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Jóvenes menores de 35 años ¿Qué piso puedo comprar con la ayuda de 10.800 euros?

El Gobierno dará hasta 10.800 euros a los menores de 35 años que compren su primera vivienda a partir del año que viene. Ha sido una de las medidas del borrador (aún pendiente de consulta y tramitación) del Plan de Vivienda 2018-2021 anunciada a primeros de mes por el ministro Íñigo de la Serna con el objetivo de ayudar a estos jóvenes, muchos mileuristas, a hacer frente a la entrada del piso. Podría beneficiar "a un colectivo de más de nueve millones de españoles con hasta 35 años que quiere emanciparse", señala Daniel Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). La pregunta que se hacen los jóvenes de menos de 35 años, es evidente: ¿qué piso puedo comprar cumpliendo los requisitos que marca el borrador?, es decir, teniendo unos ingresos en el hogar inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Esto es, 19.170 euros anuales brutos si se cobran 12 pagas. Las opciones de comprar están muy ajustadas y habría que buscar entre viviendas baratas. que pasarían por un apartamento o estudio de 54.000 euros sin ahorros, a un piso de 146.465 euros, siempre que se cuente con ahorro previo.

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Llaves y puerta de acceso a una vivienda

Pese a que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se seguirá centrando en la rehabilitación y el alquiler, la medida que más ha sorprendido ha sido la novedosa ayuda de hasta 10.800 euros para que personas de hasta 35 años (en el momento de la solicitud) afronten los gastos para poder comprar vivienda (tanto libre como protegida), con un límite del 20% del valor de la vivienda. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación del real decreto del nuevo plan, cuya tramitación pretende afrontar desde el 1 de junio para que entre en vigor el 1 de enero. Además, también se contempla en el nuevo plan que los jóvenes puedan contar con una ayuda para pagar hasta el 50% del alquiler de un piso.

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La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado con 28 votos a favor y ocho abstenciones poner en marcha los trámites para impulsar un nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2017-2020. Un texto que tendría como eje principal el alquiler. De este modo, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto al Congreso aprobar e implantar el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dando continuidad a su predecesor (Plan Estatal de Vivienda 2013-2016), manteniendo su apoyo a la rehabilitación y, sobre todo, en potenciar las ayudas al alquiler de vivienda y facilitar el acceso rápido al disfrute de una vivienda "digna y adecuada" para aquellas personas con dificultades económicas. Además, en una proposición no de ley, el PP propone dar incentivos fiscales a los bancos y grandes tenedores de viviendas que alquilen sus pisos vacíos.

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Asimismo, ademas de las ayudas al alquiler, consideran que se debe seguir potenciando las ayudas a la rehabilitación de viviendas tanto en edificios residenciales colectivos como en cualquier otro tipo de vivienda, incluidas las unifamiliares y las viviendas rurales. La mejora de la eficiencia energética con un programa específico que distinga las exigencias para recibir las ayudas en función de las condiciones y características de cada territorio y las ayudas a la accesibilidad con un programa específico que subvencione actualizaciones de mejora de la accesibilidad son otras de las claves que los populares consideran necesarias en el nuevo Plan Estatal de Vivienda.

Por otro lado, desde el PP creen que es necesario un programa de ayudas que renueve y rehabilite las viviendas de los barrios, teniendo en cuenta el estado de la vivienda y que su regeneración permita la urbanización del mismo con parámetros de mejora medioambiental, de accesibilidad o de conservación. El Plan Estatal actual, bautizado como de "fomento al alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y la renovación urbana", regula las ayudas estatales a la vivienda financiadas con cargo al presupuesto de los ejercicios de 2013 a 2016.

Incentivos fiscales a los bancos que alquilen sus pisos vacíos

La vivienda protagoniza uno de los primeros grandes pactos de la legislatura. Así, el PP ha llegado a "un acuerdo con la oposición" para aprobar una proposición no de ley que fija las directrices de la política inmobiliaria hasta 2021. Una de las directrices en el nuevo Plan Estatal de Vivienda también será potenciar que la vivienda no ocupada y no disponible, que sean titularidad de las administraciones públicas, empresas públicas y entidades financieras (grandes tenedores de pisos vacíos) para que pueda ser ocupada por la población "más vulnerable".

Esta iniciativa, que se ha debatido y aprobado el pasado miércoles en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados como resultado de un pacto entre PP, PSOE, Ciudadanos y el Grupo Mixto, incorpora una novedad relevante: se incentivará que los pisos vacíos de las entidades financieras, las empresas públicas, las Administraciones y "otros tenedores". Por ejemplo, las de renta baja y los desahuciados.

Para conseguirlo se aprobarán "incentivos fiscales, convenios con los grandes tenedores de viviendas y permutas de suelo", según adelantaron a este diario fuentes del Grupo Parlamentario Popular. "Todos los partidos se suman al acuerdo", que dará lugar a un nuevo Plan de Vivienda, consensuado, como siempre, con todas las comunidades autónomas. Aún no se han definido los beneficios tributarios que se aprobarían, porque el PP debe consensuarlos con la oposición. Además, el Ministerio de Fomento, que pilota la reforma, se encuentra en pleno traspaso de poderes y no tiene prisa.

Frente a iniciativas penalizadoras de los pisos vacíos, como las de Cataluña, País Vasco o Andalucía, el nuevo pacto de vivienda aboga por "potenciar mecanismos de conciliación de forma que la vivienda no ocupada disponible, titularidad de las Administraciones Públicas, empresas públicas, entidades Financieras, y otros tenedores de vivienda pueda ser ocupada por sectores de población más vulnerable", según el texto de la Proposición No de Ley, que cuenta con informe favorable del Ministerio de Fomento.

La banca será el principal destinatario de estas medidas. La tasadora Tinsa calcula que las entidades financieras copan más del 80% del stock de pisos vacíos. En su último informe, con datos de 2015, calcula que la banca tiene un excedente de más de 300.000 pisos. Además, la agencia de calificación Fitch asegura que a finales del año pasado el sector financiero tenía "unas 150.000 viviendas nuevas invendibles".

