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A pesar de que las estadísticas sobre inmuebles sin inquilinos escasean (el último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística data del 2011), se calcula que son cerca de 450.000 viviendas desocupadas las que hay en Cataluña, 100.000 se encuentran en manos de entidades financieras, 80.000 son de nueva construcción y unas 45.261 viviendas que están vacías después de haber pasado por un procedimiento de ejecución hipotecaria, junto con todos aquellos pisos vacíos de propiedad privada que están sin ocupar por otras causas. Una de las consecuencias más graves de la larga crisis económica, directamente relacionada con el problema del paro y las familias más necesitadas, es la dificultad de los ciudadanos para encontrar una vivienda o mantener la que adquirieron en propiedad durante la época de la burbuja inmobiliaria.

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Esta realidad social ha sido denunciada reiteradamente en los últimos años por entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras muchas organizaciones, así como sociólogos, economistas e incluso algunos partidos políticos. La problemática se repite en prácticamente todos los municipios españoles y catalanes: muchas familias se han visto obligadas a dejar de pagar las cuotas hipotecarias, han sido desahuciadas o están en vías de serlo y su vivienda ha pasado a manos de los bancos o de la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como el “banco malo”). La principal reivindicación de organizaciones como la PAH es que estos pisos que han quedado vacíos después de una ejecución hipotecaria sean destinados al alquiler social, a un precio asumible para aquellos que tienen dificultades para acceder a un vivienda.

Con el objetivo de medir el alcance de la situación e identificar los núcleos de población que concentran los problemas más graves de acceso a la vivienda, Cataluña aprobó en abril del año pasado el decreto ley 1/2015 de “medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria. Este decreto obliga a los bancos a proporcionar a l’Agència Catalana de l’Habitatge datos sobre el número de viviendas vacías que tienen. Medida inicialmente suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), que tras cinco meses de suspensión cautelar, ha decidido recientemente levantar el veto al impuesto catalán sobre los pisos vacíos. El tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión pero de momento permitirá cobrar la tasa pues considera que las consecuencias de hacerlo son reversibles y prevalece el interés de la Hacienda catalana. La Generalitat prevé recaudar 14,3 millones de euros. En este sentido, cabe destacar que algunos de los ayuntamientos de las ciudades más pobladas de Cataluña, como el de Barcelona o el de Badalona, acaban de anunciar que impondrán una tasa a los propietarios de los pisos que permanezcan vacíos durante dos años.

La mayoría de las nuevas leyes aprobadas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria se ha centrado en los grandes tenedores de vivienda vacía, es decir, entidades financieras, empresas y fondos de inversión. Medidas como la cesión obligatoria de estos pisos a la Administración que contempla el artículo 7 de la ley 24/2015, el impuesto sobre viviendas vacías, con el que la Generalitat recaudó el año pasado 11.3 millones de euros, y las multas que algunos consistorios han impuesto a las entidades financieras propietarias de inmuebles vacíos han conseguido movilizar una parte del stock de vivienda vacía.

Pero de momento no hay modo de contabilizar estas viviendas, así que la única manera de realizar una prospección del problema de la vivienda en Cataluña es analizar los datos oficiales procedentes de los bancos, y que por sí mismos ofrecen una perspectiva bastante fidedigna de la situación. No obstante, La Vanguardia ha consultado el "Registro de Pisos Vacíos" de la Generalitat, y ha cruzado los datos con otras cifras oficiales sobre vivienda y población que proporciona el INE (Instituto Nacional de Estadística), como el censo de viviendas, ejecuciones y desahucios, así como el número de residentes de cada municipio de Cataluña, lo que os permite obtener una visión más detallada del problema de la vivienda en Cataluña.

Barcelona y su área metropolitana

En números absolutos, Barcelona y su área metropolitana es donde hay más pisos vacíos por ejecución hipotecaria, pero eso no significa que los problemas más graves se concentren en esta zona del territorio catalán. Al haber mucha más población y un mayor parque de viviendas, es lógico que el número de pisos vacíos sea mayor en ciudades como Barcelona (2.445), Hospitalet del Llobregat (1.605) o Badalona (1.237).

