de viviendas que permanecen vacías. Según Julio Gil, presidente de la Fundación de Estudios Inmobiliarios (FEI) en España "Hay en torno a 700.000 casas nuevas sin vender. Esto indica una sobreoferta se mueve entre las 525.000 y 550.000 viviendas" Más de la mitad está en manos de las entidades financieras y de la Sareb o "banco malo". Otros estudios, como el realizado la Asociación de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), el stock se ha reducido, cerrando el pasado año con un total de 439.617 pisos y casas nuevas en venta y alquiler, hasta el punto que en términos de mercado "técnicamente", en 25 provincias la construcción de viviendas se podría reactivar.

Tanto en Madrid y Barcelona, las dos grandes capitales de España, están abanderando de la mano de sus recién estrenadas alcaldesas cambios en las estructuras políticas para mejorar las cosas a nivel social y particularmente en el drama asociado a los desahucios de viviendas. Tanto para Manuela Carmena y como para Ada Colau, no será fácil. Por lo pronto, tras los acercamiento iniciales con la banca llenos de cordialidad y buenas intenciones por ambas partes, aún no se ha concretado nada. "El objetivo es pedir a la banca que colaboren para evitar los desahucios si hay problemas con las cuentas hipotecarias", explicó Carmena. Su intención es firmar un protocolo para la creación de una oficina para evitar los lanzamientos y que haya un interlocutor por cada uno de los bancos en esa oficina. En principio los bancos sugieren, optimizar el uso del Fondo Social de Viviendas para resolver esta cuestión, aunque están abiertos a colaborar para encontrar soluciones.

El 60% de desahucios en Madrid, de pisos públicos vendidos a fondos de inversión

Seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas a fondos de inversión en los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Así consta en un informe en el que el Ministerio de Hacienda desmenuza y critica el programa electoral de la nueva alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), que se ha comprometido precisamente a frenar los desahucios y a ofrecer una vivienda pública a los afectados. De los 111 casos contabilizados por Hacienda entre febrero y junio de este año, 65 fueron en viviendas vendidas por la Administración. El controvertido informe del Ministerio de Hacienda, censura las políticas comprometidas por el nuevo Gobierno municipal. Sin embargo, de su profusión de cifras y análisis se desprenden consecuencias preocupantes sobre la gestión llevada a cabo al frente del Ayuntamiento y de la Comunidad por el PP en los últimos años.

Hacienda recuerda que el Ayuntamiento sólo puede frenar un desahucio si lo ha promovido él mismo en viviendas de su propiedad. En caso de pisos hipotecados con bancos o alquilados a particulares, "no ostenta posibilidad alguna de actuación". Carmena es consciente de ello: “Los jueces son los que dan la orden de que alguien salga de la vivienda; se trata de que, cuando el juez tenga que acordar el lanzamiento, que a veces se producirá, ya esté resuelta una alternativa habitacional para que esas personas no se queden en la calle".

Manuela Carmena avanzó el pasado viernes que el Ayuntamiento ya está estudiando resolver o bien por la vía judicial o bien por la vía de acuerdos la venta de vivienda protegida de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a "fondos buite".  Ya en el programa electoral de Ahora Madrid, partido instrumental que encabezó Manuela Carmena los pasados comicios, se recogía como uno de los compromisos "paralizar la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y procurar su reversión".

Carmena: "No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda"

Un sencillo tuit de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha bastado para tranquilizar a todas los propietarios que tienen un piso alquilado, y ha explicado que, en lugar de paralizar los desahucios, el plan es "ofrecer alternativas a quien no pueda pagar", con lo que se evitaría generar una situación de indefensión a los particulares que cuentan con un inquilino que no abona la renta mensual.

Con este mensaje, la nueva alcaldesa de Madrid matiza por primera vez desde su nombramiento el pasado 13 de junio una de las propuestas más controvertidas de su programa electoral, donde se afirmaba que pondría "todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo)”.

La nueva propuesta Manuela Carmena sigue la línea marcada por Ada Colau y Barcelona en Comú, que según su programa electoral puesta por "garantizar apoyo, atención y seguimiento a los pequeños propietarios que se vean afectados por impagos de alquiler" para lo que "se estudiarán los motivos de impago" y, en el caso de no poder detener el desahucio, "se garantizará un realojo adecuado".

La idea de Carmena pasa por crear una Oficina de Mediación dentro del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Estos mediadores públicos elaborarán un estudio de la capacidad económica de los deudores que se cruzará con otro informe sobre la información social y el riesgo de vulnerabilidad de esas familias. Algo parecido a la "oficina antidesahucios" creada por la reciente y novedosa ley de vivienda del País Vasco, que además convierte el alquiler social en un derecho para sus ciudadanos.

 598.747 ejecuciones hipotecarias desde que empezó la crisis

Finalmente, hoy hemos conocido que entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas hoy en un informe presentado por Amnistía Internacional. Los datos, sin embargo, no especifican si se trata de una vivienda o un local comercial. En cuanto a domicilios principales en nuestro país, en base a datos del Banco de España, que entre 2012 y junio de 2014 se produjeron 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual.

Así, Amnistía Internacional denuncia que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en nuestro país según los últimos datos del INE en 2011. En este sentido la organización reclama en su estudio el elevado número de viviendas vacías de las que dispone España, 3,44 millones según el censo de 2011, son un "recurso potencialmente utilizable a la hora de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución".

Este es un problema que, según denuncia Amnistía Internacional en su informe, está provocado "por la desprotección que sufre el individuo por parte de las instituciones públicas". También se señala que, a pesar de que desde 2012 el Gobierno ha aprobado una serie de medidas dirigidas a mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su casa, éstas "no son suficientes para cumplir con las obligaciones que exige el derecho internacional en cuanto a derechos humanos".

El informe destaca también que en España hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública. Sin embargo, el porcentaje que supone dentro del mercado inmobiliario es sólo del 1,1% frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido o el 17% de Francia. Sin embargo, "las autoridades de áreas muy afectadas por los desahucios como Madrid o Cataluña han seguido vendiendo parte de su parque público de viviendas a sociedades de inversión, reduciéndolo aún más".

Desde Amnistía Internacional reclaman que "las autoridades españolas no han habilitado mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios". Además, estiman que el Estado debería establecer un mecanismo preceptivo que vigile la negociación entre bancos y familias para garantizar que el desahucio es realmente el único recurso posible una vez evaluadas todas las alternativas.

Fuentes: elpais.com y elmundo.es

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