La cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto de bienes inmuebles (IBI) subirá en 2018 en 1296 municipios españoles, mientras que en 534 localidades bajará. Esta variación deriva de la actualización de catastro para 1830 municipios, aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE) junto con las tablas de coeficientes de actualización sobre los que se ajustará la valoración de los bienes. ...continúa leyendo "El valor de la vivienda indica subidas y bajadas del IBI"
El Tribunal Constitucional (TC) ha extendido a toda España la nulidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía municipal. Ya con anterioridad, se anuló en la sentencia sobre el impuesto establecido en Álava y Guipúzcoa, se hace eco ahora el Pleno del TC y considera que el impuesto, tal y como está regulado, vulnera el principio constitucional de capacidad económica, ya que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo". El Tribunal considera conforme a la Constitución que el legislador establezca impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos, pero siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica que exige la Carta Magna, lo que supone que el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que "no sean exponentes de una riqueza real o potencial", es decir, sobre aquellas viviendas que hayan sido vendidas con pérdidas. La nulidad del impuesto de plusvalía afectará a unas 550.000 viviendas, que podrán reclamar unos 8.300 millones de euros.
Los impuestos subirán en una cuarta parte de los ayuntamientos españoles el próximo año. Junto al incremento fiscal a empresas, tabaco y alcohol, el Gobierno ha aprobado los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2.452 municipios. Con anterioridad, la revisión fue solicitada por los ayuntamientos para aproximar los datos del catastro a los valores reales de mercado de los inmuebles en cada localidad. Según el año en que se haya hecho la anterior actualización, la revisión puede tornar en subida o bajada, en este caso, la mayor parte de los casos subirá. El "catastrazo" de 2017 se traducirá en un incremento de los valores en 1.895 localidades de toda España, lo que derivará en una subida de impuestos como el IBI o la plusvalía municipal en dichos municipios. En otros 550, aproximadamente, bajará.
Entre zonas donde irrumpirá el incremento tributario (incluidas sus capitales) están en Valencia, Granada, Córdoba, Cádiz, Badajoz, Tarragona, Jaén o Alicante. Los habitantes de otros 557 ayuntamientos correrán mejor suerte y sus valores catastrales bajarán el próximo año. En este último supuesto se encuentran las ciudades como Santander, Almería, Lleida o Ávila. Los ayuntamientos que no aparecen no han pedido la revisión este año, bien porque actualizaron sus valores hace poco o porque han optado por no hacerlo.
Por provincias, Burgos es la que tiene más municipios en los que subirá la referencia catastral, con 151 localidades, seguida de Ávila (124) y Teruel (112). Del lado de las beneficiadas, dos de las provincias más afectadas por el boom de la construcción, Guadalajara y Valencia, son las que tienen más municipios bajarán sus valores en 2017 en 46 y 44 ayuntamientos respectivamente.
Año a año desde 2013, los Presupuestos del Estado incluyen los coeficientes para actualizar las valoraciones catastrales de los ayuntamientos que lo hayan solicitado. Como 2017 comenzará con el presupuesto prorrogado y el IBI es un impuesto que se devenga el 1 de enero de cada año, el Gobierno ha aprobado por decreto ley estas revisiones, para que entren al comenzar el ejercicio y no cuando se aprueben las nuevas cuentas, que previsiblemente será en abril.
Los ayuntamientos que quieren revisar los valores de los inmuebles en su término municipal deben solicitarlo a la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, siempre que hayan transcurrido cinco años desde la anterior valoración. A los diez años pasa a ser obligatorio. Pese a ello, como calculó en 2014 el informe elaborado por el comité de expertos para la reforma fiscal, el periodo de actualización media es de 21 años. La subida o bajada del próximo año será mayor o menor según el ejercicio en el que se actualizara el valor catastral. Como desgrana el decreto ley que se publicó en el BOE el pasado sábado, las valoraciones anteriores a 2003 sufrirán un incremento este año. Las que han sido posteriores, en muchos casos durante la época en la que se hinchó la burbuja en los años de vacas gordas, reducirán sus valores.
Para este año, las referencias que se actualizaron por última vez antes de 1990, tienen un coeficiente de 1,08, el más alto de todos. Es decir, si un inmueble tiene un valor catastral de 100.000 euros y su última revisión se hizo en 1988, pasaría a 108.000 euros. De los 1.895 municipios que subirán sus valores, 1.111 tenían referencias de antes de 1990, por lo que serán las que más suban. Así, las que se hicieron en 1994 tienen un coeficiente de 1,07; las de 1995, de 1,06; las de 1996, de 1,05; las que van de 1997 a 2000, de 1,04: y las que se actualizaron entre 2001 y 2003, es de 1,03. Por el contrario, las que se revisaron entre 2005 y 2009 tienen un coeficiente de 0,92, las de 2010, de 0,9 y las de 2011, de 0,87. En este último caso, si un piso tiene un valor catastral de 100.000 euros, este pasaría a valer 87.000 a ojos de Hacienda.
Impacto de 24 millones de euros
Esta lluvia de valoraciones tendrá un impacto de 24 millones de euros, según calculó el Gobierno en el programa presupuestario prorrogado remitido a Bruselas en octubre. El pasado viernes, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro reseñó que la medida se adopta para ayudar a las arcas de las corporaciones locales. Lo cierto es que desde que comenzó la crisis, los ayuntamientos no han dejado de subir el IBI de una forma o de otra. La recaudación del impuesto ha crecido un 76% desde 2007 pese a que el valor de mercado de los inmuebles se ha desplomado un 30% desde entonces: si antes de la crisis ingresaba 7.267 millones, sin contar a las diputaciones forales, en 2015 llegó hasta los 12.807 millones.
