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Categoría: Política

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Publicado el 1 comentario en Los nueve puntos que plantea el acuerdo PSOE y Ciudadanos en materia de vivienda

Las exigencias de Podemos al PSOE para formar gobierno (algunas insalvables como la vicepresidencia, el referéndum en Cataluña o las importantes diferencias en las políticas económicas han causado que al final las negociaciones entre PSOE y Ciudadanos hayan tenido un desenlace más fácil para un primer acuerdo de legislatura en firme entre estas dos últimas formaciones políticas. Así, el "Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso" que han firmado en el Congreso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos Albert Rivera, también deja entrever medidas que afectan al mercado de la vivienda en España.

pedrosanchez albertribera1 - Los nueve puntos que plantea el acuerdo PSOE y Ciudadanos en materia de vivienda

Se reflejan así medidas contra el sobre-endeudamiento y los desahucios, medidas para fortalecer los derechos de los consumidores, la protección a los deudores hipotecarios, la apuesta por la rehabilitación y las ciudades inteligentes, además de impulsar un potente parque social de pisos en alquiler. A grandes rasgos, estos son los nueve puntos de mayor relevancia en materia de vivienda que plantean ambas formaciones:

  1. Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.
  2. Reformar la Ley Hipotecaria para la eliminación de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.
  3. La puesta en marcha urgente de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la SAREB y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.
  4. Apoyar e impulsar un sistema real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores, con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios por las entidades financieras, o la revisión del régimen jurídico de las cláusulas y préstamos abusivos y eliminación de las cláusulas suelo.
  5. La formación de jueces y magistrados en derecho de consumo.
  6. Potenciar la rehabilitación con la puesta en marcha de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector.
  7. En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.
  8. Desarrollar plenamente el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes.
  9. Recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.

En general, el programa de Gobierno pactado entre el PSOE y Ciudadanos tiene en la economía su eje fundamental. Y en síntesis, supone una propuesta de claro tinte socialdemócrata que liquida la política de recortes practicada en los últimos años ensanchando el Estado de bienestar. Impulsando, al mismo tiempo, una mayor estabilidad en el empleo y el reequilibrio de las relaciones de poder en el seno de las empresas. Además de la regulación de una renta mínima vital para todas aquellas personas sin recursos.

Destacan la cotización reducida (45 euros) para los autónomos y reforma de la Ley de Segunda Oportunidad, las medidas contra el cambio climático: moratoria para el fracking y cierre de las nucleares, la negociación con Europa de los objetivos de déficit y limitación de pagos en efectivo, en materia de empleo: el contrato indefinido, estable y progresivo, el pacto por la ciencia: 10.000 investigadores en cuatro años, reducción del IVA cultural al 10%, el plan de emergencia social y subida del salario mínimo interprofesional, las medidas por la igualdad: permisos de maternidad y paternidad más largos y racionalización de horarios, la reforma de los partidos políticos y del sistema electoral junto a la lucha contra la corrupción y las puertas giratorias, la reforma de la Justicia con la derogación de la prisión permanente revisable, y la reforma urgente de la Constitución que contempla asimismo la supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Fuentes: elconfidencial.com y “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso”

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Publicado el 1 comentario en Las siete propuestas sobre vivienda que Podemos exige al PSOE para formar Gobierno

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya tiene fecha para su debate de investidura. Su intento de ser presidente tendrá lugar el próximo 2 de marzo. Así lo ha acordado con el presidente del Congreso, Patxi López. Si en las dos semanas y media que restan hasta la fecha, el líder socialista consigue apoyos suficientes y se cumplen todos los plazos, el día 3 miércoles pronunciará su discurso y se convertiría en presidente del Gobierno el sábado 5 de marzo en segunda votación. De este modo, el líder socialista puede disponer de las 4 semanas que pidió para poder negociar los pactos necesarios para su investidura. Unos pactos que se complican por momentos. Sus alternativas pasan por seguir las directrices que le marcan sus barones y apostarlo todo a un pacto con Ciudadanos logrando la bendición de PP o de Podemos. O alcanzar un acuerdo con Podemos con el beneplácito de Ciudadanos, aunque muchos analistas ya hablan de unas nuevas elecciones.

pedrosanchez pabloiglesias - Las siete propuestas sobre vivienda que Podemos exige al PSOE para formar Gobierno

El siguiente movimiento lo ha realizado Podemos, el partido de Pablo Iglesias (junto con En Comú Podem y En Marea), que ha lanzado oficialmente una propuesta de pacto para formar una coalición "de carácter progresista" al PSOE, Izquierda Unida y Compromís. El documento de 98 páginas, se trata de un intento de acercamiento a la vez que supone todo un reto político para un PSOE que camina hacia la desesperación. Podemos expone en el documento las medidas políticas que piensan se deberían poner en marcha de forma urgente, que supondrán las "Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías". En el documento plantea aspectos importantes como el referéndum en Cataluña, los 15 ministerios, la Vicepresidencia, política económica y fiscal, empleo, pensiones o educación, pero nosotros nos pararemos en las 7 medidas en materia de vivienda que Podemos exige al PSOE para formar Gobierno. La principal, será que el "Gobierno del Cambio" asumirá como una de sus prioridades la garantía efectiva del derecho a una vivienda digna, y con este fin:

  1. Promoverá con carácter de urgencia una ley orgánica de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago del alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
  2. Establecerá el derecho a la dación en pago. Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado. El derecho a la dación en pago tendrá carácter retroactivo.
  3. Garantizará el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada. Se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad. Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10 % de los ingresos mensuales del hogar. Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores ni exigírsela al Estado.
  4. Asegurará el alquiler estable y asequible. A través de una reforma de la Ley 29/ 1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, se facilitará un alquiler estable y asequible. Se regulará el alquiler para proteger a la parte en general más débil en los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Se introducirán mecanismos para asegurar la estabilidad, de modo que se alargue el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de la vivienda habitual hasta los cinco años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (es decir, propietario de al menos diez viviendas), se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler. Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
  5. Modificará el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario.
  6. Regulará un procedimiento simplificado para que, en el caso de los hogares que cumplan ciertos criterios sociales (por ejemplo, todos sus miembros en paro sin ingresos alternativos, o ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), se pueda reestructurar la deuda hipotecaria, de forma que el valor facial se acerque al valor de mercado. Esto se articulará con un régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas que realmente las libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.
  7. El Gobierno aprobará un Plan Nacional de Transición Energética hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de fuentes de energía renovables. Sus dos ejes fundamentales serán un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (cuya columna vertebral será la rehabilitación energética de edificios, principalmente de viviendas) y un Plan Nacional de Energías Renovables que incorporará todos los eslabones de la cadena: I+D, fabricación, instalación y generación.

Fuente: Podemos "Bases políticas para un gobierno estable y con garantías"

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Publicado el 2 comentarios en El grupo chino Wanda pone finalmente en venta el edificio España de Madrid

El abandono del proyecto del Edificio España parece definitivo. En las últimas semanas tras no conseguir llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, el inversor chino Wang Jianlin, propietario de Dalian Wanda Group, pone en venta el Edificio España, terminando a su vez con el proyecto de reforma que planeaba su rehabilitación como hotel de lujo y la creación de un centro comercial, que terminarían por renovar y reactivar la céntrica zona de la Plaza de España en Madrid. El edificio fue adquirido el verano de 2014 al Banco de Santander por 265 millones de euros.

edificioespaña1 - El grupo chino Wanda pone finalmente en venta el edificio España de Madrid

Las dificultades técnicas de una obra de rehabilitación en la que la Comisión Local de Patrimonio Histórico (que preside y controla la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, y en la que también participa el Ayuntamiento de la capital, de Ahora Madrid) le había impuesto conservar intactas la fachada de poniente y los laterales por su valor histórico y simbólico para la ciudad, podría ser la razón principal del pinchazo del proyecto. La citada comisión rechazó hace unos meses la petición del grupo chino de derribar el edificio España y reconstruirlo "con los mismos materiales, formas y dimensiones", aunque después presentó otro proyecto, de acuerdo con las premisas de Patrimonio, que estaba siendo analizada por el Ayuntamiento.

