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Lo que ocurrió entre 2012 y 2013 con la venta de casi 3.000 viviendas de protección social a un fondo buitre no es más que la punta del iceberg de una práctica que sigue vigente en Madrid: la venta de promociones enteras eliminando el derecho de tanteo de los inquilinos, y en base al informe de una consultora que, como respuesta a los problemas económicos de la Empresa Municipal de la Vivienda Social, solo dio una solución: vender los pisos. No ha sido el único caso, este verano también se han visto sorprendidos los vecinos de una promoción de pisos protegidos en alquiler con opción a compra en Torrejón de Ardoz. De las 31.100 viviendas protegidas edificadas en los últimos 12 años, 30.000 están en manos privadas y pueden ser vendidas libremente. La Comunidad solo mantiene la titularidad de 1.100 pisos.

pisospublicos fidere madrid LauraMartín - Los "fondos buitre" compran más vivienda protegida en Madrid

Así, a los vecinos de una promoción de viviendas protegidas construidas en régimen de alquiler con opción a compra en Torrejón de Ardoz, encontraron en julio en su buzón una nota que les informaba de que sus pisos han sido adquiridos por Fidere, un fondo buitre. El cambio de titularidad de las viviendas de Torrejón, que ha pillado a la mayoría de los vecinos de vacaciones, se produce pese a que el Gobierno regional se comprometió a no vender pisos protegidos a ese tipo de sociedades. “La Comunidad no va a vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro”, dijo la presidenta, Cristina Cifuentes, en su discurso de investidura, en junio de 2015. En diciembre de ese año, PSOE y Podemos sacaron adelante una enmienda parcial para que las viviendas de protección pública solo pudieran venderse a sus inquilinos o a entidades con fines sociales. La normativa no se ha desarrollado todavía.

Según José María García Gómez, director general de Vivienda en Madrid, "Se trata de una venta entre particulares, por lo que el compromiso de la presidenta (Cristina Cifuentes) se ha cumplido, no se ha producido una venta de viviendas de la Comunidad a terceros".  Sin embargo, hay que tener en cuenta que más del 90% de las viviendas protegidas promovidas por la Comunidad de Madrid de 2005 a 2016 fueron construidas por promotores privados: el Gobierno regional impulsó la construcción de 31.100 casas, de las cuales 28.225 fueron edificadas por empresas privadas y solo 2.875 por la Agencia de Vivienda Social. Así, existen 30.000 viviendas edificadas entre 2005 a 2016, que pueden acabar en manos de fondos buitre. Es lo que les ha ocurrido a los vecinos de la parcela M-8 del Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz. El inmueble, promovido por la Comunidad, fue edificado por la constructora Sando, y en 2009 pasó a la inmobiliaria Hercesa. Hasta el 20 de julio, tres meses antes de que pudieran ejercer su opción de compra. “Hercecam (filial de Hercesa) ha transmitido la propiedad de su finca a la sociedad Yuncai Investment, que desde este momento es su nuevo arrendador”, decía la nota en el buzón. Yuncai Investment es filial de Fidere, filial a su vez de Blackstone.

En la ciudad de Madrid, este problema puede estallarle a la actual alcaldesa antes de que finalice su mandato. El Gobierno municipal puede encontrarse en meses con centenares de desahucios de inquilinos que vivían en régimen de alquiler en los pisos cuando eran públicos y no pueden hacer frente a los precios (con subidas de hasta el 43% en tres años) impuestas para renovar los alquileres. De aquí hasta 2019 sólo en los barrios de Carabanchel, Vallecas y Villaverde vencerán 1.553 contratos.

La portavoz de la plataforma de afectados, la última desahuciada

Esta batalla legal ha dejado en la calle a Arancha Mejías, la portavoz de la plataforma de afectados por la venta de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), quien ha recibido un burofax de Fidere, el fondo que compró su vivienda al Ayuntamiento, donde le comunican que no le renovarán el alquiler y que tiene treinta días para abandonar el inmueble. Mejías ha considerado que la compañía comete un "acto de venganza" al no renovarle el contrato por ser la “cara visible de luchar por todo el patrimonio que ha vendido el Ayuntamiento”. Mejías ha recalcado que los hechos demuestran que es incierto que los fondos no desahucien y que ella no entra en las tres condiciones que estos esgrimen para expulsar a alguien: no estar al corriente de pago, tener problemas de convivencia vecinal o ser delincuente.

La portavoz contra la venta de viviendas públicas compareció el pasado 1 de julio en la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que investiga la venta de estos inmuebles de la EMVS a los llamados fondos buitres durante la gestión de Ana Botella (PP). La joven, de 27 años, ha denunciado que Fidere, que adquirió su vivienda del PAU de Carabanchel hace tres años, la discrimina al no darle opción de quedarse en el piso aunque fuese con “condiciones leoninas” como sí ha hecho con otros vecinos.

