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Categoría: Política

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Publicado el 1 comentario en El Constitucional declara ilegal la expropiación de viviendas vacías en Andalucía

tribunalconstitucional 300x180 - El Constitucional declara ilegal la expropiación de viviendas vacías en AndalucíaEl Tribunal Constitucional ha estimado, de forma parcial, el recurso del Gobierno contra el decreto ley antidesahucios en Andalucía y considera ilegal la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos, que era una de las medidas aprobadas por el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, al considerar que la expropiación de viviendas vacías a los bancos invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica". Además, apunta que la norma regula aspectos relativos al derecho a la propiedad, una materia que está vedada al decreto y "reservado a la ley formal".

La sentencia explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad: proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito. Y entiende que el decreto-ley andaluz "obstaculiza", con las expropiaciones, la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. La Junta de Andalucía dictó con posterioridad al recurso de este decreto, una Ley de Vivienda que derogó en parte la primera norma. Dicha ley fue también recurrida ante el Constitucional por el Gobierno y está pendiente de resolución por el Pleno.

La sentencia, por otra parte, estima la pretensión del Gobierno y declara inconstitucionales y nulos el artículo que impone al propietario de una vivienda "el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico" porque afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda.

La urgencia, justificada

La sentencia cree que no puede rechazarse "como abusiva o arbitraria la situación de extraordinaria y urgente necesidad" que el gobierno autonómico, para legislar de urgencia (cuya constitucionalidad se cuestiona en este proceso) "ha apreciado en la actual crisis económica y en sus consecuencias sobre la vivienda". Así las cosas, cree que el Gobierno andaluz" ha cumplido con la exigencia de presentar explícita y razonadamente la situación extraordinaria que le habilita a usar los poderes de legislación de urgencia atribuidos estatutariamente".

De ese modo, respalda que se emplee el Decreto-ley como "un instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que reclaman una acción legislativa inmediata, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes".

La Junta de Andalucía presentó en abril de 2013 su decreto ley para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. El texto contempla la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusión; y el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.

Fuente: europapress.com

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elecciones2015 300x204 - Elecciones 2015: las propuestas de los partidos políticos en economía, empleo y viviendaAño de elecciones este 2015. Tras las andaluzas, la siguiente parada será el día 24 con la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Tras el verano llegarán las catalanas y las elecciones generales. Es conveniente ir conociendo las diferentes propuestas de cada partido, y comparar las promesas de los políticos en temas tan importantes como el modelo económico, las medidas para el acceso al crédito, la vivienda o el empleo.

En relación a la vivienda, el fomento del alquiler, la protección a las familias afectadas por desahucios, la dación en pago, la penalización a las viviendas vacías y alquiler social son los grandes temas que aparecen en los programas de los partidos políticos.

Partido Popular (PP)

  • Vivienda y desahucios: Además de promover el alquiler y la rehabilitación de los inmuebles, también propone fomentar las viviendas de alquiler social y los acuerdos con los bancos para facilitar una segunda oportunidad. También quiere potenciar la construcción de parques públicos de vivienda.
  • Modelo económico: Quiere impulsar los corredores ferroviarios y las conexiones energéticas. Reforma de la oferta turística. Y reforzar la colaboración público-privada en la industria e impulsar la fábrica digitalizada.
  • Medidas para el crédito: Impulsar nuevos instrumentos de financiación, y apoyar un sector financiero moderno y eficiente, además de bien capitalizado.
  • Empleo: Propone el asesoramiento a parados de larga duración, a mayores y menos cualificados. Protocolos comunes para desempleados y la colaboración público-privada, y un nuevo modelo de formación sujeto a una evaluación permanente.

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Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

  • Vivienda y desahucios: Propone una alternativa social de vivienda basada en las 800.000 viviendas vacías construidas con apoyo público. Además contempla la dación en pago y la mediación para la reestructuración de los pagos.
  • Modelo económico: Quiere potenciar la economía digital. Reducir el coste de la energía, así como fomentar los sectores verdes, y recuperar la industria como motor de crecimiento.
  • Medidas para el crédito: Regular de una manera más flexible el crowfunding (la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos). Pretende desarrollar y profesionalizar la financiación no bancaria, y conseguir una Banca Pública de Inversión.
  • Empleo: Subida del salario mínimo cuya meta hacia el 2025 sea en 900 euros. Elaboración de un nuevo Estatuto para los Trabajadores, y la anulación de la reforma laboral.

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Izquierda Unida (IU)

  • Vivienda y desahucios: Al igual que el PSOE también aprueba la dación en pago y además propone una Ley urgente de Garantía del Derecho a la Vivienda. Y concreta que las Administraciones no podrán desahuciar de sus parques de vivienda.
  • Modelo económico: Se opone al Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP). Defiende otro tipo de Política Agraria Comunitaria, y considera que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) deberá financiar una política de reindustrialización destinando el 2% del PIB europeo. Además de una inversión del 3% del PIB a I+D.
  • Medidas para el crédito: Nacionalización de los bancos intervenidos por el FROB para la creación de una banca pública que, mediante acuerdos con ICO, ofertará nuevas líneas de crédito.
  • Empleo: Anulación de las reformas laborales del PSOE y PP. Aprobación de una Renta Básica y una jornada normal de 35 horas semanales. Y la revalorización del salario mínimo en donde hacia el 2019 se llegaría a los 1.176 € por 14 pagas.