Por su parte, desde el Ayuntamiento el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, detalló que había asistido a una reunión con el grupo inversor chino y que las conversaciones aún se mantenían. Esa nueva propuesta contemplaba tanto la "viabilidad técnica" como dar "cumplimiento a la ley". En ningún momento se plantea la posibilidad de derribar la fachada y reconstruirla ladrillo a ladrillo, algo que, por otro lado, es inviable técnicamente. La solución pasa por conciliar el cumplimiento de la ley y el mantenimiento de los elementos protegidos junto con la transformación del edificio que quería hacer Wanda. La fachada "por supuesto que se puede tocar", aclaró el concejal, que recordó que la consulta del grupo inversor chino pasaba por demolerla. Destacaba, en todo caso, que se trata de "un grupo más" y que si se comparan los datos del tercer trimestre de 2015 con los del ejercicio anterior en inversión extranjera directa queda patente el aumento del 46% siendo ya "Manuela Carmena la que dirigía el Ayuntamiento".

Tras unas semanas de cierta incertidumbre, las dificultades técnicas y la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y el grupo inversor, a finales de enero el Grupo Wanda empezó a tantear el mercado inmobiliario ante la perspectiva de poner a la venta el Edificio España. El único requisito que a priori había fijado para desprenderse del rascacielos es que el precio de la transacción iguale como mínimo el que la compañía china pagó al banco Santander por su adquisición en 2014, es decir, 265 millones de euros. Finalmente, la consultora JLL se encargará del proceso de venta del Edificio España por parte del Grupo Wanda, que lo adquirió en verano de 2014 al Grupo Santander y que ahora, después de que no puede sacar adelante la reforma del inmueble como desean, ha decidido ponerlo en el mercado. El pasado jueves, el Grupo Wanda emitió el pasado jueves una aclaración en su página web explicando que estaba "reevaluando al completo" este proyecto que adquirieron en verano de 2014 para poner en marcha un hotel de lujo, viviendas y una zona comercial en el centro de Madrid.

Según los primeros sondeos realizados, los inversores potencialmente interesados en la adquisición del rascacielos estarían dispuestos a abonar entre 180 y 220 millones de euros. La suma podría acercarse a los 240 millones si la Comisión Local de Patrimonio cambiara de parecer y permitiera derribar las fachadas del inmueble, una opción improbable mientras no haya un cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid, pero en todo caso sería una cifra alejada del listón de 265 millones marcado inicialmente por el holding que preside Wang Jianlin.

Todavía hay un hipotético tercer escenario suponiendo que la venta del edificio no cuajara y que Wanda descartara asumir la rehabilitación sin desmontar las fachadas. La última posibilidad que estaría estudiando la empresa de Jianlin sería la de mantener el activo en cartera durante cuatro años a la espera que un cambio en las instituciones madrileñas propiciara una actuación urbanística en la que no fuera necesario mantener la estructura exterior del rascacielos. La única opción que no se plantea el magnate chino es la de abandonar la operación dando la imagen de haber perdido dinero. Aseguran, además, que el Edificio España tiene un indudable atractivo tanto por su ubicación como por la combinación de usos autorizados (hotelero, residencial y comercial). Asimismo, destacan que hay inversores con suficiente capacidad como para hacer frente a una compra de semejante envergadura, si bien sitúan el escollo en el elevado precio de salida fijado por el Grupo Wanda.

Mientras, según algunos medios, el magnate chino Wang Jianlin, dueño del Grupo Wanda, sigue moviendo piezas en el tablero inmobiliario español a pesar del frustrado proyecto del Edificio España en Madrid. El hombre más rico de China está explorando la posibilidad de hacer inversiones inmobiliarias en La Costa del Sol (Málaga). En concreto, el Grupo Wanda se ha fijado como objetivo el término municipal de Benahavís, uno de los municipios ubicados en la zona de Marbella y en el que actualmente hay más suelo disponible. En principio, los planes de Wanda en tierras malacitanas pasan por desarrollar un gran complejo hotelero para dar respuesta a una cartera de 46 millones de potenciales turistas. Por otro lado, también se había asociado a este grupo inversor chino la adquisición del 75% de Marina d'Or, el centro vacacional y residencial ubicado en Oropesa del Mar (Castellón).

Fuente: elmundo.es

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Publicado el Deja un comentario para Elecciones generales: Propuestas políticas de corto alcance para el mercado de la vivienda

A poco más de seis días de las elecciones generales, el remolino electoral también llega a la vivienda, donde los cuatro principales partidos políticos en riña (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) centran sus propuestas en la rehabilitación, el alquiler y, como no puede de otro modo, el drama de los desahucios (descendieron un 1,5% interanual en el tercer trimestre, hasta los 13.135 desahucios) ha convertido a la vivienda en un tema central en los programas de todos los partidos políticos de cara a las votaciones del domingo para decidir quién gobierna España los próximos 4 años. Entre los compromisos, destacan las iniciativas sociales relacionadas con la vivienda, pero quedando a la sombra medidas inmobiliarias jurídicas, fiscales o de regulación del sector propiamente dichas.

eleccionesgenerales - Elecciones generales: Propuestas políticas de corto alcance para el mercado de la vivienda

Partido Popular (PP)

Infraestructuras, transporte y vivienda al servicio del ciudadano. Bajo este epígrafe desarrolla el PP las principales propuestas en vivienda en su programa electoral. Continuidad en materias que, según los populares, "tienen un papel estratégico como motor de la dinamización económica y de la creación de empleo".

Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Diseñarán un nuevo Plan de Vivienda 2017-2020 en el que impulsará políticas de alquiler para las familias más desfavorecidas, fomentando el acceso a la vivienda y las ayudas a la rehabilitación y regeneración y renovación urbanas (nuevo Plan Nacional de Rehabilitación en el que priorizará la eficiencia energética). En eficiencia Energética invertirá más de 1.800 millones de euros en cuatro años para cumplir con los objetivos de ahorro energético en 2020, con la rehabilitación de viviendas como pilar fundamental. Ampliará las subvenciones para disminuir el gasto energético de las familias.

Desahucios y cláusulas abusivas hipotecarias. Presentará reformas procesales en materia de desahucios para lograr una mayor seguridad jurídica y claridad normativa. En este sentido, también creará un título sobre los juicios de desahucios arrendaticios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para acabar con la dispersión normativa. Por otro lado, el PP incrementará el control sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas para la compra de una vivienda, asegurando que los clientes conozcan con precisión las obligaciones que asumen y que sus derechos queden protegidos.

Otras propuestas. Impulsará reformas normativas precisas sobre los daños materiales por vicios o defectos constructivos en las viviendas o de las instalaciones, de tal modo que se asegure el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de la Ley de Ordenación de la Edificación. En relación a las viviendas turísticas, arbitrará medidas para que el alquiler de corta duración se realice en condiciones de calidad, transparencia y fiscalidad adecuadas. Finalmente, el partido del actual gobierno promoverá el "cohousing" (vivienda colaborativa) entre personas mayores.

Partido Socialista (PSOE)

El PSOE incluye sus iniciativas en vivienda en el apartado El Estado Social, con el titular Vivienda y Desarrollo Urbano. "Políticas de urbanismo y vivienda en las que se tienen en cuenta las necesidades de personas". En este sentido redefinirá el derecho a la vivienda, en propiedad o en alquiler en la Constitución para garantizarlo de manera efectiva. Defiende que el esfuerzo económico no supere un tercio de los ingresos.

Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Procurará poner fin a los desahucios y, si no fuera posible, facilitará alojamiento vía alquileres sociales. También creará una oficina central antidesahucios. Promocionará el alquiler ampliando la duración de los contratos (como mínimo, a cuatro años a petición del inquilino), con ayudas, manteniendo la desgravación del 60% para el arrendador, recuperando la deducción para el inquilino, estableciendo garantías de cobro y protección, etc. Impondrá una tasa a las casas de desahucios vacías. Desarrollará un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas para rehabilitar 200.000 casas al año en 2025 que incluya estudios y soluciones de eficiencia. Creará líneas ICO de crédito.

Desahucios y cláusulas abusivas hipotecarias. Procurará poner fin a los desahucios y, si no fuera posible, facilitará alojamiento vía alquileres sociales. También creará una oficina central antidesahucios. Establecerá la eliminación automática por los bancos, y sin exigencia del titular de una hipoteca, de las cláusulas declaradas abusivas. Reformará la ley de segunda oportunidad para permitir paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa. Si es imposible, acordará la aplicación de la dación en pago.

Otras propuestas. Hará un nuevo modelo de vivienda protegida, preferentemente, en alquiler y creará un parque público a través de la Sareb. En relación a la Sareb impondrá condiciones estrictas a la venta de sus activos a fondos de inversión. Potenciará la participación ciudadana en los procedimientos de información pública del planeamiento urbano, y modificará la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar reformas dirigidas a asegurar la accesibilidad.

Ciudadanos (C's)

Ciudadanos desarrolla las medidas de vivienda en la parte del programa Infraestructuras, transporte, vivienda y urbanismo, dentro del apartado Arquitectura, vivienda y suelo. "Es necesario reorganizar y ajustar el sector, reconstruir la cadena de valor sin perder la función social, identificar las necesidades de la sociedad, la naturaleza y responsabilidad de los nuevos actores del sector".

Desahucios, cláusulas hipotecarias abusivas y derecho Social. Las personas en circunstancia de emergencia social podrán ser beneficiarias de la expropiación forzosa al banco del uso de la casa durante un plazo de hasta tres años. Establecerá que parte del valor de la casa habitual sea inembargable, de tal modo que, tras una ejecución, dicho valor se dará al deudor. Si hay ejecución, el deudor podrá solicitar otra tasación y, si quedara desierta la subasta, el acreedor se adjudicará esa casa por el 100%, extinguiéndose la deuda. Sancionará a la banca que incurra en el préstamo irresponsable.

Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Fomentará el alquiler y nuevas formas de uso de la vivienda social (cesión de uso, cooperativas, etc.), creando un parque de VPO en arrendamiento para, especialmente, los sectores más vulnerables de la población. Redefinirá el Estándar de Calidad de la Vivienda Social teniendo como base la eficiencia energética e innovación tipológica y constructiva. Establecerá un mecanismo legal que regule la VPO a precios sociales.

Otras propuestas. Menos burocracia y más seguridad. Reducirá los plazos en gestiones en el inicio de promociones y establecerá un control a constructoras para evitar el abandono de obras. Revisará la Ley de Suelo para definir unas líneas globales urbanas con parámetros ecológicos, sociales y económicos. Hará un Plan de Ciudades Humanas Inteligentes aplicando la tecnología en la gestión eficaz y eficiente. Impulsará una Ley de Arquitectura de divulgación, pedagogía y comunicación que acerque la actividad al ciudadano.ObservatorioCreará un Observatorio de mercado de estudios y medidas preventivas.

Podemos

El partido morado abandera un programa de 394 propuestas donde la vivienda aparece vista, fundamentalmente, desde una lente social. Reformará la Ley del Derecho a la Vivienda: afectará a la casa privada y establecerá medidas de fomento, intervención y control del mercado, como prohibir la privatización del parque público de vivienda o gravar a tenedores de casas vacías.

Desahucios y cláusulas hipotecarias abusivas. Promoverá una ley de protección del derecho a la inviolabilidad e inembargabilidad del domicilio y prohibición de desalojos sin alternativa habitacional. También despenalizará el uso de casas abandonadas. Cambiará el proceso de ejecución hipotecaria para garantizar la defensa al deudor y apuesta por la reestructuración de la deuda de familias que cumplan criterios sociales. Además, cancelará las deudas de procedimientos anteriores. Promoverá la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por los tribunales. Dación en pago Limitará la responsabilidad del hipotecado al bien, incluso retroactivamente.

Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Reformará la ley en el caso de los alquileres para proteger al inquilino, asegurando las rentas, alargando el plazo mínimo del contrato a cinco años. Impulsará un parque de vivienda social y regulará el alquiler social (no podrá superar el 30% de la renta familiar). Impulsará un Plan de Ahorro Energético con la columna vertebral de la rehabilitación de 200.000 viviendas al año.

Otras propuestas. Convertirá la Sareb en un instrumento de gestión de un parque público de casas. Garantizará transparencia de planeamientos y convenios urbanísticos. Creará el Observatorio del Derecho a la Vivienda (ODV) que investigará y analizará la situación de la vivienda. Ciudades sostenibles e inteligentes que transformen los ecosistemas urbanos en lugares más sostenibles, habitables aprovechando las nuevas tecnologías.

¿Cuánto pagaré de IRPF tras las elecciones generales?

Otra gran batalla entre los partidos políticos por llegar al Palacio de la Moncloa el próximo 20 de diciembre se libra también en el campo de la política fiscal y la pregunta recurrente es la que invariablemente caracteriza cada cita electoral (con independencia de que, una vez cerradas las urnas, el programa se cumpla o no) es: ¿aumenta o disminuye la presión fiscal? Los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno cuyos partidos tendrán, según las encuestas, la mayor representación en el Congreso, han dado pistas sobre lo que harían con el impuesto sobre la renta para las personas físicas.

PP: tipo máximo por debajo del 43%. El jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, apuntó que el tipo máximo de este impuesto debería estar por debajo del 43%. Recientemente Rajoy aseguró que la coyuntura económica que atravesaba España al principio de la legislatura, le obligó a subir los impuestos. Así, el gravamen máximo del IRPF pasó del 45% al 52%. Posteriormente, en 2014, el Gobierno aprobó la reforma fiscal que establece cinco tramos de IRPF en lugar de los siete vigentes con anterioridad, y tipos que oscilan del 19,5% al 46%. La misma medida prevé que el mínimo baje a partir de enero al 19% y el máximo al 45%. Sin embargo, defendió un tipo máximo de dos puntos porcentuales más bajo, en declaraciones que hizo después de conocerse una análoga propuesta de su competidor, Ciudadanos.

PSOE: no más del 45%. “No os creáis mucho en materia de impuestos a Rajoy”, dijo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en relación con la propuesta del presidente del Gobierno, en un foro informativo. El compromiso que Sánchez tomó ante el auditorio fue de no aumentar el tipo máximo del IRPF más allá del 45%. Pretende incorporar el patrimonio a la renta para calcular el IRPF y fijar un tipo mínimo nacional para Sucesiones y Patrimonio.

Ciudadanos: máximo del 43%. Cuatro tramos y un tipo marginal máximo del 43%. Esta es la propuesta que Ciudadanos incluirá en su programa electoral y que el presidente de la formación, Albert Rivera, que cifró esta bajada fiscal en 7.400 millones de euros, incluyendo en el cómputo el complemento salarial que propone Ciudadanos, y que se articularía a través de la declaración anual del IRPF. En conjunto, Ciudadanos afirma que su reforma fiscal supondrá una rebaja media del 3% para todos los contribuyentes, y considera que sus cifras son “sostenibles” y “mucho más realistas” que las de otros partidos como Podemos.