El Ayuntamiento pide anular la venta de los pisos de la EMVS

El Ayuntamiento de Madrid pedirá declarar la "nulidad radical" de la venta, entre 2012 y 2013, de 18 promociones de vivienda de la EMVS al fondo de inversión Fidere. La delegada del gobierno Marta Higueras sostuvo que "está en las manos" de la Comunidad avanzar para anular ese contrato, mientras que Cristina Cifuentes aseguró que el Consistorio tiene "perfecta competencia para desarrollar las peticiones que considere necesario".

En abril, la Cámara de Cuentas cuestionó en un informe provisional la legitimidad de la venta al grupo Fidere, filial del fondo Blackstone, por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de 1.860 casas correspondientes a 18 promociones de viviendas protegidas. El informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la venta de estos pisos se llevó a cabo "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación". De Hecho, según Marta Higueras, las viviendas se habrían vendido por la mitad de su precio.

Por ello, el equipo de gobierno municipal pretende obtener la "nulidad radical" de ese contrato, recuperando así las viviendas adquiridas por Fidere. Éste es un procedimiento que sólo afecta a la preparación y adjudicación de un contrato, y que según sostuvo la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y también presidenta de la EMVS, depende de la opinión favorable de la Comunidad para seguir adelante.

Si el Ayuntamiento de Madrid no logra la nulidad del proceso, tendría igualmente que pagar 30 millones de euros por los costes judiciales, admitió Higueras. Como último recurso, el Gobierno de Manuela Carmena no descarta acudir a la regulación estadounidense contra los sobornos, ya que Higueras recordó que los fondos que adquirieron las viviendas a través de Fidere (Magic Real State y Blackstone) son americanos. "Tendríamos que acreditar la connivencia de los compradores", un proceso que se podría prolongarse "entre ocho y diez años".

Si la asociación de afectados por la venta de viviendas de la EMVS solicita la reapertura de la querella, el actual Gobierno municipal se unirá a la misma y se personará en el procedimiento para exigir la responsabilidad contable de todas las personas que permitieron esta operación, más allá del consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé. Además, se sumará a la solicitud de reapertura de la querella presentada por los afectados.

Fuente: elpais.com Foto: Laura Martín

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Tras años de retrasos y modificaciones, la operación Mahou-Calderón por fin tiene fechas concretas: a partir de septiembre podría comenzar la reforma urbanística en la zona que ocupa el estadio rojiblanco y la antigua fábrica de cerveza. Así, cinco días después de las elecciones generales, el Ayuntamiento de Madrid pudo por fin presentar su acuerdo con Mahou y el Atlético de Madrid para los terrenos del Vicente Calderón. Se trata solo de un primer paso para desbrozar la madeja creada por el decaimiento del plan anterior, creado por el PP de Ruiz Gallardón y Ana Botella, zarandeado por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y rechazado por el equipo municipal de Ahora Madrid. El acuerdo alcanzado, contempla la sustitución de los dos rascacielos de 36 plantas y ocho edificios de hasta 20 alturas previstos inicialmente por la construcción de varios bloques de hasta ocho plantas y la reducción del número de viviendas de 2.000 a 1.000. La edificabilidad se reducirá en torno a un 30-35%, habrá más zonas verdes y no se soterrará la M-30 sino que se "cubrirá".

vicentecalderon madrid - Operación Calderón: Más zonas verdes, la mitad de pisos previstos y la M-30 será cubierta

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, que junto a la cervecera es propietaria de los 204.218 metros cuadrados de terreno afectados, donde el Atlético de Madrid prevé disputar en 2017 la última temporada antes de trasladarse a La Peineta, acogerá un nuevo proyecto urbanístico que reduce la edificabilidad de la zona, el Atlético de Madrid asume menos cargas económicas de la operación (ya que no hay soterramiento de la vía de circunvalación), y además será el Ayuntamiento de Madrid quien financie íntegramente la cubierta de la M-30, con un coste de entre 50 y 60 millones de euros.

Según el ayuntamiento, “esta propuesta recoge buena parte de las demandas de las asociaciones vecinales del distrito de Arganzuela, muy críticas con el Plan Parcial aprobado en 2014 para el ámbito. La ordenación que se ha presentado será sometida a un proceso de audiencia pública para que ciudadanos, colectivos, entidades de interés público y Comunidad de Madrid aporten sus sugerencias a fin de garantizar el mayor consenso posible”.

