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El TC declara nulo el pago de la plusvalía en ventas con pérdidas 1024x682 - El TC declara nulo el pago de la plusvalía en ventas con pérdidas, en todo el país

El Tribunal Constitucional (TC) ha extendido a toda España la nulidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía municipal. Ya con anterioridad, se anuló en la sentencia sobre el impuesto establecido en Álava y Guipúzcoa, se hace eco ahora el Pleno del TC y considera que el impuesto, tal y como está regulado, vulnera el principio constitucional de capacidad económica, ya que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo". El Tribunal considera conforme a la Constitución que el legislador establezca impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos, pero siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica que exige la Carta Magna, lo que supone que el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que "no sean exponentes de una riqueza real o potencial", es decir, sobre aquellas viviendas que hayan sido vendidas con pérdidas. La nulidad del impuesto de plusvalía afectará a unas 550.000 viviendas, que podrán reclamar unos 8.300 millones de euros.

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Pisos en el centro de Madrid

El auge del mercado del alquiler en España gusta y preocupa casi a partes iguales. Un fuerte aumento de la demanda y una oferta escasa han desembocado en una escalada de las rentas, sobre todo en Barcelona y Madrid. En el sector nadie habla de una posible burbuja, sino de desequilibrio entre oferta y demanda. Pero esta descompensación ha hecho saltar las alarmas en las grandes ciudades, que son las más perjudicadas, hasta el punto que los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona han pedido al Gobierno que cambie la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que regule el precio e impida incrementos desmesurados. Ante esta coyuntura, la vivienda en alquiler, presente ya en más del 20% del parque residencial en España (y subiendo), se ha convertido en toda una olla a presión y ha surgido el controvertido debate del intervencionismo de las rentas.

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Pagar Plusvalía Municipal

A las batallas judiciales por las cláusulas suelo y los gastos de formalización de las hipotecas se une ahora otra contienda en los tribunales que está dando mucho que hablar. Los juzgados españoles están lidiando con el pago de la plusvalía municipal, un impuesto cobrado por los ayuntamientos a los vendedores de viviendas y otros inmuebles. Desde que estalló la crisis en el 2007, los precios de las propiedades en España ha caído entre el 30% y 45%, según donde se encuentre el inmueble. Largos años de una crisis inmobiliaria e económica aún sin cerrar donde se ha vendido (y se vende) pisos y casas sin beneficio e incluso con pérdidas, casos en los que se cuestiona seriamente si es justo el pago de la plusvalía municipal.

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Los impuestos subirán en una cuarta parte de los ayuntamientos españoles el próximo año. Junto al incremento fiscal a empresas, tabaco y alcohol, el Gobierno ha aprobado los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2.452 municipios. Con anterioridad, la revisión fue solicitada por los ayuntamientos para aproximar los datos del catastro a los valores reales de mercado de los inmuebles en cada localidad. Según el año en que se haya hecho la anterior actualización, la revisión puede tornar en subida o bajada, en este caso, la mayor parte de los casos subirá. El "catastrazo" de 2017 se traducirá en un incremento de los valores en 1.895 localidades de toda España, lo que derivará en una subida de impuestos como el IBI o la plusvalía municipal en dichos municipios. En otros 550, aproximadamente, bajará.

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Entre zonas donde irrumpirá el incremento tributario (incluidas sus capitales) están en Valencia, Granada, Córdoba, Cádiz, Badajoz, Tarragona, Jaén o Alicante. Los habitantes de otros 557 ayuntamientos correrán mejor suerte y sus valores catastrales bajarán el próximo año. En este último supuesto se encuentran las ciudades como Santander, Almería, Lleida o Ávila. Los ayuntamientos que no aparecen no han pedido la revisión este año, bien porque actualizaron sus valores hace poco o porque han optado por no hacerlo.

Por provincias, Burgos es la que tiene más municipios en los que subirá la referencia catastral, con 151 localidades, seguida de Ávila (124) y Teruel (112). Del lado de las beneficiadas, dos de las provincias más afectadas por el boom de la construcción, Guadalajara y Valencia, son las que tienen más municipios bajarán sus valores en 2017 en 46 y 44 ayuntamientos respectivamente.

Año a año desde 2013, los Presupuestos del Estado incluyen los coeficientes para actualizar las valoraciones catastrales de los ayuntamientos que lo hayan solicitado. Como 2017 comenzará con el presupuesto prorrogado y el IBI es un impuesto que se devenga el 1 de enero de cada año, el Gobierno ha aprobado por decreto ley estas revisiones, para que entren al comenzar el ejercicio y no cuando se aprueben las nuevas cuentas, que previsiblemente será en abril.

Los ayuntamientos que quieren revisar los valores de los inmuebles en su término municipal deben solicitarlo a la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, siempre que hayan transcurrido cinco años desde la anterior valoración. A los diez años pasa a ser obligatorio. Pese a ello, como calculó en 2014 el informe elaborado por el comité de expertos para la reforma fiscal, el periodo de actualización media es de 21 años. La subida o bajada del próximo año será mayor o menor según el ejercicio en el que se actualizara el valor catastral. Como desgrana el decreto ley que se publicó en el BOE el pasado sábado, las valoraciones anteriores a 2003 sufrirán un incremento este año. Las que han sido posteriores, en muchos casos durante la época en la que se hinchó la burbuja en los años de vacas gordas, reducirán sus valores.

