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Pisos en L'Eliana, Valencia

La venta de viviendas se viene animando en los últimos meses, pero comprar un piso sigue siendo quimera para la materia de españoles, especialmente los jóvenes. Lo asegura la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), que no puede negar la evidencia: "lo cierto es que sólo los hogares con ingresos estables y ahorros pueden acceder a la compra de una vivienda". señalando además que la demanda residencial aún se cubre con el excedente de viviendas existente. El artículo, publicado en el "Cuadernos de Información Económica" de Funcas, analiza el momento económico del sector residencial, que considera que la recuperación "lenta pero sólida" del sector inmobiliario impulsada por el mayor número de ventas, el crecimiento "positivo" de los precios y la inversión extranjera continuará presente en los próximos trimestres, salvo imprevistos.

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La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado con 28 votos a favor y ocho abstenciones poner en marcha los trámites para impulsar un nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2017-2020. Un texto que tendría como eje principal el alquiler. De este modo, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto al Congreso aprobar e implantar el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dando continuidad a su predecesor (Plan Estatal de Vivienda 2013-2016), manteniendo su apoyo a la rehabilitación y, sobre todo, en potenciar las ayudas al alquiler de vivienda y facilitar el acceso rápido al disfrute de una vivienda "digna y adecuada" para aquellas personas con dificultades económicas. Además, en una proposición no de ley, el PP propone dar incentivos fiscales a los bancos y grandes tenedores de viviendas que alquilen sus pisos vacíos.

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Asimismo, ademas de las ayudas al alquiler, consideran que se debe seguir potenciando las ayudas a la rehabilitación de viviendas tanto en edificios residenciales colectivos como en cualquier otro tipo de vivienda, incluidas las unifamiliares y las viviendas rurales. La mejora de la eficiencia energética con un programa específico que distinga las exigencias para recibir las ayudas en función de las condiciones y características de cada territorio y las ayudas a la accesibilidad con un programa específico que subvencione actualizaciones de mejora de la accesibilidad son otras de las claves que los populares consideran necesarias en el nuevo Plan Estatal de Vivienda.

Por otro lado, desde el PP creen que es necesario un programa de ayudas que renueve y rehabilite las viviendas de los barrios, teniendo en cuenta el estado de la vivienda y que su regeneración permita la urbanización del mismo con parámetros de mejora medioambiental, de accesibilidad o de conservación. El Plan Estatal actual, bautizado como de "fomento al alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y la renovación urbana", regula las ayudas estatales a la vivienda financiadas con cargo al presupuesto de los ejercicios de 2013 a 2016.

Incentivos fiscales a los bancos que alquilen sus pisos vacíos

La vivienda protagoniza uno de los primeros grandes pactos de la legislatura. Así, el PP ha llegado a "un acuerdo con la oposición" para aprobar una proposición no de ley que fija las directrices de la política inmobiliaria hasta 2021. Una de las directrices en el nuevo Plan Estatal de Vivienda también será potenciar que la vivienda no ocupada y no disponible, que sean titularidad de las administraciones públicas, empresas públicas y entidades financieras (grandes tenedores de pisos vacíos) para que pueda ser ocupada por la población "más vulnerable".

Esta iniciativa, que se ha debatido y aprobado el pasado miércoles en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados como resultado de un pacto entre PP, PSOE, Ciudadanos y el Grupo Mixto, incorpora una novedad relevante: se incentivará que los pisos vacíos de las entidades financieras, las empresas públicas, las Administraciones y "otros tenedores". Por ejemplo, las de renta baja y los desahuciados.

Para conseguirlo se aprobarán "incentivos fiscales, convenios con los grandes tenedores de viviendas y permutas de suelo", según adelantaron a este diario fuentes del Grupo Parlamentario Popular. "Todos los partidos se suman al acuerdo", que dará lugar a un nuevo Plan de Vivienda, consensuado, como siempre, con todas las comunidades autónomas. Aún no se han definido los beneficios tributarios que se aprobarían, porque el PP debe consensuarlos con la oposición. Además, el Ministerio de Fomento, que pilota la reforma, se encuentra en pleno traspaso de poderes y no tiene prisa.

Frente a iniciativas penalizadoras de los pisos vacíos, como las de Cataluña, País Vasco o Andalucía, el nuevo pacto de vivienda aboga por "potenciar mecanismos de conciliación de forma que la vivienda no ocupada disponible, titularidad de las Administraciones Públicas, empresas públicas, entidades Financieras, y otros tenedores de vivienda pueda ser ocupada por sectores de población más vulnerable", según el texto de la Proposición No de Ley, que cuenta con informe favorable del Ministerio de Fomento.

La banca será el principal destinatario de estas medidas. La tasadora Tinsa calcula que las entidades financieras copan más del 80% del stock de pisos vacíos. En su último informe, con datos de 2015, calcula que la banca tiene un excedente de más de 300.000 pisos. Además, la agencia de calificación Fitch asegura que a finales del año pasado el sector financiero tenía "unas 150.000 viviendas nuevas invendibles".

    • Con esta reforma, la banca tendrá mucho más fácil liberar sus viviendas vacías. En primer lugar, porque obtendría unas ganancias garantizadas por el Estado, en caso de destinarlas al alquiler social.

 

    • En segundo, aunque los arrendamientos fueran bajos, tendrán la posibilidad de disfrutar de un beneficio fiscal con un efecto compensatorio.

 

  • En tercero, porque cuando las entidades permutasen inmuebles por suelo, sacarían de balance activos de difícil salida y sólo incorporarían otros nuevos si tienen mejores localizaciones y perspectivas.

El INE estima que en España hay 3,5 millones de pisos vacíos. Tinsa asegura que, de todos los inmuebles residenciales construidos desde 2008 y que nunca han sido habitados, sólo hay unos 11.670 que están en manos de profesionales, pero no se comercializan. Esto es, el 3,9% del stock de viviendas total (389.000 casas, en 2015).

Las Administraciones Públicas también darán ejemplo y pondrán en alquiler sus inmuebles vacíos. Esto es relevante porque todas las autonomías suscriben el Plan de Vivienda y, por tanto, estarían obligadas potenciar la función social de la vivienda. No en vano, el artículo 47 de la Constitución asegura que los entes públicos "promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo" el derecho "a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Mientras tanto, el Gobierno prorrogará un año más las ayudas inmobiliarias actuales, que llegarán a 100.000 familias, y facilitarán la rehabilitación de 35.000 viviendas.

Fuente: expansion.com

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España vuelve a tener Gobierno en firme después de casi un año de Ejecutivo en funciones y llega la hora de retomar e impulsar iniciativas importantes y necesarias en materia de vivienda. Un área que, a falta de confirmación oficial, seguirá dependiendo del Ministerio de Fomento, aunque aún se desconoce si en forma de Dirección General, como en los últimos años, o se elevará a Secretaría de Estado, como reclaman algunas voces del sector. Así, Fomento tendrá que afrontar desafíos y deberes pendientes en torno a la vivienda. Muchas de las respuestas a estos retos las dará el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (Bilbao, 10 de enero de 1971), que ha tomado el relevo de Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso de los Diputados. Este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos destaca, según sus partidarios, por apadrinar un urbanismo ligado a la tecnología. Por contra, sus detractores le critican por alentar un urbanismo extensivo.

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La gran labor del Ministerio de Fomento será articular un nuevo Plan Estatal de Vivienda. Tiene prácticamente un año para redactar este documento después de que el Gobierno en funciones anunciase en septiembre que prorrogaba este hasta 2017 el actual Plan Estatal de Alquiler de Vivienda y Rehabilitación, diseñado para 2013-2016 y que ha beneficiado a más de 570.000 familias. Por el momento, no hay confirmación oficial, pero esta extensión se da por hecha después de que el Ejecutivo haya informado de que destinará 550 millones de euros a políticas de vivienda (básicamente, a ayudas) en 2017.

En el marco de este futuro plan, Fomento fijará los ejes maestros de la política estatal de vivienda. Viendo el carácter continuista del nuevo Gobierno, el alquiler y la rehabilitación seguirán siendo la columna vertebral. Intentado despejar los retos que tiene Íñigo De la Serna para crear un sector más equilibrado, este suplemento ha recopilado las propuestas de los principales actores en los cinco segmentos clave: alquiler, rehabilitación, promoción inmobiliaria, vivienda protegida y sector hipotecario.