    • Con esta reforma, la banca tendrá mucho más fácil liberar sus viviendas vacías. En primer lugar, porque obtendría unas ganancias garantizadas por el Estado, en caso de destinarlas al alquiler social.

 

    • En segundo, aunque los arrendamientos fueran bajos, tendrán la posibilidad de disfrutar de un beneficio fiscal con un efecto compensatorio.

 

  • En tercero, porque cuando las entidades permutasen inmuebles por suelo, sacarían de balance activos de difícil salida y sólo incorporarían otros nuevos si tienen mejores localizaciones y perspectivas.

El INE estima que en España hay 3,5 millones de pisos vacíos. Tinsa asegura que, de todos los inmuebles residenciales construidos desde 2008 y que nunca han sido habitados, sólo hay unos 11.670 que están en manos de profesionales, pero no se comercializan. Esto es, el 3,9% del stock de viviendas total (389.000 casas, en 2015).

Las Administraciones Públicas también darán ejemplo y pondrán en alquiler sus inmuebles vacíos. Esto es relevante porque todas las autonomías suscriben el Plan de Vivienda y, por tanto, estarían obligadas potenciar la función social de la vivienda. No en vano, el artículo 47 de la Constitución asegura que los entes públicos "promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo" el derecho "a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Mientras tanto, el Gobierno prorrogará un año más las ayudas inmobiliarias actuales, que llegarán a 100.000 familias, y facilitarán la rehabilitación de 35.000 viviendas.

Fuente: expansion.com

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España vuelve a tener Gobierno en firme después de casi un año de Ejecutivo en funciones y llega la hora de retomar e impulsar iniciativas importantes y necesarias en materia de vivienda. Un área que, a falta de confirmación oficial, seguirá dependiendo del Ministerio de Fomento, aunque aún se desconoce si en forma de Dirección General, como en los últimos años, o se elevará a Secretaría de Estado, como reclaman algunas voces del sector. Así, Fomento tendrá que afrontar desafíos y deberes pendientes en torno a la vivienda. Muchas de las respuestas a estos retos las dará el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (Bilbao, 10 de enero de 1971), que ha tomado el relevo de Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso de los Diputados. Este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos destaca, según sus partidarios, por apadrinar un urbanismo ligado a la tecnología. Por contra, sus detractores le critican por alentar un urbanismo extensivo.

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La gran labor del Ministerio de Fomento será articular un nuevo Plan Estatal de Vivienda. Tiene prácticamente un año para redactar este documento después de que el Gobierno en funciones anunciase en septiembre que prorrogaba este hasta 2017 el actual Plan Estatal de Alquiler de Vivienda y Rehabilitación, diseñado para 2013-2016 y que ha beneficiado a más de 570.000 familias. Por el momento, no hay confirmación oficial, pero esta extensión se da por hecha después de que el Ejecutivo haya informado de que destinará 550 millones de euros a políticas de vivienda (básicamente, a ayudas) en 2017.

En el marco de este futuro plan, Fomento fijará los ejes maestros de la política estatal de vivienda. Viendo el carácter continuista del nuevo Gobierno, el alquiler y la rehabilitación seguirán siendo la columna vertebral. Intentado despejar los retos que tiene Íñigo De la Serna para crear un sector más equilibrado, este suplemento ha recopilado las propuestas de los principales actores en los cinco segmentos clave: alquiler, rehabilitación, promoción inmobiliaria, vivienda protegida y sector hipotecario.

Alquiler: más incentivos

Mucho ha evolucionado el mercado de la vivienda en los últimos años, pero el gran cambio lo representa el alquiler de viviendas, régimen que ha pasado de ser casi residual (presente en el 6%-7% de las casas en 2007) a regir en más del 20% del parque residencial. Consciente de este crecimiento, la anterior ministra de Fomento reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2013 buscando dinamizar este mercado. Este paso constituyó a consolidar el arrendamiento, pero aún queda mucho por hacer, según los entendidos.

Sergi Gargallo, director de Alquiler Seguro, reclama al nuevo Gobierno que adopte medidas que realmente fomenten el sector. Lamenta que haya subido la presión fiscal al alquiler desincentivando este mercado, por lo que pide al Ejecutivo que lo haga más atractivo. Ve clave "que la oferta crezca en consonancia con la demanda" y apuesta por más beneficios fiscales vía IRPF a los propietarios que cumplan con la ley.

"Ahora más que nunca, el alquiler en España necesita un compromiso real de la Administración para que el mercado siga creciendo y siendo autónomo", remarca. Este profesional pide "mayor seguridad jurídica, incentivos fiscales y regular el alquiler turístico". "La profesionalización y la puesta en marcha de juzgados específicos disiparía el miedo de muchos propietarios a ofertar sus casas", señala, al tiempo que denuncia que un arrendador necesita actualmente hasta ocho meses para recuperar su casa y que, en caso de impago, debe dar por perdido el dinero adeudado.

Ante este panorama, Sergi Gargallo tiene clara cuál debe ser la meta de Íñigo De la Serna: "Reactivar la oferta". Desde Alquiler Seguro se espera que el Gobierno considere sus propuestas y que, por fin, se establezcan medidas reales para fortalecer el arrendamiento. Concluye con un aviso/consejo: "Esperamos que el Ejecutivo no olvide que la escasez de oferta no se solventará con medidas sancionadoras, sino con incentivos, mejoras y estímulos".

Rehabilitación: concienciación

La rehabilitación y regeneración urbana se ha convertido en una vía de escape para el ámbito constructor, ávido de obra nueva, y los últimos Gobiernos han apostado por esta actividad, conscientes de lo anticuado que está el parque residencial (más de la mitad de casas data de antes de 1980). A pesar de los esfuerzos realizados, aún puede hacerse mucho más, como apuntan los conocedores de este sector.