Para este año, las referencias que se actualizaron por última vez antes de 1990, tienen un coeficiente de 1,08, el más alto de todos. Es decir, si un inmueble tiene un valor catastral de 100.000 euros y su última revisión se hizo en 1988, pasaría a 108.000 euros. De los 1.895 municipios que subirán sus valores, 1.111 tenían referencias de antes de 1990, por lo que serán las que más suban. Así, las que se hicieron en 1994 tienen un coeficiente de 1,07; las de 1995, de 1,06; las de 1996, de 1,05; las que van de 1997 a 2000, de 1,04: y las que se actualizaron entre 2001 y 2003, es de 1,03. Por el contrario, las que se revisaron entre 2005 y 2009 tienen un coeficiente de 0,92, las de 2010, de 0,9 y las de 2011, de 0,87. En este último caso, si un piso tiene un valor catastral de 100.000 euros, este pasaría a valer 87.000 a ojos de Hacienda.

Impacto de 24 millones de euros

Esta lluvia de valoraciones tendrá un impacto de 24 millones de euros, según calculó el Gobierno en el programa presupuestario prorrogado remitido a Bruselas en octubre. El pasado viernes, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro reseñó que la medida se adopta para ayudar a las arcas de las corporaciones locales. Lo cierto es que desde que comenzó la crisis, los ayuntamientos no han dejado de subir el IBI de una forma o de otra. La recaudación del impuesto ha crecido un 76% desde 2007 pese a que el valor de mercado de los inmuebles se ha desplomado un 30% desde entonces: si antes de la crisis ingresaba 7.267 millones, sin contar a las diputaciones forales, en 2015 llegó hasta los 12.807 millones.

Debido a ello, el IBI se ha convertido en el gran caudal de ingresos para los ayuntamientos, que se han convertido en la única administración con superávit, lo que a su vez ayuda a rebajar el dato de déficit global de cara a Bruselas, por lo que el Gobierno quiere que las corporaciones locales no pierdan ingresos. El IBI es un impuesto contracíclico: pese a que la actividad se deprima, como grava la propiedad, sus ingresos son estables. En un país en el que el 80% de las viviendas están en régimen de propiedad, España recauda más que la media de la UE por este impuesto: un 1,2% del PIB frente al 0,8% de media en la UE de 2015. Algo parecido ha ocurrido con la plusvalía municipal, que grava el incremento de valores en la transmisión de un inmueble: si en 2007 ingresaba 1.416 millones, a golpe de catastrazo su recaudación ha subido como la espuma y en 2015 aportó 2.439 millones a las arcas locales.

Hacienda señala que la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017 tiene una repercusión "inmediata" en el IBI. El Gobierno precisa, sin embargo, que los 2.452 ayuntamientos afectados no podrán "aprobar a tiempo nuevas ordenanzas fiscales para adaptar los tipos de gravamen" en el IBI. Debido a ello, "no verían cumplidas las previsiones presupuestarias que hubieran realizado contando con dicha actualización". ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un ayuntamiento pidió la actualización y esta se salda con una revisión a la baja de los valores catastrales, el consistorio se arriesga a quedarse sin tiempo, en el caso de que aún no lo haya hecho, de subir los tipos del IBI de cara a 2017 para compensar el impacto negativo en sus arcas públicas, describe José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

Los ayuntamientos tienen hasta marzo del próximo año para aprobar ordenanzas fiscales en el IBI de dicho ejercicio y así lo admite una sentencia del Tribunal Supremo, apunta Salcedo. Lo mismo ocurre si la revisión es al alza y el municipio quiere bajar los tipos del impuesto para que sus vecinos no paguen más cuota: el consistorio deberá acelerar sus planes. Si bien en octubre se publicó en el BOE la orden ministerial con los ayuntamientos que habían pedido la revisión, estos no conocían los coeficientes que iba a aplicar Hacienda hasta el pasado sábado. Como el Gobierno estaba hasta hace poco en funciones, los consistorios no sabían si finalmente iba a dar tiempo de aprobar la actualización de sus referencias.

Para saber si el IBI subirá en tu municipio como efecto de la revisión catastral puedes consultar el listado de municipios que publicó el BOE el 1 de octubre de 2016

Fuente: abc.es

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Cuando no exista un acuerdo previo, en la venta de una vivienda u otro inmueble es el vendedor el responsable de abonar el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aunque podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical en el ejercicio y por el tiempo que lo sea. Así lo ha fijado como doctrina jurisprudencial el Tribunal Supremo (TS), que determina que la proporción a pagar por cada una de las partes corresponde al tiempo en el que hayan ostentado la titularidad del domicilio.