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Ciudadanos

  • Vivienda y desahucios: Sus dos medidas principales consisten en la creación de un parque de viviendas sociales con inmuebles procedentes de desahucios, y la dación en pago a precios de mercado.
  • Modelo económico: Quiere alcanzar el 3% del PIB en inversión I+D+i. Crear nuevos centros de investigación aplicada a la industria, y hacer un plan industrial a escala estatal.
  • Medidas para el crédito: Creación de nuevos mecanismos de financiación para pymes.
  • Empleo: Propone que todos los nuevos contratos sean indefinidos. Reducir las cotizaciones sociales para empresas que promuevan empleo, y un cheque de formación de 1.200 € para parados.

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Unión Progreso y Democracia (UPyD)

  • Vivienda y desahucios: Segunda oportunidad para personas físicas con la extinción de las deudas hipotecarias con la dación en pago.
  • Modelo económico: Propone priorizar la inversión en el ferrocarril en vez de en el AVE. Quiere garantizar la independencia de la supervisión de los mercados e incentivar la inversión productiva en sectores de mayor valor añadido.
  • Medidas para el crédito: Pretende facilitar los canales de financiación no bancarios. Abrir nuevas líneas ICO a opciones de factoring y leasing. y obligar a las cajas nacionalizadas a no disminuir el crédito a pymes y autónomos.
  • Empleo: Establecer el contrato único indefinido, con indemnización creciente.

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Podemos

  • Vivienda y desahucios: Propone penalizar la acumulación de viviendas vacías. un procedimiento judicial para reestructurar y cancelar deudas, y que la deuda hipotecaria no supere el valor de la propiedad hipotecada.
  • Modelo económico: Apuesta por turismo sostenible, inversión del 2% del PIB de las comunidades autónomas en I+D. Promueve el consumo local y el reciclaje, además de apoyar el autoconsumo, y fomentar la economía digital.
  • Medidas para el crédito: Desarrollo de la banca pública que favorezca el acceso a la financiación en condiciones asequibles para ciudadanos y pymes.
  • Empleo: Al igual que IU propone una jornada laboral de 35 horas, con una reforma de los incentivos de contratación con ayudas a actuaciones concretas. Y un plan de garantía de rentas, aproximando las rentas mínimas de inserción autonómicas al Salario Mínimo Interprofesional.

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Fuente: cincodias.com

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Publicado el 2 comentarios en Vivienda social, buitres y fondos de inversión

fondosbuitres 300x176 - Vivienda social, buitres y fondos de inversiónTras conocer los datos de los desahucios en 2014, que tanto para el INE como para el Poder Judicial han aumentado, nos preguntamos qué fue de los cientos de familias afectadas por la venta de vivienda pública a fondos privados de inversión en la Comunidad de Madrid. Muchas de estas familias son ya parte de la lamentable estadística de desahucios, o en el mejor de los casos, apenas pueden soportar el esfuerzo para asumir las condiciones de los nuevos propietarios. Mientras en los juzgados siguen abiertas las denuncias sobre la legalidad en los procesos de venta de estas viviendas sociales, que a su vez pueden llevar asociados delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

En 2013, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la venta de un tercio de sus pisos sociales para salvar de la quiebra la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). En parte logró el objetivo con la venta de 1.860 viviendas de renta protegida (distritos de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Hortaleza y Moratalaz) por 128,5 millones de euros al fondo de inversión Magic Real Estate (Blackstone). Las consecuencias de la venta de viviendas de carácter social y titularidad pública a estos grupos de inversión, conocidos por su agresividad especulativa como "fondos buitre", se están traduciendo en más familias desahuciadas por no poder pagar los abultados alquileres que los nuevos caseros les han impuesto, mientras que el Ayuntamiento de Madrid presume de haber reducido el déficit.

En aquel momento, se dijo a los inquilinos que les mantendrían las condiciones de alquiler reducido según las circunstancias personales de cada uno, pero la nueva empresa comienza la renovación de los contratos con condiciones muy diferentes a las establecidas inicialmente. Decenas de familias denunciaron que además de encontrarse, sin previo aviso, con estos nuevos propietarios, se les reclama un alquiler muchísimo más alto, al que no pueden hacer frente.

En paralelo al conflicto de los pisos sociales del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid (IVIMA) mantiene una situación similar con las viviendas del organismo que también fueron vendidas a un fondo buitre. Así, en agosto de 2013 Goldman Sachs-Azora se hizo con las 32 promociones de viviendas donde residen 2.935 familias del Plan Joven del IVIMA tras pagar 201 millones de euros.

En este caso, todos los desahucios relacionados con estas viviendas del IVIMA han quedado paralizados. La Comunidad de Madrid no les consideró parte interesada a estos inquilinos en el proceso, porque defendía que las condiciones de sus contratos no cambiarían con los nuevos propietarios. El Gobierno no mencionó, en cambio, que esta situación tenía fecha de caducidad.

