Saltar al contenido

1

impuesto-patrimonioLas comunidades autónomas recaudaron por el impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2013, que se presentó el año pasado, 929,6 millones. Casi la mitad de este importe fue abonado por residentes fiscales en Cataluña, hasta alcanzar unos ingresos de 421,3 millones por Patrimonio, el 45% del total, según la estadística publicada por la Agencia Tributaria a primeros de este mes. Cataluña lidera con mucha diferencia el ranking de la recaudación por un tributo que. En segunda posición figura la Comunidad Valenciana con 111,9 millones y Andalucía (83,2 millones).

Con carácter general, el impuesto se aplica sobre los contribuyentes que cuenta un patrimonio neto (tras descontar las deudas) que supera los 700.000 euros. Sin embargo, algunas comunidades como Cataluña han rebajado este mínimo exento hasta los 500.000 euros. Es decir, el tributo se empieza a aplicar antes. Ello explica que un patrimonio de 800.000 euros deba pagar 769 euros en Cataluña, un importe que en la mayoría de comunidades se mueve en torno a los 200 euros. Por otra parte, la vivienda habitual está exenta con un límite de 300.000 euros.

La cuota a pagar del impuesto para un patrimonio de cuatro millones asciende a 54.819 euros en Extremadura, la comunidad con los tipos más elevados. La factura alcanza los 44.214 euros en Andalucía o Galicia, los 41.943 euros en Cataluña o los 36.546 euros en Aragón, Canarias o Cantabria. Un importe notable que se queda en nada si el contribuyente se traslada a vivir a Madrid.

Madrid, única comunidad que bonifica el 100% del impuesto de patrimonio

Madrid es la única comunidad que ha renunciado a recaudar el impuesto sobre el patrimonio, un tributo estatal sobre el que las comunidades tienen amplia competencia. El Gobierno madrileño mantiene una bonificación del 100% que provoca que, en la práctica, el impuesto no exista en esta región. En caso contrario, Madrid sería la comunidad que más recursos lograría ya que cuenta con más contribuyentes adinerados que el resto.

No obstante, pese a existir la bonificación madrileña, la legislación obliga a presentar la declaración a los patrimonios superiores a dos millones de euros, un trámite que realizaron 16.153 madrileños. Sin la exención, estos contribuyentes habrían abonado 612 millones. El Ejecutivo anterior entendía que el impuesto sobre el patrimonio implica una doble tributación y supone un freno a la inversión, un argumento que el actual Gobierno de Cristina Cifuentes lo mantiene.

Fuentes de la Agencia Tributaria reconocen que contribuyentes adinerados han fijado su residencia fiscal en Madrid para beneficiarse de la bonificación. El impuesto sobre el patrimonio se aplica en función de la comunidad de residencia, con independencia del lugar en el que se ubique el patrimonio. Por ejemplo, si un contribuyente catalán posee un gran número de inmuebles en Cataluña estará exento de tributar por Patrimonio si vive en Madrid.

José Luis Rodríguez Zapatero suprimió el impuesto sobre el patrimonio en 2008. Sin embargo, ante la fuerte recesión y la pérdida de recursos públicos, el Ejecutivo del expresidente recuperó "con carácter temporal" el tributo para los ejercicios 2011 y 2012. Y actualmente, el Gobierno de Mariano Rajoy, que defendió eliminar el tributo, prorrogará un año más su vigencia hasta 2016 en los Presupuestos Generales del Estado.

Con la salvedad de Madrid, La Rioja es la comunidad que mayores beneficios fiscales aplica en el impuesto sobre el patrimonio al mantener una bonificación del 50%.

La otra reforma fiscal que viene

La reforma fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que entró en vigor este año se limitó al IRPF y al impuesto sobre sociedades. Hacienda desechó la idea inicial de abordar un cambio general del sistema tributario que incluyera figuras cedidas como el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto sobre el patrimonio.