Alquiler: más incentivos

Mucho ha evolucionado el mercado de la vivienda en los últimos años, pero el gran cambio lo representa el alquiler de viviendas, régimen que ha pasado de ser casi residual (presente en el 6%-7% de las casas en 2007) a regir en más del 20% del parque residencial. Consciente de este crecimiento, la anterior ministra de Fomento reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2013 buscando dinamizar este mercado. Este paso constituyó a consolidar el arrendamiento, pero aún queda mucho por hacer, según los entendidos.

Sergi Gargallo, director de Alquiler Seguro, reclama al nuevo Gobierno que adopte medidas que realmente fomenten el sector. Lamenta que haya subido la presión fiscal al alquiler desincentivando este mercado, por lo que pide al Ejecutivo que lo haga más atractivo. Ve clave "que la oferta crezca en consonancia con la demanda" y apuesta por más beneficios fiscales vía IRPF a los propietarios que cumplan con la ley.

"Ahora más que nunca, el alquiler en España necesita un compromiso real de la Administración para que el mercado siga creciendo y siendo autónomo", remarca. Este profesional pide "mayor seguridad jurídica, incentivos fiscales y regular el alquiler turístico". "La profesionalización y la puesta en marcha de juzgados específicos disiparía el miedo de muchos propietarios a ofertar sus casas", señala, al tiempo que denuncia que un arrendador necesita actualmente hasta ocho meses para recuperar su casa y que, en caso de impago, debe dar por perdido el dinero adeudado.

Ante este panorama, Sergi Gargallo tiene clara cuál debe ser la meta de Íñigo De la Serna: "Reactivar la oferta". Desde Alquiler Seguro se espera que el Gobierno considere sus propuestas y que, por fin, se establezcan medidas reales para fortalecer el arrendamiento. Concluye con un aviso/consejo: "Esperamos que el Ejecutivo no olvide que la escasez de oferta no se solventará con medidas sancionadoras, sino con incentivos, mejoras y estímulos".

Rehabilitación: concienciación

La rehabilitación y regeneración urbana se ha convertido en una vía de escape para el ámbito constructor, ávido de obra nueva, y los últimos Gobiernos han apostado por esta actividad, conscientes de lo anticuado que está el parque residencial (más de la mitad de casas data de antes de 1980). A pesar de los esfuerzos realizados, aún puede hacerse mucho más, como apuntan los conocedores de este sector.

José Carlos Greciano, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr) habla de "resolver la fiscalidad". Aboga por simplificar y aclarar el cobro del IVA (aplicando el superreducido en las actuaciones de mejora en eficiencia energética y accesibilidad), eliminar la tributación de las subvenciones recibidas como si fueran un ingreso y crear una desgravación para las inversiones en esta materia. Del mismo modo, propone que el IBI se fije en función de la calificación energética, "una medida que se anunció, pero que no se ha llevado a cabo".

Por otro lado, Fernando Prieto, presidente de Anerr, cree que es fundamental dotar de financiación al sector. "Habría que poner a disposición de las comunidades de propietarios herramientas que permitan obtener crédito, como un fondo nacional que se retroalimente con la devolución de los préstamos". Solicita también al nuevo Ejecutivo a que lance campañas de concienciación al ciudadano para que éste "haga suyo el mensaje de los beneficios (ahorro, salud, confort, etc.) de la rehabilitación".

Promoción: menos burocracia

El impulso a la promoción de nuevas viviendas es otra de las asignaturas en la agenda del nuevo Gobierno, toda vez que esta oferta se ha visto muy mermada. Sobre todo, en las grandes ciudades. En 2015 apenas se concedieron 49.695 visados para nuevas casas en un país que necesita unas 150.000 unidades anuales. Un desfase está provocando ya tensión en los precios.

Para relanzar la promoción inmobiliaria, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) propone, entre otras medidas, simplificar los trámites burocráticos, algo que pasa por "compilar y derogar leyes obsoletas" y "dotar al sector de un marco jurídico y técnico estable en el que no tenga cabida la inseguridad jurídica". En este punto, pide "evitar que los ayuntamientos verifiquen el Código Técnico de Edificación, ya que no es de su competencia y retrasan las licencias".

Gómez-Pintado apremia a Fomento a "crear las condiciones necesarias, tanto jurídicas como técnicas, para poder edificar una vivienda sostenible y con la máxima eficiencia energética, eliminando las trabas administrativas". En este sentido, ve necesario "facilitar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías, como el BIM (Building Information Modeling), en la edificación" y "verificar el cumplimiento de la Ley de Ordenación de la Edificación, evitando situaciones injustas como los avales de cantidades a cuenta".

Mirando a la demanda, tanto para comprar como para alquilar vivienda, Gómez-Pintado anima al Gobierno a pensar en quienes deben ser los demandantes naturales: los jóvenes. "El Ejecutivo debe estudiar fórmulas para ellos más allá de los planes de vivienda actuales, que no contemplan ninguna solución", advierte, asumiendo que el actual mercado prácticamente les ha expulsado.

Vivienda protegida: más presupuesto

La vivienda protegida representa siempre sobre el papel uno de los temas capitales para todo Gobierno, aunque la realidad es que se trata de una iniciativa venida a menos, sin apenas ayudas y competencia de las comunidades. Pese a ello, con el plan de vivienda se articulan las pautas en este campo.

Desde la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) trazan "los retos estratégicos" para el Ejecutivo en este sector. El principal pasa por "el aumento de la dotación presupuestaria", como afirma su presidente, Jerónimo Escalera. "Hasta la crisis", recuerda, "la vivienda social prácticamente se autofinanciaba con las operaciones de suelo y la vivienda en compraventa". Actualmente, esto ha cambiado mucho. Escalera cree que es preciso "que las administraciones consignen en sus presupuestos una dotación económica mucho mayor a la actual". Especifica que el Gobierno debería destinar en torno al 0,7% del PIB a la vivienda protegida.

Jerónimo Escalera también pide planificar y ejecutar la política en vivienda social en base a las necesidades de los colectivos y buscando minimizar el coste. Además, solicita al Ejecutivo que genere mecanismos de crédito para su financiación, como potenciar la banca pública o el ICO y llegar a acuerdos con el Banco Europeo de Inversiones; y una fiscalidad que potencie el alquiler, aplicando un IVA al 0% a las rentas que cobra el arrendador profesional.

Hipotecas: actualizar la legislación

El mercado hipotecario también ha evolucionado. Fundamentalmente, a raíz de la reforma de la Ley Hipotecaria impulsada en 2013 por el Ministerio de Economía. Pero aún debe seguir progresando, según Lorena Mullor, gerente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), quien recuerda al Gobierno que "el sector espera la transposición de la Directiva 2014/17/UE de crédito, que debió haber sido adoptada y publicada antes del 21 de marzo".

Lorena Mullor explica que esta nueva regulación modificará la Orden de Transparencia española y aborda temas tan relevantes como la información general y personalizada que ha de recibir el consumidor antes de celebrar una hipoteca, la formación que ha de tener el personal de las entidades, la remuneración de éste para desincentivar la toma de riesgos excesivos, las prácticas de venta vinculadas y combinadas, la definición de la TAE o las condiciones de una amortización anticipada.

"Estos temas son de suma importancia para el buen funcionamiento del mercado hipotecario, en aras de que sea transparente y seguro para todos. Aunque en el caso español muchas de estas materias ya gozan de una regulación eficaz, el reforzamiento de la transparencia y de las prácticas que supone la nueva regulación europea siempre es bienvenido", recalca.

Fuente: elmundo.es

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A pesar de que las estadísticas sobre inmuebles sin inquilinos escasean (el último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística data del 2011), se calcula que son cerca de 450.000 viviendas desocupadas las que hay en Cataluña, 100.000 se encuentran en manos de entidades financieras, 80.000 son de nueva construcción y unas 45.261 viviendas que están vacías después de haber pasado por un procedimiento de ejecución hipotecaria, junto con todos aquellos pisos vacíos de propiedad privada que están sin ocupar por otras causas. Una de las consecuencias más graves de la larga crisis económica, directamente relacionada con el problema del paro y las familias más necesitadas, es la dificultad de los ciudadanos para encontrar una vivienda o mantener la que adquirieron en propiedad durante la época de la burbuja inmobiliaria.