José Carlos Greciano, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr) habla de "resolver la fiscalidad". Aboga por simplificar y aclarar el cobro del IVA (aplicando el superreducido en las actuaciones de mejora en eficiencia energética y accesibilidad), eliminar la tributación de las subvenciones recibidas como si fueran un ingreso y crear una desgravación para las inversiones en esta materia. Del mismo modo, propone que el IBI se fije en función de la calificación energética, "una medida que se anunció, pero que no se ha llevado a cabo".

Por otro lado, Fernando Prieto, presidente de Anerr, cree que es fundamental dotar de financiación al sector. "Habría que poner a disposición de las comunidades de propietarios herramientas que permitan obtener crédito, como un fondo nacional que se retroalimente con la devolución de los préstamos". Solicita también al nuevo Ejecutivo a que lance campañas de concienciación al ciudadano para que éste "haga suyo el mensaje de los beneficios (ahorro, salud, confort, etc.) de la rehabilitación".

Promoción: menos burocracia

El impulso a la promoción de nuevas viviendas es otra de las asignaturas en la agenda del nuevo Gobierno, toda vez que esta oferta se ha visto muy mermada. Sobre todo, en las grandes ciudades. En 2015 apenas se concedieron 49.695 visados para nuevas casas en un país que necesita unas 150.000 unidades anuales. Un desfase está provocando ya tensión en los precios.

Para relanzar la promoción inmobiliaria, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) propone, entre otras medidas, simplificar los trámites burocráticos, algo que pasa por "compilar y derogar leyes obsoletas" y "dotar al sector de un marco jurídico y técnico estable en el que no tenga cabida la inseguridad jurídica". En este punto, pide "evitar que los ayuntamientos verifiquen el Código Técnico de Edificación, ya que no es de su competencia y retrasan las licencias".

Gómez-Pintado apremia a Fomento a "crear las condiciones necesarias, tanto jurídicas como técnicas, para poder edificar una vivienda sostenible y con la máxima eficiencia energética, eliminando las trabas administrativas". En este sentido, ve necesario "facilitar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías, como el BIM (Building Information Modeling), en la edificación" y "verificar el cumplimiento de la Ley de Ordenación de la Edificación, evitando situaciones injustas como los avales de cantidades a cuenta".

Mirando a la demanda, tanto para comprar como para alquilar vivienda, Gómez-Pintado anima al Gobierno a pensar en quienes deben ser los demandantes naturales: los jóvenes. "El Ejecutivo debe estudiar fórmulas para ellos más allá de los planes de vivienda actuales, que no contemplan ninguna solución", advierte, asumiendo que el actual mercado prácticamente les ha expulsado.

Vivienda protegida: más presupuesto

La vivienda protegida representa siempre sobre el papel uno de los temas capitales para todo Gobierno, aunque la realidad es que se trata de una iniciativa venida a menos, sin apenas ayudas y competencia de las comunidades. Pese a ello, con el plan de vivienda se articulan las pautas en este campo.

Desde la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) trazan "los retos estratégicos" para el Ejecutivo en este sector. El principal pasa por "el aumento de la dotación presupuestaria", como afirma su presidente, Jerónimo Escalera. "Hasta la crisis", recuerda, "la vivienda social prácticamente se autofinanciaba con las operaciones de suelo y la vivienda en compraventa". Actualmente, esto ha cambiado mucho. Escalera cree que es preciso "que las administraciones consignen en sus presupuestos una dotación económica mucho mayor a la actual". Especifica que el Gobierno debería destinar en torno al 0,7% del PIB a la vivienda protegida.

Jerónimo Escalera también pide planificar y ejecutar la política en vivienda social en base a las necesidades de los colectivos y buscando minimizar el coste. Además, solicita al Ejecutivo que genere mecanismos de crédito para su financiación, como potenciar la banca pública o el ICO y llegar a acuerdos con el Banco Europeo de Inversiones; y una fiscalidad que potencie el alquiler, aplicando un IVA al 0% a las rentas que cobra el arrendador profesional.

Hipotecas: actualizar la legislación

El mercado hipotecario también ha evolucionado. Fundamentalmente, a raíz de la reforma de la Ley Hipotecaria impulsada en 2013 por el Ministerio de Economía. Pero aún debe seguir progresando, según Lorena Mullor, gerente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), quien recuerda al Gobierno que "el sector espera la transposición de la Directiva 2014/17/UE de crédito, que debió haber sido adoptada y publicada antes del 21 de marzo".

Lorena Mullor explica que esta nueva regulación modificará la Orden de Transparencia española y aborda temas tan relevantes como la información general y personalizada que ha de recibir el consumidor antes de celebrar una hipoteca, la formación que ha de tener el personal de las entidades, la remuneración de éste para desincentivar la toma de riesgos excesivos, las prácticas de venta vinculadas y combinadas, la definición de la TAE o las condiciones de una amortización anticipada.

"Estos temas son de suma importancia para el buen funcionamiento del mercado hipotecario, en aras de que sea transparente y seguro para todos. Aunque en el caso español muchas de estas materias ya gozan de una regulación eficaz, el reforzamiento de la transparencia y de las prácticas que supone la nueva regulación europea siempre es bienvenido", recalca.

Fuente: elmundo.es

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El Fondo Social de Viviendas (FSV) creado en enero de 2013 como parte del paquete de medidas urgentes aprobado por el Gobierno para ayudar a familias desahuciadas por impago de hipoteca. Se ofrece así, a través de este fondo inmuebles en alquiler a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Desde entonces hasta ahora han sido unas 4.000 familias las que se han beneficiado del programa, que ha cobrado protagonismo estos días por el acuerdo PSOE-Ciudadanos donde también se apuesta por el alquiler social como una de las medidas estrella en materia de vivienda, aunque no se aclara si se mantendrá el FSV como hasta ahora, o cuando se concrete un nuevo Gobierno mutará con nuevo nombre y funciones similares. Así, 10 entidades financieras reactivan ahora el Fondo Social de Viviendas a través de pisos de alquiler social en una nueva web, con el objetivo de que los colectivos más desfavorecidos puedan optar a los más de sus 2.000 inmuebles disponibles.