Debido a ello, el IBI se ha convertido en el gran caudal de ingresos para los ayuntamientos, que se han convertido en la única administración con superávit, lo que a su vez ayuda a rebajar el dato de déficit global de cara a Bruselas, por lo que el Gobierno quiere que las corporaciones locales no pierdan ingresos. El IBI es un impuesto contracíclico: pese a que la actividad se deprima, como grava la propiedad, sus ingresos son estables. En un país en el que el 80% de las viviendas están en régimen de propiedad, España recauda más que la media de la UE por este impuesto: un 1,2% del PIB frente al 0,8% de media en la UE de 2015. Algo parecido ha ocurrido con la plusvalía municipal, que grava el incremento de valores en la transmisión de un inmueble: si en 2007 ingresaba 1.416 millones, a golpe de catastrazo su recaudación ha subido como la espuma y en 2015 aportó 2.439 millones a las arcas locales.
Hacienda señala que la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017 tiene una repercusión "inmediata" en el IBI. El Gobierno precisa, sin embargo, que los 2.452 ayuntamientos afectados no podrán "aprobar a tiempo nuevas ordenanzas fiscales para adaptar los tipos de gravamen" en el IBI. Debido a ello, "no verían cumplidas las previsiones presupuestarias que hubieran realizado contando con dicha actualización". ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un ayuntamiento pidió la actualización y esta se salda con una revisión a la baja de los valores catastrales, el consistorio se arriesga a quedarse sin tiempo, en el caso de que aún no lo haya hecho, de subir los tipos del IBI de cara a 2017 para compensar el impacto negativo en sus arcas públicas, describe José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.
Los ayuntamientos tienen hasta marzo del próximo año para aprobar ordenanzas fiscales en el IBI de dicho ejercicio y así lo admite una sentencia del Tribunal Supremo, apunta Salcedo. Lo mismo ocurre si la revisión es al alza y el municipio quiere bajar los tipos del impuesto para que sus vecinos no paguen más cuota: el consistorio deberá acelerar sus planes. Si bien en octubre se publicó en el BOE la orden ministerial con los ayuntamientos que habían pedido la revisión, estos no conocían los coeficientes que iba a aplicar Hacienda hasta el pasado sábado. Como el Gobierno estaba hasta hace poco en funciones, los consistorios no sabían si finalmente iba a dar tiempo de aprobar la actualización de sus referencias.
Para saber si el IBI subirá en tu municipio como efecto de la revisión catastral puedes consultar el listado de municipios que publicó el BOE el 1 de octubre de 2016
Fuente: abc.es
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Mantener una segunda vivienda para aprovecharla en vacaciones y días de descanso, cuesta de media 1.791 euros anuales. Es la principal conclusión de la fotografía que ha hecho la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar los gastos anuales que suponen tener una segunda casa, en la playa, el pueblo o la montaña, para las vacaciones. Para ello ha hecho un análisis de los gastos reales de dieciocho segundas viviendas de 77 m2 situadas en la costa española. Más alto aún, es el cálculo elaborado por la agencia Alquiler Seguro, para quien una vivienda de 80 metros cuadrados y dos dormitorios en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga, o en zonas del País Vasco como Bilbao tiene un coste medio de 2.270 euros anuales.
Según informó la organización, los gastos de comunidad son el capítulo más importante, y su coste oscila entre los 200 y 1.140 euros anuales, dependiendo del tamaño y los servicios de la urbanización. Además hay que hacer frente al pago de los suministros (agua, gas y electricidad), aunque la vivienda esté vacía la mayor parte del año. El gas supone 76 euros, el agua 216, aunque depende mucho de las zonas y por último la electricidad alcanza los 292 euros anuales y es por ello el gasto más importante. En total, supone alrededor de los 600 euros anuales de media. OCU aconseja en este sentido, reducir al máximo la potencia contratada para bajar la factura.
Además, la OCU avisa a los consumidores que se deben tener en cuenta los impuestos anuales correspondientes, que varían dependiendo del municipio. El más importante es el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con una media de 276 euros. También, hay que añadir, la tasa por recogida de basuras que cobran muchos ayuntamientos que supone una media de 117 euros al año.
Otro impuesto destacado es el IRPF ya que a la hora de hacer la declaración de la renta, los propietarios deberán tributar por esa segunda vivienda. De esta forma, tendrán que incluir como ingresos el 2% del valor catastral o el 1,1% si este se revisó en 2015 o en los diez años anteriores. En OCU dan un ejemplo: por un piso en Benidorm de 75.000 euros de valor catastral, el dueño debe declarar el 2% de esa cantidad, 1.500 euros, como ingreso.
Además de todos los señalados con anterioridad, OCU advierte a los consumidores sobre otros posibles gastos: desde averías de electrodomésticos a las daños propios que pueda sufrir la vivienda, pasando por derramas de la comunidad. OCU recuerda a los consumidores que deben tener en cuenta la posibilidad de un seguro de hogar: el gasto medio es de 180 euros anuales. OCU aconseja en este caso estudiar contratarlo con la misma compañía que la vivienda habitual, pues es probable que ofrezca un descuento.
Una de las posibilidades que tienen los propietarios de una segunda vivienda, para compensar los gastos que les supone, es ponerla en alquiler. Sin embargo, OCU advierte igualmente acerca de las nuevas exigencias para que sea una vivienda en alquiler de vacaciones. Así, en muchas autonomías tienen ya una nueva regulación para las llamadas “viviendas con fines turísticos” que obligan al propietario a cumplir una serie de obligaciones: realizar una “declaración responsable” ante la Consejería de Turismo, así como el registro de la vivienda para la licencia de esta actividad, y en muchas comunidades se exige que la casa cumpla unas mínimas condiciones, como habitaciones con ventilación exterior, ropa de cama, muebles suficientes, o como en Canarias, perchas que “sean de material no deformable y estilo homogéneo”. La gestión de estos añadidos puede llevar a requerir la ayuda de una agencia, lo que añadiría otro gasto más.