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Esta realidad social ha sido denunciada reiteradamente en los últimos años por entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras muchas organizaciones, así como sociólogos, economistas e incluso algunos partidos políticos. La problemática se repite en prácticamente todos los municipios españoles y catalanes: muchas familias se han visto obligadas a dejar de pagar las cuotas hipotecarias, han sido desahuciadas o están en vías de serlo y su vivienda ha pasado a manos de los bancos o de la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como el “banco malo”). La principal reivindicación de organizaciones como la PAH es que estos pisos que han quedado vacíos después de una ejecución hipotecaria sean destinados al alquiler social, a un precio asumible para aquellos que tienen dificultades para acceder a un vivienda.

Con el objetivo de medir el alcance de la situación e identificar los núcleos de población que concentran los problemas más graves de acceso a la vivienda, Cataluña aprobó en abril del año pasado el decreto ley 1/2015 de “medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria. Este decreto obliga a los bancos a proporcionar a l’Agència Catalana de l’Habitatge datos sobre el número de viviendas vacías que tienen. Medida inicialmente suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), que tras cinco meses de suspensión cautelar, ha decidido recientemente levantar el veto al impuesto catalán sobre los pisos vacíos. El tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión pero de momento permitirá cobrar la tasa pues considera que las consecuencias de hacerlo son reversibles y prevalece el interés de la Hacienda catalana. La Generalitat prevé recaudar 14,3 millones de euros. En este sentido, cabe destacar que algunos de los ayuntamientos de las ciudades más pobladas de Cataluña, como el de Barcelona o el de Badalona, acaban de anunciar que impondrán una tasa a los propietarios de los pisos que permanezcan vacíos durante dos años.

La mayoría de las nuevas leyes aprobadas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria se ha centrado en los grandes tenedores de vivienda vacía, es decir, entidades financieras, empresas y fondos de inversión. Medidas como la cesión obligatoria de estos pisos a la Administración que contempla el artículo 7 de la ley 24/2015, el impuesto sobre viviendas vacías, con el que la Generalitat recaudó el año pasado 11.3 millones de euros, y las multas que algunos consistorios han impuesto a las entidades financieras propietarias de inmuebles vacíos han conseguido movilizar una parte del stock de vivienda vacía.

Pero de momento no hay modo de contabilizar estas viviendas, así que la única manera de realizar una prospección del problema de la vivienda en Cataluña es analizar los datos oficiales procedentes de los bancos, y que por sí mismos ofrecen una perspectiva bastante fidedigna de la situación. No obstante, La Vanguardia ha consultado el "Registro de Pisos Vacíos" de la Generalitat, y ha cruzado los datos con otras cifras oficiales sobre vivienda y población que proporciona el INE (Instituto Nacional de Estadística), como el censo de viviendas, ejecuciones y desahucios, así como el número de residentes de cada municipio de Cataluña, lo que os permite obtener una visión más detallada del problema de la vivienda en Cataluña.

Barcelona y su área metropolitana

En números absolutos, Barcelona y su área metropolitana es donde hay más pisos vacíos por ejecución hipotecaria, pero eso no significa que los problemas más graves se concentren en esta zona del territorio catalán. Al haber mucha más población y un mayor parque de viviendas, es lógico que el número de pisos vacíos sea mayor en ciudades como Barcelona (2.445), Hospitalet del Llobregat (1.605) o Badalona (1.237).

En cualquier caso, estos grandes municipios del Barcelonès también presentan graves dificultades de acceso a la vivienda, porque a la problemática de los pisos vacíos por ejecución hipotecaria se suma la imparable especulación inmobiliaria, que en los últimos meses está expulsando a algunos residentes de la capital por la subida disparatada de los alquileres. En el último año, comprar piso en Barcelona ha subido el 9% y alquilarlo un 18%.

En términos relativos, sin embargo, Barcelona no está entre los municipios de Cataluña que más sufren el inconveniente de los pisos vacíos propiedad de los bancos. De hecho, entre las 64 ciudades de Cataluña de más de 20.000 habitantes, Barcelona se encuentra entre las que presentan un mejor balance de pisos vacíos por ejecución hipotecaria en relación al total de residentes y el total de viviendas disponibles: según el último censo del INE sólo hay 1,52 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes y 3 viviendas vacías de cada 1.000 disponibles.

Salt y Amposta, los casos más graves

Destaca sobremanera el caso de Salt, un municipio de la comarca del Gironés que presenta unas características excepcionales tanto a nivel demográfico como social: es uno de los términos municipales más pequeños de las comarcas de Girona, con sólo 6,5 kilómetros de extensión; más del 40% de sus casi 30.000 habitantes son inmigrantes; y registra el porcentaje de paro más alto de la provincia (y el cuarto más alto de Cataluña en poblaciones de hasta 40.000 habitantes), con el 18,6%. Nada que ver con la ciudad de Girona, la capital de la provincia, una de las ciudades con mayor renta media neta por hogar de España, de la que apenas le separan 3 kilómetros.

En Salt hay 783 pisos vacíos por ejecución hipotecaria, lo que en términos relativos significa que 70 de cada 1.000 viviendas disponibles en el municipio pertenecen a un banco y están inhabitadas. Esta situación ha provocado estallidos sociales con consecuencias políticas este mismo año. En abril se desalojó a 13 familias que ocuparon durante meses un edificio deshabitado propiedad de Sareb, una situación que empujó al gobierno municipal a invertir 2,5 millones de euros para comprar 100 pisos vacíos en Salt para destinarlos a alquiler social.

Un caso similar es el de Amposta, en la provincia de Tarragona, donde hay 480 viviendas vacías según el registro de la Generalitat. En un municipio con poco más de 20.000 residentes y algo menos de 11.000 viviendas disponibles, esto representa que hay 23 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes y 44 pisos vacíos de cada 1.000 disponibles. Amposta, como Salt, es otro de los cinco municipios de Cataluña con mayor tasa de paro (el 17,5%).

El Baix Penedès, castigado por el paro

Otros dos municipios, también en la provincia de Tarragona cuentan con una elevada tasa relativa de viviendas vacías propiedad de los bancos son Calafell y El Vendrell, ambos en el Baix Penedés, una comarca cuyo PIB por habitante está muy por debajo de la media catalana, y de las 10 comarcas de la demarcación de Tarragona, es la última.

El Vendrell, la capital, presenta unas características similares a Salt y Amposta, en especial por su altísima tasa de paro (casi un 20%, la más alta de Cataluña junto con Badia del Vallès, en el Vallés Occidental de Barcelona) y un rápido crecimiento demográfico a causa de la inmigración. En este municipio, la situación de emergencia social también ha tenido alguna consecuencia trágica este mismo año, como el caso de la familia que falleció en un incendio de la vivienda donde residían ilegalmente después de ser desahuciados. Este suceso ocurrió mientras el ayuntamiento de esta localidad tarraconense negociaba con los bancos la cesión de los más de 500 pisos vacíos que poseen en El Vendrell. A menos de 6 kilómetros, en Calafell, hay alrededor de otros 400 pisos vacíos por ejecución hipotecaria, aunque en este caso cabe presuponer que una parte de éstos puedan ser segundas residencias, al ser esta localidad un lugar habitual de veraneo.

Tortosa, Manresa, Lleida, Terrassa y Tarragona

Algunas capitales de provincia y grandes núcleos de población en Cataluña también presentan problemas relativamente serios. En Tortosa (capital de la comarca del Baix Ebre) hay 459 viviendas vacías (27 de cada 1.000); en Manresa, 850 (más de 20 de cada 1.000); en Lleida, casi 1.400 (10 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes); en Terrassa, 1.950 (9 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes; casi 20 de cada 1.000 pisos están vacíos); y en Tarragona, 1.200 (prácticamente 9 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes). En el cinturón metropolitano de Barcelona, la ciudad en peor situación es Santa Coloma de Gramenet, con 876 pisos vacíos (casi 18 de cada 1.000).