En cualquier caso, estos grandes municipios del Barcelonès también presentan graves dificultades de acceso a la vivienda, porque a la problemática de los pisos vacíos por ejecución hipotecaria se suma la imparable especulación inmobiliaria, que en los últimos meses está expulsando a algunos residentes de la capital por la subida disparatada de los alquileres. En el último año, comprar piso en Barcelona ha subido el 9% y alquilarlo un 18%.

En términos relativos, sin embargo, Barcelona no está entre los municipios de Cataluña que más sufren el inconveniente de los pisos vacíos propiedad de los bancos. De hecho, entre las 64 ciudades de Cataluña de más de 20.000 habitantes, Barcelona se encuentra entre las que presentan un mejor balance de pisos vacíos por ejecución hipotecaria en relación al total de residentes y el total de viviendas disponibles: según el último censo del INE sólo hay 1,52 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes y 3 viviendas vacías de cada 1.000 disponibles.

Salt y Amposta, los casos más graves

Destaca sobremanera el caso de Salt, un municipio de la comarca del Gironés que presenta unas características excepcionales tanto a nivel demográfico como social: es uno de los términos municipales más pequeños de las comarcas de Girona, con sólo 6,5 kilómetros de extensión; más del 40% de sus casi 30.000 habitantes son inmigrantes; y registra el porcentaje de paro más alto de la provincia (y el cuarto más alto de Cataluña en poblaciones de hasta 40.000 habitantes), con el 18,6%. Nada que ver con la ciudad de Girona, la capital de la provincia, una de las ciudades con mayor renta media neta por hogar de España, de la que apenas le separan 3 kilómetros.

En Salt hay 783 pisos vacíos por ejecución hipotecaria, lo que en términos relativos significa que 70 de cada 1.000 viviendas disponibles en el municipio pertenecen a un banco y están inhabitadas. Esta situación ha provocado estallidos sociales con consecuencias políticas este mismo año. En abril se desalojó a 13 familias que ocuparon durante meses un edificio deshabitado propiedad de Sareb, una situación que empujó al gobierno municipal a invertir 2,5 millones de euros para comprar 100 pisos vacíos en Salt para destinarlos a alquiler social.

Un caso similar es el de Amposta, en la provincia de Tarragona, donde hay 480 viviendas vacías según el registro de la Generalitat. En un municipio con poco más de 20.000 residentes y algo menos de 11.000 viviendas disponibles, esto representa que hay 23 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes y 44 pisos vacíos de cada 1.000 disponibles. Amposta, como Salt, es otro de los cinco municipios de Cataluña con mayor tasa de paro (el 17,5%).

El Baix Penedès, castigado por el paro

Otros dos municipios, también en la provincia de Tarragona cuentan con una elevada tasa relativa de viviendas vacías propiedad de los bancos son Calafell y El Vendrell, ambos en el Baix Penedés, una comarca cuyo PIB por habitante está muy por debajo de la media catalana, y de las 10 comarcas de la demarcación de Tarragona, es la última.

El Vendrell, la capital, presenta unas características similares a Salt y Amposta, en especial por su altísima tasa de paro (casi un 20%, la más alta de Cataluña junto con Badia del Vallès, en el Vallés Occidental de Barcelona) y un rápido crecimiento demográfico a causa de la inmigración. En este municipio, la situación de emergencia social también ha tenido alguna consecuencia trágica este mismo año, como el caso de la familia que falleció en un incendio de la vivienda donde residían ilegalmente después de ser desahuciados. Este suceso ocurrió mientras el ayuntamiento de esta localidad tarraconense negociaba con los bancos la cesión de los más de 500 pisos vacíos que poseen en El Vendrell. A menos de 6 kilómetros, en Calafell, hay alrededor de otros 400 pisos vacíos por ejecución hipotecaria, aunque en este caso cabe presuponer que una parte de éstos puedan ser segundas residencias, al ser esta localidad un lugar habitual de veraneo.