Por último, la organización aconseja a los consumidores que estén pensando en adquirir una segunda vivienda que tengan en cuenta los gastos de adquisición, que para el caso de una vivienda nueva el IVA es del 10% y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de una de segunda mano oscila entre el 6% y el 10%, según la comunidad autónoma. Además, hay que añadir los gastos de notaría, registro y posiblemente comisiones de agencia. Por ello recomienda a los consumidores que estudien bien sus necesidades y repasen sus cuentas con calma.
Cuando no exista un acuerdo previo, en la venta de una vivienda u otro inmueblees el vendedor el responsable de abonar el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aunque podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical en el ejercicio y por el tiempo que lo sea. Así lo ha fijado como doctrina jurisprudencial el Tribunal Supremo (TS), que determina que la proporción a pagar por cada una de las partes corresponde al tiempo en el que hayan ostentado la titularidad del domicilio.
De este modo, la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de junio de 2016, da la razón a dos sociedades que vendieron a otra compañía 155 plazas de garaje en Madrid, y condena a esta última a pagar a los vendedores 8.562 euros del IBI correspondiente al periodo que va desde que se efectúa la compra, en marzo de 2009, hasta diciembre de ese mismo año. La cuantía había sido íntegramente abonada por las sociedades vendedores, a quien, si bien en primera instancia un Juzgado de Madrid les dio la razón, la Audiencia Provincial de Madrid les obligó a costear dicho impuesto. En la sentencia con fecha de 2014, el tribunal se pronunció a favor de los compradores y rechazó que pagaran cantidad alguna por el IBI del año 2009.
Ahora el Supremo ha estimado el recurso de casación presentado por los recurrentes y declara como doctrina jurisprudencial que el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que el vendedor que abone el IBI puede repercutirlo sobre el comprador, en función del tiempo que se ostentó la titularidad.
Según la Ley, el devengo del IBI anual corresponde al propietario en el momento del mismo, que coincide con el primer día del año natural. Por ello, el Alto Tribunal resuelve que el abono de dicho impuesto corresponde a la parte vendedora, aunque la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la venta de las plazas de garaje, y por ello, la otra parte puede repercutirlo sin necesidad de pacto.
El IBI, el único impuesto que crece año a año
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) nunca ha conocido la burbuja inmobiliaria. Desde que estalló la crisis, el valor de la vivienda se ha depreciado de media más de un 30% entre 2007 y 2015 a lo largo del territorio. Sin embargo el IBI, que grava la propiedad inmobiliaria (viviendas, comercios, oficinas, locales o suelos), no ha dejado de engordar su recaudación año a año.
Así, entre 2007 y 2015 los ingresos del IBI aumentaron un 71% hasta los 12.511 millones de euros frente a los 7.316 millones de 2007 o los 8.073 que sumaba la contribución urbana y rural en 2008. Así lo recoge el último dato de cuota líquida del Catastro, al que después se le suman las diputaciones forales (País Vasco y Navarra no están incluidas en el cálculo). Por ello, la recaudación total incluyendo los municipios de ambas regiones habrá superado los 13.000 millones, como ya hizo en 2014 (3.228 millones, un 6,1% más que el año anterior).
Entre las capitales de provincia, las que más aumentaron su recaudación por IBI el último año fueron Jaén (los subió un 11%), Ceuta (10%), Soria (7,89%) y Barcelona (7,73%). Frente a estas subidas de impuestos, la mayor parte de grandes ayuntamientos mantuvieron el tributo sin cambios (Madrid congeló su tipo el año pasado y la recaudación apenas subió un leve 0,2%).
La tendencia fue bastante diferente durante la crisis. De los más de 7.500 ayuntamientos contemplados solo 105 redujeron su recaudación entre 2008 y 2015. Entre las capitales de provincia, Ceuta fue la que más subió sus ingresos por IBI con un 152% durante la crisis, seguida de Cuenca (101% de subida), Soria (95%), Guadalajara (92%), Ávila o Toledo (82%).
Madrid es la ciudad de España que más IBI recauda con un 10% del total de los ingresos (1.247 millones de euros el año pasado, un 70% más que en 2008). Le sigue Barcelona (656 millones), Valencia (204 millones, un 19,8% más), Sevilla (158, un 15% por encima de 2008), Zaragoza (151, un 44% más), Marbella (123 millones, un 68% más), Murcia (117, y otro 68% de alza) y Málaga (116 millones, un 27,8% de aumento).
El aumento espectacular de los ingresos por IBI en este periodo de crisis no solo se explica por las subidas constantes de tipos por parte de los ayuntamientos. A ello se sumaron las revisiones de los valores catastrales que se han dado en los últimos años. Si bien teóricamente las actualizaciones se realizan cada diez años, el 47% de los valores catastrales en 2012 eran anteriores a 2002 (un 9,4% se remontaban más atrás de 1994). Por ello la mayor parte de las revisiones en los últimos años han elevado el valor y, por tanto, el impuesto a pagar.
El IBI depende de varias variables. Por un lado está el tipo que deciden los ayuntamientos pero también depende del valor de las viviendas, que debe calcular el Catastro a petición de los propios municipios a los que les interesa hacerlo si son valoraciones antiguas, ya que eleva la base por la que se calcula la cuota de IBI y de otros impuestos locales como el de plusvalía municipal. A la hora de revisar, Hacienda concede prioridad a las valoraciones más antiguas. Esta actualización es constante. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016, Hacienda preveía elevar los valores catastrales de 14 millones de inmuebles entre 2015 y este año, así como reducirlo a otros tres millones de casas que contaban tasaciones de la época de la burbuja.