Las zonas verdes se incrementan desde los 54.600 m2 que preveía el Plan Parcial de 2014 a 79.900 actuales, y los equipamientos previstos pasan de los 10.000 m2 que establecía el plan anterior, pese a su mayor edificabilidad, a los 12.800 m2. “Se pone suelo a disposición de la Comunidad de Madrid para la ampliación del CEIP Tomás Bretón y el IES Gran Capitán, y una parcela dotacional municipal que se definirá con la participación de los vecinos y vecinas del barrio, y que podría convertirse en un centro de mayores, centro de día o centro dotacional polivalente”.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, durante la presentación de la Operación, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reconocido que el número total de viviendas está aún por definir, pero que el plan de edificabilidad se ha establecido en los 129.000 metros cuadrados. Un 10 por ciento de la edificación de la Operación Calderón, lo que supone 13.000 metros cuadrados, será destinado a viviendas de protección oficial, y serán viviendas de entre 50 y 100 metros cuadrados.

Respecto al polémico y costoso soterramiento de la M-30, ahora el Ayuntamiento va a adaptar "las estructuras existentes, que son perfectamente válidas", a algún tipo de solución técnica que permita "cubrir" esa brecha de Madrid Río: 600 metros de semiautovía que van a quedar cercanos por zonas verdes y viviendas a ambos lados del río. ¿Cuánto costará a las arcas públicas la decisión del Consistorio? Calvo habló de entre 50 y 60 millones de euros, "en todo caso menos de lo que el Ayuntamiento se había comprometido a aportar" en los anteriores proyectos. Como éstos nunca llegaron a arrancar realmente, no está del todo claro cuánto costaba entonces el soterramiento completo, pero la horquilla iba de los 80 a los 170 millones de euros, de los que el Ayuntamiento asumiría en torno al 40%.

¿Salen ahora las cuentas? El problema es que de momento ni las hay, porque el proyecto no es definitivo. ¿Tiene el Ayuntamiento cincuenta millones de euros, el mínimo del que se habla, para destinarlo a este proyecto? Es cierto que la situación de la deuda municipal no es tan angustiosa como en la anterior legislatura, pero el Ministerio de Hacienda, con su Ley de Estabilidad Financiera, puede tener la última palabra. ¿Será la próxima temporada la última con fútbol en el Vicente Calderón? Ese es el plazo más claro de una Operación que avanza, pero a paso muy lento.

Carmena llevará a los tribunales a quienes vendieron pisos públicos a fondos buitre

Por otro lado, el concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha afirmado que el Ayuntamiento emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por la venta en bloque de pisos sociales a fondos buitre. La decisión fue anunciada después de la sesión de la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas. "Hay base jurídica para muchas cosas, pero especialmente para una actuación contra los administradores de una sociedad que no ha velado por el correcto funcionamiento de la misma, ni por su patrimonio".

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que determina que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación. Este informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección (de los que 2.956 son viviendas), cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros. Según ese organismo, la venta se realizó "sin la existencia de pliegos de condiciones" y "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar", que se fijó "por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores". Esto supone, según la Cámara de Cuentas, "la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos". "De lo que estamos hablando es de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales, o sea, vulneraciones del código penal, por supuesto también de actuaciones que han vulnerado las normas mercantiles", ha advertido sobre ese asunto Carlos Sánchez Mato.

No obstante, ha comentado que para poder revertir la situación (es decir, para que las viviendas vendidas regresen a manos municipales) habría que ir por la vía del Derecho Civil, porque "incluso una actuación delictiva que haya tenido como resultado un desastre para la EMVS podría hacer imposible la devolución de esas viviendas al patrimonio de todos. Por lo tanto esa parte, la que es menos sencilla de probar, es la que seguimos estudiando, porque desde luego los otros dos elementos, las obligaciones mercantiles y penales, parecen bastante claras".

Fuentes: expansion.com y publico.es

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fondosbuitres 300x176 - Vivienda social, buitres y fondos de inversiónTras conocer los datos de los desahucios en 2014, que tanto para el INE como para el Poder Judicial han aumentado, nos preguntamos qué fue de los cientos de familias afectadas por la venta de vivienda pública a fondos privados de inversión en la Comunidad de Madrid. Muchas de estas familias son ya parte de la lamentable estadística de desahucios, o en el mejor de los casos, apenas pueden soportar el esfuerzo para asumir las condiciones de los nuevos propietarios. Mientras en los juzgados siguen abiertas las denuncias sobre la legalidad en los procesos de venta de estas viviendas sociales, que a su vez pueden llevar asociados delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

En 2013, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la venta de un tercio de sus pisos sociales para salvar de la quiebra la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). En parte logró el objetivo con la venta de 1.860 viviendas de renta protegida (distritos de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Hortaleza y Moratalaz) por 128,5 millones de euros al fondo de inversión Magic Real Estate (Blackstone). Las consecuencias de la venta de viviendas de carácter social y titularidad pública a estos grupos de inversión, conocidos por su agresividad especulativa como "fondos buitre", se están traduciendo en más familias desahuciadas por no poder pagar los abultados alquileres que los nuevos caseros les han impuesto, mientras que el Ayuntamiento de Madrid presume de haber reducido el déficit.