La estrategia de estos fondos de inversión es clara: comprar las viviendas a una media de 60.000 euros, y cuando los pisos se queden vacíos, venderlos a 140.000 euros. Les interesa que los inquilinos salgan de los pisos de no poder afrontar las nuevas condiciones (de rentas de 50 euros se pasa a casi 500 euros), por lo tanto, el interés social de estas mismas desaparece. Comienzan así los procesos de desahucios, ocupaciones ilegales y dificultades para alquilar y vender los pisos que, finalmente, estos fondos logran poner en el mercado una vez desalojados sus originarios propietarios.

Desahuciados de un piso que ya no es "social"

Jorge, parado y sin cobrar subsidio. Vive con su mujer y tres hijos en un edificio de viviendas públicas situado en Vallecas. La renta que pagó Jorge durante los años en que el edificio fue propiedad de la Comunidad de Madrid oscilaba entre los 50 y 140 euros. "Dependía mucho de los ingresos que teníamos", aclara el afectado. Cuando les vence la subvención del Estado pasa a pagar 480 euros mensuales y 500 euros del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), algo de lo que se hacía cargo el IVIMA."Es imposible para nosotros pagar el alquiler y darle de comer a nuestros hijos", señala.

Ana Vargas, con 3 hijos y un sueldo de 900 euros tiene que hacer frente ahora a un alquiler de 600 euros de un piso en Vallecas concedido por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y vendido posteriormente a Magic Real Estate Blackstone. Le espera una orden de embargo por no poder hacer frente a esas condiciones.

Chus, después de años en su piso, se le permite una prorroga de 1 a 3 años pero con una subida del alquiler de un 42,5% a lo largo del trienio, a lo que hay que sumar el IBI de 400 euros, más los gastos de comunidad. Chus es la propulsora de un calendario protesta en la que aparecen 13 familias desnudas dentro de sus casas. Es un calendario que habla de "ilusiones truncadas", de lucha, de pérdida de derechos, de dignidad y de corrupción.

Éstos son sólo algunos de los casos, desgraciadamente, no son los únicos. Los nuevos propietarios aprovechan cualquier resquicio legal para subir las cuotas, impedir la prórroga de contratos vencidos, eliminar las ayudas públicas, descuidar el mantenimiento y deshacerse así de las familias para poder vender o arrendar a precios de mercado. "Mobing inmobiliario en toda la regla. Muchos se están marchando porque no quieren pasar la vergüenza de un desahucio pero a los que no tienen ninguna alternativa los acaban echando", denuncia Arancha Mejías, presidenta de la asociación de vecinos de las viviendas sociales de la EMVS en Carabanchel.

De fondos y buitres

Esto es lo que está ocurriendo con las viviendas sociales que los políticos que mandan en Ayuntamientos, han vendido a estos fondos de inversión. Fondos buitres los llaman. Pero para muchos, como bien comenta José Antonio Martínez Lamoca en El País: "buitre no es otro que el político (del que se supone que tiene que administrar los bienes de todos e intentar favorecer a los más necesitados) que pone a la venta ese bien común, no importándole en absoluto los efectos de su insociable decisión. Es el infeliz resultado de ese capitalismo salvaje que proclaman los que invocan la santidad de los mercados y el ultraliberalismo económico; en fin, pura y dura especulación. Fondo buitre es ese fondo de inversión alimentado por esos buitres que vuelan en círculo en nuestro país. Visto lo visto, es razonable empezar a buscar el significado de justicia social e indignación".

Fuente: elpais.com

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Publicado el 3 comentarios en Las 4 propuestas clave de Podemos para cambiar el mercado de la vivienda

podemos2 300x168 - Las 4 propuestas clave de Podemos para cambiar el mercado de la viviendaPodemos, el fenómeno político aupado por el desencanto social y la inactiva clase política tradicional, que en el supuesto de celebrarse en la actualidad unas elecciones generales sería la fuerza más votada, desveló el pasado viernes el borrador de uno de los misterios mejor guardados y más esperados sobre Podemos: su programa de propuestas económicas.

En materia de vivienda, la formación política dirigida por Pablo Iglesias apuesta por la rehabilitación, la eficiencia energética y la promoción de inmuebles de alquiler o tutelados para mayores, al tiempo que apunta a una nueva regulación de la Sareb y una nueva ley de Vivienda para "garantizar el derecho constitucional a ella".

El programa de propuestas económicas se apoya en un análisis encargado a los profesores Juan Torres y Vicenç Navarro para elaborar una lista de iniciativas que se tomarían en el caso de llegar al Gobierno en las próximas elecciones generales, y en las que la vivienda y el mercado inmobiliario tienen una amplia presencia.