Fuente: abc.es
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El Gobierno ha dado un paso para premiar la sostenibilidad y el ahorro energético en la vivienda. Por ello, el Ministerio de Hacienda permitirá rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en aquellas viviendas más eficientes. Una enmienda en actual tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales de 2016 abre la puerta a los ayuntamientos que lo deseen para bonificar hasta el 20% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios en función de su eficiencia energética.
Para las viviendas con un certificado energético de máxima eficiencia (A), la reducción será de hasta un 20%; si es B, la máxima rebaja será del 16%; para los inmuebles que tengan un certificado C puede llegar al 12%; el D, hasta el 8% mientras que el E tendrá una rebaja máxima del 4%. Los inmuebles con calificaciones como F ó G no podrán beneficarse de ninguna rebaja. Los propietarios de estas viviendas deberían pensar en el ahorro y los beneficios que supondría realizar reformas que puedan mejorar la eficiencia energética, de camino, también se revaloriza la casa.
La medida del Gobierno trata de fomentar la construcción y compra de bienes inmuebles energéticamente eficientes, así como la realización de instalaciones u obras para la obtención de la referida certificación, explican desde el grupo popular en el Senado donde ha registrado una enmienda al proyecto de presupuestos generales del Estado de 2016. El sector inmobiliario celebra la medida, Tinsa afirma que aplicar bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios más eficientes energéticamente es una forma "muy efectiva" para avanzar en la concienciación de la importancia de la eficiencia energética.
¿Cómo se calcula? ¿Es obligatorio disponer del certificado?
A la hora de otorgar el certificado energético, los técnicos habilitados han de calcular la energía consumida a través de instalaciones que proveen servicios como la calefacción, la refrigeración, el agua caliente o la iluminación. La etiqueta del certificado energético muestra la división de los kilogramos de dióxido de carbono (CO2) por los metros cuadrados de los inmuebles. Los que registren un ratio de emisiones por debajo de los 6,8 kg CO2/m2 al año se le asigna la letra A. La peor nota (la G) es para aquellos que superan los 70,9 kg C02/m2 anuales.
El certificado de eficiencia energética es obligatorio desde el 1 de junio de 2013 el Real Decreto 235/2013, que establece la obligatoriedad de disponer del certificado energético a la hora de comprar piso o casa, al igual que para alquilar un inmueble, así como para los edificios de nueva construcción desarrollados a partir del 2007. No obstante, no es necesario para casas alquiladas durante menos de de cuatro meses, edificios y monumentos protegidos oficialmente, edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas, construcciones provisionales (menos de dos años), edificios industriales, de la defensa y agrícolas, edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 metros cuadrados, edificios que se compren para reformas importantes o demolición y edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año.
¿Cómo conseguir una casa eficiente?
Además de conseguir una futura rebaja del IBI, disponer de una vivienda energéticamente eficiente permite ahorrar hasta 1.675 euros al año, según algunos estudios. En aras de logar el objetivo se pueden llevar a cabo las siguientes medidas:
Aislar bien la vivienda: Desde sellar todos los huecos a instalar burletes en puertas y ventanas, las opciones son muy amplias. También existe la posibilidad de invertir más dinero y cambiar las ventanas por las que disponen de doble acristalamiento. También se puede aprovechar una reforma, aunque es una obra costosa, para cambiar las fachadas del edificio y aumentar los centímetros de espesor de cara a aumentar el aislamiento térmico.
Calefacción: Desde el pasado 26 de septiembre se aplica en España la Directiva europea ERP que obliga a que los equipos generadores de calor vendidos incluyan una etiqueta de eficiencia con calificaciones. El director de Ventas de Bosch Termotecnia en España, Vicente Gallardo, explica que el ahorro que propician las calderas de condensación puede llegar a alcanzar el 30%. Por ello, aunque la ley no impone al consumidor la adquisición de un nuevo sistema de calefacción, Gallardo recomienda "sustituir un equipo por otro de mejores prestaciones que proporcione un mayor ahorro y una menor cantidad de emisiones contaminantes".
Agua caliente: La directiva que entró en vigor el pasado 26 de septiembre también obliga a que los sistemas de producción de agua caliente en venta incluyan información adicional sobre la capacidad de producción a través del establecimiento de unas tallas, equivalentes a las de la ropa (S, M, L, etc.).
Cambiar los electrodomésticos: Un hogar medio en España consume algo más de 4.000 kWh al año de electricidad, según datos de IDAE. Si se quiere primar la sostenibilidad es recomendable aprovechar los "planes Renove" de las comunidades autónomas para adquirir electrodomésticos eficientes con etiquetas de alta calificación como A+, A++ ó A+++.
Aire acondicionado: Los equipos de aire acondicionado ya introdujeron el etiquetado eficiente en 2013. Desde el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) se aconseja incluso recurrir a métodos alternativos para refrescar la vivienda en verano como la instalación de sistemas evaporativos, el uso de ventiladores (consumen muy poca electricidad) o incluso el de toldos para evitar que entre la luz del sol.
Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria el valor de la vivienda en España han caído más del 30% de media según Fomento, respecto a la cresta de la ola que marcaron los precios antes de la crisis en 2008. Sin embargo, la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que precisamente depende del valor de las viviendas, ha crecido entre este año y 2014 más de un 53%. En 2014 cerró por encima de los 12.000 millones, según los últimos datos de cuota líquida de las comunidades autónomas de régimen común (quedan al margen País Vasco y Navarra). En 2008 recaudó unos 7.863 millones de euros
Cada año los ingresos del impuesto han ido a más, convirtiendo al IBI en un salvavidas para los ayuntamientos durante la tormenta de la crisis. La favorable salud del impuesto explica la fortaleza de las arcas públicas de los ayuntamientos, que han sido las únicas administraciones que han conseguido en los últimos años superávit presupuestario, es decir, ingresar más de lo que gastan. El ejercicio pasado, las administraciones locales consiguieron cerrar sus cuentas con un excedente del 0,52% del Producto Interior Bruto.
Así, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) representó el 27,23% de los ingresos de los consistorios en 2012, según datos del Ministerio de Hacienda, con una carga impositiva que aumentó un 55% entre 2007 y 2012. Es el impuesto municipal que más recauda y sólo IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA ingresan más en España. En un país en el que el casi el 80% de los hogares es propietario de vivienda, millones de españoles pagan estos días la factura correspondiente a este año, en lo que supone una inyección colosal para las arcas públicas.
Detrás de las buenas cifras de recaudación se esconde un aumento de los tipos de IBI por parte de los ayuntamientos durante la crisis. Los ayuntamientos pueden aprobar un tipo entre el 0,4% y el 1,1% y en los últimos años ha habido un alza de impuestos constante que ha influido en una mayor recaudación. A ello se le suma la subida de entre un 4% y un 10% (en función del año en que se hizo la última revisión del valor catastral) que el Gobierno aprobó a finales de 2011 y se ha mantenido en el tiempo a pesar de su carácter temporal. Al año siguiente, en 2012, las administraciones locales entraron por primera vez en la crisis en superávit.
Precisamente, al gravar la propiedad y no las operaciones, la recaudación del IBI es una de las más estables, lo que ha permitido a los ayuntamientos presentar cuentas saneadas incluso a pesar de la crisis. Otro tributo municipal como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ligado a la actividad, ha menguado sus ingresos a más de la mitad desde 2008: de los 1.752 millones que recaudaba entonces a los 675 millones de 2012.
Diferencias entre distintas capitales hasta del 84%
Las facturas de IBI varían según las zonas. Un estudio de la Agencia Tributaria de Madrid señala que las dos capitales de provincia con un mayor esfuerzo fiscal en el pago del impuesto son Lleida (con una cuota de 139 euros partiendo de un valor base de 6.010 euros y sumándole los incrementos de los valores catastrales) y Melilla, con 135,17 euros. Le siguen Tarragona (131 euros) y Toledo (129,68 euros). Las capitales con una cuota más baja son Pamplona (22,53 euros), Vitoria (44 euros), San Sebastián (47,1 euros) y La Coruña (50,85 euros). Diferencias del 84% entre distintas capitales.
En cuanto a la recaudación, el aumento ha sido generalizado pero no homogéneo. Ceuta (con un aumento de los ingresos del 128%), Melilla (106%) y Cuenca (92,88%) son las tres capitales que más han aumentado su recaudación por IBI en los siete años de crisis. Por provincias, algunos de los municipios que más han aumentado sus impuestos, sin embargo, son los de Madrid: la recaudación se ha disparado en la provincia entre 2008 y 2014 desde los 1.244 millones de euros a los 2.195 millones, un 76,3%.
A lo largo de la geografía, las diferencias en el IBI son acentuadas. Y tienden al alza. La capital de provincia que aumentó más su tipo impositivo en 2014 fue Cuenca (lo subió un 10% al 0,68). Le sigue Toledo, con un incremento del 9,52% (hasta el 0,46), Ceuta (un 4,48% de subida) y Santa Cruz de Tenerife (un 2,28%), según un informe de la Agencia Tributaria de Madrid.
En cuanto a los tipos de las capitales de provincia, Huelva (1,06%) y Cádiz (1,01) son las que más se acercan al máximo fijado por ley, del 1,1%. Les siguen Melilla (1%) y Valencia (0,97%). Por el contrario las capitales que más redujeron sus tipos entre 2013 y 2014 fueron Sevilla, que redujo su tipo un 14,76% hasta el 0,72, Oviedo (-7,67%), Palma de Mallorca (-7,48%) y Guadalajara (un 6,35% menos).
Entre los municipios destacan casos como el de Alcobendas, que entre 2013 y el último año ha pasado de tener el tipo mínimo del impuesto (0,42%) al máximo (1,1%): un hachazo fiscal del 161,9% en sólo doce meses de diferencia. Sin embargo, hay otra localidad de la misma provincia que, según la Agencia Tributaria madrileña, tiene una cuota de IBI más alta: Rivas Vaciamadrid. Por el incremento de valores catastrales, el mismo inmueble paga 206,59 euros en Rivas y 206,14 euros en Alcobendas.
El Catastro está enviando a los propietarios de viviendas de más de 1.000 municipios una carta en la que les comunica la apertura de un expediente, y una sanción de 60 euros, por no haber declarado alteraciones en la construcción que suponen ampliaciones del inmueble. Esta será también las comunicación que se envíe hasta 2016 a más de tres millones de hogares debido a la regularización catastral, que entró en vigor de forma extraordinaria en 2013 y que se extenderá hasta 2016 para conformar una imagen fiel de la situación de los inmuebles, supone un aumento de la recaudación para los ayuntamientos ya que se incrementa el valor de la construcción, al detectar más metros de los que figuran en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
En concreto, el Catastro está rastreando desde el cielo 3 millones de casas en busca de ampliaciones y piscinas mediante el uso de fotos aéreas. Así, este organismo de Hacienda está actualizando las nuevas superficies construidas, cuya existencia física comprueba, y legaliza las alteraciones o cambios de usos de los inmuebles que figuran en las ponencias catastrales. Se trata de las reformas más habituales en los domicilios y no comunicadas, pero conocidas por los ayuntamientos porque han otorgado las licencias de obras, así como de aquellas que se han ocultado con intención de defraudar como, por ejemplo, construir una casa en un terreno no urbano.