En aquel momento, se dijo a los inquilinos que les mantendrían las condiciones de alquiler reducido según las circunstancias personales de cada uno, pero la nueva empresa comienza la renovación de los contratos con condiciones muy diferentes a las establecidas inicialmente. Decenas de familias denunciaron que además de encontrarse, sin previo aviso, con estos nuevos propietarios, se les reclama un alquiler muchísimo más alto, al que no pueden hacer frente.

En paralelo al conflicto de los pisos sociales del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid (IVIMA) mantiene una situación similar con las viviendas del organismo que también fueron vendidas a un fondo buitre. Así, en agosto de 2013 Goldman Sachs-Azora se hizo con las 32 promociones de viviendas donde residen 2.935 familias del Plan Joven del IVIMA tras pagar 201 millones de euros.

En este caso, todos los desahucios relacionados con estas viviendas del IVIMA han quedado paralizados. La Comunidad de Madrid no les consideró parte interesada a estos inquilinos en el proceso, porque defendía que las condiciones de sus contratos no cambiarían con los nuevos propietarios. El Gobierno no mencionó, en cambio, que esta situación tenía fecha de caducidad.

La estrategia de estos fondos de inversión es clara: comprar las viviendas a una media de 60.000 euros, y cuando los pisos se queden vacíos, venderlos a 140.000 euros. Les interesa que los inquilinos salgan de los pisos de no poder afrontar las nuevas condiciones (de rentas de 50 euros se pasa a casi 500 euros), por lo tanto, el interés social de estas mismas desaparece. Comienzan así los procesos de desahucios, ocupaciones ilegales y dificultades para alquilar y vender los pisos que, finalmente, estos fondos logran poner en el mercado una vez desalojados sus originarios propietarios.

Desahuciados de un piso que ya no es "social"

Jorge, parado y sin cobrar subsidio. Vive con su mujer y tres hijos en un edificio de viviendas públicas situado en Vallecas. La renta que pagó Jorge durante los años en que el edificio fue propiedad de la Comunidad de Madrid oscilaba entre los 50 y 140 euros. "Dependía mucho de los ingresos que teníamos", aclara el afectado. Cuando les vence la subvención del Estado pasa a pagar 480 euros mensuales y 500 euros del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), algo de lo que se hacía cargo el IVIMA."Es imposible para nosotros pagar el alquiler y darle de comer a nuestros hijos", señala.

Ana Vargas, con 3 hijos y un sueldo de 900 euros tiene que hacer frente ahora a un alquiler de 600 euros de un piso en Vallecas concedido por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y vendido posteriormente a Magic Real Estate Blackstone. Le espera una orden de embargo por no poder hacer frente a esas condiciones.

Chus, después de años en su piso, se le permite una prorroga de 1 a 3 años pero con una subida del alquiler de un 42,5% a lo largo del trienio, a lo que hay que sumar el IBI de 400 euros, más los gastos de comunidad. Chus es la propulsora de un calendario protesta en la que aparecen 13 familias desnudas dentro de sus casas. Es un calendario que habla de "ilusiones truncadas", de lucha, de pérdida de derechos, de dignidad y de corrupción.

Éstos son sólo algunos de los casos, desgraciadamente, no son los únicos. Los nuevos propietarios aprovechan cualquier resquicio legal para subir las cuotas, impedir la prórroga de contratos vencidos, eliminar las ayudas públicas, descuidar el mantenimiento y deshacerse así de las familias para poder vender o arrendar a precios de mercado. "Mobing inmobiliario en toda la regla. Muchos se están marchando porque no quieren pasar la vergüenza de un desahucio pero a los que no tienen ninguna alternativa los acaban echando", denuncia Arancha Mejías, presidenta de la asociación de vecinos de las viviendas sociales de la EMVS en Carabanchel.

De fondos y buitres

Esto es lo que está ocurriendo con las viviendas sociales que los políticos que mandan en Ayuntamientos, han vendido a estos fondos de inversión. Fondos buitres los llaman. Pero para muchos, como bien comenta José Antonio Martínez Lamoca en El País: "buitre no es otro que el político (del que se supone que tiene que administrar los bienes de todos e intentar favorecer a los más necesitados) que pone a la venta ese bien común, no importándole en absoluto los efectos de su insociable decisión. Es el infeliz resultado de ese capitalismo salvaje que proclaman los que invocan la santidad de los mercados y el ultraliberalismo económico; en fin, pura y dura especulación. Fondo buitre es ese fondo de inversión alimentado por esos buitres que vuelan en círculo en nuestro país. Visto lo visto, es razonable empezar a buscar el significado de justicia social e indignación".

Fuente: elpais.com

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