Podemos: 55% para rentas superiores a 300.000 euros. El 80,67% de los participantes en las votaciones del programa electoral de la formación que lidera Pablo Iglesias aprobaron "aumentar el número de tramos del impuesto a partir de 60.000 euros, elevando progresivamente el tipo marginal de cada tramo desde el 45% actual hasta alcanzar un tipo marginal del 55% para rentas superiores a 300.000 euros". Podemos propone también la eliminación de las deducciones “que tienen un carácter más regresivo”, en los tramos altos de la renta, y superar la dualidad entre la tarifa por rentas del trabajo y ahorro. Asimismo, eliminaría el régimen de estimación objetiva en materia de actividades económicas, "porque genera oportunidades de fraude y elusión y desigualdades injustificables".

Fuente: elmundo.es y cincodias.com

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Publicado el Deja un comentario para Economía y empleo en 5 mapas: ¿Qué ciudad tiene más parados, dónde hay más ocupación?

Durante los cuatro años de legislatura del gobierno de Mariano Rajoy, se han vivido situaciones límite con una prima de riesgo que subió a 700 puntos, con la quiebra de Bankia y la solicitud del rescate bancario a Europa. Solo unas palabras de Mario Draghi evitaron el rescate total, y en alguna ocasión, a poco estuvimos de volver a la peseta. Hace cuatro años, el número de desempleados registrados en las oficinas públicas sumaba 4.420.462, ahora está en 4.149.298. No obstante, la caída del paro en los últimos cuatro años obedece fundamentalmente a la reducción del número de personas en edad y disposición de trabajar, lo que se conoce como población activa. La economía real está tardando un poco más, pero a finales de 2013 empezó a remontar y, a cierre de noviembre de 2015, España se situó con 25.000 ocupados menos que en noviembre de 2011. Otras variables no han aguantado los embates de la crisis. A continuación os mostramos 5 mapas sobre economía y empleo publicados en el diario Cinco Días a modo de radiografía socioeconómica de España, ahora que se aproximan las elecciones generales.

Paro por municipios

paro por municipios - Economía y empleo en 5 mapas: ¿Qué ciudad tiene más parados, dónde hay más ocupación?

En 13 municipios españoles hay un parado por cada cinco habitantes empadronados. Las cifras, procedentes de cruzar el registro de paro del ministerio de Empleo (septiembre de 2015) con el padrón de 2014 dibujan las notables desigualdades en el reparto del empleo. Los cuatro municipios de España con más parados por habitante son pequeñas localidades en el interior de Huelva: Cumbres de Enmedio, La Granada de Riotinto, Los Marines y Linares de la Sierra, con 280 habitantes el más poblado. Cerca de estas localidades se encuentran también dos pequeños pueblos de Castellón, algunos pueblos de Castilla La Mancha y Extremadura. En Cádiz encontramos a Paterna de Rivera, con 5.609 habitantes censados y 1.139 parados en el Inem.

De las seis localidades de mediano tamaño (más de 10.000 habitantes) con más parados hay cinco de la provincia de Cádiz (Arcos de la Frontera, Barbate, Medina Sidonia, Vejer y Sanlúcar), además de La Carolina (Jaén). El Sur, y el sureste de la península, arroja las mayores tasas de paro. Por el contrario, en 367 pueblos de España no hay parados. La mayor parte son localidades de poca población de la mitad Norte; el más grande de esta lista de pueblos sin paro ellos es Escorca, en Baleares, 241 habitantes en 2014. En los pueblos de mayor tamaño el mapa del paro se ajusta más a lo que la sabiduría popular entiende por "zonas ricas". Los pueblos mayores de 1.000 habitantes con menos parados son San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, y Viladrau, en Girona, 16 y 18 parados, respectivamente. En Formentera, con 11.000 habitantes, hay solo 258 parados en el Inem, y en Sóller (13.842), 321. En Cadaqués, Girona, 67 parados en total. - Ver mapa.

Mapa de ocupación

mapa ocupacion 300x220 - Economía y empleo en 5 mapas: ¿Qué ciudad tiene más parados, dónde hay más ocupación?Un mapa de la crisis en términos de empleo arroja una distribución asimétrica. En términos de EPA (Encuesta de Población Activa, un medidor más fiable) se han perdido algo menos de medio millón de empleos durante la legislatura de Rajoy, un 2,11% del total. Pero en tres provincias los ocupados han bajado en más de un 10%, y en 16 más del 5%. En otras 12 el empleo ha aumentado. Donde peor ha ido el empleo ha sido en el interior: Álava, Ciudad Real, Soria, Ourense, Toledo o León están entre las que más empleo pierden en términos porcentuales. En términos absolutos sale peor parada Barcelona (84.000 ocupados menos, un -3,59%) Madrid (59.000, el -2,06%), Bizkaia (40.300, un -8,2%) y Cádiz, que pese a sus altas tasas de paro pierde 37.000 ocupados, el -9%.

Donde se ha creado empleo ha sido en zonas turísticas: En Málaga y Baleares se crean 90.000 empleos, y en Canarias 18.000. Pocas provincias más crean puestos de trabajo de forma significativa. Destacan Guadalajara (gana un 4% de ocupados, probablemente por el traslado de empresas o población desde Madrid) y, en menor medida, Lleida, Granada y Alicante, todas con aumentos menores del 2%. - Ver mapa.

Hogares que no llegan a fin de mes

hogaresquenolleganafindemes 300x221 - Economía y empleo en 5 mapas: ¿Qué ciudad tiene más parados, dónde hay más ocupación?A pesar del “empate” en términos de empleo, las condiciones de vida se han deteriorado, a juzgar por las estadísticas oficiales. La población que no llega a fin de mes o tiene dificultades para ello era del 29% en 2011 y es del 39% ahora. En Extremadura este porcentaje sube en 20 puntos, y ronda los 15 en Asturias, Andalucía y Valencia. Donde menos se ha notado la crisis ha sido en las comunidades más ricas: Madrid (+,1, puntos) o Navarra (+4,2). En Baleares descienden las personas con problemas para llegar a fin de mes.

La tasa de riesgo de pobreza ha crecido del 26,7% al 29,2%, porque se calcula en función de la renta media, que también ha caído. Las personas con carencia material severa han pasado del 4,5% al 7,1%. En Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana rondan el 10% de la población. - Ver mapa.

Mapa del Producto Interior Bruto (PIB)

mapa pib 300x222 - Economía y empleo en 5 mapas: ¿Qué ciudad tiene más parados, dónde hay más ocupación?Respecto a la economía, el PIB se ha contraído en 0,7% desde septiembre de 2011 hasta septiembre 2015, según el INE. En términos de PIB per cápita, y tomando datos solo hasta finales de 2014 , el descenso ha sido del 1%. Si en 2011 la renta per cápita era de 23.000 euros al año, en 2014 es de 22.780. Solo ha crecido de forma significativa en Cataluña y La Rioja, un 0,98% y 0,96%. Dos regiones que no son las más ricas de España (son Madrid, Navarra y País Vasco) pero sí están cómodamente por encima de la media. Madrid apenas ha sufrido: el recorte es del 0,19% y la renta por cabeza del madrileño es de 31.000 euros, casi el doble de la del extremeño (15.752), que además ha visto cómo se reducía en un 1,73%. Las regiones que más actividad han perdido han sido Andalucía y Asturias, con más del 3%. La comunidad con una renta más cercana a la media general es Castilla y León, con 21.799 euros. - Ver mapa.

Mapa de salarios

mapa salarios 300x221 - Economía y empleo en 5 mapas: ¿Qué ciudad tiene más parados, dónde hay más ocupación?Debido a que la mayoría de la población trabaja a sueldo, el mapa salarial tiene ciertas semejanzas con el del PIB. De media, los costes salariales que soportan las empresas han caído el 4% entre 2011 y 2015: se ha pasado de una media de 2.020 a 1.941 euros. No obstante, hay fuertes discrepancias entre regiones: donde más se gana es en Madrid, 2.300 euros al mes de media y un 1,3% más que en 2011. Es la única comunidad donde crece. Por el contrario, en Galicia, Baleares, Navarra y Cantabria el coste salarial medio se ha desplomado un 10% en cuatro años. Navarra ha pasado de ser la región donde más se gana (2.692 euros en 2011) a estar solo ligeramente por encima de la media. Extremadura es la comunidad con el coste laboral más ajustado: 1.600 euros al mes. - Ver mapa.