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En esta nueva reactivación del Fondo Social de Viviendas participan Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell o Bankinter entre otras entidades financieras, creando un fondo pisos de bancos dirigidos tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes, puesto que se trata de un buscador y un canal de tramitación. La iniciativa se suma a otras muchas que a nivel individual o colectivo han desplegado las entidades financieras en materia de vivienda social a lo largo de estos últimos años, entre ellas, la paralización de los desahucios de las familias en riesgo de exclusión social. Hace tres años y medio, el Gobierno puso en marcha un Código de Buenas Prácticas al que se acogieron la mayoría de entidades financieras y que ha permitido atender a 23.640 familias en riesgo de exclusión social, ha reestructurado la hipoteca de 18.620 familiar y permitido la dación en pago en 5.014 ocasiones.

A día de hoy, el Fondo Social de Vivienda (FSV) cuenta todavía con una oferta de más de 2.000 viviendas repartidas por toda la geografía española, respecto a las 5.892 puestas a disposición en un primer momento, y a las que se sumaron otras 3.974, hasta alcanzar un total de 9.866 inmuebles. Aproximadamente quedan vacías un 20% del total. La oferta publicada en la web será accesible para las familias que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007. Según ha informado la Asociación Hipotecaria Española (AHE) en un comunicado, esta iniciativa supone un "nuevo paso" para facilitar y simplificar el acceso a la vivienda de los ciudadanos con problemas habitacionales. La web va dirigida tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes.

El Fondo Social de Viviendas está pensado para proporcionar un hogar a todas aquellas personas que hayan sido desalojados de su vivienda habitual a partir del 31 de diciembre de 2007 y estén en situación de especial vulnerabilidad social.

Sareb no participará en el Fondo Social de Vivienda

También por parte del Defensor del Pueblo, el pasado ejercicio continuo las actuaciones para que el Fondo Social de Viviendas (FSV) se integre en la Sociedad de Activos de reestructuración del Sector Bancario (Sareb), pero finalmente, el Ministerio de Economía entiende el "banco malo" como un instrumento financiero, y no como una entidad vinculada a la política de vivienda y menos aún con carácter social. Por ello Sareb, no participará en el Fondo Social de Vivienda. Según Soledad Becerril, Defensor del Pueblo: "La sugerencia de su inclusión en el Fondo se hizo por la importancia de la Sareb en el mercado inmobiliario, en tanto que es propietaria de miles de viviendas en toda España, al mismo nivel que las entidades bancarias firmantes del convenio".

A pesar de la negativa a formar parte del Fondo Social de Vivienda, a lo largo del pasado año Sareb cedió a Cataluña, Aragón, Galicia y País Vasco poco más de 1.000 pisos. Desde entonces se han acelerado las negociaciones con otras comunidades, como Baleares, CanariasCastilla y León, Castilla - La Mancha, Madrid, Cantabria y Comunidad Valenciana.

Pero en especial, Sareb busca acuerdos de vivienda social con ayuntamientos de más de 250.000 habitantes. Así, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen ya ha mantenido reuniones con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (reciente convenio para la cesión de 300 viviendas sociales en usufructo), y con la de Barcelona, Ada Colau. Además, miembros de la sociedad han participado en encuentros con el Ayuntamiento de Valladolid. Atendiendo a la Ley de Grandes Ciudades, entre los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes con los que se está negociando se encuentran Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Vigo, Gijón, y Hospitalet de Llobregat.

No obstante, la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, recogió el criterio de Soledad Becerril (Defensor del Pueblo) al establecer un procedimiento de insolvencia independiente para particulares y consumidores de buena fe sobreendeudados. La nueva legislación introduce, por primera vez, el concepto jurídico de deudor de buena fe, figura que recogen ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, por la que los deudores afectados por circunstancias imprevisibles y fuera de su control, pueden acceder a una solución razonable, siempre que se cumplan determinados requisitos. Del mismo modo, los Defensores del Pueblo también pidieron el pasado año al Gobierno que se suprima el actual sistema de adjudicación de vivienda pública por sorteo y establezca baremos. Igualmente, abogan por fortalecer "la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación" y potenciar el alquiler de vivienda pública. Asimismo, defienden la necesidad de ampliar el parque de vivienda en régimen de alquiler y elaborar un "correcto inventario", así como "regular el concepto de vivienda vacía".

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los pisos en alquiler del FSV?

Con todo, el gran problema de esta iniciativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que los requisitos para acceder a una vivienda de este fondo son tan exigentes que durante sus primeros años de vida apenas ha sido aprovechado. Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno decidió flexibilizar las condiciones de acceso para permitir que un mayor número de afectados pueda beneficiarse del parque de viviendas vacías. De esta forma, se incluyó como nuevos colectivos beneficiarios a los mayores de 60 años, matrimonios y parejas de hecho sin hijos y otros deudores no hipotecarios. De este modo, pueden acceder a las viviendas las personas físicas que cumplan las condiciones siguientes:

a) Que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 a favor de alguna de las entidades de crédito firmantes del Convenio por alguna de las siguientes causas:

  1. Desalojo consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario o, conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda, de un préstamo no hipotecario.
  2. Procedimiento de ejecución hipotecaria que hubiese culminado con la adjudicación de la vivienda, pero que no haya dado lugar al desalojo efectivo de la misma.
  3. Dación en pago de un préstamo hipotecario.

b) Que, en el momento de presentación de la solicitud, se encuentre en las circunstancias siguientes:

  1. Que el conjunto de los ingresos del solicitante y, en su caso, de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM anual (14 pagas) de 2015: 7.455,14 euros/año).
  2. Que ni el solicitante ni, en su caso, ninguno de los miembros de su unidad familiar disponga de vivienda en propiedad o de un derecho de usufructo sobre una vivienda.