  1. Elaboración de una ley de Vivienda que garantice el ejercicio del derecho constitucional a disfrutar de ella y que consagre una nueva estrategia estatal en este campo basada en la plena ocupación y optimización del parque de viviendas existente, en la promoción de recursos residenciales y viviendas sociales destinados a grupos y colectivos en situación de especial dependencia o riesgo de exclusión y que, por supuesto, modifique la legislación actual en materia de responsabilidad personal en la adquisición de vivienda para evitar inmediatamente que sigan produciéndose los desahucios y las situaciones de injusticia flagrante que se están viviendo.
  2. Teniendo en cuenta el capital físico y la experiencia acumulada en los últimos años, en esta estrategia puede tener una gran importancia la reorientación de la política de urbanización y vivienda. En concreto, se pueden abrir importantes yacimientos de rentabilidad y empleo en actividades como la rehabilitación de viviendas, la mejora de su rendimiento energético, la promoción de viviendas de alquiler o tuteladas para personas mayores o dependientes, el urbanismo de cercanía y cuidados, el reverdecimiento de nuestros espacios públicos. Y particularmente en la apuesta decidida por nuevos tipos de producción y consumo de recursos energéticos en la línea que se está imponiendo en los países más avanzados de nuestro entorno, como Alemania.
  3. Con respecto a la regulación del "banco malo", Podemos reclama una modificación de la naturaleza y la actuación de la Sareb, denunciando la política promovida por el Gobierno de poner miles de viviendas "en manos de fondos especulativos internacionales".
  4. Es urgente la puesta en marcha de una estrategia orientada a reestructurar y aliviar la deuda familiar, en particular la hipotecaria, una medida que hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha recomendado en países como España. En este sentido, Podemos pondrá en marcha la creación de una institución de conciliación en la que deudores, acreedores y administración establezcan condiciones para la moratoria, reestructuración o quita de la deuda familiar en condiciones que proporcionen la mayor estabilidad posible al sistema y restituya el daño recibido por las familias en años anteriores.

Junto con estas propuestas para la vivienda y el mercado inmobiliario, el nuevo partido político propone medidas que, o bien se antojan imposibles, como la conocida propuesta de una Renta básica universal que costaría 145.000 millones de euros y que en este informe no se hace referencia, o bien algunas llamativas y que no se conoce aún cómo se podrían ejecutar como la referencia del actual documento al "derecho al crédito para empresas y familias", apostando por el "reconocimiento en nuestra Constitución de un principio que consagre el crédito y la financiación a la economía como un servicio público esencial para la economía", para lo que sería necesario la reforma del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que reciba préstamos del Banco Central Europeo y estas ayudas "se produzcan en las mismas condiciones que la banca privada, y pueda así asegurar que la financiación llegue a las pequeñas y medianas empresas y a las familias que lo necesitan con tanta urgencia".

El texto del programa de propuestas económicas también aglutina acciones para la educación, la sanidad, economía y empleo... se define como un punto de partida para la discusión y elaboración de un programa económico de gobierno con el que concurrir a las próximas elecciones generales, con el objetivo de democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida.

Fuente: elmundo.es - Podemos: Programa de propuestas económicas

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Publicado el 3 comentarios en El Gobierno suavizará el castigo fiscal a la venta de viviendas de segunda mano

hacienda montoro ferre 300x168 - El Gobierno suavizará el castigo fiscal a la venta de viviendas de segunda manoTras la oposición y la críticas de los grupos políticos e incluso de miembros del Partido Popular, el Gobierno ha aceptado finalmente moderar el alza fiscal a la venta de viviendas de segunda mano. Ayer noche, al límite del plazo legal, el grupo parlamentario popular introdujo en el Senado una enmienda sobre la reforma fiscal con cambios para mantener los coeficientes de abatimiento, añadiendo un límite que solo se podrá aplicar las plusvalías menores a 400.000 euros.

De este modo, el Senado ha admitido a última hora una enmienda al proyecto de ley de reforma fiscal que elimina los coeficientes de abatimiento cuando se obtengan plusvalías inferiores a 400.000 euros. Se tendrá en cuenta la correción monetaria, es decir, el efecto de la inflación sobre la revalorización del precio

Hacienda llevaba días estudiando suavizar el "hachazo fiscal" a la venta de inmuebles usados tras la presión política y social. Con el cambio introducido, el alza fiscal será menor para las viviendas, acciones, obras de arte o antigüedades vendidas el próximo año y que fueron adquiridas antes de 1995.

Los coeficientes de abatimiento se calculan sobre la plusvalía generada hasta el 19 de enero de 2006 y la reducción será del 11,11% anual para viviendas, del 25% para acciones y del 14,28% para otros bienes.

Sin embargo, las enmiendas del grupo popular mantienen la desaparición de la otra bonificación fiscal que eliminaba la reforma: los coeficientes de corrección monetaria. Estos indicadores disipaban el efecto de la inflación sobre la revalorización de los inmuebles usados que se vendían, de forma que solo tributaban por la plusvalía "real" obtenida. Precisamente, esta era la medida más criticada por expertos y oposición.

De esta forma, de momento la subida de impuestos no se reducirá para las casas y pisos comprados después del 31 de diciembre de 1994. Por ejemplo, si un propietario vende antes de 2015 una casa por 200.000 euros, que compró en 1986 por 50.000 euros, pagaría 10.381 euros a la Agencia Tributaria por la plusvalía. Sin embargo, si vende en 2015, el gravamen por la misma ganancia patrimonial se disparará a 34.880 euros.

En el caso de las viviendas compradas más recientemente, el coste fiscal es menor, pero existe. Si un propietario compró su casa en el año 2.000 por 120.000 euros y ahora tiene un precio de mercado de 140.000 euros, en caso de que la venda este año no tendrá que pagar IRPF por la plusvalía. No obstante, si vende en 2015, la factura fiscal será de 4.280 euros.

El Gobierno podría aún mitigar este incremento impositivo si acepta alguna de las enmiendas presentadas por otras formaciones políticas al respecto. Mientras, la reforma fiscal sigue invitando a vender antes de 2015.