Tortosa, Manresa, Lleida, Terrassa y Tarragona

Algunas capitales de provincia y grandes núcleos de población en Cataluña también presentan problemas relativamente serios. En Tortosa (capital de la comarca del Baix Ebre) hay 459 viviendas vacías (27 de cada 1.000); en Manresa, 850 (más de 20 de cada 1.000); en Lleida, casi 1.400 (10 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes); en Terrassa, 1.950 (9 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes; casi 20 de cada 1.000 pisos están vacíos); y en Tarragona, 1.200 (prácticamente 9 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes). En el cinturón metropolitano de Barcelona, la ciudad en peor situación es Santa Coloma de Gramenet, con 876 pisos vacíos (casi 18 de cada 1.000).

En el otro extremo de la tabla, es decir, entre los 64 grandes municipios de Cataluña con menos pisos vacíos a consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se sitúan varias poblaciones del Maresme (Vilassar de Mar y El Masnou) y del Baix Llobregat (El Prat del Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu del Llobregat), además de Sant Cugat del Vallès, la ciudad catalana con la renta media más alta, y Sitges (Garraf), lugar habitual de segundas residencias de gente adinerada.

Entre los municipios catalanes de tamaño mediano (entre 5.000 y 20.000 habitantes), también hay algunos que presentan elevadas tasas de pisos vacíos, especialmente, en la provincia de Lleida. Es el caso de Alcarràs, localidad ubicada a apenas 11 kilómetros de Lleida, donde 75 de cada 1.000 viviendas son propiedad de los bancos y están vacías. A un radio de 30 kilómetros de la capital leridana, se registran situaciones similares en municipios de como Balaguer o Mollerusa, () aunque en términos relativos es aún más grave la situación de pueblos más pequeños como Roselló o Alcoletge (donde hay, respectivamente, 78 y 74 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes). Otras zonas también se concentran problemas importantes de acceso a la vivienda en Tarragona (en sitios como Constantí o Mont-roig del Camp), y muy especialmente en Montsià y Bajo Ebro (sobre todo en Sant Carles de la Ràpita, Deltebre y Ulldecona).

En el ranking global de los 743 municipios catalanes que se incluyen en este informe, la peor situación relativa en relación al número de pisos vacíos sobre el total de la población corresponde a poblaciones muy poco habitadas. Es el caso de Capafonts (Priorat), donde 17 de las 162 viviendas del pueblo son propiedad de bancos y están vacías; la Vall de Cardós (Pallars Sobirà), donde ocurre lo mismo con 29 de las 550 casas; y en Girona, Espinelves (Osona), donde sólo hay 119 viviendas y 14 de ellas fueron desalojadas por impago de la hipoteca.

Fuente: lavanguardia.com

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En España hay unas 389.000 viviendas nuevas vacías, según el informe "Radiografía del stock de vivienda 2015" presentado este miércoles por la tasadora Tinsa. El estudio muestra que desde 2008, cuando estalló la crisis inmobiliaria, se han construido y terminado 1,56 millones de viviendas, pero el 24,9% aún están desocupadas, una cifra que, según el estudio tardará en absorberse una media de 2,5 años, es decir, hasta el primer semestre de 2018.

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En las zonas con un stock inferior al 10% se necesitarán 1,2 años para absorberlo y en aquellas con más del 50% al menos 4 años, siempre que se cumpla un escenario de demanda de 150.000 viviendas nuevas anuales. El 14% de las viviendas nuevas vacías está en manos de promotores y casi todo el resto es de la banca y Sareb. Cerca del 9% del stock total se comercializa en régimen de alquiler.

Zonas con mayor excedente y viviendas vacías

De este modo, el millón y medio de pisos o casas construidas desde 2008, equivalen al 6,4% del parque total inmobiliario, estando el mayor número de inmuebles desocupados en las provincias de Madrid, Valencia, Murcia, Barcelona y Alicante. En relación con el volumen de vivienda construida, la provincia de Toledo representa el 10,6% del parque total, por encima de la media, seguida de Guadalajara y Almería. La Comunidad Autónoma que mayor cantidad de stock concentra es Andalucía con un 17% del total.