Paro en noviembre: el mejor mes de toda la serie histórica

Noviembre ha sido un buen mes para el mercado laboral. Ha crecido la afiliación, muy poco, apenas 1.620 nuevos cotizantes. Pero el paro registrado, ha bajado bastante más: el desempleo ha caído en 27.071 personas en noviembre. Es el mejor mes de noviembre de toda la serie histórica, según el Ministerio de Empleo. El paro registrado disminuye en todos los sectores. Baja entre quienes habían desempeñado su última actividad en la construcción con 10.218 desempleados menos, en Agricultura y Pesca en 7.153 personas, en Industria en 5.311, en Servicios 1.455 y entre el colectivo de personas Sin Empleo Anterior en 2.934.

El paro registrado en noviembre baja en 10 comunidades autónomas entre las que destacan Andalucía (-17.900), la Comunidad Valenciana (-9.807) y la Comunidad de Madrid (-4.678). Sube, en cambio, en siete, encabezadas por Baleares (9.843), Galicia (3.066) y Canarias (1.477).

No obstante, el principal factor de los nuevos contratos sigue siendo la precariedad. El 90% de los contratos son temporales. Así, tampoco los datos de calidad del empleo muestran un saldo positivo. Siguiendo la afiliación, se aprecia que los contratos de mayor calidad (indefinidos a jornada completa) han perdido terreno. Suman 6,2 millones, medio millón menos que hace cuatro años. En cambio, ha crecido el peso de cotizantes con menos estabilidad y, por tanto, más precarios. En este campo, la estrella de la legislatura han sido los trabajos a tiempo parcial, que se han elevado en este periodo en 320.000, contando temporales e indefinidos.

Fuente y mapas: Nuno Rodrigo - cincodias.com

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Publicado el 1 comentario en 929,6 millones de la recaudación por Patrimonio (casi la mitad) se queda en Cataluña

impuesto patrimonio 261x300 - 929,6 millones de la recaudación por Patrimonio (casi la mitad) se queda en CataluñaLas comunidades autónomas recaudaron por el impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2013, que se presentó el año pasado, 929,6 millones. Casi la mitad de este importe fue abonado por residentes fiscales en Cataluña, hasta alcanzar unos ingresos de 421,3 millones por Patrimonio, el 45% del total, según la estadística publicada por la Agencia Tributaria a primeros de este mes. Cataluña lidera con mucha diferencia el ranking de la recaudación por un tributo que. En segunda posición figura la Comunidad Valenciana con 111,9 millones y Andalucía (83,2 millones).

Con carácter general, el impuesto se aplica sobre los contribuyentes que cuenta un patrimonio neto (tras descontar las deudas) que supera los 700.000 euros. Sin embargo, algunas comunidades como Cataluña han rebajado este mínimo exento hasta los 500.000 euros. Es decir, el tributo se empieza a aplicar antes. Ello explica que un patrimonio de 800.000 euros deba pagar 769 euros en Cataluña, un importe que en la mayoría de comunidades se mueve en torno a los 200 euros. Por otra parte, la vivienda habitual está exenta con un límite de 300.000 euros.

La cuota a pagar del impuesto para un patrimonio de cuatro millones asciende a 54.819 euros en Extremadura, la comunidad con los tipos más elevados. La factura alcanza los 44.214 euros en Andalucía o Galicia, los 41.943 euros en Cataluña o los 36.546 euros en Aragón, Canarias o Cantabria. Un importe notable que se queda en nada si el contribuyente se traslada a vivir a Madrid.

Madrid, única comunidad que bonifica el 100% del impuesto de patrimonio

Madrid es la única comunidad que ha renunciado a recaudar el impuesto sobre el patrimonio, un tributo estatal sobre el que las comunidades tienen amplia competencia. El Gobierno madrileño mantiene una bonificación del 100% que provoca que, en la práctica, el impuesto no exista en esta región. En caso contrario, Madrid sería la comunidad que más recursos lograría ya que cuenta con más contribuyentes adinerados que el resto.

No obstante, pese a existir la bonificación madrileña, la legislación obliga a presentar la declaración a los patrimonios superiores a dos millones de euros, un trámite que realizaron 16.153 madrileños. Sin la exención, estos contribuyentes habrían abonado 612 millones. El Ejecutivo anterior entendía que el impuesto sobre el patrimonio implica una doble tributación y supone un freno a la inversión, un argumento que el actual Gobierno de Cristina Cifuentes lo mantiene.

Fuentes de la Agencia Tributaria reconocen que contribuyentes adinerados han fijado su residencia fiscal en Madrid para beneficiarse de la bonificación. El impuesto sobre el patrimonio se aplica en función de la comunidad de residencia, con independencia del lugar en el que se ubique el patrimonio. Por ejemplo, si un contribuyente catalán posee un gran número de inmuebles en Cataluña estará exento de tributar por Patrimonio si vive en Madrid.

José Luis Rodríguez Zapatero suprimió el impuesto sobre el patrimonio en 2008. Sin embargo, ante la fuerte recesión y la pérdida de recursos públicos, el Ejecutivo del expresidente recuperó "con carácter temporal" el tributo para los ejercicios 2011 y 2012. Y actualmente, el Gobierno de Mariano Rajoy, que defendió eliminar el tributo, prorrogará un año más su vigencia hasta 2016 en los Presupuestos Generales del Estado.

Con la salvedad de Madrid, La Rioja es la comunidad que mayores beneficios fiscales aplica en el impuesto sobre el patrimonio al mantener una bonificación del 50%.

La otra reforma fiscal que viene

La reforma fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que entró en vigor este año se limitó al IRPF y al impuesto sobre sociedades. Hacienda desechó la idea inicial de abordar un cambio general del sistema tributario que incluyera figuras cedidas como el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto sobre el patrimonio.

La falta de consenso y el riesgo de reducir los ingresos de las comunidades autónomas en un contexto de elevado déficit fiscal fueron los motivos que llevaron al Gobierno a posponer la reforma de la fiscalidad patrimonial. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha mostrado su intención de abordar una reforma del sistema de financiación autonómico si gana las elecciones previstas para diciembre. Para el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el Gobierno defiende una cierta armonización. Apuesta por establecer una horquilla con tipos máximos y mínimos que mitiguen las diferencias actuales.

Rajoy, y también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendieron la eliminación del impuesto sobre el patrimonio cuando estaban en la oposición, sin embargo, han renovado anualmente su vigencia en los Presupuestos. Fuentes del Ejecutivo defienden que, de momento, no ha sido posible la supresión por la mala situación de las cuentas públicas. Las comunidades incumplen cada año el objetivo de déficit, algo que también sucederá en 2015.

Fuente: cincodias.com

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Publicado el 1 comentario en La banca acelera la entrega de pisos en alquiler para desahuciados en el 2º trimestre

Dos años y medio después de su creación, la banca ha alquilado al menos 4.215 casas del Fondo Social de Viviendas (FSV), según datos proporcionados por las entidades financieras. Esa cantidad de adjudicaciones significa que se ha cubierto el 71,5% de la aportación inicial de 5.891 viviendas y un salto respecto al cierre de 2014, cuando el Ministerio de Economía contabilizaba 1.767 contratos. Parece que los bancos por fin ha dado impulso al fondo este año. Así, según un estudio realizado por El País tras consultar con 19 entidades (de las 27 entidades participantes del FSV) se está acelerando la entrega de pisos en alquiler para desahuciados en el segundo trimestre del año. Los últimos datos que maneja el Ministerio de Economía indican unas 3.000, aunque corresponden al primer trimestre.

fondosocialdevivienda - La banca acelera la entrega de pisos en alquiler para desahuciados en el 2º trimestre

El Fondo Social de Viviendas (FSV) se creó en enero de 2013 a raíz de la ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que instaba al Gobierno a impulsar esa bolsa de casas para familias que hubieran sido desahuciadas de su hogar. Se trataba de un fondo de fondos, de modo que las entidades ponían a disposición de los clientes 5.891 viviendas cuya gestión asumían directamente. No obstante, hace apenas unas semanas Fomento reconoció que dos años después de su puesta en marcha, había 4.000 pisos del fondo aún vacíos a la espera de adjudicación.