Fuente: abc.es

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Publicado el Deja un comentario para La Ley de Costas regularizará la situación de 36.000 edificios y viviendas junto al mar

algarrobico almeria 300x225 - La Ley de Costas regularizará la situación de 36.000 edificios y viviendas junto al marEn España hay 40.000 edificios y viviendas que ocupan el dominio público marítimo terrestre. Sólo el 10% de esas construcciones, alrededor de 4.000, están ordenadas, el resto están "en una situación de alegalidad".

Así, el pasado viernes, fue aprobado por el Consejo de Ministros el Reglamento General de la Ley de Costas finalmente se permitirá regularizar la situación de las 36.000 ocupaciones que continúan a día de hoy olvidadas por la ley. "Este reglamento pondrá fin al enorme desorden que había en la costa española", según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

De este modo, el "limbo legal" en el que se encuentran estos edificios de pisos y apartamentos, casas, hoteles, chiringuitos y otros negocios junto al mar, debe de durar poco tras la aprobación de la reforma de la Ley de Costas de 1988 a la que dio luz verde el Congreso en mayo de 2013, siendo este reglamento el instrumento jurídico que permita desarrollarla y aplicarla, para evitar que se siga perpetuando una situación en la que la administración aplica la ley en algunos casos y en otros mira hacia otro lado.

Este desbarajuste surge tras la aprobación de la ley del 88 cuando se otorgaron 24.000 concesiones compensatorias (en su mayoría de 30 años) a aquellas edificaciones que invadían el dominio público marítimo terrestre, autorizando a los propietarios de esas ocupaciones a su uso durante ese tiempo, pero pasadas esas tres décadas la propiedad pasaría directamente al Estado. Y eso debía empezar a ocurrir en el año 2018. Hay aún 16.000 casos a los que no se les compensó por la expropiación con una concesión de uso y que, se van a revisar "uno a uno". "Entre esos 16.000 vamos a encontrar ilegalidades seguro. Y si eso sucede no se les va a dar la concesión", según el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra.

La reforma de la Ley de Costas de 2013 (y el reglamento recién aprobado) le da un giro a esa visión de la ley anterior que buscaba recuperar para el Estado la propiedad y el uso de todo el dominio público marítimo terrestre. El nuevo reglamento permitirá prorrogar las concesiones en vigor en 75 años más para viviendas, 50 años para hoteles y negocios y 30 años más para los cerca de 3.000 chiringuitos presentes en las playas españolas.

Además, permite que esas concesiones se puedan vender, alquilar, hipotecar o heredar durante ese tiempo, algo que no permitía la Ley de 1988. La medida supone un importante balón de oxígeno para aquellos propietarios que veían esfumarse el derecho a la propiedad sobre sus viviendas y negocios dentro de menos de cuatro años y ahora podrán disponer de ellas durante varias décadas más o lucrarse con su venta si lo desean.

No obstante, no saldrá gratis. La norma contempla la ampliación de la concesión mediante el pago de un canon que irá a engrosar las arcas del Estado. Aunque la cuantía y la forma de calcular ese pago está marcado por el nuevo reglamento, no se trata de nada nuevo. Las arcas públicas ya ingresan cerca de 20 millones de euros anuales en concepto de canon pagado por ese 10% de las ocupaciones, esas 4.000 edificaciones que sí están ordenadas según la Ley del 88. Por lo pronto, a partir de ahora deberán pagar todos aquellos propietarios que deseen seguir teniendo derecho sobre esas edificaciones, por lo que se pasará de ingresar el canon de 4.000 propietarios a hacerlo de los 40.000 que hay en el dominio marítimo terrestre que quieran continuar disfrutando de ese espacio público.

Y la cuantía puede llegar a ser importante. El cálculo se complica para los negocios que pagarán en función de su superficie y su productividad, pero para una vivienda se deberá pagar cada año el 6% del valor catastral de la propiedad. Es decir, que el propietario de una casa de 100.000 euros según el catastro deberá pagar al Estado 6.000 euros anuales.

Los particulares también podrán hacer reformas en la instalación o vivienda para la que tienen concesión siempre que las obras no excedan el tamaño, superficie y volumen de la misma. El Gobierno insiste en que no tiene un interés recaudatorio, e incluso asegura no conocer con precisión la cifra que se recaudará. Federico Ramos incidió, no obstante, en que la idea es "reordenar, no cobrar más" y en que "no se va a hacer legal a nadie que se haya instalado en la costa ilegalmente" sino a dar legalidad a quien dispone de una concesión y no tenía ningún tipo de título, entre otros.

Desde el Gobierno, no le ven sentido a ejecutar el fin de las concesiones de la Ley del 88 e insisten en que las expropiaciones masivas para recuperar para el Estado estos terrenos ocupados en el dominio público supone un gasto enorme en demoliciones. Según Federico Ramos "el cálculo que hicimos para demoler el hotel de El Algarrobico (Cabo de Gata-Níjar, Almería) era de siete millones de euros".