c) Que se encuentre en alguno de los supuestos de especial vulnerabilidad. A tal fin se entenderán como tales cualquiera de los siguientes:

  1. Unidad familiar con hijos menores de edad.
  2. Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
  3. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
  4. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
  5. Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca cuyo impago produjo la pérdida de la vivienda o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y en la cual alguno de sus miembros se encuentre en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  6. Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
  7. Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía.
  8. Personas mayores de sesenta años.
  9. Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos.
  10. Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores que sean detectadas por parte de las entidades de crédito, los servicios sociales municipales o las organizaciones no gubernamentales encuadradas en la Plataforma del Tercer Sector y debidamente justificadas ante las entidades de crédito, para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

Las solicitudes se priorizarán objetivamente teniendo en cuenta los supuestos que agravan la vulnerabilidad. Se consideran criterios de priorización los siguientes:

  • Concurrencia de supuestos del Convenio. Cuántos más supuestos concurran, mayor prioridad.
  • Número de miembros de la unidad familiar. A mayor número de miembros, mayor prioridad.
  • Ingresos netos de la unidad familiar. A menores ingresos, mayor prioridad.

Otros criterios como el grado de discapacidad, dependencia u otras condiciones que se detallen en los informes presentados por los servicios sociales se considerarán adicionalmente en el proceso de priorización de solicitudes.

¿Cómo se puede realizar una solicitud?

Para facilitar el proceso de solicitud, las entidades bancarias que conforman el FSV han puesto en marcha www.fondosocialdeviviendas.es A través de esta página, los solicitantes pueden consultar todos los alquileres disponibles y seleccionar la que más se ajuste a sus necesidades. Además de a particulares, este proceso está abierto (previa identificación) a entidades sociales u organismos públicos que colaboren en la gestión y tramitación de estos alquileres. En función de la entidad propietaria de la vivienda, el usuario podrá completar el proceso en este mismo website en el apartado Solicitud de vivienda, o bien será redirigido al del banco o caja propietarios de la casa solicitada.

Una vez abierto el plazo para la solicitud de viviendas, las personas interesadas podrán darse de alta en fondosocialdeviviendas.es y cumplimentar tanto sus datos personales y de contacto, como la documentación obligatoria en función de su situación personal. Aunque los expedientes solo serán tramitadas si se han rellenado el 80% de los campos correctamente, a través del Área Privada, los usuarios podrán actualizar sus datos o subir nuevos informes en cualquier momento.

La VPO, más cara que en el "boom inmobiliario" en 4 comunidades

Por increíble que pueda parecer, en 4 comunidades autónomas los precios de la vivienda protegida (VPO) ya superan a los registrados en el año 2007, en pleno auge de la compraventa de viviendas. La primera de ellas, el País Vasco, el precio por m2 de la vivienda de protección ha aumentado en más de 600 euros, pasando de los 1.137 euros el m2 en 2007 a 1.774 en el tercer trimestre de 2015, aunque llegó a situarse en 2.280 el m2 en mayo del pasado año. La siguiente comunidad es Madrid, cuyo precio aumentó un 8,1%, por encima del 5,5% de Galicia y el aumento del 0,39% que se ha producido en Extremadura. El dato en el que se basa este estudio, el precio del m2 de las VPO, tiene el matiz de que puede deberse a que los inmuebles vendidos en la actualidad sean más pequeños. Esto afecta, irremediablemente, a que el precio por m2 aumente.

Además, en 5 comunidades autónomas los precios de las viviendas de protección oficial son más altos que los de la vivienda libre. Estas son Cantabria, Navarra, Murcia, Castilla y León y Extremadura. En el caso de las dos primeras, la diferencia de precio por m2 entre VPO y vivienda libre llegó a ser de más de 200 euros. Baleares y Madrid son las comunidades en las que mayor diferencia existe entre precios de vivienda libre y VPO a favor de las primeras. En Baleares la diferencia es de 973 euros/m2, mientras que en Madrid las viviendas libres son 528 euros/m2 de media más caras que las de VPO.

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vitoria-paisvascoEl Parlamento vasco ha cumplimentado el último trámite antes de aprobar de forma definitiva, en junio, la nueva Ley de Vivienda que van a sacar adelante el PSE, EH Bildu y UPyDy que se marca como uno de sus principales objetivos empezar a cambiar los cimientos culturales de una sociedad que todavía basa su diseño familiar sobre una vivienda en propiedad, asegurando como un derecho subjetivo una vivienda en alquiler a los ciudadanos que la necesiten.

Contempla además un canon para pisos desocupados que será de 10 euros por metro cuadrado, y se incrementará un 10% anual hasta un tope de tres veces el canon inicial, mientras permanezca sin usar ni alquilar; y la  expropiación forzosa de uso de las viviendas en manos de los bancos, posibilidad esta última cuya regulación en un decreto andaluz acaba de ser rechazada por el Tribunal Constitucional (TC). "La futura ley vasca también lo incorpora, pero solo como el último recurso si la administración no dispone de parque para ofrecer", han precisado desde el Grupo Socialista tras asegurar que esa parte del proyecto incorpora todas las previsiones que exige el Constitucional.

Lo sustancial del nuevo texto es que convierte el alquiler social en un derecho para los ciudadanos del País Vasco que cumplan una serie de requisitos de ingresos y propiedades máximas, y que por lo tanto podrán reclamarlo en los tribunales si la administración pública vasca no se lo proporciona. Será la primera ley que ofrece a los ciudadanos pisos en alquiler como un derecho subjetivo, y saldrá adelante pese al Gobierno de Iñigo Urkullu, (PNV) que lo considera un despropósito desde el punto de vista económico. Después de dos años de tramitación, el proyecto de Ley de Vivienda, es en opinión de los partidos que la apoyan "un paso adelante en contra de la especulación".