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De este modo, la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de junio de 2016, da la razón a dos sociedades que vendieron a otra compañía 155 plazas de garaje en Madrid, y condena a esta última a pagar a los vendedores 8.562 euros del IBI correspondiente al periodo que va desde que se efectúa la compra, en marzo de 2009, hasta diciembre de ese mismo año. La cuantía había sido íntegramente abonada por las sociedades vendedores, a quien, si bien en primera instancia un Juzgado de Madrid les dio la razón, la Audiencia Provincial de Madrid les obligó a costear dicho impuesto. En la sentencia con fecha de 2014, el tribunal se pronunció a favor de los compradores y rechazó que pagaran cantidad alguna por el IBI del año 2009.

Ahora el Supremo ha estimado el recurso de casación presentado por los recurrentes y declara como doctrina jurisprudencial que el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que el vendedor que abone el IBI puede repercutirlo sobre el comprador, en función del tiempo que se ostentó la titularidad.

Según la Ley, el devengo del IBI anual corresponde al propietario en el momento del mismo, que coincide con el primer día del año natural. Por ello, el Alto Tribunal resuelve que el abono de dicho impuesto corresponde a la parte vendedora, aunque la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la venta de las plazas de garaje, y por ello, la otra parte puede repercutirlo sin necesidad de pacto.

El IBI, el único impuesto que crece año a año

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) nunca ha conocido la burbuja inmobiliaria. Desde que estalló la crisis, el valor de la vivienda se ha depreciado de media más de un 30% entre 2007 y 2015 a lo largo del territorio. Sin embargo el IBI, que grava la propiedad inmobiliaria (viviendas, comercios, oficinas, locales o suelos), no ha dejado de engordar su recaudación año a año.

Así, entre 2007 y 2015 los ingresos del IBI aumentaron un 71% hasta los 12.511 millones de euros frente a los 7.316 millones de 2007 o los 8.073 que sumaba la contribución urbana y rural en 2008. Así lo recoge el último dato de cuota líquida del Catastro, al que después se le suman las diputaciones forales (País Vasco y Navarra no están incluidas en el cálculo). Por ello, la recaudación total incluyendo los municipios de ambas regiones habrá superado los 13.000 millones, como ya hizo en 2014 (3.228 millones, un 6,1% más que el año anterior).

Entre las capitales de provincia, las que más aumentaron su recaudación por IBI el último año fueron Jaén (los subió un 11%), Ceuta (10%), Soria (7,89%) y Barcelona (7,73%). Frente a estas subidas de impuestos, la mayor parte de grandes ayuntamientos mantuvieron el tributo sin cambios (Madrid congeló su tipo el año pasado y la recaudación apenas subió un leve 0,2%).

La tendencia fue bastante diferente durante la crisis. De los más de 7.500 ayuntamientos contemplados solo 105 redujeron su recaudación entre 2008 y 2015. Entre las capitales de provincia, Ceuta fue la que más subió sus ingresos por IBI con un 152% durante la crisis, seguida de Cuenca (101% de subida), Soria (95%), Guadalajara (92%), Ávila o Toledo (82%).

Madrid es la ciudad de España que más IBI recauda con un 10% del total de los ingresos (1.247 millones de euros el año pasado, un 70% más que en 2008). Le sigue Barcelona (656 millones), Valencia (204 millones, un 19,8% más), Sevilla (158, un 15% por encima de 2008), Zaragoza (151, un 44% más), Marbella (123 millones, un 68% más), Murcia (117, y otro 68% de alza) y Málaga (116 millones, un 27,8% de aumento).

El aumento espectacular de los ingresos por IBI en este periodo de crisis no solo se explica por las subidas constantes de tipos por parte de los ayuntamientos. A ello se sumaron las revisiones de los valores catastrales que se han dado en los últimos años. Si bien teóricamente las actualizaciones se realizan cada diez años, el 47% de los valores catastrales en 2012 eran anteriores a 2002 (un 9,4% se remontaban más atrás de 1994). Por ello la mayor parte de las revisiones en los últimos años han elevado el valor y, por tanto, el impuesto a pagar.

El IBI depende de varias variables. Por un lado está el tipo que deciden los ayuntamientos pero también depende del valor de las viviendas, que debe calcular el Catastro a petición de los propios municipios a los que les interesa hacerlo si son valoraciones antiguas, ya que eleva la base por la que se calcula la cuota de IBI y de otros impuestos locales como el de plusvalía municipal. A la hora de revisar, Hacienda concede prioridad a las valoraciones más antiguas. Esta actualización es constante. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016, Hacienda preveía elevar los valores catastrales de 14 millones de inmuebles entre 2015 y este año, así como reducirlo a otros tres millones de casas que contaban tasaciones de la época de la burbuja.

Fuente: abc.es

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viviendaeficiente 300x200 - La calificación energética de la vivienda rebajará el recibo del IBI entre el 4% y el 20%El Gobierno ha dado un paso para premiar la sostenibilidad y el ahorro energético en la vivienda. Por ello, el Ministerio de Hacienda permitirá rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en aquellas viviendas más eficientes. Una enmienda en actual tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales de 2016 abre la puerta a los ayuntamientos que lo deseen para bonificar hasta el 20% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios en función de su eficiencia energética.