No obstante, teniendo en cuenta la vivienda que se ha construido en los últimos siete años que permanece vacía, Almería es la provincia que presenta un mayor número de pisos desocupados, con un 38,9%, seguida de Cuenca  con un 37,1%, Castellón con 36,1%, Toledo el 34,7% y Murcia con un 32,7%.

Castellón es la franja costera con más concentración de excedente, con un 38%, seguida de Tarragona, con un 33%. La costa al norte de la capital concentra los peores resultados, destacando negativamente Peñíscola, con el 50%, y Benicarló, entre el 40-50% de las viviendas vacías. En la Costa del Sol, Cádiz y Huelva presentan una tasa media de entre el 20% y el 22%.

En las capitales y grandes ciudades, la tasa de vivienda vacía sobre la construida en 2008 se sitúa en el 22% con grandes diferencias entre unas y otras. Las ciudades de Barcelona y Madrid, las más habitadas, sólo cuentan con un 15% de vivienda vacía, lo que sitúa a ambas cerca del stock técnico necesario. El tiempo de absorción en Madrid capital es de 12-24 meses y el de Barcelona entre 6-12 meses. Valencia presenta una tasa media de desocupación del 30%, mientras que Sevilla muestra un 28% de desocupación general en la ciudad.

Baleares y las Islas Canarias se encuentran relativamente mejor situadas que el resto de la costa española, con una tasa de desocupación del 19% y del 25% respectivamente. En el caso de Canarias con notables diferencias por provincia: Tenerife se encuentra en el 21% frente al 28% de Las Palmas.

Zonas donde sería posible empezar a construir

Por otro lado, la tasadora detecta algunas zonas en las que, teniendo en cuenta un periodo medio de maduración por promoción de dos años, puede ser necesario empezar a construir nueva vivienda. Es el caso de ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Granada, Gerona, Oviedo, Santander, Vigo, Pontevedra, San Sebastián, Gijón y Avilés.

En la costa la construcción de nuevas viviendas podría darse en Marbella, Benalmádena, Torremolinos, Rosas, Tarifa, Ibiza y Tenerife. La costa peninsular es la zona que presenta un mayor índice de viviendas desocupadas sobre las construidas, con un 28%.

¿Por qué no se logra vender las viviendas nuevas vacías?

Según el informe "La Radiografía del stock de viviendas 2015" elaborado por Tinsa, más del 56% es por falta de trabajo o estabilidad laboral. En un 19% de los casos, es por la mala ubicación del inmueble y en un 11%, por precios altos. Por una u otra razón, el 26% de la bolsa de vivienda vacía tiene una difícil salida en el mercado, ya sea por escasa ocupación de las promociones o por vandalismo, malas conexiones o tipología inadecuada.

A pesar de los datos del estudio, no toda España tiene vivienda desocupada. El 80% se concentra en 900 municipios. Hay que tener en cuenta que un 42% de los más de ocho mil municipios tiene un nivel muy bajo de stock y que en el 12% no se construyó nada entre 2008 y 2015. Solo un 11% presenta más de un 40% de tasa de desocupación.

Los precios aun no se han ajustado al mercado

El estudio resalta también que los precios de la vivienda aún no se han ajustado al mercado y tienen recorrido a la baja en casi un tercio del stock ubicado en las zonas con más actividad constructiva en los últimos años. Tinsa estima que se ha producido una bajada desde los precios máximos (finales de 2007 y comienzos de 2008) de un 41% y de un 28% en el caso de la vivienda nueva. En las islas solo ha bajado un 10%, mientras que en las áreas metropolitanas, costeras y el resto de los municipios, roza el 40%.

En cuanto a expectativas, en 2016, allí donde hay más de un 30% de las viviendas vacías, el precio puede seguir cayendo hasta más de un 6%. Y otro tanto subiría en las ubicaciones con menos de un 10% de casas nuevas vacías. Casi una tercera parte de estas viviendas en stock, producidas durante la crisis, verán bajar los precios, mientras que para el 41% se mantendrán.