La falta de consenso y el riesgo de reducir los ingresos de las comunidades autónomas en un contexto de elevado déficit fiscal fueron los motivos que llevaron al Gobierno a posponer la reforma de la fiscalidad patrimonial. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha mostrado su intención de abordar una reforma del sistema de financiación autonómico si gana las elecciones previstas para diciembre. Para el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el Gobierno defiende una cierta armonización. Apuesta por establecer una horquilla con tipos máximos y mínimos que mitiguen las diferencias actuales.

Rajoy, y también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendieron la eliminación del impuesto sobre el patrimonio cuando estaban en la oposición, sin embargo, han renovado anualmente su vigencia en los Presupuestos. Fuentes del Ejecutivo defienden que, de momento, no ha sido posible la supresión por la mala situación de las cuentas públicas. Las comunidades incumplen cada año el objetivo de déficit, algo que también sucederá en 2015.

Fuente: cincodias.com

Quizá también te pueda interesar:

Síguenos: Facebook – Twitter –

ibi-2014Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria el valor de la vivienda en España han caído más del 30% de media según Fomento, respecto a la cresta de la ola que marcaron los precios antes de la crisis en 2008. Sin embargo, la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que precisamente depende del valor de las viviendas, ha crecido entre este año y 2014 más de un 53%. En 2014 cerró por encima de los 12.000 millones, según los últimos datos de cuota líquida de las comunidades autónomas de régimen común (quedan al margen País Vasco y Navarra). En 2008 recaudó unos 7.863 millones de euros

Cada año los ingresos del impuesto han ido a más, convirtiendo al IBI en un salvavidas para los ayuntamientos durante la tormenta de la crisis. La favorable salud del impuesto explica la fortaleza de las arcas públicas de los ayuntamientos, que han sido las únicas administraciones que han conseguido en los últimos años superávit presupuestario, es decir, ingresar más de lo que gastan. El ejercicio pasado, las administraciones locales consiguieron cerrar sus cuentas con un excedente del 0,52% del Producto Interior Bruto.

Así, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) representó el 27,23% de los ingresos de los consistorios en 2012, según datos del Ministerio de Hacienda, con una carga impositiva que aumentó un 55% entre 2007 y 2012. Es el impuesto municipal que más recauda y sólo IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA ingresan más en España. En un país en el que el casi el 80% de los hogares es propietario de vivienda, millones de españoles pagan estos días la factura correspondiente a este año, en lo que supone una inyección colosal para las arcas públicas.

Detrás de las buenas cifras de recaudación se esconde un aumento de los tipos de IBI por parte de los ayuntamientos durante la crisis. Los ayuntamientos pueden aprobar un tipo entre el 0,4% y el 1,1% y en los últimos años ha habido un alza de impuestos constante que ha influido en una mayor recaudación. A ello se le suma la subida de entre un 4% y un 10% (en función del año en que se hizo la última revisión del valor catastral) que el Gobierno aprobó a finales de 2011 y se ha mantenido en el tiempo a pesar de su carácter temporal. Al año siguiente, en 2012, las administraciones locales entraron por primera vez en la crisis en superávit.

Precisamente, al gravar la propiedad y no las operaciones, la recaudación del IBI es una de las más estables, lo que ha permitido a los ayuntamientos presentar cuentas saneadas incluso a pesar de la crisis. Otro tributo municipal como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ligado a la actividad, ha menguado sus ingresos a más de la mitad desde 2008: de los 1.752 millones que recaudaba entonces a los 675 millones de 2012.

Diferencias entre distintas capitales hasta del 84%

Las facturas de IBI varían según las zonas. Un estudio de la Agencia Tributaria de Madrid señala que las dos capitales de provincia con un mayor esfuerzo fiscal en el pago del impuesto son Lleida (con una cuota de 139 euros partiendo de un valor base de 6.010 euros y sumándole los incrementos de los valores catastrales) y Melilla, con 135,17 euros. Le siguen Tarragona (131 euros) y Toledo (129,68 euros). Las capitales con una cuota más baja son Pamplona (22,53 euros), Vitoria (44 euros), San Sebastián (47,1 euros) y La Coruña (50,85 euros). Diferencias del 84% entre distintas capitales.