Para las viviendas con un certificado energético de máxima eficiencia (A), la reducción será de hasta un 20%; si es B, la máxima rebaja será del 16%; para los inmuebles que tengan un certificado C puede llegar al 12%; el D, hasta el 8% mientras que el E tendrá una rebaja máxima del 4%. Los inmuebles con calificaciones como F ó G no podrán beneficarse de ninguna rebaja. Los propietarios de estas viviendas deberían pensar en el ahorro y los beneficios que supondría realizar reformas que puedan mejorar la eficiencia energética, de camino, también se revaloriza la casa.

Según los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la mayor parte de las viviendas certificadas en España están en la parte baja de la escala: el 45% son E y el 28% son G. Las viviendas de mayor calidad y eficiencia: A, B y C apenas suman el 4,3%. Según IDAE el ahorro y la eficiencia energética en España, no se termina de valorar.

La medida del Gobierno trata de fomentar la construcción y compra de bienes inmuebles energéticamente eficientes, así como la realización de instalaciones u obras para la obtención de la referida certificación, explican desde el grupo popular en el Senado donde ha registrado una enmienda al proyecto de presupuestos generales del Estado de 2016. El sector inmobiliario celebra la medida, Tinsa afirma que aplicar bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios más eficientes energéticamente es una forma "muy efectiva" para avanzar en la concienciación de la importancia de la eficiencia energética.

¿Cómo se calcula? ¿Es obligatorio disponer del certificado?

A la hora de otorgar el certificado energético, los técnicos habilitados han de calcular la energía consumida a través de instalaciones que proveen servicios como la calefacción, la refrigeración, el agua caliente o la iluminación. La etiqueta del certificado energético muestra la división de los kilogramos de dióxido de carbono (CO2) por los metros cuadrados de los inmuebles. Los que registren un ratio de emisiones por debajo de los 6,8 kg CO2/m2 al año se le asigna la letra A. La peor nota (la G) es para aquellos que superan los 70,9 kg C02/m2 anuales.

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El certificado de eficiencia energética es obligatorio desde el 1 de junio de 2013 el Real Decreto 235/2013, que establece la obligatoriedad de disponer del certificado energético a la hora de comprar piso o casa, al igual que para alquilar un inmueble, así como para los edificios de nueva construcción desarrollados a partir del 2007. No obstante, no es necesario para casas alquiladas durante menos de de cuatro meses, edificios y monumentos protegidos oficialmente, edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas, construcciones provisionales (menos de dos años), edificios industriales, de la defensa y agrícolas, edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 metros cuadrados, edificios que se compren para reformas importantes o demolición y edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año.

¿Cómo conseguir una casa eficiente?

Además de conseguir una futura rebaja del IBI, disponer de una vivienda energéticamente eficiente permite ahorrar hasta 1.675 euros al año, según algunos estudios. En aras de logar el objetivo se pueden llevar a cabo las siguientes medidas:

  • Aislar bien la vivienda: Desde sellar todos los huecos a instalar burletes en puertas y ventanas, las opciones son muy amplias. También existe la posibilidad de invertir más dinero y cambiar las ventanas por las que disponen de doble acristalamiento. También se puede aprovechar una reforma, aunque es una obra costosa, para cambiar las fachadas del edificio y aumentar los centímetros de espesor de cara a aumentar el aislamiento térmico.
  • Calefacción: Desde el pasado 26 de septiembre se aplica en España la Directiva europea ERP que obliga a que los equipos generadores de calor vendidos incluyan una etiqueta de eficiencia con calificaciones. El director de Ventas de Bosch Termotecnia en España, Vicente Gallardo, explica que el ahorro que propician las calderas de condensación puede llegar a alcanzar el 30%. Por ello, aunque la ley no impone al consumidor la adquisición de un nuevo sistema de calefacción, Gallardo recomienda "sustituir un equipo por otro de mejores prestaciones que proporcione un mayor ahorro y una menor cantidad de emisiones contaminantes".
  • Agua caliente: La directiva que entró en vigor el pasado 26 de septiembre también obliga a que los sistemas de producción de agua caliente en venta incluyan información adicional sobre la capacidad de producción a través del establecimiento de unas tallas, equivalentes a las de la ropa (S, M, L, etc.).
  • Cambiar los electrodomésticos: Un hogar medio en España consume algo más de 4.000 kWh al año de electricidad, según datos de IDAE. Si se quiere primar la sostenibilidad es recomendable aprovechar los "planes Renove" de las comunidades autónomas para adquirir electrodomésticos eficientes con etiquetas de alta calificación como A+, A++ ó A+++.
  • Aire acondicionado: Los equipos de aire acondicionado ya introdujeron el etiquetado eficiente en 2013. Desde el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) se aconseja incluso recurrir a métodos alternativos para refrescar la vivienda en verano como la instalación de sistemas evaporativos, el uso de ventiladores (consumen muy poca electricidad) o incluso el de toldos para evitar que entre la luz del sol.