Más detalles:

Fuente: elmundo.es

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Lospresupuestos2015 bis1 300x272 - Presupuestos Generales 2015: crece la inversión pública en todas las comunidades Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2015 mientras que recortan un 26% en política de vivienda, sí que prevén más inversión pública en todas las comunidades (a excepción de Ceuta) tras varios años de dolorosos recortes. El presupuesto de inversión total tanto del Estado como de las entidades públicas muestran que la inversión total crecerá un 8,4% en 2015 con respecto al presupuesto aprobado para el año 2014. La cifra se situará en 13.103 millones de euros, un nivel que también es ligeramente superior al de 2013.

Si se comparan los presupuestos de 2015 con los de 2011 (los últimos de la anterior legislatura), el recorte en estos años de crisis ha sido del 36,6%. Así, en estos cuatro años de gobierno de Mariano Rajoy, la comunidad autónoma más penalizada por el recorte de la inversión es Cataluña, con un descenso del 57,9%, que la ha relegado a uno de los últimos puestos en inversión por habitante. En cuanto a recortes en cuatro años, a la comunidad catalana le siguen la Comunidad Valenciana con un 49,6% de descenso, Ceuta (-47,2%) y Madrid (-44,7%). La inversión en obra pública ha estado muy vinculada a las obras del AVE, lo que explica buena parte de la variación.

Así, la inversión en Cataluña ha pasado de los 2.548,45 millones de los presupuestos aprobados para el año 2011 a los 1.072, 3 millones de 2015. En el año 2011, se terminó el AVE Madrid-Barcelona, lo que tiró al alza de las cifras de inversión en Cataluña. Fuentes del Gobierno señalan que el presupuesto total del Ministerio de Fomento en Cataluña (contando no solo inversiones, sino también gastos de personal, gasto corriente y otras partidas) es de 2.094 millones, el segundo más alto de España. Y que la inversión de Fomento, sus entidades públicas empresariales más los convenios de ferrocarriles suman 1.029 millones en 2015, un 19,2% más que este año.

En términos absolutos, las comunidades autónomas con mayor inversión para el año 2015 son Andalucía (1.958 millones; +14,4%); Castilla y León (1.744 millones; +24,5%); Galicia (1.385,8 millones; +2,1%) y Cataluña (1.072 millones; +13%). Los mayores incrementos de la inversión se dan en Baleares (86%), Murcia (40%) y la Comunidad Valenciana (26,5%). Los menores, en Galicia (2,1%), La Rioja (3,3%), Extremadura (4,5%) y Canarias (4,5%).

Con respecto a la inversión por habitante, Castilla y León (con 699 euros) y Galicia (504 euros) son las más favorecidas, precisamente zonas donde continúa la construcción del AVE. Las que menos inversión por habitante atraen son Baleares (124 euros), Canarias (127 euros) y Cataluña (145 euros).

La inversión territorializada, en todo caso, es una aproximación que hay que tomar con cuidado. Ferrocarriles y carreteras, por ejemplo, benefician tanto o más a los territorios que unen que a los territorios por los que discurren. Además, las comparaciones intertemporales son con frecuencia poco significativas, ya que muchas de las inversiones públicas tienen un carácter singular e irrepetible, como un aeropuerto o una línea de alta velocidad. es lo que ha ocurrido con Madrid con la T-4 o con Barcelona tras la ampliación de El Prat. Además, las diferentes realidades físicas de los territorios tienen incidencia en las inversiones del Estado. Asimismo, los diferentes repartos de competencias entre Estado y comunidades autónomas llevan a distintos niveles de inversión del Estado en las regiones.

presupuestos2015 bis2 - Presupuestos Generales 2015: crece la inversión pública en todas las comunidades

Fuente e imágenes: elpais.com

Más detalles: Presupuestos Generales del Estado 2015

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Publicado el 1 comentario en Recorte del 26% en política de vivienda en los Presupuestos Generales del 2015

presupuestos2015 300x182 - Recorte del 26% en política de vivienda en los Presupuestos Generales del 2015Los Prepuestos Generales del Estado destinarán 587,1 millones de euros a política de vivienda en 2015, un 26% menos que en 2014, cuando destinó 799 millones de euros. Del total presupuestado para el próximo año, el 94,7% (556,3 millones de euros) irá destinado a los créditos asignados al programa de promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda.

Con estos presupuestos el Ministerio de fomento centrará sus principales objetivos en seguir avanzando en el cambio de modelo, con un claro enfoque en el impulso del alquiler y la rehabilitación, con el  fin de promover una reactivación del sector de la construcción y la creación de empleo. A estos objetivos se suma la intención de facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos de ciudadanos con mayores necesidades, y de fomentar dicho acceso en las mismas condiciones en todo el territorio nacional, propiciando la cohesión territorial.

Así, los Presupuestos Generales en materia de vivienda contemplan deducciones fiscales e incentivos a la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Partidas de donde el gobierno ha recortado gasto después de reducir las exenciones a los caseros y suprimir la desgravación estatal para inquilinos a partir de 2015.

De este modo, la política de vivienda se centrará en el alquiler como uno de los ejes del plan estatal de vivienda 2013-1016, con ayudas para el acceso a pisos en alquiler, ayudas para la promoción, líneas creadas para movilizar las viviendas vacías y la cofinanciación de la vivienda de promoción pública en alquiler.

Se destinarán 17,21 millones en 2015 para convenios con distintas comunidades autónomas y entidades locales, suscritos a través de Sepes o por la propia Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo .

Para el abono de la Renta Básica de Emancipación, derogada desde el 1 de enero de 2012, pero que aún cobran jóvenes con derecho reconocido, está prevista una dotación de 14 millones de euros, menos de la mitad que en 2014. A pesar de haber sido derogada tienen acceso a la misma aquellos que tuvieran derecho reconocido o que lo hubieran solicitado antes del 31 de diciembre de 2011, hasta que cumplan los 30 años de edad o la hayan disfrutado durante cuatro años interrumpidos o no.

En las dotaciones presupuestarias de la política de vivienda habría que añadir finalmente un conjunto de acciones puntuales para atender problemas específicos, como las subvenciones para la remodelación de barrios mediante convenios con administraciones territoriales.

Se incluyen además, otras líneas de gasto que abarcan desde estudios de investigación y fomento en arquitectura y vivienda, hasta las intervenciones arquitectónicas y de ingeniería en obras específicas de rehabilitación patrimonial y, especialmente, la elaboración de normas básicas reguladoras de la innovación y calidad de la edificación. También se realizan actuaciones dirigidas a la conservación del patrimonio arquitectónico histórico y social.

En materia de urbanismo y suelo, durante 2015 se prestará apoyo y asistencia técnica al desarrollo de nuevos proyectos y actividades relacionadas con la reciente aprobación de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas y la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas.

Fuente: elconfidencial.com

Más detalles: Ministerio de Fomento (.pdf) Ministerio de Hacienda (.pdf) - Presupuestos Generales del Estado 2015

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vivienda impuestos 300x199 - Hachazo fiscal para las viviendas más antiguas que se vendan a partir del 2015La propuesta de reforma fiscal aprobada hace apenas tres semanas por el Consejo de Ministros y diseñada por el equipo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esconde una carga de profundidad disimulada entre los mensajes de rebaja de impuestos: una importante subida de la factura fiscal asociada a la venta de vivienda, que puede alcanzar una diferencia a efectos de pago en el IRPF entre vender una vivienda el 31 de diciembre de 2014 o el 1 de enero de 2015 de miles de euros, sobre todo si la vivienda fue comprada antes de 1994.

Así, la reforma fiscal planteada por el Gobierno propone eliminar coeficientes reductores que penalizará notablemente a determinados grupos de propietarios con la venta de sus casas, sobre todo a las viviendas más antiguas. Si se piensa vender una vivienda, especialmente si se tiene en propiedad hace muchos años, debe meditarse si hacerlo antes de que termine este año, pues la tributación aplicada será la actual, manteniéndose los coeficientes correctores.

El texto elaborado por Hacienda pretende acabar a partir del 1 de enero de 2015 y de una sola tacada con los dos instrumentos que históricamente han permitido reducir la carga impositiva sobre las plusvalías generadas por la revalorización de los bienes inmobiliarios en el momento de su venta: los coeficientes de abatimiento y el coeficiente de actualización. La reforma ha sorprendido por la eliminación de estos coeficientes reductores, en funcionamiento desde los años ochenta, con el objetivo de aliviar el efecto de la inflación. Para entendernos: cuando una persona vende una casa debe tributar en el IRPF por la plusvalía que haya generado, que no es otra cosa que la diferencia entre el precio de compra y el de venta.

La eliminación del coeficiente de abatimiento afecta a casas y pisos comprados antes de 1994. En el caso del coeficiente de actualización, singularmente a las adquiridas antes de 2008, ya que es el último año en el que se revalorizó la vivienda y además se registraron fuertes subidas del IPC. Con todo, si se vende más caro de lo comprado en años posteriores, también se habría dado una corrección que ahora se elimina.

Para hacerlo más gráfico, imaginen un contribuyente que compró una vivienda en 1976 por dos millones de pesetas (12.020 euros) y ahora decide venderlo por 220.000 euros. Con la ley vigente, el vendedor pagará 10.869 euros en el IRPF por la ganancia patrimonial. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2015, el coste fiscal en este ejemplo se elevaría a 43.995 euros. Es decir, la diferencia entre vender un piso el 31 de diciembre de este año o hacerlo 24 horas más tarde asciende a 33.126 euros.

Como apuntan desde el despacho Solchaga Recio & asociados, el cambio normativo influirá decisivamente en el mercado inmobiliario de aquí a final de año. Quienes tuvieran un piso comprado muchos años atrás y estuvieran pensando en venderlo, deberían acelerar el proceso para evitar el castigo fiscal que incluye la reforma del Gobierno. El comprador, por su parte, tendrá en la reforma fiscal un arma de presión adicional para rebajar el precio.

Por otra parte, en términos fiscales, la donación de una vivienda tributa como una venta, obtiene una plusvalía en función del precio al que compró la vivienda y el precio de mercado vigente en el momento en que se produce la donación. Así, todo apunta que la reforma fiscal acelerará las donaciones de vivienda para evitar el castigo fiscal en el IRPF que se producirá a partir de enero de 2015.