Fuente: Tinsa "Radiografía del stock de vivienda 2015"

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Dos años y medio después de su creación, la banca ha alquilado al menos 4.215 casas del Fondo Social de Viviendas (FSV), según datos proporcionados por las entidades financieras. Esa cantidad de adjudicaciones significa que se ha cubierto el 71,5% de la aportación inicial de 5.891 viviendas y un salto respecto al cierre de 2014, cuando el Ministerio de Economía contabilizaba 1.767 contratos. Parece que los bancos por fin ha dado impulso al fondo este año. Así, según un estudio realizado por El País tras consultar con 19 entidades (de las 27 entidades participantes del FSV) se está acelerando la entrega de pisos en alquiler para desahuciados en el segundo trimestre del año. Los últimos datos que maneja el Ministerio de Economía indican unas 3.000, aunque corresponden al primer trimestre.

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El Fondo Social de Viviendas (FSV) se creó en enero de 2013 a raíz de la ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que instaba al Gobierno a impulsar esa bolsa de casas para familias que hubieran sido desahuciadas de su hogar. Se trataba de un fondo de fondos, de modo que las entidades ponían a disposición de los clientes 5.891 viviendas cuya gestión asumían directamente. No obstante, hace apenas unas semanas Fomento reconoció que dos años después de su puesta en marcha, había 4.000 pisos del fondo aún vacíos a la espera de adjudicación.

El primer año se firmaron 695 contratos y la cifra llegó a 1.767 el siguiente. Pero la actividad se ha acelerado en 2015 y ya se han colocado 4.215 pisos alquilados hasta junio, según datos de las entidades, con lo que se cubre el 71,5% de la aportación al fondo (5.891 pisos). La banca lo atribuye a la flexibilización de las condiciones para acceder a estas casas. Otras fuentes añaden que el ascenso de partidos de izquierdas también ha propiciado el despegue del fondo.

Los resultados del primer año fueron exiguos: solo se formalizaron 695 contratos a pesar de que hubo 67.189 desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tampoco el año pasado el FVS ganó fuelle, puesto que se cerraron 1.767 contratos. Durante el primer trimestre de 2014 en España creció el número de ejecuciones hipotecarias un 13,9%, mientras que el número de desahucios de viviendas bajó un 5%.

Cambio de condiciones

Sin embargo, el grado de cumplimiento va por barrios y es muy irregular. Casi la mitad de las pisos de entidades bancarias alquiladas corresponden a CaixaBank, que ha duplicado la aportación inicial al alquilar 2.189 viviendas, frente a las 1.085 comprometidas al comienzo. También Banco Sabadell ha ampliado su cupo inicial de 260 a 400 casas para "adecuarlo a la cuota de mercado", según fuentes de la entidad. En el otro extremo están Banco Popular y Unicaja y CEISS, que no llegan ni al 10% de lo comprometido. Las entidades que más viviendas vacías tienen en cartera sostienen que apenas les han llegado solicitudes. El Popular, por ejemplo, asegura que no efectúa desahucios forzosos.

Ante el mal resultado resultado del Fondo Social de Viviendas, la comisión de seguimiento decidió modificar el convenio. Antes, por ejemplo, el beneficiario debía haber sido desahuciado de su casa. Ahora pueden incorporarse al fondo casas de bancos procedentes de daciones en pago, de modo que sus residentes pueden seguir en ellas pagando un alquiler social, de entre 150 y 400 euros. Además, se abrió el fondo a personas en riesgo de exclusión previo informe de los Servicios Sociales. "Esa medida fue muy interesante, puesto que suponía que un afectado no ya tiene que abandonar su inmueble para acceder al fondo", explica Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales.

Las restricciones del FSV hicieron que varias entidades prefirieran ofrecer alquileres sociales que no han pasado al fondo. Bankia, que ha alquilado un tercio del millar de casas que puso en el fondo, afirma que ha firmado 885 arrendamientos a precios asequibles, y el Santander, que ha arrendado algo más de la mitad, tiene 258 contratos sociales firmados.