En el otro extremo de la tabla, es decir, entre los 64 grandes municipios de Cataluña con menos pisos vacíos a consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se sitúan varias poblaciones del Maresme (Vilassar de Mar y El Masnou) y del Baix Llobregat (El Prat del Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu del Llobregat), además de Sant Cugat del Vallès, la ciudad catalana con la renta media más alta, y Sitges (Garraf), lugar habitual de segundas residencias de gente adinerada.

Entre los municipios catalanes de tamaño mediano (entre 5.000 y 20.000 habitantes), también hay algunos que presentan elevadas tasas de pisos vacíos, especialmente, en la provincia de Lleida. Es el caso de Alcarràs, localidad ubicada a apenas 11 kilómetros de Lleida, donde 75 de cada 1.000 viviendas son propiedad de los bancos y están vacías. A un radio de 30 kilómetros de la capital leridana, se registran situaciones similares en municipios de como Balaguer o Mollerusa, () aunque en términos relativos es aún más grave la situación de pueblos más pequeños como Roselló o Alcoletge (donde hay, respectivamente, 78 y 74 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes). Otras zonas también se concentran problemas importantes de acceso a la vivienda en Tarragona (en sitios como Constantí o Mont-roig del Camp), y muy especialmente en Montsià y Bajo Ebro (sobre todo en Sant Carles de la Ràpita, Deltebre y Ulldecona).

En el ranking global de los 743 municipios catalanes que se incluyen en este informe, la peor situación relativa en relación al número de pisos vacíos sobre el total de la población corresponde a poblaciones muy poco habitadas. Es el caso de Capafonts (Priorat), donde 17 de las 162 viviendas del pueblo son propiedad de bancos y están vacías; la Vall de Cardós (Pallars Sobirà), donde ocurre lo mismo con 29 de las 550 casas; y en Girona, Espinelves (Osona), donde sólo hay 119 viviendas y 14 de ellas fueron desalojadas por impago de la hipoteca.

Fuente: lavanguardia.com

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Lo que ocurrió entre 2012 y 2013 con la venta de casi 3.000 viviendas de protección social a un fondo buitre no es más que la punta del iceberg de una práctica que sigue vigente en Madrid: la venta de promociones enteras eliminando el derecho de tanteo de los inquilinos, y en base al informe de una consultora que, como respuesta a los problemas económicos de la Empresa Municipal de la Vivienda Social, solo dio una solución: vender los pisos. No ha sido el único caso, este verano también se han visto sorprendidos los vecinos de una promoción de pisos protegidos en alquiler con opción a compra en Torrejón de Ardoz. De las 31.100 viviendas protegidas edificadas en los últimos 12 años, 30.000 están en manos privadas y pueden ser vendidas libremente. La Comunidad solo mantiene la titularidad de 1.100 pisos.

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Así, a los vecinos de una promoción de viviendas protegidas construidas en régimen de alquiler con opción a compra en Torrejón de Ardoz, encontraron en julio en su buzón una nota que les informaba de que sus pisos han sido adquiridos por Fidere, un fondo buitre. El cambio de titularidad de las viviendas de Torrejón, que ha pillado a la mayoría de los vecinos de vacaciones, se produce pese a que el Gobierno regional se comprometió a no vender pisos protegidos a ese tipo de sociedades. “La Comunidad no va a vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro”, dijo la presidenta, Cristina Cifuentes, en su discurso de investidura, en junio de 2015. En diciembre de ese año, PSOE y Podemos sacaron adelante una enmienda parcial para que las viviendas de protección pública solo pudieran venderse a sus inquilinos o a entidades con fines sociales. La normativa no se ha desarrollado todavía.

Según José María García Gómez, director general de Vivienda en Madrid, "Se trata de una venta entre particulares, por lo que el compromiso de la presidenta (Cristina Cifuentes) se ha cumplido, no se ha producido una venta de viviendas de la Comunidad a terceros".  Sin embargo, hay que tener en cuenta que más del 90% de las viviendas protegidas promovidas por la Comunidad de Madrid de 2005 a 2016 fueron construidas por promotores privados: el Gobierno regional impulsó la construcción de 31.100 casas, de las cuales 28.225 fueron edificadas por empresas privadas y solo 2.875 por la Agencia de Vivienda Social. Así, existen 30.000 viviendas edificadas entre 2005 a 2016, que pueden acabar en manos de fondos buitre. Es lo que les ha ocurrido a los vecinos de la parcela M-8 del Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz. El inmueble, promovido por la Comunidad, fue edificado por la constructora Sando, y en 2009 pasó a la inmobiliaria Hercesa. Hasta el 20 de julio, tres meses antes de que pudieran ejercer su opción de compra. “Hercecam (filial de Hercesa) ha transmitido la propiedad de su finca a la sociedad Yuncai Investment, que desde este momento es su nuevo arrendador”, decía la nota en el buzón. Yuncai Investment es filial de Fidere, filial a su vez de Blackstone.

En la ciudad de Madrid, este problema puede estallarle a la actual alcaldesa antes de que finalice su mandato. El Gobierno municipal puede encontrarse en meses con centenares de desahucios de inquilinos que vivían en régimen de alquiler en los pisos cuando eran públicos y no pueden hacer frente a los precios (con subidas de hasta el 43% en tres años) impuestas para renovar los alquileres. De aquí hasta 2019 sólo en los barrios de Carabanchel, Vallecas y Villaverde vencerán 1.553 contratos.

La portavoz de la plataforma de afectados, la última desahuciada

Esta batalla legal ha dejado en la calle a Arancha Mejías, la portavoz de la plataforma de afectados por la venta de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), quien ha recibido un burofax de Fidere, el fondo que compró su vivienda al Ayuntamiento, donde le comunican que no le renovarán el alquiler y que tiene treinta días para abandonar el inmueble. Mejías ha considerado que la compañía comete un "acto de venganza" al no renovarle el contrato por ser la “cara visible de luchar por todo el patrimonio que ha vendido el Ayuntamiento”. Mejías ha recalcado que los hechos demuestran que es incierto que los fondos no desahucien y que ella no entra en las tres condiciones que estos esgrimen para expulsar a alguien: no estar al corriente de pago, tener problemas de convivencia vecinal o ser delincuente.

La portavoz contra la venta de viviendas públicas compareció el pasado 1 de julio en la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que investiga la venta de estos inmuebles de la EMVS a los llamados fondos buitres durante la gestión de Ana Botella (PP). La joven, de 27 años, ha denunciado que Fidere, que adquirió su vivienda del PAU de Carabanchel hace tres años, la discrimina al no darle opción de quedarse en el piso aunque fuese con “condiciones leoninas” como sí ha hecho con otros vecinos.

El Ayuntamiento pide anular la venta de los pisos de la EMVS

El Ayuntamiento de Madrid pedirá declarar la "nulidad radical" de la venta, entre 2012 y 2013, de 18 promociones de vivienda de la EMVS al fondo de inversión Fidere. La delegada del gobierno Marta Higueras sostuvo que "está en las manos" de la Comunidad avanzar para anular ese contrato, mientras que Cristina Cifuentes aseguró que el Consistorio tiene "perfecta competencia para desarrollar las peticiones que considere necesario".

En abril, la Cámara de Cuentas cuestionó en un informe provisional la legitimidad de la venta al grupo Fidere, filial del fondo Blackstone, por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de 1.860 casas correspondientes a 18 promociones de viviendas protegidas. El informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la venta de estos pisos se llevó a cabo "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación". De Hecho, según Marta Higueras, las viviendas se habrían vendido por la mitad de su precio.

Por ello, el equipo de gobierno municipal pretende obtener la "nulidad radical" de ese contrato, recuperando así las viviendas adquiridas por Fidere. Éste es un procedimiento que sólo afecta a la preparación y adjudicación de un contrato, y que según sostuvo la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y también presidenta de la EMVS, depende de la opinión favorable de la Comunidad para seguir adelante.