El primer año se firmaron 695 contratos y la cifra llegó a 1.767 el siguiente. Pero la actividad se ha acelerado en 2015 y ya se han colocado 4.215 pisos alquilados hasta junio, según datos de las entidades, con lo que se cubre el 71,5% de la aportación al fondo (5.891 pisos). La banca lo atribuye a la flexibilización de las condiciones para acceder a estas casas. Otras fuentes añaden que el ascenso de partidos de izquierdas también ha propiciado el despegue del fondo.

Los resultados del primer año fueron exiguos: solo se formalizaron 695 contratos a pesar de que hubo 67.189 desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tampoco el año pasado el FVS ganó fuelle, puesto que se cerraron 1.767 contratos. Durante el primer trimestre de 2014 en España creció el número de ejecuciones hipotecarias un 13,9%, mientras que el número de desahucios de viviendas bajó un 5%.

Cambio de condiciones

Sin embargo, el grado de cumplimiento va por barrios y es muy irregular. Casi la mitad de las pisos de entidades bancarias alquiladas corresponden a CaixaBank, que ha duplicado la aportación inicial al alquilar 2.189 viviendas, frente a las 1.085 comprometidas al comienzo. También Banco Sabadell ha ampliado su cupo inicial de 260 a 400 casas para "adecuarlo a la cuota de mercado", según fuentes de la entidad. En el otro extremo están Banco Popular y Unicaja y CEISS, que no llegan ni al 10% de lo comprometido. Las entidades que más viviendas vacías tienen en cartera sostienen que apenas les han llegado solicitudes. El Popular, por ejemplo, asegura que no efectúa desahucios forzosos.

Ante el mal resultado resultado del Fondo Social de Viviendas, la comisión de seguimiento decidió modificar el convenio. Antes, por ejemplo, el beneficiario debía haber sido desahuciado de su casa. Ahora pueden incorporarse al fondo casas de bancos procedentes de daciones en pago, de modo que sus residentes pueden seguir en ellas pagando un alquiler social, de entre 150 y 400 euros. Además, se abrió el fondo a personas en riesgo de exclusión previo informe de los Servicios Sociales. "Esa medida fue muy interesante, puesto que suponía que un afectado no ya tiene que abandonar su inmueble para acceder al fondo", explica Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales.

Las restricciones del FSV hicieron que varias entidades prefirieran ofrecer alquileres sociales que no han pasado al fondo. Bankia, que ha alquilado un tercio del millar de casas que puso en el fondo, afirma que ha firmado 885 arrendamientos a precios asequibles, y el Santander, que ha arrendado algo más de la mitad, tiene 258 contratos sociales firmados.

Viviendas problemáticas

Según el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, "Si el fondo no ha funcionado como debiera ha sido por culpa de todos. Algunos bancos aportaron pisos de una calidad ínfima que debían ser rehabilitados. ¿Y quién asume el coste de la reforma? Y la Administración tampoco ha sabido movilizar las viviendas".

Otro factor es la ubicación de la vivienda, puesto que fuentes del sector bancario advierten de que algunas casas están mal localizadas. “Deben estar en zonas con una demanda acreditada y con cédula de habitabilidad”, dice Carme Trilla, exsecretaria de Vivienda de la Generalitat y presidenta de la gestora de las entidades sociales catalanas. Trilla asegura que las medidas sujetas a una "cierta voluntariedad" de la banca solo funcionan dependiendo del compromiso de las entidades y del contacto que tengan con los servicios sociales de los municipios. "No puede ser que haya todavía pisos vacíos y familias que los necesitan".

Fuente: elpais.com

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Publicado el 2 comentarios en Operación Chamartín ¿Necesita Madrid construir 17.739 nuevos pisos?

operacionchamartin2 300x201 - Operación Chamartín ¿Necesita Madrid construir 17.739 nuevos pisos?Madrid, con su renovada corporación municipal (Ahora Madrid) y con Manuela Carmena como alcaldesa, además de intentar paliar los problemas sociales y desahucios que sufre la capital, la nueva administración también deberá tomar importantes decisiones para el futuro de la ciudad a corto plazo. Entre éstas, destacan, por su relevancia para el crecimiento de la ciudad y sobre todo, por su calado económico, el futuro de las actuaciones urbanas en marcha en como la Operación Chamartín, Campamento o Calderón, donde se contempla la construcción de miles de viviendas.

Fundamentalmente, sobre la mesa de Carmena está la Operación Chamartín, relanzada a principios de año por sus promotores (BBVA mayoritariamente y la constructora San José) y por toda la Administración (municipal, autonómica y estatal). Este proyecto, además de suponer la regeneración y vertebración de la cara norte, albergaría 17.739 nuevos pisos en Madrid (1.774 protegidos) y un innovador distrito de negocios.

Manuela Carmena ya ha expresado sus dudas respecto a esta operación "A lo mejor hay que darle una configuración distinta. No hacen falta ahora esas viviendas en Madrid cuando hay vacías". Son las últimas declaraciones de Carmena, ya como alcaldesa, partidaria de rehabilitar la vivienda existente y de no seguir construyendo nuevos proyectos. No obstante, existen precedentes antes de las elecciones: "Yo creo que no hacen falta 17.500 viviendas, ya hablaremos en 2017 o 2018, ahora no". En este sentido, la nueva alcaldesa también ha aclarado que está interesada en la inversión siempre que sea "buena y razonable".

Ante el confuso panorama político sobre el proyecto, incluso Francisco González, presidente del BBVA, se ha pronunciado, recordando que con la actuación se crearán 120.000 empleos y reportará más de 3.300 millones de euros a las arcas públicas. "Es un gran proyecto que crea riqueza para todos", ha asegurado en clara alusión al mensaje sobre el reparto de la riqueza de Carmena.

Samuel Población, director nacional de Suelo y Residencial CBRE, insiste en que "se trata de una operación faseada y su ritmo dependerá del cruce entre la oferta y demanda, y si éstas no se cruzan, se ralentizará. Desde la óptica de la demanda, la actuación tiene todo el sentido del mundo porque el stock de obra nueva en Madrid se está agotando, apenas quedan parcelas residenciales en los PAU del norte y mucho menos dentro de la M-30", manifiesta. Así, para Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores, "El ámbito tendrá además muchos interesados en sus viviendas porque durante años muchas personas no han accedido al mercado, ya sea por preocupación por la economía o porque su situación particular empeoró". Pedro de Churruca, consejero de JLL, habla de "demanda insatisfecha" y no duda al afirmar que este desarrollo sería uno de los barrios más deseados.

Según los expertos, si el plan no se para, el proyecto estaría en un año, las obras empezarían a principios de 2017 y los primeros pisos se entregarían en 2020-2021. Mismo horizonte vislumbra Corral, poniendo en valor este ámbito: "Para 2020, la oferta en los desarrollos del norte habrá sido casi absorbida y la Prolongación de la Castellana sería como tener un futuro y nuevo gran PAU". Además de las viviendas, contaría con un centro de negocios de referencia, tres nuevas estaciones de Metro (con la ampliación de la línea 10 y la línea 1), dos de Cercanías y una vía ciclista de 12,8 kilómetros. El 25% del suelo se destinaría a usos ferroviarios.