En cuanto a la recaudación, el aumento ha sido generalizado pero no homogéneo. Ceuta (con un aumento de los ingresos del 128%), Melilla (106%) y Cuenca (92,88%) son las tres capitales que más han aumentado su recaudación por IBI en los siete años de crisis. Por provincias, algunos de los municipios que más han aumentado sus impuestos, sin embargo, son los de Madrid: la recaudación se ha disparado en la provincia entre 2008 y 2014 desde los 1.244 millones de euros a los 2.195 millones, un 76,3%.

A lo largo de la geografía, las diferencias en el IBI son acentuadas. Y tienden al alza. La capital de provincia que aumentó más su tipo impositivo en 2014 fue Cuenca (lo subió un 10% al 0,68). Le sigue Toledo, con un incremento del 9,52% (hasta el 0,46), Ceuta (un 4,48% de subida) y Santa Cruz de Tenerife (un 2,28%), según un informe de la Agencia Tributaria de Madrid.

En cuanto a los tipos de las capitales de provincia, Huelva (1,06%) y Cádiz (1,01) son las que más se acercan al máximo fijado por ley, del 1,1%. Les siguen Melilla (1%) y Valencia (0,97%). Por el contrario las capitales que más redujeron sus tipos entre 2013 y 2014 fueron Sevilla, que redujo su tipo un 14,76% hasta el 0,72, Oviedo (-7,67%), Palma de Mallorca (-7,48%) y Guadalajara (un 6,35% menos).

Entre los municipios destacan casos como el de Alcobendas, que entre 2013 y el último año ha pasado de tener el tipo mínimo del impuesto (0,42%) al máximo (1,1%): un hachazo fiscal del 161,9% en sólo doce meses de diferencia. Sin embargo, hay otra localidad de la misma provincia que, según la Agencia Tributaria madrileña, tiene una cuota de IBI más alta: Rivas Vaciamadrid. Por el incremento de valores catastrales, el mismo inmueble paga 206,59 euros en Rivas y 206,14 euros en Alcobendas.

Fuente: abc.es

Quizá también te puede interesar en otras zonas:

Síguenos: Facebook – Twitter – 

1

catastroEl Catastro está enviando a los propietarios de viviendas de más de 1.000 municipios una carta en la que les comunica la apertura de un expediente, y una sanción de 60 euros, por no haber declarado alteraciones en la construcción que suponen ampliaciones del inmueble. Esta será también las comunicación que se envíe hasta 2016 a más de tres millones de hogares debido a la regularización catastral, que entró en vigor de forma extraordinaria en 2013 y que se extenderá hasta 2016 para conformar una imagen fiel de la situación de los inmuebles, supone un aumento de la recaudación para los ayuntamientos ya que se incrementa el valor de la construcción, al detectar más metros de los que figuran en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

En concreto, el Catastro está rastreando desde el cielo 3 millones de casas en busca de ampliaciones y piscinas mediante el uso de fotos aéreas. Así, este organismo de Hacienda está actualizando las nuevas superficies construidas, cuya existencia física comprueba, y legaliza las alteraciones o cambios de usos de los inmuebles que figuran en las ponencias catastrales. Se trata de las reformas más habituales en los domicilios y no comunicadas, pero conocidas por los ayuntamientos porque han otorgado las licencias de obras, así como de aquellas que se han ocultado con intención de defraudar como, por ejemplo, construir una casa en un terreno no urbano.

En la mayoría de los casos, se buscan piscinas, trasteros, casetas, balcones y terrazas que se han cerrado y ampliaciones de las viviendas para ganar unos metros al jardín o garajes construidos en la parcela. También figuran terrazas en áticos que se han convertido en vivienda. La Ley del Catastro Inmobiliario señala que cualquier alteración debe ser comunicada en un plazo de dos meses después de su realización. En este sentido, si al acometer las obras, el contribuyente solicita una licencia al ayuntamiento, éste debería haberse encargado de informar por escrito al Catastro para ampliar el valor catastral y la recaudación por el IBI.