Si el Ayuntamiento de Madrid no logra la nulidad del proceso, tendría igualmente que pagar 30 millones de euros por los costes judiciales, admitió Higueras. Como último recurso, el Gobierno de Manuela Carmena no descarta acudir a la regulación estadounidense contra los sobornos, ya que Higueras recordó que los fondos que adquirieron las viviendas a través de Fidere (Magic Real State y Blackstone) son americanos. "Tendríamos que acreditar la connivencia de los compradores", un proceso que se podría prolongarse "entre ocho y diez años".

Si la asociación de afectados por la venta de viviendas de la EMVS solicita la reapertura de la querella, el actual Gobierno municipal se unirá a la misma y se personará en el procedimiento para exigir la responsabilidad contable de todas las personas que permitieron esta operación, más allá del consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé. Además, se sumará a la solicitud de reapertura de la querella presentada por los afectados.

Fuente: elpais.com Foto: Laura Martín

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Esta semana, ya que los más pequeños de casa comienzan a disfrutar de sus vacaciones, viajamos a una de las zonas más modestas del casco antiguo de Jaén, para sorprendernos y contagiarnos de vitalidad a través de 12 viviendas alrededor de un gran patio con una genial piscina en un contexto fresco, urbano y lleno de color en el barrio de San Juan. La particularidad del edificio, desarrollado sobre un singular solar de más de 600 m2, viene dada su complejidad espacial por la normativa permitida, para lograr que cada una de las pisos tenga una habitación principal mirando al patio, además de desafiar la monotonía constructiva consiguiendo una fachada de diversos y vivos colores. Se convierte así en un edificio unificado pero no individualizado, donde el sentimiento de comunidad se superpone al de viviendas individuales.

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Se quiso trasgredir el concepto de que un barrio humilde no merece una arquitectura de poca calidad y en ese sentido se quiso superar el miedo a vivir con las gentes un poco más marginales de la sociedad, empezando esa convivencia desde el patio de vecinos hasta la piscina. Consiguiéndolo así desde el punto de vista tanto cromático como dotando al edificio de una gran intensidad espacial con dobles alturas y plantas semienterradas doblemente iluminadas y ventiladas. El trabajo del arquitecto consiste en proponer escenarios de encuentro para las personas que conforman comunidades ampliando así el círculo social más allá del familiar, y sin duda el barrio de San Juan es una propuesta más que acertada en este sentido.

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La ciudad de Jaén, situada al noreste de Andalucía, es la tierra por excelencia del aceite de oliva y los olivares ocupan hasta dos tercios de los cultivos de la provincia. La ciudad se encuentra ubicada en las laderas del cerro de Santa Catalina, en cuya cima se encuentra el castillo del mismo nombre. En pleno corazón del casco antiguo de Jaén, formando parte de la historia primigenia de esta ciudad, está el barrio de San Juan, que limita al Sur con los callejones de las Faldas del Castillo, al Norte con la plaza de San Agustín, al Este con los Baños Árabes y al Oeste con la Merced. Es una zona tranquila y agradable para vivir que se convierte en el aspecto de estar en un pueblo dentro de esta gran ciudad.

Jaén es la capital de la provincia con mayor número de espacios protegidos y de castillos y fortalezas de España, que surgen en un paraje rodeado de olivares. Su origen como centro de caravanas árabes, su importancia como plaza fuerte en la frontera castellano-musulmana durante la Reconquista y su actual dedicación a la producción de aceite de oliva, de ahí su apelativo de "Capital Mundial del Aceite de Oliva", la convierten en un lugar lleno de espacios de interés que nos sorprenderán. La ciudad tiene una gran importancia turística en la región debido al patrimonio histórico y monumental, sus diversos espacios escénicos, culturales y sus principales fiestas.

Además, en las proximidades de la capital destacan diferentes lugares de interés turístico, como son las ciudades patrimonio de la humanidad, Úbeda y Baeza componen un conjunto monumental renacentista declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, existen varios castillos en la provincia que se pueden visitar a través de la Ruta de los Castillos y las Batallas. Destacan por su importancia cultural y económica en la provincia localidades como Además de localidades como Andújar, Martos, Alcalá la Real o Linares. En cuanto a la naturaleza, destacan sus cuatro parques naturales como Sierra Morena o la Sierra de Cazorla, repletos de vegetación mediterránea y de una rica y variada fauna.

Proyecto: Brijuni arquitectos Fotos: Jesús Granada

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El Fondo Social de Viviendas (FSV) creado en enero de 2013 como parte del paquete de medidas urgentes aprobado por el Gobierno para ayudar a familias desahuciadas por impago de hipoteca. Se ofrece así, a través de este fondo inmuebles en alquiler a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Desde entonces hasta ahora han sido unas 4.000 familias las que se han beneficiado del programa, que ha cobrado protagonismo estos días por el acuerdo PSOE-Ciudadanos donde también se apuesta por el alquiler social como una de las medidas estrella en materia de vivienda, aunque no se aclara si se mantendrá el FSV como hasta ahora, o cuando se concrete un nuevo Gobierno mutará con nuevo nombre y funciones similares. Así, 10 entidades financieras reactivan ahora el Fondo Social de Viviendas a través de pisos de alquiler social en una nueva web, con el objetivo de que los colectivos más desfavorecidos puedan optar a los más de sus 2.000 inmuebles disponibles.

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En esta nueva reactivación del Fondo Social de Viviendas participan Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell o Bankinter entre otras entidades financieras, creando un fondo pisos de bancos dirigidos tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes, puesto que se trata de un buscador y un canal de tramitación. La iniciativa se suma a otras muchas que a nivel individual o colectivo han desplegado las entidades financieras en materia de vivienda social a lo largo de estos últimos años, entre ellas, la paralización de los desahucios de las familias en riesgo de exclusión social. Hace tres años y medio, el Gobierno puso en marcha un Código de Buenas Prácticas al que se acogieron la mayoría de entidades financieras y que ha permitido atender a 23.640 familias en riesgo de exclusión social, ha reestructurado la hipoteca de 18.620 familiar y permitido la dación en pago en 5.014 ocasiones.

A día de hoy, el Fondo Social de Vivienda (FSV) cuenta todavía con una oferta de más de 2.000 viviendas repartidas por toda la geografía española, respecto a las 5.892 puestas a disposición en un primer momento, y a las que se sumaron otras 3.974, hasta alcanzar un total de 9.866 inmuebles. Aproximadamente quedan vacías un 20% del total. La oferta publicada en la web será accesible para las familias que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007. Según ha informado la Asociación Hipotecaria Española (AHE) en un comunicado, esta iniciativa supone un "nuevo paso" para facilitar y simplificar el acceso a la vivienda de los ciudadanos con problemas habitacionales. La web va dirigida tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes.

El Fondo Social de Viviendas está pensado para proporcionar un hogar a todas aquellas personas que hayan sido desalojados de su vivienda habitual a partir del 31 de diciembre de 2007 y estén en situación de especial vulnerabilidad social.

Sareb no participará en el Fondo Social de Vivienda

También por parte del Defensor del Pueblo, el pasado ejercicio continuo las actuaciones para que el Fondo Social de Viviendas (FSV) se integre en la Sociedad de Activos de reestructuración del Sector Bancario (Sareb), pero finalmente, el Ministerio de Economía entiende el "banco malo" como un instrumento financiero, y no como una entidad vinculada a la política de vivienda y menos aún con carácter social. Por ello Sareb, no participará en el Fondo Social de Vivienda. Según Soledad Becerril, Defensor del Pueblo: "La sugerencia de su inclusión en el Fondo se hizo por la importancia de la Sareb en el mercado inmobiliario, en tanto que es propietaria de miles de viviendas en toda España, al mismo nivel que las entidades bancarias firmantes del convenio".

A pesar de la negativa a formar parte del Fondo Social de Vivienda, a lo largo del pasado año Sareb cedió a Cataluña, Aragón, Galicia y País Vasco poco más de 1.000 pisos. Desde entonces se han acelerado las negociaciones con otras comunidades, como Baleares, CanariasCastilla y León, Castilla - La Mancha, Madrid, Cantabria y Comunidad Valenciana.