En la mayoría de los casos, se buscan piscinas, trasteros, casetas, balcones y terrazas que se han cerrado y ampliaciones de las viviendas para ganar unos metros al jardín o garajes construidos en la parcela. También figuran terrazas en áticos que se han convertido en vivienda. La Ley del Catastro Inmobiliario señala que cualquier alteración debe ser comunicada en un plazo de dos meses después de su realización. En este sentido, si al acometer las obras, el contribuyente solicita una licencia al ayuntamiento, éste debería haberse encargado de informar por escrito al Catastro para ampliar el valor catastral y la recaudación por el IBI.
Pero no se ha hecho, y al parecer, han sido frecuentes que estas modificaciones no hayan sido declaradas por el contribuyente. Ahora es cuando las corporaciones están enviando información al Catastro de estas alteraciones. La casuística es amplia y no exenta de polémica, ya que algunos ayuntamientos que están aportando certificaciones al Catastro en las que manifiestan que se trata de nuevas construcciones cuando en realidad ya figuraban en los planos originales cuando se realizó la primera obra de la vivienda. Lo que significa que no se han actualizado muchos de los errores de los croquis en las primeras ponencias catastrales, que se realizaron en los ochenta mediante la contratación de agentes y de empresas y que hicieron la labor de toma de datos de forma visual en muchos casos.
Además, los municipios podrán exigir el pago de la parte proporcional que resulte con el nuevo valor catastral de los últimos cuatro años, los anteriores se consideran prescritos, más los correspondientes intereses de demora.
Este cambio también modifica la imputación de rentas en el IRPF de las viviendas no habituales ya que los contribuyentes tributan entre el 1% y el 2,1% del valor catastral de estos inmuebles y que ahora se eleva. También afecta al pago del impuesto sobre plusvalías (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) que está vinculado al valor castatral y que se aplica cuando se produce la venta de una propiedad.
Comprobación masiva en todo el país excepto País Vasco y Navarra
Esta comprobación masiva, que se va a generalizar en todo el país excepto País Vasco y Navarra, comenzó para 176 municipios en 2013 y se ha extendido a otros 1.000 en 2014. Según figura en los Presupuestos Generales del Estado, durante este año se están enviando 1,5 millones de expedientes para idéntico número de inmuebles, y se prevé otra remesa de 1,4 millones en 2015. Para 2016, último año de esta regularización que probablemente se ampliará a más ejercicios, no hay previsiones aún. Pero, se estima que esta regularización afectará a cerca del 10% de los más de 36 millones de recibos del IBI existentes. Aunque la cifra puede ser superior.
Para los primeros envíos de regularización se ha realizado una selección previa. Se ha empezado por los municipios que tienen grandes urbanizaciones de casaschalets y villas (son más visibles y fáciles de detectar), entre ellos los que se encuentran en las zonas costeras como Oropesa de Mar en la provincia de Castellón; en la Costa del Sol (Málaga) localidades como Fuengirola y Benalmádena, o en Costa Blanca (Alicante) en municipios como Benidorm, Calpe o Dénia.
Sin embargo, aún no se ha actuado sobre viviendas e inmuebles de las grandes ciudades de forma generalizada, donde se acumula más población. De las capitales de provincia, sólo se están comprobando superficies en Alicante, Salamanca o Murcia. Y es posible que la celebración de elecciones locales en las grandes ciudades previstas para el próximo año, como Madrid o Barcelona, retrasen a 2016, o incluso más tarde, su comprobación.
De momento, no existe previsión alguna del impacto recaudatorio para los ayuntamientos o del cobro de la tasa de regularización. Pero debe de ser importante cuando el coste de elaboración de los datos necesarios para la tramitación de estos expedientes es superior a los 124 millones de euros.
En este sentido son muchos los expertos inmobiliarios que piensan que, aunque el Catastro se limita a cumplir con la ley, este proceso "sólo tiene fines recaudatorios". Tal como se ha hecho con el IRPF o los dividendos en el exterior, podría haberse hecho una amnistía catastral para aflorar estas superficies "sin coste retroactivo ni tasa alguna" o podría haberse hecho obligando a los ayuntamientos "a moderar sus tipos impositivos en el IBI para no castigar más a los bolsillos de los ciudadanos".
Imagen: Metodología en Catastro - Fuente: elmundo.es
Hacienda prevé para el 2015 la aplicación de coeficientes de actualizaciónpara aumentar el valor catastral de miles de inmuebles, referencia sobre la que se grava el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Así, según figura en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2015, representa "una mejora en la aproximación de los valores catastrales a los valores de mercado en un total de 1.668 municipios, que comprenden 7,4 millones de inmuebles.
Estos procedimientos de valoración colectiva se inician a petición de los ayuntamientos, al detectarse diferencias sustanciales entre los valores de mercado actuales y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes. Requieren la aprobación de una ponencia de valores total, que recoge los criterios, módulos de valoración y demás elementos para llevar a cabo dicha valoración catastral de cada inmueble.
De este modo, el Ministerio de Hacienda recuerda que esta actuación se enmarca en lo previsto en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que prevé que los Presupuestos puedan actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores.