Pero no se ha hecho, y al parecer, han sido frecuentes que estas modificaciones no hayan sido declaradas por el contribuyente. Ahora es cuando las corporaciones están enviando información al Catastro de estas alteraciones. La casuística es amplia y no exenta de polémica, ya que algunos ayuntamientos que están aportando certificaciones al Catastro en las que manifiestan que se trata de nuevas construcciones cuando en realidad ya figuraban en los planos originales cuando se realizó la primera obra de la vivienda. Lo que significa que no se han actualizado muchos de los errores de los croquis en las primeras ponencias catastrales, que se realizaron en los ochenta mediante la contratación de agentes y de empresas y que hicieron la labor de toma de datos de forma visual en muchos casos.

Por tanto, en esta actualización del Catastro las variaciones serán al alza en la cuota a pagar del único impuesto cuya recaudación ha crecido exponencialmente durante la crisis y que representa más del 45% de todos los ingresos que obtienen los ayuntamientos, siendo las únicas administraciones públicas que registran superávits en sus cuentas precisamente por el alza de este impuesto.

Además, los municipios podrán exigir el pago de la parte proporcional que resulte con el nuevo valor catastral de los últimos cuatro años, los anteriores se consideran prescritos, más los correspondientes intereses de demora.

Este cambio también modifica la imputación de rentas en el IRPF de las viviendas no habituales ya que los contribuyentes tributan entre el 1% y el 2,1% del valor catastral de estos inmuebles y que ahora se eleva. También afecta al pago del impuesto sobre plusvalías (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) que está vinculado al valor castatral y que se aplica cuando se produce la venta de una propiedad.

Comprobación masiva en todo el país excepto País Vasco y Navarra

Esta comprobación masiva, que se va a generalizar en todo el país excepto País Vasco y Navarra, comenzó para 176 municipios en 2013 y se ha extendido a otros 1.000 en 2014. Según figura en los Presupuestos Generales del Estado, durante este año se están enviando 1,5 millones de expedientes para idéntico número de inmuebles, y se prevé otra remesa de 1,4 millones en 2015. Para 2016, último año de esta regularización que probablemente se ampliará a más ejercicios, no hay previsiones aún. Pero, se estima que esta regularización afectará a cerca del 10% de los más de 36 millones de recibos del IBI existentes. Aunque la cifra puede ser superior.

Para los primeros envíos de regularización se ha realizado una selección previa. Se ha empezado por los municipios que tienen grandes urbanizaciones de casas chalets y villas (son más visibles y fáciles de detectar), entre ellos los que se encuentran en las zonas costeras como Oropesa de Mar en la provincia de Castellón; en la Costa del Sol (Málaga) localidades como Fuengirola y Benalmádena, o en Costa Blanca (Alicante) en municipios como Benidorm, Calpe o Dénia.

Sin embargo, aún no se ha actuado sobre viviendas e inmuebles de las grandes ciudades de forma generalizada, donde se acumula más población. De las capitales de provincia, sólo se están comprobando superficies en Alicante, Salamanca o Murcia. Y es posible que la celebración de elecciones locales en las grandes ciudades previstas para el próximo año, como Madrid o Barcelona, retrasen a 2016, o incluso más tarde, su comprobación.

De momento, no existe previsión alguna del impacto recaudatorio para los ayuntamientos o del cobro de la tasa de regularización. Pero debe de ser importante cuando el coste de elaboración de los datos necesarios para la tramitación de estos expedientes es superior a los 124 millones de euros.