Fuente: abc.es

Ayudas y permisos para la reformas de viviendas:

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ibi-2014Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria el valor de la vivienda en España han caído más del 30% de media según Fomento, respecto a la cresta de la ola que marcaron los precios antes de la crisis en 2008. Sin embargo, la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que precisamente depende del valor de las viviendas, ha crecido entre este año y 2014 más de un 53%. En 2014 cerró por encima de los 12.000 millones, según los últimos datos de cuota líquida de las comunidades autónomas de régimen común (quedan al margen País Vasco y Navarra). En 2008 recaudó unos 7.863 millones de euros

Cada año los ingresos del impuesto han ido a más, convirtiendo al IBI en un salvavidas para los ayuntamientos durante la tormenta de la crisis. La favorable salud del impuesto explica la fortaleza de las arcas públicas de los ayuntamientos, que han sido las únicas administraciones que han conseguido en los últimos años superávit presupuestario, es decir, ingresar más de lo que gastan. El ejercicio pasado, las administraciones locales consiguieron cerrar sus cuentas con un excedente del 0,52% del Producto Interior Bruto.

Así, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) representó el 27,23% de los ingresos de los consistorios en 2012, según datos del Ministerio de Hacienda, con una carga impositiva que aumentó un 55% entre 2007 y 2012. Es el impuesto municipal que más recauda y sólo IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA ingresan más en España. En un país en el que el casi el 80% de los hogares es propietario de vivienda, millones de españoles pagan estos días la factura correspondiente a este año, en lo que supone una inyección colosal para las arcas públicas.

Detrás de las buenas cifras de recaudación se esconde un aumento de los tipos de IBI por parte de los ayuntamientos durante la crisis. Los ayuntamientos pueden aprobar un tipo entre el 0,4% y el 1,1% y en los últimos años ha habido un alza de impuestos constante que ha influido en una mayor recaudación. A ello se le suma la subida de entre un 4% y un 10% (en función del año en que se hizo la última revisión del valor catastral) que el Gobierno aprobó a finales de 2011 y se ha mantenido en el tiempo a pesar de su carácter temporal. Al año siguiente, en 2012, las administraciones locales entraron por primera vez en la crisis en superávit.

Precisamente, al gravar la propiedad y no las operaciones, la recaudación del IBI es una de las más estables, lo que ha permitido a los ayuntamientos presentar cuentas saneadas incluso a pesar de la crisis. Otro tributo municipal como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ligado a la actividad, ha menguado sus ingresos a más de la mitad desde 2008: de los 1.752 millones que recaudaba entonces a los 675 millones de 2012.

Diferencias entre distintas capitales hasta del 84%

Las facturas de IBI varían según las zonas. Un estudio de la Agencia Tributaria de Madrid señala que las dos capitales de provincia con un mayor esfuerzo fiscal en el pago del impuesto son Lleida (con una cuota de 139 euros partiendo de un valor base de 6.010 euros y sumándole los incrementos de los valores catastrales) y Melilla, con 135,17 euros. Le siguen Tarragona (131 euros) y Toledo (129,68 euros). Las capitales con una cuota más baja son Pamplona (22,53 euros), Vitoria (44 euros), San Sebastián (47,1 euros) y La Coruña (50,85 euros). Diferencias del 84% entre distintas capitales.

En cuanto a la recaudación, el aumento ha sido generalizado pero no homogéneo. Ceuta (con un aumento de los ingresos del 128%), Melilla (106%) y Cuenca (92,88%) son las tres capitales que más han aumentado su recaudación por IBI en los siete años de crisis. Por provincias, algunos de los municipios que más han aumentado sus impuestos, sin embargo, son los de Madrid: la recaudación se ha disparado en la provincia entre 2008 y 2014 desde los 1.244 millones de euros a los 2.195 millones, un 76,3%.

A lo largo de la geografía, las diferencias en el IBI son acentuadas. Y tienden al alza. La capital de provincia que aumentó más su tipo impositivo en 2014 fue Cuenca (lo subió un 10% al 0,68). Le sigue Toledo, con un incremento del 9,52% (hasta el 0,46), Ceuta (un 4,48% de subida) y Santa Cruz de Tenerife (un 2,28%), según un informe de la Agencia Tributaria de Madrid.

En cuanto a los tipos de las capitales de provincia, Huelva (1,06%) y Cádiz (1,01) son las que más se acercan al máximo fijado por ley, del 1,1%. Les siguen Melilla (1%) y Valencia (0,97%). Por el contrario las capitales que más redujeron sus tipos entre 2013 y 2014 fueron Sevilla, que redujo su tipo un 14,76% hasta el 0,72, Oviedo (-7,67%), Palma de Mallorca (-7,48%) y Guadalajara (un 6,35% menos).