A todo esto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma en una reciente sentencia relacionada con la construcción de edificios previstos en la Prolongación de la Castellana, la obligación de no superar las tres alturas más ático con carácter general, además de eximir a los propietarios de pagar infraestructuras como el Nudo Norte o la Línea de Metro y la conexión Tres Olivos-Las Tablas que imponía el convenio firmado, mientras que los propietarios sí tienen que asumir el pago del cubrimiento de las vías del tren. El proyecto incluía todo un archipiélago de rascacielos, todas ellas aún más altas que las cuatro de la Ciudad Deportiva. Exactamente dos megatorres de 100 plantas y 300 metros de altura cada una, y al menos una decena de ellas más altas que las cuatro existentes.

Según Antonio Bejar, presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha comprometido a estudiar el proyecto del plan de Prolongación de la Castellana de la capital, y tiene al menos seis meses para revisar el crecimiento propuesto sin que puedan achacarle retraso alguno. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a ratificarse, a solicitud del Tribunal Supremo, en una sentencia anterior con la que da al traste con el plan parcial de reforma interior diseñado, y da un balón de oxígeno a la nueva alcaldesa de Madrid.

Giro neoliberal: vivienda social que termina cotizando en Bolsa

Como apunte final en relación a Madrid, tras conocer que el 60% de los desahucios ejecutados en Madrid provienen de los pisos vendidos a fondos de inversión, la historia da un giro neoliberal más al descubrir que el fondo estadounidense Blackstone sacará a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), a Fidere Patrimonio, la socimi que ha constituido con el parque de viviendas protegidas compradas en Madrid. El fondo ha constituido Fidere Patrimonio con la cartera de 23 promociones de viviendas protegidas en alquiler, que suman 2.688 pisos, que el fondo ha comprado en los últimos años, principalmente en la Comunidad de Madrid.

En concreto, la socimi cuenta con las 1.200 viviendas protegidas que Blackstone adquirió a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Madrid en octubre de 2013, ubicadas en los distritos de Carabanchel, Vallecas y Villaverde. Asimismo, integra 436 pisos, también protegidos, comprados a Sareb en febrero de 2014 y repartidos por las localidades madrileñas de Rivas, Alcorcón y Valdemoro, además de por Guadalajara y Barcelona. Además, cuenta con las 508 viviendas protegidas de Getafe y Móstoles compradas también a Sareb en noviembre del pasado año, y las 600 viviendas adquiridas a una empresa en Torrejón de Ardoz y Paracuellos de Jarama el pasado mes de diciembre.

Con su salida al MAB, además de cumplir con el régimen de las socimis, la firma de Blackstone pretende también dotarse de un mecanismo de financiación para captar recursos con los que costear el futuro crecimiento de la empresa, además de "aumentar la notoriedad de la compañía y abrirla a nuevos accionistas", según indica en el folleto explicativo de su salida a Bolsa.

Fuentes: elmundo.es y publico.es

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Publicado el 6 comentarios en Fracaso del Fondo Social de Viviendas: Madrid, Carmena, desahucios y pisos vacíos

stop desahucios2 300x217 - Fracaso del Fondo Social de Viviendas: Madrid, Carmena, desahucios y pisos vacíosDos años y medio de vida, apenas un 30% de las viviendas ocupadas y la sensación de que lo que parecía una medida social de gran necesidad ha acabado siendo un fracaso. Así se puede resumir la experiencia del Fondo Social de Viviendas, convenio que el 17 de enero de 2013 firmaron los Ministerios de Economía y Servicios Sociales con las principales entidades bancarias de España, con el que el Gobierno trató de que el parqué de viviendas vacías que las entidades tenían en cartera fueran habitadas, en régimen de alquiler, por familias que han perdido su casa y que se encuentran en riesgo de exclusión social.

El ministerio de Economía, que gestiona en parque de viviendas para realojar a las familias afectadas por los desahucios, calculó que se otorgarían más de 6.000 viviendas para estos fines. Pero dos años después del anuncio, el ministerio reconoce que hay 4.000 pisos que todavía siguen vacíos, a la espera de adjudicación.

Exactamente, los bancos aportaron un 5.891 viviendas de las que, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía, sólo 1.767 están alquiladas. El número crece hasta las 2.000 familias si se tienen en cuenta las que ya tienen asignada una vivienda y no han formalizado el contrato pero aún así, el balance sigue siendo "pobre" si se compara con los miles de desahucios que se han producido en los últimos años, tal y como reconoció la pasada semana el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán pide "mayor colaboración" de las administraciones y señala que la situación "es un poco frustrante". Imagínense para los desahuciados.

Los requisitos para poderse acoger al Fondo Social de Vivienda son tan grandes que muy pocas familias las están solicitando. Para empezar, está destinado a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Deben reunir una serie de requisitos económicos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).

Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, las víctimas de violencia de género, y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a nuevas medidas, dando cobertura por ejemplo a los mayores que avalaron a sus hijos y nietos. También se recogió esta opción para las daciones en pago. La introducción de esas medidas ha sido clave para que el número de estos alquileres se gestionara con algo de mayor éxito en 2014.

Una situación contradictoria y algo surrealista cuando ocho años después del estallido de la burbuja, España sigue de resaca con cientos de miles de viviendas que permanecen vacías. Según Julio Gil, presidente de la Fundación de Estudios Inmobiliarios (FEI) en España "Hay en torno a 700.000 casas nuevas sin vender. Esto indica una sobreoferta se mueve entre las 525.000 y 550.000 viviendas" Más de la mitad está en manos de las entidades financieras y de la Sareb o "banco malo". Otros estudios, como el realizado la Asociación de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), el stock se ha reducido, cerrando el pasado año con un total de 439.617 pisos y casas nuevas en venta y alquiler, hasta el punto que en términos de mercado "técnicamente", en 25 provincias la construcción de viviendas se podría reactivar.

Tanto en Madrid y Barcelona, las dos grandes capitales de España, están abanderando de la mano de sus recién estrenadas alcaldesas cambios en las estructuras políticas para mejorar las cosas a nivel social y particularmente en el drama asociado a los desahucios de viviendas. Tanto para Manuela Carmena y como para Ada Colau, no será fácil. Por lo pronto, tras los acercamiento iniciales con la banca llenos de cordialidad y buenas intenciones por ambas partes, aún no se ha concretado nada. "El objetivo es pedir a la banca que colaboren para evitar los desahucios si hay problemas con las cuentas hipotecarias", explicó Carmena. Su intención es firmar un protocolo para la creación de una oficina para evitar los lanzamientos y que haya un interlocutor por cada uno de los bancos en esa oficina. En principio los bancos sugieren, optimizar el uso del Fondo Social de Viviendas para resolver esta cuestión, aunque están abiertos a colaborar para encontrar soluciones.

El 60% de desahucios en Madrid, de pisos públicos vendidos a fondos de inversión

Seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas a fondos de inversión en los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Así consta en un informe en el que el Ministerio de Hacienda desmenuza y critica el programa electoral de la nueva alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), que se ha comprometido precisamente a frenar los desahucios y a ofrecer una vivienda pública a los afectados. De los 111 casos contabilizados por Hacienda entre febrero y junio de este año, 65 fueron en viviendas vendidas por la Administración. El controvertido informe del Ministerio de Hacienda, censura las políticas comprometidas por el nuevo Gobierno municipal. Sin embargo, de su profusión de cifras y análisis se desprenden consecuencias preocupantes sobre la gestión llevada a cabo al frente del Ayuntamiento y de la Comunidad por el PP en los últimos años.