En este sentido son muchos los expertos inmobiliarios que piensan que, aunque el Catastro se limita a cumplir con la ley, este proceso "sólo tiene fines recaudatorios". Tal como se ha hecho con el IRPF o los dividendos en el exterior, podría haberse hecho una amnistía catastral para aflorar estas superficies "sin coste retroactivo ni tasa alguna" o podría haberse hecho obligando a los ayuntamientos "a moderar sus tipos impositivos en el IBI para no castigar más a los bolsillos de los ciudadanos".

Imagen: Metodología en Catastro - Fuente: elmundo.es

También te puede interesar:

Síguenos: Facebook – Twitter –

impuestoscompraviviendaEntre enero y julio de este año, la recaudación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) que grava la compra de casas y pisos de segunda mano y el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) que grava la contratación de una hipoteca, alcanzó los 3.479 millones, un 5,9% más que en el mismo período del año 2013, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria. Un dato más que marca un punto de inflexión y crece por primera vez en siete años. Parece que el cambio de tendencia se mantendrá a medida que Hacienda actualice los datos de recaudación para el resto del ejercicio.

Los impuestos asociados a la compra de una vivienda, son quizá los indicadores que reflejan con más claridad las diferencias entre los años del boom inmobiliario y los años posteriores al pinchazo de la burbuja. Así, ambos tributos, cuya recaudación está cedida a las comunidades autónomas, pasaron de aportar 5.000 millones en 1999 a 18.000 millones en 2006. Nunca antes los Gobiernos autonómicos habían registrado un incremento de ingresos de tal calibre. El espejismo se empezó a romper en 2007, cuando la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados descendió por primera vez un 8,5%.

A pesar de la caída, ambos tributos todavía aportaban más de 16.000 millones de euros. Lo que en 2007 fue un aviso, un año después se convirtió en la constatación de que el sector inmobiliario entraba en barrena. La recaudación cayó en 2008 un 40% en términos anuales, un retroceso inaudito y que explica en buena medida el descontrol del déficit autonómico. Los descensos, más moderados, continuaron en los años siguientes hasta que la recaudación se situó en 5.542 millones en 2013, el nivel más bajo desde 1998 en términos nominales.

Las comunidades del litoral mediterráneo donde se registra un mayor dinamismo. La Comunidad Valenciana logró por ITP y AJD 462 millones hasta julio, un 23,2% más que en el mismo período del ejercicio anterior. Es de los pocos datos positivos que pueden hallarse en las castigadas cuentas valencianas. La recaudación por ambos tributos aumentó un 17,7% en Baleares y un 16,7% en Cataluña. La Generalitat catalana ingresó 733 millones y es la autonomía que obtiene mayores recursos. La recaudación retrocedió notablemente en Extremadura, La Rioja, Castilla La Mancha o Castilla y León.

La Comunidad de Madrid logró 551 millones hasta julio, un 4,16% más. El incremento se ha producido a pesar de que el Ejecutivo madrileño bajó del 7% al 6% el tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales a partir de 2014. En cambio, la mayoría de comunidades aprovechó para subir el impuesto cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elevó el IVA reducido que se aplica sobre la vivienda nueva del 7% al 8% o cuando el actual gobierno lo subió nuevamente hasta el 10%. En Cataluña se aplica un 8% por ITP y en comunidades como Asturias, Andalucía, Baleares se han fijado gravámenes progresivos que alcanzan el 10%. Y, en Extremadura, llegan al 11%.

También se registran diferencias en el impuesto sobre actos jurídicos documentados, donde los tipos van del 0,75% que se aplica en Madrid al 1,5% vigente en Andalucía o Cataluña.

¿Han tocado suelo ambos impuestos? Parece que sí. Así lo sugieren los datos de compraventa de vivienda que periódicamente publica el INE, el Ministerio de Fomento u organizaciones privadas. Además, el sector inmobiliario prevé mayores operaciones a finales de este año como consecuencia de la reforma fiscal que afectará notablemente a las casas y pisos más antiguos y que actualmente se tramita en el Senado. Hacienda ha incluido en los nuevos textos normativos la supresión de los coeficientes de abatimiento y correctores monetarios que permiten rebajar, a efectos fiscales, la plusvalía que logran los vendedores de vivienda.