Entre los municipios destacan casos como el de Alcobendas, que entre 2013 y el último año ha pasado de tener el tipo mínimo del impuesto (0,42%) al máximo (1,1%): un hachazo fiscal del 161,9% en sólo doce meses de diferencia. Sin embargo, hay otra localidad de la misma provincia que, según la Agencia Tributaria madrileña, tiene una cuota de IBI más alta: Rivas Vaciamadrid. Por el incremento de valores catastrales, el mismo inmueble paga 206,59 euros en Rivas y 206,14 euros en Alcobendas.

Fuente: abc.es

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carmen-martinez-vallecas1Con el inicio de diciembre y de la gran campaña de los Bancos de Alimentos, que durante este fin de semana ha superado su objetivo de 20 millones de kilos de comida recogida que supondrá ayuda para más de 1,5 millones de personas, pone un contrapunto al acelerado pistoletazo consumista previo a las Navidades y una oportunidad de hacer aflorar la solidaridad ciudadana. La misma solidaridad que se despierta cuando se producen grandes catástrofes, o la que puede surgir a partir del desahucio de una octogenaria, por haber avalado con su casa un préstamo recibido por su hijo, que no lo devolvió.

En los corrillos del barrio madrileño de Vallecas aún resuena el nombre de Carmen Martínez Ayuso, la mujer de 85 años que fue desahuciada de su piso tras avalar con su vivienda un préstamo de su hijo con un particular. Y no sólo en Vallecas, ha dejado en todo el país un eco social que subraya más aún el drama de los desahucios, que lejos de reducir su número cada vez hay más según informa el mismo Banco de España, y las incomprensibles situaciones que llegan a producirse en un país que se llama a si mismo del primer mundo, pero que es incapaz de organizarse de forma que se pueda realojar a una octogenaria en dificultades.

En ausencia de respuesta pública, ha de ser el Rayo Vallecano, el equipo de fútbol de la populosa barriada de Vallecas, quien da una solución con su magnífico gesto de pagar el alquiler de una vivienda a Carmen, gesto que finalmente ha promovido otra gran oleada de solidaridad. Tan grande, que el club se plantea extender las ayudas a más causas benéficas y a buen seguro que no le faltarán candidaturas.

Es entonces cuando surgen las preguntas sobre ¿qué deben hacer las Administraciones públicas? No tienen que quitarse de en medio por el hecho de que Amancio Ortega se ocupe de ser solidario (20 millones para Cáritas, 4 millones para los Bancos de Alimentos); o que el Rayo Vallecano se ofrezca a pagar el alquiler a una mujer muy necesitada. Como advierten los directivos y jugadores, ahí están ellos para atender a Carmen Martínez, de 85 años, mientras aparecen "el Ayuntamiento o la Comunidad", y ver si nos consiguen aclarar si pudo hacerse algo más que enviarle a la policía para sacarla de su vivienda.

Más incomprensible es este tipo de casos cuando existen 3,4 millones de viviendas vacías en España, de las cuales 800.000 son propiedad de los bancos según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), mientras las viviendas de alquiler social no llegan al 2% del parque habitacional, cuando en los países de nuestro entorno europeo esa cifra alcanza el 18%. "Cada día tenemos una Carmen en el barrio, y muchas más en todo Madrid y miles en el resto de España".

Así, por ejemplo, dos días después, el Ayuntamiento de Madrid se acordó de la mujer de 85 años desahuciada ofreciéndole una vivienda social "con independencia de lo que ella luego quiera hacer". No hay que dejar la solidaridad en manos de las autoridades, pero tampoco reducirla a actos puntuales de caridad. Siete años de crisis ha multiplicado el número de personas que precisan ayuda muchos días al año, y no solo cuando un áspero acreedor exige la ejecución de una deuda que, al final, supone el lanzamiento de una anciana de su hogar.

Fuente: elpais.com

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ibi-provinciasMientras los principales impuestos estatales (IRPF, IVA o Sociedades) se han desplomado a pesar de las subidas impositivas, el Impuesto municipal de Bienes Imuebles (IBI) ha conseguido aumentar sus ingresos un 55% entre 2007 y 2012, cifra que superará el 60% cuando el Ministerio de Hacienda confirmen los datos de 2013.

De este modo, los ayuntamientos son la única administración pública que ha obtenido superávit fiscal en los dos últimos años, de 2.285 millones en 2012 (0,23% de PIB) y 4.213 millones en 2013 (0,42%). Pero el buen dato no procede de un ajuste real de sus cuentas sino a que tienen a su disposición el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la única figura tributaria cuya recaudación nunca ha descendido a lo largo de su historia.

En 2007, aún en plena burbuja inmobiliaria y con el país lleno de promociones de pisos y casas, la recaudación del IBI alcanzó los 7.267 millones. Sin embargo, en 2012, pese al declive inmobiliario, los ingresos por el IBI aumentaron hasta los 11.189 millones. Sólo en este año respecto a 2011, la recaudación por los inmuebles creció un 10% gracias a la subida por decreto del Gobierno de los tipos de gravamen. Además, el Ejecutivo ha forzado a los ayuntamientos a pedir a Hacienda la revisión de los valores catastrales con el establecimiento de un recargo para quienes no los hubieran actualizado desde 2002. Por tanto, si esta evolución se mantuvo en 2013, los ingresos por IBI superaron los 12.000 millones.