En esta misma línea, Hacienda prevé la elaboración y aprobación en 2015 de ponencias de valores que afectarán a 110.682 bienes inmuebles urbanos en 38 municipios, según los planes inicialmente previstos, así como 300 ponencias de valores parciales, que afectarán a un total máximo de 60.000 inmuebles. De esta forma, culminará la comprobación, análisis y actualización de los procedimientos de valoración que afectan a 170.682 inmuebles urbanos llevados a cabo durante 2014 y 2015.
Se amplia el plazo por el alto volumen de construcciones sin declarar
La Dirección General del Catastro ha decidido ampliar el plazo inicialmente fijado para la regularización catastral en 342 municipios al haber detectado un mayor número de inmuebles omitidos de los previstos, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Una primera resolución del Catastro del 5 de marzo de 2014 determinaba 342 municipios de ámbito territorial de las Gerencias Regionales y Territoriales del organismo adscrito al Ministerio de Hacienda en los que el procedimiento de regularización catastral debía ser de aplicación hasta el 30 de octubre de 2013. Si bien, una nueva resolución publicada indica que "en algunos de estos municipios, la detección de inmuebles omitidos supera la estimación inicial, por lo que el plazo previsto resulta insuficiente para realizar de forma completa los trabajos para su incorporación al Catastro". Por ello, el Catastro se da ahora hasta el 30 de noviembre de 2014 para finalizar este procedimiento.
Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu) ha criticado que los Presupuestos Generales del Estado para 2015 incluyan la revisión al alza de más 7,4 millones de viviendas. Para la Cecu representa un "catastrazo que supondrá en la práctica un incremento de impuestos a través del IBI". Un punto de vista que no comparten en el departamento dirigido por Cristóbal Montor. En un comunicado, la Cecu señala que "el Ministerio de Hacienda presentó los PGE anunciando con grandes declaraciones una rebaja de impuestos a través del IRPF", a lo que añade que se trata de "una presunta rebaja que, sin embargo, puede quedar diluida si se adoptan medidas como ésta".
La organización de consumidores ha mostrado su "su rechazo frontal" a esta iniciativa que, a su juicio, "tiene como única finalidad el afán recaudatorio, incrementando de forma indiscriminada un IBI que ya ha sido aumentado considerablemente por muchos ayuntamientos en los últimos años".
La Cecu entiende que se deberían buscar fórmulas alternativas para elevar la financiación de los municipios, mejorando la gestión eficiente de los recursos y evitando subir "un impuesto que afecta a todos los ciudadanos independientemente de su situación económica".
Hacienda niega la subida del IBI
Mientras, desde Hacienda aclaran que la actualización de valores catastrales (coeficientes automáticos) que permite adecuar el valor catastral al 50% del valor de mercado en un momento de inestabilidad del mercado inmobiliario y de caída de precios, sólo se aplica a los municipios que voluntariamente lo han solicitado, bien por haber presentado la solicitud ante el Catastro antes del 30 de mayo de este ejercicio, bien por haberse acogido a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez previstas en el Real Decreto Ley 8/2013.
En este sentido, desde Hacienda se recalca que no supone un aumento de la presión fiscal por IBI. Según el Ministerio, este impuesto se mantiene o baja. Apunta que en los municipios con valores altos (municipios con valores revisados entre 2006 y 2009) se aplicará un coeficiente a la baja para su ajuste inmediato al entorno del 50%. con un efecto a la baja. Mientras que en los municipios que optan por modificar sus valores catastrales mediante coeficientes, y que estos hayan salido al alza, a ellos no se les aplicará el incremento del tipo impositivo del IBI ( Ley 16/2013) aprobado en años anteriores. Una subida anula la otra. Por tanto, para estos municipios el efecto es neutro.
Desde el Ministerio de Hacienda se aclara, que de la comparativa de la aplicación de coeficientes al alza y a la baja se desprende que el efecto neto global de la actualización de coeficientes es una bajada del valor catastral total, del entorno al 1,5% en 2014.
Mientras los principales impuestos estatales (IRPF, IVA o Sociedades) se han desplomado a pesar de las subidas impositivas, el Impuesto municipal de Bienes Imuebles (IBI) ha conseguido aumentar sus ingresos un 55% entre 2007 y 2012, cifra que superará el 60% cuando el Ministerio de Hacienda confirmen los datos de 2013.
De este modo, los ayuntamientos son la única administración pública que ha obtenido superávit fiscal en los dos últimos años, de 2.285 millones en 2012 (0,23% de PIB) y 4.213 millones en 2013 (0,42%). Pero el buen dato no procede de un ajuste real de sus cuentas sino a que tienen a su disposición el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la única figura tributaria cuya recaudación nunca ha descendido a lo largo de su historia.
En 2007, aún en plena burbuja inmobiliaria y con el país lleno de promociones de pisos y casas, la recaudación del IBI alcanzó los 7.267 millones. Sin embargo, en 2012, pese al declive inmobiliario, los ingresos por el IBI aumentaron hasta los 11.189 millones. Sólo en este año respecto a 2011, la recaudación por los inmuebles creció un 10% gracias a la subida por decreto del Gobierno de los tipos de gravamen. Además, el Ejecutivo ha forzado a los ayuntamientos a pedir a Hacienda la revisión de los valores catastrales con el establecimiento de un recargo para quienes no los hubieran actualizado desde 2002. Por tanto, si esta evolución se mantuvo en 2013, los ingresos por IBI superaron los 12.000 millones.
En plena doble recesión y con un agujero importante en los bolsillos de los contribuyentes y empresas por el alza de otra figuras impositivas, los ayuntamientos han hecho su agosto recaudatorio con el IBI, junto con las ayudas crediticias para pagar a los proveedores y de liquidez del Gobierno, han conseguido mantener una estructura administrativa que parecía tocar a su fin por estar anclada hasta entonces en los impuestos sobre el ladrillo.