Fuente: cincodias.com

También te puede interesar:

Síguenos: Facebook –  – Twitter

1

ibi-provinciasMientras los principales impuestos estatales (IRPF, IVA o Sociedades) se han desplomado a pesar de las subidas impositivas, el Impuesto municipal de Bienes Imuebles (IBI) ha conseguido aumentar sus ingresos un 55% entre 2007 y 2012, cifra que superará el 60% cuando el Ministerio de Hacienda confirmen los datos de 2013.

De este modo, los ayuntamientos son la única administración pública que ha obtenido superávit fiscal en los dos últimos años, de 2.285 millones en 2012 (0,23% de PIB) y 4.213 millones en 2013 (0,42%). Pero el buen dato no procede de un ajuste real de sus cuentas sino a que tienen a su disposición el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la única figura tributaria cuya recaudación nunca ha descendido a lo largo de su historia.

En 2007, aún en plena burbuja inmobiliaria y con el país lleno de promociones de pisos y casas, la recaudación del IBI alcanzó los 7.267 millones. Sin embargo, en 2012, pese al declive inmobiliario, los ingresos por el IBI aumentaron hasta los 11.189 millones. Sólo en este año respecto a 2011, la recaudación por los inmuebles creció un 10% gracias a la subida por decreto del Gobierno de los tipos de gravamen. Además, el Ejecutivo ha forzado a los ayuntamientos a pedir a Hacienda la revisión de los valores catastrales con el establecimiento de un recargo para quienes no los hubieran actualizado desde 2002. Por tanto, si esta evolución se mantuvo en 2013, los ingresos por IBI superaron los 12.000 millones.

En plena doble recesión y con un agujero importante en los bolsillos de los contribuyentes y empresas por el alza de otra figuras impositivas, los ayuntamientos han hecho su agosto recaudatorio con el IBI, junto con las ayudas crediticias para pagar a los proveedores y de liquidez del Gobierno, han conseguido mantener una estructura administrativa que parecía tocar a su fin por estar anclada hasta entonces en los impuestos sobre el ladrillo.

La espectacular subida de estos ingresos se ha debido al incremento, al menos hasta 2009, de nuevas unidades fiscales, dado que en esos años se incorporaron al pago del IBI nuevos inmuebles urbanos. Sin embargo, la mayor aportación a esta escalada recaudatoria responde a los fuertes incrementos de tipos impositivos, hasta aproximarse al tope legal del 1% de la base liquidable. Y también a la contemplación en muchos recibos de un valor catastral que, al actualizarse, otorga un valor por encima del mercado actual. Se debe a que el componente principal es el valor del suelo, precisamente el más castigado por la crisis. Es decir, está sobreestimado.

Las cantidades son importantes. Según los datos del catastro, en 2013, 7.594 municipios (excluyendo los del País Vasco y Navarra) tenían censados 37,6 millones de inmuebles y 13,6 millones de parcelas. Unos 23 millones de los inmuebles eran viviendas y, por ejemplo, casi ocho millones correspondían a almacenes, tres millones a suelo vacante y 1,3 millones tenían uso comercial. El valor total de la construcción asignado era de casi 1,1 billones de euros mientras que el valor del suelo era de 1,2 billones. De esta forma, el valor catastral total, la suma de ambos, era de casi 2,3 billones (el doble del PIB). Respecto a 2007, cuando empezó la crisis, hay ahora seis millones de inmuebles más, un 15,4%. Pero, el valor catastral total ha crecido en este periodo un 60% (en 861.000 millones). De esta forma, el valor medio de cada inmueble se situó en 2013 en 61.079 euros frente a los 44.083 de 2007. Lo que significa que se ha incrementado ese valor de cada piso o propiedad en un 39%.