En plena doble recesión y con un agujero importante en los bolsillos de los contribuyentes y empresas por el alza de otra figuras impositivas, los ayuntamientos han hecho su agosto recaudatorio con el IBI, junto con las ayudas crediticias para pagar a los proveedores y de liquidez del Gobierno, han conseguido mantener una estructura administrativa que parecía tocar a su fin por estar anclada hasta entonces en los impuestos sobre el ladrillo.

La espectacular subida de estos ingresos se ha debido al incremento, al menos hasta 2009, de nuevas unidades fiscales, dado que en esos años se incorporaron al pago del IBI nuevos inmuebles urbanos. Sin embargo, la mayor aportación a esta escalada recaudatoria responde a los fuertes incrementos de tipos impositivos, hasta aproximarse al tope legal del 1% de la base liquidable. Y también a la contemplación en muchos recibos de un valor catastral que, al actualizarse, otorga un valor por encima del mercado actual. Se debe a que el componente principal es el valor del suelo, precisamente el más castigado por la crisis. Es decir, está sobreestimado.

Las cantidades son importantes. Según los datos del catastro, en 2013, 7.594 municipios (excluyendo los del País Vasco y Navarra) tenían censados 37,6 millones de inmuebles y 13,6 millones de parcelas. Unos 23 millones de los inmuebles eran viviendas y, por ejemplo, casi ocho millones correspondían a almacenes, tres millones a suelo vacante y 1,3 millones tenían uso comercial. El valor total de la construcción asignado era de casi 1,1 billones de euros mientras que el valor del suelo era de 1,2 billones. De esta forma, el valor catastral total, la suma de ambos, era de casi 2,3 billones (el doble del PIB). Respecto a 2007, cuando empezó la crisis, hay ahora seis millones de inmuebles más, un 15,4%. Pero, el valor catastral total ha crecido en este periodo un 60% (en 861.000 millones). De esta forma, el valor medio de cada inmueble se situó en 2013 en 61.079 euros frente a los 44.083 de 2007. Lo que significa que se ha incrementado ese valor de cada piso o propiedad en un 39%.

Toledo registra la mayor subida en la recaudación del IBI con un 98,5%

Por comunidades autónomas, los casos más evidentes de subida catastral se encuentran en las ciudades de la comunidad de Madrid. El valor catastral total de sus pueblos se ha duplicado respecto a 2007, hasta superar el medio billón de euros en total, mientras que el valor medio llegó a 129.587 euros, un 72% más. Por su parte, en las ciudades de Cantabria a pesar de que sólo hay un 13% más de nuevos inmuebles, el valor catastral total ha aumentado un 95% en este periodo y un 57% el valor medio de cada unidad gravada.

También es en los pueblos y ciudades de Madrid dónde más subida recaudatoria se percibe. Así, en caso de El Molar la cuota a pagar se ha multiplicado por 4,5 veces; en Boadilla del Monte y Brea del Tajo, por tres; y en Arroyomolinos la cuota aumentó en 2013 dos veces respecto a 2007. En general, el doble de la cuota es la subida que más se repite en los pueblos de la capital, incluso en la zona sur, en localidades como Getafe (148%), Alcorcón (140%) o Parla (125%).

En cuanto a las ciudades que más han aumentado su recaudación (y que por tanto más han subido los valores, tipos y también el número de recibos del IBI) el pueblo de Ulea, de 917 habitantes de Murcia es el que más ingresos ha conseguido obtener entre 2007 a 2012 según los últimos datos detallados disponibles en Hacienda. Si en 2007 la cuota líquida a cobrar era de 66.249 euros, en 2012 alcanzó los 539.082 euros. Aunque sus recibos crecieron un 63%, hasta 1.401, la base imponible del impuesto creció un 733% (pasó de 10.192 euros a 84.909). Otro ejemplo en esta provincia es la recaudación de Abanilla, un oasis en la comarca oriental en el límite con Alicante y con 3.236 habitantes registrados, subió un 197%. Mientras, en Campos del Río, con 2008 habitantes, la caja aumentó un 164% y en la capital, un 86,2%.

Por capitales de provincias la mayor subida de ingresos por IBI fue en Toledo con un 98,5%. En Cuenca, el alza fue del 89,1%; en Ávila, un 86,6%; en Almería un 82,1%; y en Madrid, la capital del Estado, el incremento llegó al 79,4%. El ayuntamiento de Madrid envió en 2013 unos 2,1 millones de recibos por este impuesto con una cuota líquida de casi 1.100 millones de euros según las emisiones realizadas por Hacienda. Sin embargo, esa cuota en 2007 era de 605 millones. Es decir, el devengo ha aumentado en 500 millones en este periodo de crisis, mientras que el número de recibos creció sólo un 8,7% (167.000). Eso si, la base imponible sobre la que se gira el recibo ha aumentado un 85% desde 2007.