La espectacular subida de estos ingresos se ha debido al incremento, al menos hasta 2009, de nuevas unidades fiscales, dado que en esos años se incorporaron al pago del IBI nuevos inmuebles urbanos. Sin embargo, la mayor aportación a esta escalada recaudatoria responde a los fuertes incrementos de tipos impositivos, hasta aproximarse al tope legal del 1% de la base liquidable. Y también a la contemplación en muchos recibos de un valor catastral que, al actualizarse, otorga un valor por encima del mercado actual. Se debe a que el componente principal es el valor del suelo, precisamente el más castigado por la crisis. Es decir, está sobreestimado.
Las cantidades son importantes. Según los datos del catastro, en 2013, 7.594 municipios (excluyendo los del País Vasco y Navarra) tenían censados 37,6 millones de inmuebles y 13,6 millones de parcelas. Unos 23 millones de los inmuebles eran viviendas y, por ejemplo, casi ocho millones correspondían a almacenes, tres millones a suelo vacante y 1,3 millones tenían uso comercial. El valor total de la construcción asignado era de casi 1,1 billones de euros mientras que el valor del suelo era de 1,2 billones. De esta forma, el valor catastral total, la suma de ambos, era de casi 2,3 billones (el doble del PIB). Respecto a 2007, cuando empezó la crisis, hay ahora seis millones de inmuebles más, un 15,4%. Pero, el valor catastral total ha crecido en este periodo un 60% (en 861.000 millones). De esta forma, el valor medio de cada inmueble se situó en 2013 en 61.079 euros frente a los 44.083 de 2007. Lo que significa que se ha incrementado ese valor de cada piso o propiedad en un 39%.
Toledo registra la mayor subida en la recaudación del IBI con un 98,5%
Por comunidades autónomas, los casos más evidentes de subida catastral se encuentran en las ciudades de la comunidad de Madrid. El valor catastral total de sus pueblos se ha duplicado respecto a 2007, hasta superar el medio billón de euros en total, mientras que el valor medio llegó a 129.587 euros, un 72% más. Por su parte, en las ciudades de Cantabria a pesar de que sólo hay un 13% más de nuevos inmuebles, el valor catastral total ha aumentado un 95% en este periodo y un 57% el valor medio de cada unidad gravada.
También es en los pueblos y ciudades de Madrid dónde más subida recaudatoria se percibe. Así, en caso de El Molar la cuota a pagar se ha multiplicado por 4,5 veces; en Boadilla del Monte y Brea del Tajo, por tres; y en Arroyomolinos la cuota aumentó en 2013 dos veces respecto a 2007. En general, el doble de la cuota es la subida que más se repite en los pueblos de la capital, incluso en la zona sur, en localidades como Getafe (148%), Alcorcón (140%) o Parla (125%).
En cuanto a las ciudades que más han aumentado su recaudación (y que por tanto más han subido los valores, tipos y también el número de recibos del IBI) el pueblo de Ulea, de 917 habitantes de Murcia es el que más ingresos ha conseguido obtener entre 2007 a 2012 según los últimos datos detallados disponibles en Hacienda. Si en 2007 la cuota líquida a cobrar era de 66.249 euros, en 2012 alcanzó los 539.082 euros. Aunque sus recibos crecieron un 63%, hasta 1.401, la base imponible del impuesto creció un 733% (pasó de 10.192 euros a 84.909). Otro ejemplo en esta provincia es la recaudación de Abanilla, un oasis en la comarca oriental en el límite con Alicante y con 3.236 habitantes registrados, subió un 197%. Mientras, en Campos del Río, con 2008 habitantes, la caja aumentó un 164% y en la capital, un 86,2%.
Por capitales de provincias la mayor subida de ingresos por IBI fue en Toledo con un 98,5%. En Cuenca, el alza fue del 89,1%; en Ávila, un 86,6%; en Almería un 82,1%; y en Madrid, la capital del Estado, el incremento llegó al 79,4%. El ayuntamiento de Madrid envió en 2013 unos 2,1 millones de recibos por este impuesto con una cuota líquida de casi 1.100 millones de euros según las emisiones realizadas por Hacienda. Sin embargo, esa cuota en 2007 era de 605 millones. Es decir, el devengo ha aumentado en 500 millones en este periodo de crisis, mientras que el número de recibos creció sólo un 8,7% (167.000). Eso si, la base imponible sobre la que se gira el recibo ha aumentado un 85% desde 2007.
En las zonas costeras, las cuotas no han aumentado aún mucho porque el valor del aluvión de pisos vendidos no se ha actualizado. Aún así, en Alicante hay una cincuentena con un alza de más del 100%. Villajoyosa, por ejemplo, alcanza el 144%. En las Islas Baleares, encontramos a Artá con un alza es del 132% cuando los recibos sólo han crecido un 15%. También en la provincia de Cádiz, localidades como Zahara han crecido en la recaudación un 228%; un 190% en Algar; y un 148% en Conil de la Frontera. Y un último ejemplo de la provincia de Málaga, donde encontramos Cártama, cuya subida es del 300%.
Parece que los ingresos públicos ya no vienen de la tributación sobre la construcción o adquisición de los inmuebles sino de su tenencia. En esta dirección va la propuesta de la comisión de expertos sobre la futura reforma fiscal: castigar a los propietarios con un nuevo IBI estatal con valores catastrales más cercanos a los precios de mercado. Todo ello, amplificaría aún más su enorme capacidad recaudatoria, similar a la de las cautivas rentas de trabajo, ya que duplicarían las bases imponibles.
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