Pero en especial, Sareb busca acuerdos de vivienda social con ayuntamientos de más de 250.000 habitantes. Así, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen ya ha mantenido reuniones con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (reciente convenio para la cesión de 300 viviendas sociales en usufructo), y con la de Barcelona, Ada Colau. Además, miembros de la sociedad han participado en encuentros con el Ayuntamiento de Valladolid. Atendiendo a la Ley de Grandes Ciudades, entre los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes con los que se está negociando se encuentran Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Vigo, Gijón, y Hospitalet de Llobregat.

No obstante, la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, recogió el criterio de Soledad Becerril (Defensor del Pueblo) al establecer un procedimiento de insolvencia independiente para particulares y consumidores de buena fe sobreendeudados. La nueva legislación introduce, por primera vez, el concepto jurídico de deudor de buena fe, figura que recogen ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, por la que los deudores afectados por circunstancias imprevisibles y fuera de su control, pueden acceder a una solución razonable, siempre que se cumplan determinados requisitos. Del mismo modo, los Defensores del Pueblo también pidieron el pasado año al Gobierno que se suprima el actual sistema de adjudicación de vivienda pública por sorteo y establezca baremos. Igualmente, abogan por fortalecer "la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación" y potenciar el alquiler de vivienda pública. Asimismo, defienden la necesidad de ampliar el parque de vivienda en régimen de alquiler y elaborar un "correcto inventario", así como "regular el concepto de vivienda vacía".

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los pisos en alquiler del FSV?

Con todo, el gran problema de esta iniciativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que los requisitos para acceder a una vivienda de este fondo son tan exigentes que durante sus primeros años de vida apenas ha sido aprovechado. Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno decidió flexibilizar las condiciones de acceso para permitir que un mayor número de afectados pueda beneficiarse del parque de viviendas vacías. De esta forma, se incluyó como nuevos colectivos beneficiarios a los mayores de 60 años, matrimonios y parejas de hecho sin hijos y otros deudores no hipotecarios. De este modo, pueden acceder a las viviendas las personas físicas que cumplan las condiciones siguientes:

a) Que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 a favor de alguna de las entidades de crédito firmantes del Convenio por alguna de las siguientes causas:

  1. Desalojo consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario o, conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda, de un préstamo no hipotecario.
  2. Procedimiento de ejecución hipotecaria que hubiese culminado con la adjudicación de la vivienda, pero que no haya dado lugar al desalojo efectivo de la misma.
  3. Dación en pago de un préstamo hipotecario.

b) Que, en el momento de presentación de la solicitud, se encuentre en las circunstancias siguientes:

  1. Que el conjunto de los ingresos del solicitante y, en su caso, de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM anual (14 pagas) de 2015: 7.455,14 euros/año).
  2. Que ni el solicitante ni, en su caso, ninguno de los miembros de su unidad familiar disponga de vivienda en propiedad o de un derecho de usufructo sobre una vivienda.

c) Que se encuentre en alguno de los supuestos de especial vulnerabilidad. A tal fin se entenderán como tales cualquiera de los siguientes:

  1. Unidad familiar con hijos menores de edad.
  2. Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
  3. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
  4. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
  5. Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca cuyo impago produjo la pérdida de la vivienda o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y en la cual alguno de sus miembros se encuentre en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  6. Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
  7. Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía.
  8. Personas mayores de sesenta años.
  9. Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos.
  10. Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores que sean detectadas por parte de las entidades de crédito, los servicios sociales municipales o las organizaciones no gubernamentales encuadradas en la Plataforma del Tercer Sector y debidamente justificadas ante las entidades de crédito, para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

Las solicitudes se priorizarán objetivamente teniendo en cuenta los supuestos que agravan la vulnerabilidad. Se consideran criterios de priorización los siguientes:

  • Concurrencia de supuestos del Convenio. Cuántos más supuestos concurran, mayor prioridad.
  • Número de miembros de la unidad familiar. A mayor número de miembros, mayor prioridad.
  • Ingresos netos de la unidad familiar. A menores ingresos, mayor prioridad.

Otros criterios como el grado de discapacidad, dependencia u otras condiciones que se detallen en los informes presentados por los servicios sociales se considerarán adicionalmente en el proceso de priorización de solicitudes.

¿Cómo se puede realizar una solicitud?

Para facilitar el proceso de solicitud, las entidades bancarias que conforman el FSV han puesto en marcha www.fondosocialdeviviendas.es A través de esta página, los solicitantes pueden consultar todos los alquileres disponibles y seleccionar la que más se ajuste a sus necesidades. Además de a particulares, este proceso está abierto (previa identificación) a entidades sociales u organismos públicos que colaboren en la gestión y tramitación de estos alquileres. En función de la entidad propietaria de la vivienda, el usuario podrá completar el proceso en este mismo website en el apartado Solicitud de vivienda, o bien será redirigido al del banco o caja propietarios de la casa solicitada.

Una vez abierto el plazo para la solicitud de viviendas, las personas interesadas podrán darse de alta en fondosocialdeviviendas.es y cumplimentar tanto sus datos personales y de contacto, como la documentación obligatoria en función de su situación personal. Aunque los expedientes solo serán tramitadas si se han rellenado el 80% de los campos correctamente, a través del Área Privada, los usuarios podrán actualizar sus datos o subir nuevos informes en cualquier momento.

La VPO, más cara que en el "boom inmobiliario" en 4 comunidades

Por increíble que pueda parecer, en 4 comunidades autónomas los precios de la vivienda protegida (VPO) ya superan a los registrados en el año 2007, en pleno auge de la compraventa de viviendas. La primera de ellas, el País Vasco, el precio por m2 de la vivienda de protección ha aumentado en más de 600 euros, pasando de los 1.137 euros el m2 en 2007 a 1.774 en el tercer trimestre de 2015, aunque llegó a situarse en 2.280 el m2 en mayo del pasado año. La siguiente comunidad es Madrid, cuyo precio aumentó un 8,1%, por encima del 5,5% de Galicia y el aumento del 0,39% que se ha producido en Extremadura. El dato en el que se basa este estudio, el precio del m2 de las VPO, tiene el matiz de que puede deberse a que los inmuebles vendidos en la actualidad sean más pequeños. Esto afecta, irremediablemente, a que el precio por m2 aumente.

Además, en 5 comunidades autónomas los precios de las viviendas de protección oficial son más altos que los de la vivienda libre. Estas son Cantabria, Navarra, Murcia, Castilla y León y Extremadura. En el caso de las dos primeras, la diferencia de precio por m2 entre VPO y vivienda libre llegó a ser de más de 200 euros. Baleares y Madrid son las comunidades en las que mayor diferencia existe entre precios de vivienda libre y VPO a favor de las primeras. En Baleares la diferencia es de 973 euros/m2, mientras que en Madrid las viviendas libres son 528 euros/m2 de media más caras que las de VPO.

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Las exigencias de Podemos al PSOE para formar gobierno (algunas insalvables como la vicepresidencia, el referéndum en Cataluña o las importantes diferencias en las políticas económicas han causado que al final las negociaciones entre PSOE y Ciudadanos hayan tenido un desenlace más fácil para un primer acuerdo de legislatura en firme entre estas dos últimas formaciones políticas. Así, el "Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso" que han firmado en el Congreso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos Albert Rivera, también deja entrever medidas que afectan al mercado de la vivienda en España.

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Se reflejan así medidas contra el sobre-endeudamiento y los desahucios, medidas para fortalecer los derechos de los consumidores, la protección a los deudores hipotecarios, la apuesta por la rehabilitación y las ciudades inteligentes, además de impulsar un potente parque social de pisos en alquiler. A grandes rasgos, estos son los nueve puntos de mayor relevancia en materia de vivienda que plantean ambas formaciones:

  1. Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.
  2. Reformar la Ley Hipotecaria para la eliminación de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.
  3. La puesta en marcha urgente de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la SAREB y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.
  4. Apoyar e impulsar un sistema real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores, con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios por las entidades financieras, o la revisión del régimen jurídico de las cláusulas y préstamos abusivos y eliminación de las cláusulas suelo.
  5. La formación de jueces y magistrados en derecho de consumo.
  6. Potenciar la rehabilitación con la puesta en marcha de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector.
  7. En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.
  8. Desarrollar plenamente el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes.
  9. Recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.