En las zonas costeras, las cuotas no han aumentado aún mucho porque el valor del aluvión de pisos vendidos no se ha actualizado. Aún así, en Alicante hay una cincuentena con un alza de más del 100%. Villajoyosa, por ejemplo, alcanza el 144%. En las Islas Baleares, encontramos a Artá con un alza es del 132% cuando los recibos sólo han crecido un 15%. También en la provincia de Cádiz, localidades como Zahara han crecido en la recaudación un 228%; un 190% en Algar; y un 148% en Conil de la Frontera. Y un último ejemplo de la provincia de Málaga, donde encontramos Cártama, cuya subida es del 300%.

Parece que los ingresos públicos ya no vienen de la tributación sobre la construcción o adquisición de los inmuebles sino de su tenencia. En esta dirección va la propuesta de la comisión de expertos sobre la futura reforma fiscal: castigar a los propietarios con un nuevo IBI estatal con valores catastrales más cercanos a los precios de mercado. Todo ello, amplificaría aún más su enorme capacidad recaudatoria, similar a la de las cautivas rentas de trabajo, ya que duplicarían las bases imponibles.

Fuente e imagen: elmundo.es

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PAHLa Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se prepara para pedir a todos los Ayuntamientos mociones para multar a los bancos que tengan pisos vacíos. La entidad ha enviado este viernes a los partidos políticos catalanes un modelo de moción para que las aprueben en los 945 municipios catalanes y sigan así la iniciativa de Terrassa, que ha sido la primera ciudad catalana que ha sancionado a tres entidades bancarias por mantener viviendas desocupadas durante más de dos años de forma injustificada.

Multar a bancos por este motivo es legal. Es una de las medidas que recoge la Ley al Derecho de la Vivienda, aprobada por el tripartito en 2007, pensada en ese momento para contrarrestar el imparable aumento del precio de las viviendas, muy por encima de los salarios, cosa que ya provocaba que sectores de población vulnerables "sufrieran situaciones de exclusión del derecho a la vivienda", reconoce la normativa en su preámbulo. La ley considera que la desocupación de un inmueble durante más de dos años por causas injustificadas es "una situación anómala" y contempla una serie de sanciones económicas que pueden llegar hasta los 900.000 euros en el caso de la Generalitat y 500.000 si el que sanciona es un ayuntamiento.

La moción redactada por la PAH insta a los municipios a elaborar planes de vivienda que recoja "medidas de fomento para evitar la desocupación permanente" de pisos, así como implantar programas de inspección para "detectar, comprobar y registrar" las viviendas en esta situación. El siguiente paso a seguir, sigue el texto, es que los Ayuntamientos insten a las entidades bancarias y grandes empresas a que pongan medidas decididas para encontrar inquilinos para estas viviendas y, en caso contrario, se tramiten las sanciones que recoge la normativa. Según la portavoz de la PAH, Ada Colau "Hay que afrontar la raíz del problema y sancionar a los bancos que han robado estos pisos con hipotecas abusivas y una Ley Hipotecaria que hasta Europa ha criticado por ilegal".

El Ayuntamiento de Terrassa ha sido el primero a aplicar estas medidas. El pasado martes firmó las tres primeras multas contra entidades bancarias, pero se esperan que sean muchas más ya que de momento el Ayuntamiento ha abierto 725 expedientes. En estos requerimientos, el Consistorio exige al banco que ponga todas las medidas necesarias para dar salida a su stock de viviendas (por ejemplo, ajustando precios) o, en su defecto, que ceda el piso al Ayuntamiento para que pueda darle un uso social.

La intención de la PAH es que estas medidas se puedan extender en municipios de todo el Estado. Pero el modelo de moción que ha preparado la entidad es válido solo para Cataluña, ya que el paraguas normativo en que se basa es una ley autonómica. No obstante, Colau ha explicado que enviarán el texto a las PAHs del resto de Comunidades "para que adapten el redactado a sus respectivas normativas o que incluso que pidan cambios y actualizaciones de sus leyes".

Con esta movilización generalizada, la PAH quiere hacer frente a lo que consideran una "emergencia habitacional". Y lo ilustran en cifras. En España hay actualmente 3,4 millones de viviendas vacías, de las cuales se calcula que 800.000 son propiedad de entidades financieras -450.000 en Cataluña-, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidas a 2011. Parte de estas son de nueva construcción que no han encontrado comprador, pero también las hay que son fruto de desahucios. Y es que en los primeros nueve meses de 2013 se produjeron en España 50.000 lanzamientos o desahucios -12.000 en Cataluña-, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que incluyen no solo viviendas, sino también locales y solares.

Las mociones también instan a la Generalitat a tomar medidas para reducir la desocupación de los pisos. De hecho, el gobierno catalán anunció que trabaja en una normativa para crear una tasa que pagarían los bancos que acumulen viviendas vacías. El gravamen, que busca dar salida a los inmuebles desocupados que hay en Cataluña.

Fuente: elpais.com