Progresividad

La ley tendrá efectos prácticos para el ciudadano el día después de su aplicación, independientemente de que el Gobierno quiera retrasar la reglamentación posterior, ya que le fija un carril con unas condiciones iniciales por las que avanzar. El proyecto de ley establece en su disposición transitoria segunda que el primer año de su entrada en vigor las familias de tres o más miembros con menos de 15.000 euros de ingresos podrán reclamar al Gobierno vasco una vivienda en alquiler, el segundo año también las de dos miembros con 12.000 euros máximo y a partir del tercer las monoparentales con menos de 9.000 euros.

Fija además que las cuotas para el pago del alquiler nunca podrán sobrepasar el 30% de la "renta disponible" de cada unidad familiar, o el 15% si los ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. La Ley convertirá en un derecho subjetivo el artículo 47 de la Constitución Española en el que se establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y fija que los "poderes públicos promoverán las condiciones necesarias" para ello.

En 5 años, toda la vivienda pública en alquiler

La norma contempla asimismo que en cinco años, el Gobierno vasco deberá de orientar toda su política de vivienda hacia el alquiler. El 80% del parque de vivienda se destinará inicialmente al alquiler, y el proyecto de ley se marca un lustro para que el 100% se destine a ese tipo de uso.

La nueva legislación completa el sistema vasco de protección social que también fija como derecho subjetivo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), es decir, un salario público que hasta ahora da derecho también a recibir la Pensión Complementaria de Vivienda (PCV), que son 250 euros adicionales. El Gobierno ha estimado que la nueva ley tendrá un impacto de 760 millones en diez años, es decir, 76 anuales adicionales a los que ya destina a vivienda de alquiler, unos 90 millones el pasado año (a través de la PCV). Para el PNV, partido que junto al PP están en contra, pero al ser minoría en el parlamento vasco no van a lograr frenarla, no es sostenible.

Fuente: elpais.com

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alquilervivienda4El Ministerio de Fomento ha hecho efectivas las líneas de ayuda del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y regeneración urbanas 2013-2016, que entró en vigor tras su publicación el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La efectividad de las nuevas líneas de ayuda se producirá a la finalización del plazo al que tuviera reconocida la ayuda de renta básica de emancipación. Desde que se resuelva favorablemente la solicitud, el beneficiario perderá el derecho a la ayuda de renta básica de emancipación.

El nuevo Plan Estatal incluye en su lugar la financiación de hasta el 40% de la renta de la vivienda en alquiler, que no deberá superar los 600 euros mensuales, con un tope de 2.400 euros anuales.

Procedimiento

Según se determinó en la reforma del alquiler de 4 de junio de 2013, posterior a la aprobación del Plan Estatal, las ayudas del programa de inquilinos, a las áreas de rehabilitación integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa Renove, acogidas a planes estatales, se mantendrían "hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas" del último Plan Estatal. Una vez llevados a cabo los procedimientos necesarios, entre ellos la firma de convenios de colaboración entre el Ministerio de Fomento y las diversas comunidades para la ejecución del Plan Estatal, cuya suscripción ha retrasado todo el proceso, es el momento de "ultimar el proceso de sustitución de las ayudas anteriores", según se explica en la orden.

Cuantía de las ayudas

Respecto a los beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación (RBE), la efectividad de las nuevas ayudas "se producirá a la finalización del plazo por el cual tuviera reconocida la ayuda (RBE)". El nuevo Plan Estatal incluye en su lugar la financiación de hasta el 40% de su renta de alquiler, que no deberá superar los 600 euros mensuales, con un tope de 2.400 euros anuales. Se abonarán mensualmente por el importe proporcional al monto anual.

Beneficiarios

Podrán beneficiarse inquilinos con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Efectos Múltiple (Iprem), con variaciones en función de la composición de la familia que los solicite. Se considera unidad de convivencia al conjunto de personas que habitan en una vivienda de manera habitual y permanente, independientemente de la relación entre ellas y tanto si aparecen como si no en el contrato de alquiler. Las ayudas se solicitarán por plazo de un año, prorrogable siempre a solicitud del interesado hasta la finalización del plan, en 2016. Por otro lado, estos beneficiarios podrán solicitar las nuevas ayudas, aunque desde que se resuelva favorablemente la solicitud perderán el derecho a la renta básica de emancipación.

Condiciones

Las ayudas al alquiler las pueden solicitar personas físicas mayores de edad, con un contrato de alquiler o que deseen acceder a uno. En este segundo caso, el contrato deberá aportarse en el plazo de 30 días desde la resolución de concesión de la ayuda, que quedará condicionada a su aportación.

Competencia autonómica

La gestión de las ayudas es competencia de las comunidades autónomas, que son las que establecen la forma, plazo y vía para solicitarla a través de la Consejería competente en materia de vivienda de cada región. Una vez que ya se han hecho efectivas las ayudas del Plan Estatal, las convocatorias concretas las irá publicando cada comunidad, pero con un presupuesto limitado y fijado a nivel estatal.

Fuente: cincodias.com

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carmen-martinez-vallecas1Con el inicio de diciembre y de la gran campaña de los Bancos de Alimentos, que durante este fin de semana ha superado su objetivo de 20 millones de kilos de comida recogida que supondrá ayuda para más de 1,5 millones de personas, pone un contrapunto al acelerado pistoletazo consumista previo a las Navidades y una oportunidad de hacer aflorar la solidaridad ciudadana. La misma solidaridad que se despierta cuando se producen grandes catástrofes, o la que puede surgir a partir del desahucio de una octogenaria, por haber avalado con su casa un préstamo recibido por su hijo, que no lo devolvió.

En los corrillos del barrio madrileño de Vallecas aún resuena el nombre de Carmen Martínez Ayuso, la mujer de 85 años que fue desahuciada de su piso tras avalar con su vivienda un préstamo de su hijo con un particular. Y no sólo en Vallecas, ha dejado en todo el país un eco social que subraya más aún el drama de los desahucios, que lejos de reducir su número cada vez hay más según informa el mismo Banco de España, y las incomprensibles situaciones que llegan a producirse en un país que se llama a si mismo del primer mundo, pero que es incapaz de organizarse de forma que se pueda realojar a una octogenaria en dificultades.