Toledo registra la mayor subida en la recaudación del IBI con un 98,5%

Por comunidades autónomas, los casos más evidentes de subida catastral se encuentran en las ciudades de la comunidad de Madrid. El valor catastral total de sus pueblos se ha duplicado respecto a 2007, hasta superar el medio billón de euros en total, mientras que el valor medio llegó a 129.587 euros, un 72% más. Por su parte, en las ciudades de Cantabria a pesar de que sólo hay un 13% más de nuevos inmuebles, el valor catastral total ha aumentado un 95% en este periodo y un 57% el valor medio de cada unidad gravada.

También es en los pueblos y ciudades de Madrid dónde más subida recaudatoria se percibe. Así, en caso de El Molar la cuota a pagar se ha multiplicado por 4,5 veces; en Boadilla del Monte y Brea del Tajo, por tres; y en Arroyomolinos la cuota aumentó en 2013 dos veces respecto a 2007. En general, el doble de la cuota es la subida que más se repite en los pueblos de la capital, incluso en la zona sur, en localidades como Getafe (148%), Alcorcón (140%) o Parla (125%).

En cuanto a las ciudades que más han aumentado su recaudación (y que por tanto más han subido los valores, tipos y también el número de recibos del IBI) el pueblo de Ulea, de 917 habitantes de Murcia es el que más ingresos ha conseguido obtener entre 2007 a 2012 según los últimos datos detallados disponibles en Hacienda. Si en 2007 la cuota líquida a cobrar era de 66.249 euros, en 2012 alcanzó los 539.082 euros. Aunque sus recibos crecieron un 63%, hasta 1.401, la base imponible del impuesto creció un 733% (pasó de 10.192 euros a 84.909). Otro ejemplo en esta provincia es la recaudación de Abanilla, un oasis en la comarca oriental en el límite con Alicante y con 3.236 habitantes registrados, subió un 197%. Mientras, en Campos del Río, con 2008 habitantes, la caja aumentó un 164% y en la capital, un 86,2%.

Por capitales de provincias la mayor subida de ingresos por IBI fue en Toledo con un 98,5%. En Cuenca, el alza fue del 89,1%; en Ávila, un 86,6%; en Almería un 82,1%; y en Madrid, la capital del Estado, el incremento llegó al 79,4%. El ayuntamiento de Madrid envió en 2013 unos 2,1 millones de recibos por este impuesto con una cuota líquida de casi 1.100 millones de euros según las emisiones realizadas por Hacienda. Sin embargo, esa cuota en 2007 era de 605 millones. Es decir, el devengo ha aumentado en 500 millones en este periodo de crisis, mientras que el número de recibos creció sólo un 8,7% (167.000). Eso si, la base imponible sobre la que se gira el recibo ha aumentado un 85% desde 2007.

En las zonas costeras, las cuotas no han aumentado aún mucho porque el valor del aluvión de pisos vendidos no se ha actualizado. Aún así, en Alicante hay una cincuentena con un alza de más del 100%. Villajoyosa, por ejemplo, alcanza el 144%. En las Islas Baleares, encontramos a Artá con un alza es del 132% cuando los recibos sólo han crecido un 15%. También en la provincia de Cádiz, localidades como Zahara han crecido en la recaudación un 228%; un 190% en Algar; y un 148% en Conil de la Frontera. Y un último ejemplo de la provincia de Málaga, donde encontramos Cártama, cuya subida es del 300%.

Parece que los ingresos públicos ya no vienen de la tributación sobre la construcción o adquisición de los inmuebles sino de su tenencia. En esta dirección va la propuesta de la comisión de expertos sobre la futura reforma fiscal: castigar a los propietarios con un nuevo IBI estatal con valores catastrales más cercanos a los precios de mercado. Todo ello, amplificaría aún más su enorme capacidad recaudatoria, similar a la de las cautivas rentas de trabajo, ya que duplicarían las bases imponibles.

Fuente e imagen: elmundo.es

También te puede interesar:

Síguenos en Facebook -  - Twitter