En general, el programa de Gobierno pactado entre el PSOE y Ciudadanos tiene en la economía su eje fundamental. Y en síntesis, supone una propuesta de claro tinte socialdemócrata que liquida la política de recortes practicada en los últimos años ensanchando el Estado de bienestar. Impulsando, al mismo tiempo, una mayor estabilidad en el empleo y el reequilibrio de las relaciones de poder en el seno de las empresas. Además de la regulación de una renta mínima vital para todas aquellas personas sin recursos.

Destacan la cotización reducida (45 euros) para los autónomos y reforma de la Ley de Segunda Oportunidad, las medidas contra el cambio climático: moratoria para el fracking y cierre de las nucleares, la negociación con Europa de los objetivos de déficit y limitación de pagos en efectivo, en materia de empleo: el contrato indefinido, estable y progresivo, el pacto por la ciencia: 10.000 investigadores en cuatro años, reducción del IVA cultural al 10%, el plan de emergencia social y subida del salario mínimo interprofesional, las medidas por la igualdad: permisos de maternidad y paternidad más largos y racionalización de horarios, la reforma de los partidos políticos y del sistema electoral junto a la lucha contra la corrupción y las puertas giratorias, la reforma de la Justicia con la derogación de la prisión permanente revisable, y la reforma urgente de la Constitución que contempla asimismo la supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Fuentes: elconfidencial.com y “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso

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El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya tiene fecha para su debate de investidura. Su intento de ser presidente tendrá lugar el próximo 2 de marzo. Así lo ha acordado con el presidente del Congreso, Patxi López. Si en las dos semanas y media que restan hasta la fecha, el líder socialista consigue apoyos suficientes y se cumplen todos los plazos, el día 3 miércoles pronunciará su discurso y se convertiría en presidente del Gobierno el sábado 5 de marzo en segunda votación. De este modo, el líder socialista puede disponer de las 4 semanas que pidió para poder negociar los pactos necesarios para su investidura. Unos pactos que se complican por momentos. Sus alternativas pasan por seguir las directrices que le marcan sus barones y apostarlo todo a un pacto con Ciudadanos logrando la bendición de PP o de Podemos. O alcanzar un acuerdo con Podemos con el beneplácito de Ciudadanos, aunque muchos analistas ya hablan de unas nuevas elecciones.

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El siguiente movimiento lo ha realizado Podemos, el partido de Pablo Iglesias (junto con En Comú Podem y En Marea), que ha lanzado oficialmente una propuesta de pacto para formar una coalición "de carácter progresista" al PSOE, Izquierda Unida y Compromís. El documento de 98 páginas, se trata de un intento de acercamiento a la vez que supone todo un reto político para un PSOE que camina hacia la desesperación. Podemos expone en el documento las medidas políticas que piensan se deberían poner en marcha de forma urgente, que supondrán las "Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías". En el documento plantea aspectos importantes como el referéndum en Cataluña, los 15 ministerios, la Vicepresidencia, política económica y fiscal, empleo, pensiones o educación, pero nosotros nos pararemos en las 7 medidas en materia de vivienda que Podemos exige al PSOE para formar Gobierno. La principal, será que el "Gobierno del Cambio" asumirá como una de sus prioridades la garantía efectiva del derecho a una vivienda digna, y con este fin:

  1. Promoverá con carácter de urgencia una ley orgánica de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago del alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
  2. Establecerá el derecho a la dación en pago. Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado. El derecho a la dación en pago tendrá carácter retroactivo.
  3. Garantizará el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada. Se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad. Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10 % de los ingresos mensuales del hogar. Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores ni exigírsela al Estado.
  4. Asegurará el alquiler estable y asequible. A través de una reforma de la Ley 29/ 1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, se facilitará un alquiler estable y asequible. Se regulará el alquiler para proteger a la parte en general más débil en los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Se introducirán mecanismos para asegurar la estabilidad, de modo que se alargue el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de la vivienda habitual hasta los cinco años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (es decir, propietario de al menos diez viviendas), se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler. Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
  5. Modificará el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario.
  6. Regulará un procedimiento simplificado para que, en el caso de los hogares que cumplan ciertos criterios sociales (por ejemplo, todos sus miembros en paro sin ingresos alternativos, o ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), se pueda reestructurar la deuda hipotecaria, de forma que el valor facial se acerque al valor de mercado. Esto se articulará con un régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas que realmente las libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.
  7. El Gobierno aprobará un Plan Nacional de Transición Energética hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de fuentes de energía renovables. Sus dos ejes fundamentales serán un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (cuya columna vertebral será la rehabilitación energética de edificios, principalmente de viviendas) y un Plan Nacional de Energías Renovables que incorporará todos los eslabones de la cadena: I+D, fabricación, instalación y generación.

Fuente: Podemos "Bases políticas para un gobierno estable y con garantías"

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A poco más de seis días de las elecciones generales, el remolino electoral también llega a la vivienda, donde los cuatro principales partidos políticos en riña (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) centran sus propuestas en la rehabilitación, el alquiler y, como no puede de otro modo, el drama de los desahucios (descendieron un 1,5% interanual en el tercer trimestre, hasta los 13.135 desahucios) ha convertido a la vivienda en un tema central en los programas de todos los partidos políticos de cara a las votaciones del domingo para decidir quién gobierna España los próximos 4 años. Entre los compromisos, destacan las iniciativas sociales relacionadas con la vivienda, pero quedando a la sombra medidas inmobiliarias jurídicas, fiscales o de regulación del sector propiamente dichas.

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Partido Popular (PP)

Infraestructuras, transporte y vivienda al servicio del ciudadano. Bajo este epígrafe desarrolla el PP las principales propuestas en vivienda en su programa electoral. Continuidad en materias que, según los populares, "tienen un papel estratégico como motor de la dinamización económica y de la creación de empleo".

Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Diseñarán un nuevo Plan de Vivienda 2017-2020 en el que impulsará políticas de alquiler para las familias más desfavorecidas, fomentando el acceso a la vivienda y las ayudas a la rehabilitación y regeneración y renovación urbanas (nuevo Plan Nacional de Rehabilitación en el que priorizará la eficiencia energética). En eficiencia Energética invertirá más de 1.800 millones de euros en cuatro años para cumplir con los objetivos de ahorro energético en 2020, con la rehabilitación de viviendas como pilar fundamental. Ampliará las subvenciones para disminuir el gasto energético de las familias.

Desahucios y cláusulas abusivas hipotecarias. Presentará reformas procesales en materia de desahucios para lograr una mayor seguridad jurídica y claridad normativa. En este sentido, también creará un título sobre los juicios de desahucios arrendaticios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para acabar con la dispersión normativa. Por otro lado, el PP incrementará el control sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas para la compra de una vivienda, asegurando que los clientes conozcan con precisión las obligaciones que asumen y que sus derechos queden protegidos.

Otras propuestas. Impulsará reformas normativas precisas sobre los daños materiales por vicios o defectos constructivos en las viviendas o de las instalaciones, de tal modo que se asegure el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de la Ley de Ordenación de la Edificación. En relación a las viviendas turísticas, arbitrará medidas para que el alquiler de corta duración se realice en condiciones de calidad, transparencia y fiscalidad adecuadas. Finalmente, el partido del actual gobierno promoverá el "cohousing" (vivienda colaborativa) entre personas mayores.

Partido Socialista (PSOE)

El PSOE incluye sus iniciativas en vivienda en el apartado El Estado Social, con el titular Vivienda y Desarrollo Urbano. "Políticas de urbanismo y vivienda en las que se tienen en cuenta las necesidades de personas". En este sentido redefinirá el derecho a la vivienda, en propiedad o en alquiler en la Constitución para garantizarlo de manera efectiva. Defiende que el esfuerzo económico no supere un tercio de los ingresos.

Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Procurará poner fin a los desahucios y, si no fuera posible, facilitará alojamiento vía alquileres sociales. También creará una oficina central antidesahucios. Promocionará el alquiler ampliando la duración de los contratos (como mínimo, a cuatro años a petición del inquilino), con ayudas, manteniendo la desgravación del 60% para el arrendador, recuperando la deducción para el inquilino, estableciendo garantías de cobro y protección, etc. Impondrá una tasa a las casas de desahucios vacías. Desarrollará un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas para rehabilitar 200.000 casas al año en 2025 que incluya estudios y soluciones de eficiencia. Creará líneas ICO de crédito.