Viviendas problemáticas

Según el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, "Si el fondo no ha funcionado como debiera ha sido por culpa de todos. Algunos bancos aportaron pisos de una calidad ínfima que debían ser rehabilitados. ¿Y quién asume el coste de la reforma? Y la Administración tampoco ha sabido movilizar las viviendas".

Otro factor es la ubicación de la vivienda, puesto que fuentes del sector bancario advierten de que algunas casas están mal localizadas. “Deben estar en zonas con una demanda acreditada y con cédula de habitabilidad”, dice Carme Trilla, exsecretaria de Vivienda de la Generalitat y presidenta de la gestora de las entidades sociales catalanas. Trilla asegura que las medidas sujetas a una "cierta voluntariedad" de la banca solo funcionan dependiendo del compromiso de las entidades y del contacto que tengan con los servicios sociales de los municipios. "No puede ser que haya todavía pisos vacíos y familias que los necesitan".

Fuente: elpais.com

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vitoria-paisvascoEl Parlamento vasco ha cumplimentado el último trámite antes de aprobar de forma definitiva, en junio, la nueva Ley de Vivienda que van a sacar adelante el PSE, EH Bildu y UPyDy que se marca como uno de sus principales objetivos empezar a cambiar los cimientos culturales de una sociedad que todavía basa su diseño familiar sobre una vivienda en propiedad, asegurando como un derecho subjetivo una vivienda en alquiler a los ciudadanos que la necesiten.

Contempla además un canon para pisos desocupados que será de 10 euros por metro cuadrado, y se incrementará un 10% anual hasta un tope de tres veces el canon inicial, mientras permanezca sin usar ni alquilar; y la  expropiación forzosa de uso de las viviendas en manos de los bancos, posibilidad esta última cuya regulación en un decreto andaluz acaba de ser rechazada por el Tribunal Constitucional (TC). "La futura ley vasca también lo incorpora, pero solo como el último recurso si la administración no dispone de parque para ofrecer", han precisado desde el Grupo Socialista tras asegurar que esa parte del proyecto incorpora todas las previsiones que exige el Constitucional.

Lo sustancial del nuevo texto es que convierte el alquiler social en un derecho para los ciudadanos del País Vasco que cumplan una serie de requisitos de ingresos y propiedades máximas, y que por lo tanto podrán reclamarlo en los tribunales si la administración pública vasca no se lo proporciona. Será la primera ley que ofrece a los ciudadanos pisos en alquiler como un derecho subjetivo, y saldrá adelante pese al Gobierno de Iñigo Urkullu, (PNV) que lo considera un despropósito desde el punto de vista económico. Después de dos años de tramitación, el proyecto de Ley de Vivienda, es en opinión de los partidos que la apoyan "un paso adelante en contra de la especulación".

Progresividad

La ley tendrá efectos prácticos para el ciudadano el día después de su aplicación, independientemente de que el Gobierno quiera retrasar la reglamentación posterior, ya que le fija un carril con unas condiciones iniciales por las que avanzar. El proyecto de ley establece en su disposición transitoria segunda que el primer año de su entrada en vigor las familias de tres o más miembros con menos de 15.000 euros de ingresos podrán reclamar al Gobierno vasco una vivienda en alquiler, el segundo año también las de dos miembros con 12.000 euros máximo y a partir del tercer las monoparentales con menos de 9.000 euros.

Fija además que las cuotas para el pago del alquiler nunca podrán sobrepasar el 30% de la "renta disponible" de cada unidad familiar, o el 15% si los ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. La Ley convertirá en un derecho subjetivo el artículo 47 de la Constitución Española en el que se establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y fija que los "poderes públicos promoverán las condiciones necesarias" para ello.

En 5 años, toda la vivienda pública en alquiler

La norma contempla asimismo que en cinco años, el Gobierno vasco deberá de orientar toda su política de vivienda hacia el alquiler. El 80% del parque de vivienda se destinará inicialmente al alquiler, y el proyecto de ley se marca un lustro para que el 100% se destine a ese tipo de uso.