Hacienda recuerda que el Ayuntamiento sólo puede frenar un desahucio si lo ha promovido él mismo en viviendas de su propiedad. En caso de pisos hipotecados con bancos o alquilados a particulares, "no ostenta posibilidad alguna de actuación". Carmena es consciente de ello: “Los jueces son los que dan la orden de que alguien salga de la vivienda; se trata de que, cuando el juez tenga que acordar el lanzamiento, que a veces se producirá, ya esté resuelta una alternativa habitacional para que esas personas no se queden en la calle".

Manuela Carmena avanzó el pasado viernes que el Ayuntamiento ya está estudiando resolver o bien por la vía judicial o bien por la vía de acuerdos la venta de vivienda protegida de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a "fondos buite".  Ya en el programa electoral de Ahora Madrid, partido instrumental que encabezó Manuela Carmena los pasados comicios, se recogía como uno de los compromisos "paralizar la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y procurar su reversión".

Carmena: "No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda"

Un sencillo tuit de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha bastado para tranquilizar a todas los propietarios que tienen un piso alquilado, y ha explicado que, en lugar de paralizar los desahucios, el plan es "ofrecer alternativas a quien no pueda pagar", con lo que se evitaría generar una situación de indefensión a los particulares que cuentan con un inquilino que no abona la renta mensual.

Con este mensaje, la nueva alcaldesa de Madrid matiza por primera vez desde su nombramiento el pasado 13 de junio una de las propuestas más controvertidas de su programa electoral, donde se afirmaba que pondría "todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo)”.

La nueva propuesta Manuela Carmena sigue la línea marcada por Ada Colau y Barcelona en Comú, que según su programa electoral puesta por "garantizar apoyo, atención y seguimiento a los pequeños propietarios que se vean afectados por impagos de alquiler" para lo que "se estudiarán los motivos de impago" y, en el caso de no poder detener el desahucio, "se garantizará un realojo adecuado".

La idea de Carmena pasa por crear una Oficina de Mediación dentro del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Estos mediadores públicos elaborarán un estudio de la capacidad económica de los deudores que se cruzará con otro informe sobre la información social y el riesgo de vulnerabilidad de esas familias. Algo parecido a la "oficina antidesahucios" creada por la reciente y novedosa ley de vivienda del País Vasco, que además convierte el alquiler social en un derecho para sus ciudadanos.

 598.747 ejecuciones hipotecarias desde que empezó la crisis

Finalmente, hoy hemos conocido que entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas hoy en un informe presentado por Amnistía Internacional. Los datos, sin embargo, no especifican si se trata de una vivienda o un local comercial. En cuanto a domicilios principales en nuestro país, en base a datos del Banco de España, que entre 2012 y junio de 2014 se produjeron 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual.

Así, Amnistía Internacional denuncia que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en nuestro país según los últimos datos del INE en 2011. En este sentido la organización reclama en su estudio el elevado número de viviendas vacías de las que dispone España, 3,44 millones según el censo de 2011, son un "recurso potencialmente utilizable a la hora de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución".

Este es un problema que, según denuncia Amnistía Internacional en su informe, está provocado "por la desprotección que sufre el individuo por parte de las instituciones públicas". También se señala que, a pesar de que desde 2012 el Gobierno ha aprobado una serie de medidas dirigidas a mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su casa, éstas "no son suficientes para cumplir con las obligaciones que exige el derecho internacional en cuanto a derechos humanos".

El informe destaca también que en España hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública. Sin embargo, el porcentaje que supone dentro del mercado inmobiliario es sólo del 1,1% frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido o el 17% de Francia. Sin embargo, "las autoridades de áreas muy afectadas por los desahucios como Madrid o Cataluña han seguido vendiendo parte de su parque público de viviendas a sociedades de inversión, reduciéndolo aún más".

Desde Amnistía Internacional reclaman que "las autoridades españolas no han habilitado mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios". Además, estiman que el Estado debería establecer un mecanismo preceptivo que vigile la negociación entre bancos y familias para garantizar que el desahucio es realmente el único recurso posible una vez evaluadas todas las alternativas.

Fuentes: elpais.com y elmundo.es

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Publicado el Deja un comentario para La vivienda en alquiler será un derecho para los ciudadanos del País Vasco

vitoria paisvasco 300x225 - La vivienda en alquiler será un derecho para los ciudadanos del País VascoEl Parlamento vasco ha cumplimentado el último trámite antes de aprobar de forma definitiva, en junio, la nueva Ley de Vivienda que van a sacar adelante el PSE, EH Bildu y UPyDy que se marca como uno de sus principales objetivos empezar a cambiar los cimientos culturales de una sociedad que todavía basa su diseño familiar sobre una vivienda en propiedad, asegurando como un derecho subjetivo una vivienda en alquiler a los ciudadanos que la necesiten.

Contempla además un canon para pisos desocupados que será de 10 euros por metro cuadrado, y se incrementará un 10% anual hasta un tope de tres veces el canon inicial, mientras permanezca sin usar ni alquilar; y la  expropiación forzosa de uso de las viviendas en manos de los bancos, posibilidad esta última cuya regulación en un decreto andaluz acaba de ser rechazada por el Tribunal Constitucional (TC). "La futura ley vasca también lo incorpora, pero solo como el último recurso si la administración no dispone de parque para ofrecer", han precisado desde el Grupo Socialista tras asegurar que esa parte del proyecto incorpora todas las previsiones que exige el Constitucional.

Lo sustancial del nuevo texto es que convierte el alquiler social en un derecho para los ciudadanos del País Vasco que cumplan una serie de requisitos de ingresos y propiedades máximas, y que por lo tanto podrán reclamarlo en los tribunales si la administración pública vasca no se lo proporciona. Será la primera ley que ofrece a los ciudadanos pisos en alquiler como un derecho subjetivo, y saldrá adelante pese al Gobierno de Iñigo Urkullu, (PNV) que lo considera un despropósito desde el punto de vista económico. Después de dos años de tramitación, el proyecto de Ley de Vivienda, es en opinión de los partidos que la apoyan "un paso adelante en contra de la especulación".

Progresividad

La ley tendrá efectos prácticos para el ciudadano el día después de su aplicación, independientemente de que el Gobierno quiera retrasar la reglamentación posterior, ya que le fija un carril con unas condiciones iniciales por las que avanzar. El proyecto de ley establece en su disposición transitoria segunda que el primer año de su entrada en vigor las familias de tres o más miembros con menos de 15.000 euros de ingresos podrán reclamar al Gobierno vasco una vivienda en alquiler, el segundo año también las de dos miembros con 12.000 euros máximo y a partir del tercer las monoparentales con menos de 9.000 euros.

Fija además que las cuotas para el pago del alquiler nunca podrán sobrepasar el 30% de la "renta disponible" de cada unidad familiar, o el 15% si los ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. La Ley convertirá en un derecho subjetivo el artículo 47 de la Constitución Española en el que se establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y fija que los "poderes públicos promoverán las condiciones necesarias" para ello.

En 5 años, toda la vivienda pública en alquiler

La norma contempla asimismo que en cinco años, el Gobierno vasco deberá de orientar toda su política de vivienda hacia el alquiler. El 80% del parque de vivienda se destinará inicialmente al alquiler, y el proyecto de ley se marca un lustro para que el 100% se destine a ese tipo de uso.

La nueva legislación completa el sistema vasco de protección social que también fija como derecho subjetivo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), es decir, un salario público que hasta ahora da derecho también a recibir la Pensión Complementaria de Vivienda (PCV), que son 250 euros adicionales. El Gobierno ha estimado que la nueva ley tendrá un impacto de 760 millones en diez años, es decir, 76 anuales adicionales a los que ya destina a vivienda de alquiler, unos 90 millones el pasado año (a través de la PCV). Para el PNV, partido que junto al PP están en contra, pero al ser minoría en el parlamento vasco no van a lograr frenarla, no es sostenible.

Fuente: elpais.com

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