Desahucios y cláusulas abusivas hipotecarias. Procurará poner fin a los desahucios y, si no fuera posible, facilitará alojamiento vía alquileres sociales. También creará una oficina central antidesahucios. Establecerá la eliminación automática por los bancos, y sin exigencia del titular de una hipoteca, de las cláusulas declaradas abusivas. Reformará la ley de segunda oportunidad para permitir paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa. Si es imposible, acordará la aplicación de la dación en pago.

Otras propuestas. Hará un nuevo modelo de vivienda protegida, preferentemente, en alquiler y creará un parque público a través de la Sareb. En relación a la Sareb impondrá condiciones estrictas a la venta de sus activos a fondos de inversión. Potenciará la participación ciudadana en los procedimientos de información pública del planeamiento urbano, y modificará la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar reformas dirigidas a asegurar la accesibilidad.

Ciudadanos (C's)

Ciudadanos desarrolla las medidas de vivienda en la parte del programa Infraestructuras, transporte, vivienda y urbanismo, dentro del apartado Arquitectura, vivienda y suelo. "Es necesario reorganizar y ajustar el sector, reconstruir la cadena de valor sin perder la función social, identificar las necesidades de la sociedad, la naturaleza y responsabilidad de los nuevos actores del sector".

Desahucios, cláusulas hipotecarias abusivas y derecho Social. Las personas en circunstancia de emergencia social podrán ser beneficiarias de la expropiación forzosa al banco del uso de la casa durante un plazo de hasta tres años. Establecerá que parte del valor de la casa habitual sea inembargable, de tal modo que, tras una ejecución, dicho valor se dará al deudor. Si hay ejecución, el deudor podrá solicitar otra tasación y, si quedara desierta la subasta, el acreedor se adjudicará esa casa por el 100%, extinguiéndose la deuda. Sancionará a la banca que incurra en el préstamo irresponsable.

Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Fomentará el alquiler y nuevas formas de uso de la vivienda social (cesión de uso, cooperativas, etc.), creando un parque de VPO en arrendamiento para, especialmente, los sectores más vulnerables de la población. Redefinirá el Estándar de Calidad de la Vivienda Social teniendo como base la eficiencia energética e innovación tipológica y constructiva. Establecerá un mecanismo legal que regule la VPO a precios sociales.

Otras propuestas. Menos burocracia y más seguridad. Reducirá los plazos en gestiones en el inicio de promociones y establecerá un control a constructoras para evitar el abandono de obras. Revisará la Ley de Suelo para definir unas líneas globales urbanas con parámetros ecológicos, sociales y económicos. Hará un Plan de Ciudades Humanas Inteligentes aplicando la tecnología en la gestión eficaz y eficiente. Impulsará una Ley de Arquitectura de divulgación, pedagogía y comunicación que acerque la actividad al ciudadano.ObservatorioCreará un Observatorio de mercado de estudios y medidas preventivas.

Podemos

El partido morado abandera un programa de 394 propuestas donde la vivienda aparece vista, fundamentalmente, desde una lente social. Reformará la Ley del Derecho a la Vivienda: afectará a la casa privada y establecerá medidas de fomento, intervención y control del mercado, como prohibir la privatización del parque público de vivienda o gravar a tenedores de casas vacías.

Desahucios y cláusulas hipotecarias abusivas. Promoverá una ley de protección del derecho a la inviolabilidad e inembargabilidad del domicilio y prohibición de desalojos sin alternativa habitacional. También despenalizará el uso de casas abandonadas. Cambiará el proceso de ejecución hipotecaria para garantizar la defensa al deudor y apuesta por la reestructuración de la deuda de familias que cumplan criterios sociales. Además, cancelará las deudas de procedimientos anteriores. Promoverá la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por los tribunales. Dación en pago Limitará la responsabilidad del hipotecado al bien, incluso retroactivamente.

Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Reformará la ley en el caso de los alquileres para proteger al inquilino, asegurando las rentas, alargando el plazo mínimo del contrato a cinco años. Impulsará un parque de vivienda social y regulará el alquiler social (no podrá superar el 30% de la renta familiar). Impulsará un Plan de Ahorro Energético con la columna vertebral de la rehabilitación de 200.000 viviendas al año.

Otras propuestas. Convertirá la Sareb en un instrumento de gestión de un parque público de casas. Garantizará transparencia de planeamientos y convenios urbanísticos. Creará el Observatorio del Derecho a la Vivienda (ODV) que investigará y analizará la situación de la vivienda. Ciudades sostenibles e inteligentes que transformen los ecosistemas urbanos en lugares más sostenibles, habitables aprovechando las nuevas tecnologías.

¿Cuánto pagaré de IRPF tras las elecciones generales?

Otra gran batalla entre los partidos políticos por llegar al Palacio de la Moncloa el próximo 20 de diciembre se libra también en el campo de la política fiscal y la pregunta recurrente es la que invariablemente caracteriza cada cita electoral (con independencia de que, una vez cerradas las urnas, el programa se cumpla o no) es: ¿aumenta o disminuye la presión fiscal? Los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno cuyos partidos tendrán, según las encuestas, la mayor representación en el Congreso, han dado pistas sobre lo que harían con el impuesto sobre la renta para las personas físicas.

PP: tipo máximo por debajo del 43%. El jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, apuntó que el tipo máximo de este impuesto debería estar por debajo del 43%. Recientemente Rajoy aseguró que la coyuntura económica que atravesaba España al principio de la legislatura, le obligó a subir los impuestos. Así, el gravamen máximo del IRPF pasó del 45% al 52%. Posteriormente, en 2014, el Gobierno aprobó la reforma fiscal que establece cinco tramos de IRPF en lugar de los siete vigentes con anterioridad, y tipos que oscilan del 19,5% al 46%. La misma medida prevé que el mínimo baje a partir de enero al 19% y el máximo al 45%. Sin embargo, defendió un tipo máximo de dos puntos porcentuales más bajo, en declaraciones que hizo después de conocerse una análoga propuesta de su competidor, Ciudadanos.

PSOE: no más del 45%. “No os creáis mucho en materia de impuestos a Rajoy”, dijo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en relación con la propuesta del presidente del Gobierno, en un foro informativo. El compromiso que Sánchez tomó ante el auditorio fue de no aumentar el tipo máximo del IRPF más allá del 45%. Pretende incorporar el patrimonio a la renta para calcular el IRPF y fijar un tipo mínimo nacional para Sucesiones y Patrimonio.

Ciudadanos: máximo del 43%. Cuatro tramos y un tipo marginal máximo del 43%. Esta es la propuesta que Ciudadanos incluirá en su programa electoral y que el presidente de la formación, Albert Rivera, que cifró esta bajada fiscal en 7.400 millones de euros, incluyendo en el cómputo el complemento salarial que propone Ciudadanos, y que se articularía a través de la declaración anual del IRPF. En conjunto, Ciudadanos afirma que su reforma fiscal supondrá una rebaja media del 3% para todos los contribuyentes, y considera que sus cifras son “sostenibles” y “mucho más realistas” que las de otros partidos como Podemos.

Podemos: 55% para rentas superiores a 300.000 euros. El 80,67% de los participantes en las votaciones del programa electoral de la formación que lidera Pablo Iglesias aprobaron "aumentar el número de tramos del impuesto a partir de 60.000 euros, elevando progresivamente el tipo marginal de cada tramo desde el 45% actual hasta alcanzar un tipo marginal del 55% para rentas superiores a 300.000 euros". Podemos propone también la eliminación de las deducciones “que tienen un carácter más regresivo”, en los tramos altos de la renta, y superar la dualidad entre la tarifa por rentas del trabajo y ahorro. Asimismo, eliminaría el régimen de estimación objetiva en materia de actividades económicas, "porque genera oportunidades de fraude y elusión y desigualdades injustificables".

Fuente: elmundo.es y cincodias.com

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