En ausencia de respuesta pública, ha de ser el Rayo Vallecano, el equipo de fútbol de la populosa barriada de Vallecas, quien da una solución con su magnífico gesto de pagar el alquiler de una vivienda a Carmen, gesto que finalmente ha promovido otra gran oleada de solidaridad. Tan grande, que el club se plantea extender las ayudas a más causas benéficas y a buen seguro que no le faltarán candidaturas.

Es entonces cuando surgen las preguntas sobre ¿qué deben hacer las Administraciones públicas? No tienen que quitarse de en medio por el hecho de que Amancio Ortega se ocupe de ser solidario (20 millones para Cáritas, 4 millones para los Bancos de Alimentos); o que el Rayo Vallecano se ofrezca a pagar el alquiler a una mujer muy necesitada. Como advierten los directivos y jugadores, ahí están ellos para atender a Carmen Martínez, de 85 años, mientras aparecen "el Ayuntamiento o la Comunidad", y ver si nos consiguen aclarar si pudo hacerse algo más que enviarle a la policía para sacarla de su vivienda.

Más incomprensible es este tipo de casos cuando existen 3,4 millones de viviendas vacías en España, de las cuales 800.000 son propiedad de los bancos según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), mientras las viviendas de alquiler social no llegan al 2% del parque habitacional, cuando en los países de nuestro entorno europeo esa cifra alcanza el 18%. "Cada día tenemos una Carmen en el barrio, y muchas más en todo Madrid y miles en el resto de España".

Así, por ejemplo, dos días después, el Ayuntamiento de Madrid se acordó de la mujer de 85 años desahuciada ofreciéndole una vivienda social "con independencia de lo que ella luego quiera hacer". No hay que dejar la solidaridad en manos de las autoridades, pero tampoco reducirla a actos puntuales de caridad. Siete años de crisis ha multiplicado el número de personas que precisan ayuda muchos días al año, y no solo cuando un áspero acreedor exige la ejecución de una deuda que, al final, supone el lanzamiento de una anciana de su hogar.

Fuente: elpais.com

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ayudasalalquilerEl Ministerio de Fomento concederá ayudas de hasta 200 euros al mes a 200.000 familias con problemas económicos para poder pagar una vivienda en alquiler durante lo que resta de 2014, hasta el año 2016. De esta forma, y a través del demorado Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, el Ministerio de Fomento abonará entre un 33% y un 40% de la renta mensual a los hogares con ingresos de menos de 22.365 euros anuales para vivir en casas y pisos en alquiler por menos de 600 euros.

La medida busca sustituir a la vivienda de protección oficial (VPO), ya que, según el Ministerio de Fomento, no es una salida válida actualmente para las rentas bajas. De hecho, la VPO ya es más cara que la vivienda libre en multitud de provincias de España.

La nueva ayuda se concederá durante 12 meses prorrogables a toda la vigencia del plan. Es decir, al menos dos años (hasta 4.800 euros por familia), aunque, ya que el plan se va a iniciar muy tarde, se podrá alargar durante el siguiente año, como suele ocurrir en la política inmobiliaria estatal.

Podrán cobrar el subsidio al alquiler de vivienda libre las familias o personas con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem (22.365 euros anuales), pero la cuantía será modulable según el número de miembros de cada hogar, para primar a los más necesitados, según Fomento. Además, tendrán preferencia las personas desahuciadas.

Fomento ya ha firmado el convenio bilateral para la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas y rehabilitación con 10 comunidades autónomas: Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Aragón, Galicia, Andalucía y Canarias. Los convenios con las siete regiones restantes se firmarán "a finales de octubre", según fuentes del departamento de vivienda que dirige Ana Pastor. Cataluña, Asturias y Cantabria ya han abierto el plazo de solicitud de las ayudas, según las mismas fuentes.

En el todo el plan, Fomento invertirá 2.311 millones y las autonomías, 216. Sólo las ayudas al alquiler supondrán un gasto máximo de 480 millones de euros anuales, que tendrían que acometer las regiones con el dinero que les transfiera el Estado. Además, el Ejecutivo espera que el plan genere una inversión privada inducida de 1.268 millones de euros.

El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, también incluye una importante apuesta por la rehabilitación, así como la subsidiación de 230.000 préstamos hipotecarios. El Ministerio de Fomento estima que el nuevo plan estatal de vivienda generará 36.000 puestos de trabajo en tres años.

La subvención del alquiler libre (un arrendamiento protegido indirecto) es una medida muy demandada por los expertos en vivienda, pero el anterior Gobierno no la puso en marcha más que para los jóvenes. Entonces fueron 210 euros para menores de 30 años: la llamada renta básica de emancipación (RBE), ayudas ya retiradas por el actual gobierno.

La nueva ayuda de 200 euros será universal, con el único requisito de la renta, y llegará, si las previsiones del Gobierno se cumplen, a más del doble de beneficiarios anuales que la RBE (la media de nuevos receptores de la renta básica en sus tres últimos años fue de 47.000, frente a los casi 90.000 anuales que prevé el Ministerio de Fomento.

El retraso en la aprobación del nuevo Plan de vivienda está causando algunos desajustes en las previsiones. Así, la estimación que hizo Fomento para 2014 era conceder 48.000 ayudas para el alquiler, unos objetivos difíciles de cumplir en tan sólo dos meses.

En lo que respecta a la rehabilitación pasa lo contrario. El Informe sobre los Presupuestos del Estado para 2014 de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo detallaba que este año se financiarían 35.000 rehabilitaciones. Ahora el Ejecutivo habla de 50.000 viviendas renovadas en tres años. No en vano, Fomento prefiere centrarse "especialmente en la rehabilitación de barrios completos, por ser la actividad más eficiente desde el punto de vista socioeconómico".