Fuente: cincodias.com (Simulador fiscal)

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Publicado el 2 comentarios en La reforma fiscal para el alquiler hará que 2.160 millones pasen a la economía sumergida

economiasumergida 300x223 - La reforma fiscal para el alquiler hará que 2.160 millones pasen a la economía sumergidaLas nuevas medidas de la reforma fiscal que propone el Gobierno en relación al alquiler de viviendas, que reduce las exenciones tributarias a los caseros y suprime la deducción a los inquilinos por alquilar, harán que dejen de declararse 300.000 viviendas, lo que conllevará un coste de 2.160 millones de euros que pasarán a la economía sumergida, según un comunicado de la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda (Arrenta). Las medidas, en contradicción con las propias intenciones del Gobierno por reestructurar el sector, perjudicarán "enormemente" el impulso y la regulación del alquiler.

Según Arrenta, actualmente no se declara el 10% de los alquileres en España, aproximadamente 200.000 casas y pisos en alquiler con una renta media de 7.200 euros anuales. Esto supone 1.400 millones de euros al año, el 0,12% de PIB, aunque la cifra puede incrementarse hasta 2.160 millones con las nuevas medidas. La solución pasa por medidas de fomento fiscal, con una revisión al alza de la deducción estatal en detrimento de la autonómica y la eliminación del límite de la base imponible.

De este modo, con las nuevas medidas de la reforma fiscal, las comunidades autónomas tendrán que decidir sobre la deducción por alquiler de vivienda. Algunas comunidades siguen manteniendo la deducción por alquiler en el tramo autónomico, pero está por ver qué regiones lo mantendrán en la declaración del año que viene. De momento, Madrid ya ha anunciado que mantendrá este beneficio fiscal.

Autonomías que contemplan la deducción para la declaración de la Renta 2013

Andalucia: Por alquiler de vivienda habitual se devuelve el 15% de las cantidades satisfechas con un máximo de 500 euros, en caso de que se trate de un contribuyente menor de 35 años y cuando la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros anuales en caso de tributación individual o 24.000 euros en caso de tributación conjunta.

Aragón: Existen beneficios fiscales para el alquiler del 10% de las cantidades satisfechas en vivienda habitual con una base máxima de 4.800 euros. Los requisitos a cumplir incluyen que la suma de la base imponible general y del ahorro no supere los 15.000 euros en la declaración individual o 25.000 euros en conjunta.

Asturias: El beneficio fiscal es del 10% con un máximo de 455 euros y que la suma de la base imponible general y del ahorro, no exceda de 25.009 euros en tributación individual o 35.240 euros en tributación conjunta. Este porcentaje asciende al 15% con un límite de 606 euros en caso de arrendamiento de vivienda habitual en el medio rural, situada en suelo no urbanizable y en concejos de menos de 3.000 habitantes.

Canarias: En cuanto al alquiler, la deducción es del 15% con un límite máximo de 500 euros cuando la base imponible general no sea superior a 20.000 euros en individual o 30.000 euros en el supuesto de opción por la tributación conjunta.

Cantabria: El alquiler de vivienda da derecho a una ayuda fiscal del 10% con un límite de 300 euros cuando se trate de menores de 35 años, mayores de 65 o discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 65%. La base imponible será inferior a 22.000 euros en tributación individual o a 31.000 euros en conjunta.

Castilla y León: Por el alquiler, la deducción asciende al 15% con un límite máximo de 459 euros cuando la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no sea superior a 18.900 euros en tributación individual o a 31.500 uros en conjunta. La deducción se incrementa hasta un 20%, con el límite de 612 euros, cuando la vivienda esté situada en los municipios enumerados en la Ley 9/2004, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.

Castilla-La Mancha: Otra de las novedades que se han includio para la declaración de este año se refiere al arrendamiento para jóvenes menores de 36 años, que obtendrán un beneficio fiscal del 15% con un máximo de 450 euros siempre y cuando la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente menos el mínimo por descendientes no supere la cuantía de 12.500 euros en tributación individual y 25.000 uros en tributación conjunta.

Cataluña: Los menores de 32 y los mayores de 65 años también pueden deducirse el 10% del alquiler con un máximo de 300 euros en un año, que aumenta a 600 euros en el caso de familia numerosa. También pueden beneficiarse de esta deducción quienes con independencia de la edad hayan estado en paro durante 183 días o más durante el ejercicio, tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65%, sean viudos. La base imponible no puede ser superior a los 20.000 uros anuales y las cantidades satisfechas en concepto de alquiler han de exceder el 10% de los rendimientos netos del sujeto pasivo.

Galicia: Los jóvenes con menos de 35 años pueden obtener una ayuda en el IRPF por el arrendamiento del 10% con un límite de 300 euros. La base imponible total menos los mínimos personal y familiar no podrá ser superior a 22.000 euros.

Madrid: Por arrendamiento de vivienda habitual existe un incentivo fiscal del 20% para menores de 35 años con un límite de 840 euros. Las cantidades abonadas por el arrendamiento de la vivienda habitual deben superar el 10% de la base imponible general y del ahorro del contribuyente y no pueden superar a estas en 25.620 euros en tributación individual o a 36.200 euros en tributación conjunta.

Valencia: Por el arrendamiento de vivienda se pueden deducir un 10% de las cantidades satisfechas como consecuencia de la realización de una actividad, por cuenta propia o ajena, en municipio distinto de aquél en el que el contribuyente residía con anterioridad, con el límite de 204 euros.

Navarra: Este año se ha incrementado sustancialmente la deducción por alquiler elevando el límite anual de 900 a 1.200 euros.

Imagen: lexnova.es - Fuente: abc.es

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