Fuente: expansion.com

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plandevivienda2013_2016Nace el primer plan de vivienda que solo ofrecerá ayudas a la vivienda en alquiler y la rehabilitación. Este nuevo plan será aprobado hoy viernes por el Consejo de Ministros, último trámite necesario para que el Gobierno central pueda firmar los convenios bilaterales con las comunidades autónomas y poner así en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 tras haberse retrasado desde su fecha prevista inicialmente.

Tras las nuevas medidas de la reforma fiscal que afectan a la vivienda, ahora el Ministerio de Fomento desea cerrar lo antes posible los acuerdos con las autonomías, que son las que tienen transferidas las competencias de vivienda, que "en esta ocasión ha sido más complicado que otras veces porque había que cerrar planes anteriores, cuyas ayudas ya no tendrán continuidad en este nuevo" según fuentes del ministerio. Uno de estás ayudas será la promoción de VPO en régimen de propiedad, que desaparece en este nuevo plan estatal de vivienda, aunque los 250.000 españoles que en la actualidad se benefician del pago de una hipoteca subsidiada por su piso de protección oficial (VPO) seguirán percibiendo esas ayudas.

Desterrada la vivienda social en régimen de compra, los dos pilares del nuevo plan de vivienda serán la rehabilitación y el alquiler, que junto con otras iniciativas dará como resultado un presupuesto de casi 2.500 millones con el que se prevé crear más de 30.000 empleos directos y hasta 105.000 indirectos. En total, el departamento que dirige Ana Pastor calcula que en los próximos cuatro años el arrendamiento recibirá subvenciones por unos 1.500 millones y 627 millones destinados a la rehabilitación.

Nueva ayuda directa al alquiler de vivienda para todos

Una de las novedades que incluye este plan lo constituye la nueva ayuda directa al alquiler de vivienda, que según el último texto aprobado hace ya más de un año por el Consejo de Ministros, se trata de una renta que podrán recibir las personas físicas mayores de edad (que no será exclusiva para jóvenes) con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM, unos 1.600 euros mensuales o 22.365 euros brutos al año.

Estos topes serán modulables según el número de miembros y composición que tenga la "unidad de convivencia" que solicite esta ayuda. Esta circunstancia representa un cambio importante respecto al sistema anterior, (la renta básica de emancipación ideada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) que concedía la ayuda a título individual. Y esto, en opinión del actual equipo del Ministerio de Fomento, es lo que asegurará que el dinero público llegue a las familias más necesitadas.

En términos generales, la ayuda podrá alcanzar el 40% de la renta que pague el inquilino, que no podrá ser superior a los 600 euros mensuales. En cualquier caso, el límite será de 2.400 euros por vivienda y año por un plazo máximo de 12 meses prorrogables hasta la finalización del plan. Asimismo, siempre tendrán preferencia las personas que hayan sido desahuciadas, advierten fuentes oficiales.

El Gobierno espera con este nuevo sistema de ayuda al arrendamiento llegar a un mayor número de beneficiarios y evitar el fraude. En lugar de los 80.000 perceptores que quedaban el año pasado de la renta básica de emancipación, Fomento espera poder atender a partir de ahora las necesidades de 133.000 hogares. El impulso para la creación de un parque público de pisos en alquiler será otro de los programas estrella del nuevo plan de vivienda.

La rehabilitación, con mejoras en la financiación de proyectos

Quedando aún un amplio excedente de casas y pisos por vender, la estrategia no podía seguir siendo edificar más. Por eso, la rehabilitación se convierte en un pilar del nuevo plan estatal de vivienda contemplando ayudas directas para fomentar las obras de renovación de viviendas y edificios y una financiación bancaria especialmente diseñada para estos proyectos, gracias al compromiso adquirido por las entidades después de meses de negociación con el Ejecutivo y las constructoras. Será uno de los sectores donde cobrará especial importancia la colaboración público-privada.

Parece que esta vez sí, esta vez se apuesta en serio por la rehabilitación, y aunque es evidente la escasez de recursos económicos ha impedido que las ayudas sean más ambiciosas (apenas 627 millones), se aprecia algún avance, sobre todo en financiación. Con el nuevo plan se anima a las empresas privadas a poner en marcha proyectos de renovación de edificios enteros que supongan una mejora en su eficiencia energética. Se trata de copiar las fórmulas que ya funcionan en otros países, donde los propietarios de las casas no tienen que desembolsar el dinero al inicio de la obra y puedan pagarla en cómodos plazos.

Los principales beneficiarios de las ayudas ahora aprobadas serán las comunidades de propietarios o los dueños únicos de edificios de viviendas. Se concederán hasta 4.000 euros por vivienda para conservación, 2.000 euros para mejorar la eficiencia energética y 4.000 si la obra aumenta la accesibilidad. En ningún caso se otorgará más del 35% del presupuesto. Todo ello en inmuebles cuya antigüedad sea anterior a 1981. Asimismo, están previstas subvenciones para proyectos integrales de al menos 100 viviendas que oscilarán entre los 2.000 euros por piso para la urbanización hasta los 11.000 por casa si el edificio es demolido por completo. Y para regular todo esto, el proyecto de ley de Rehabilitación, que flexibiliza las condiciones y situaciones que deben darse para poder acometer obras en las comunidades de vecinos.

El Gobierno ya había modificado con anterioridad la Ley de Rehabilitación para eliminar las trabas jurídicas y administrativas que habían impedido en el pasado numerosos proyectos. La norma regula, por primera vez, "un límite económico homogéneo para el deber legal de conservación que cabe exigir a los propietarios" e introduce la posibilidad de que las plusvalías que se generen en estas obras de rehabilitación reviertan sobre las comunidades de propietarios, facilitando así su financiación.

Más información y detalles: Ministerio de Fomento

Fuente: cincodias.com

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