La nueva legislación completa el sistema vasco de protección social que también fija como derecho subjetivo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), es decir, un salario público que hasta ahora da derecho también a recibir la Pensión Complementaria de Vivienda (PCV), que son 250 euros adicionales. El Gobierno ha estimado que la nueva ley tendrá un impacto de 760 millones en diez años, es decir, 76 anuales adicionales a los que ya destina a vivienda de alquiler, unos 90 millones el pasado año (a través de la PCV). Para el PNV, partido que junto al PP están en contra, pero al ser minoría en el parlamento vasco no van a lograr frenarla, no es sostenible.

Fuente: elpais.com

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tribunalconstitucionalEl Tribunal Constitucional ha estimado, de forma parcial, el recurso del Gobierno contra el decreto ley antidesahucios en Andalucía y considera ilegal la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos, que era una de las medidas aprobadas por el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, al considerar que la expropiación de viviendas vacías a los bancos invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica". Además, apunta que la norma regula aspectos relativos al derecho a la propiedad, una materia que está vedada al decreto y "reservado a la ley formal".

La sentencia explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad: proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito. Y entiende que el decreto-ley andaluz "obstaculiza", con las expropiaciones, la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. La Junta de Andalucía dictó con posterioridad al recurso de este decreto, una Ley de Vivienda que derogó en parte la primera norma. Dicha ley fue también recurrida ante el Constitucional por el Gobierno y está pendiente de resolución por el Pleno.

La sentencia, por otra parte, estima la pretensión del Gobierno y declara inconstitucionales y nulos el artículo que impone al propietario de una vivienda "el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico" porque afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda.

La urgencia, justificada

La sentencia cree que no puede rechazarse "como abusiva o arbitraria la situación de extraordinaria y urgente necesidad" que el gobierno autonómico, para legislar de urgencia (cuya constitucionalidad se cuestiona en este proceso) "ha apreciado en la actual crisis económica y en sus consecuencias sobre la vivienda". Así las cosas, cree que el Gobierno andaluz" ha cumplido con la exigencia de presentar explícita y razonadamente la situación extraordinaria que le habilita a usar los poderes de legislación de urgencia atribuidos estatutariamente".

De ese modo, respalda que se emplee el Decreto-ley como "un instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que reclaman una acción legislativa inmediata, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes".

La Junta de Andalucía presentó en abril de 2013 su decreto ley para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. El texto contempla la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusión; y el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.

Fuente: europapress.com

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viviendavacia-alquilerseguroEn España por pisos y casas vacías no será. Tenemos para unos cuantos años. Así al menos se vuelve a reflejar en el estudio "Radiografía del mercado del alquiler 2014" realizado por Alquiler Seguro, donde se concluye que sólo en 12 provincias españolas se acumula más de 1,4 millones de viviendas vacías, con Barcelona, Madrid y Valencia a la cabeza.

El informe de Alquiler Seguro mide el grado de equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado del alquiler en 12 provincias, concluyendo que en todos ellas hay una confluencia entre ambos indicadores, salvo en Sevilla, donde existe poca demanda, y Barcelona y Madrid donde ésta supera a la oferta.

Otra de las conclusiones del estudio apunta a que ha aumentado la morosidad media en el mercado de arrendamientos urbanos a lo largo de este año 2014, especialmente en Barcelona (+22,7%), Málaga (+21,4%) y Valencia (+18,5%).

Viviendas vacías

Este estudio se centra en 12 mercados nacionales: Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava.

Atendiendo a algunas de las provincias, Barcelona es la provincia que cuenta con más casas y pisos vacíos, con 283.155 viviendas, el 11% del total y 311.653 alquiladas, el 17,8%, mientras que la morosidad en arrendamientos ha crecido un 22,7% con respecto al anterior estudio, hasta situarse en una media de 12.897 euros.

En segunda posición se sitúa Madrid, con 263.279 viviendas vacías, el 9,1%, mientras que 255.254 están alquiladas, el 13,6%, y la morosidad en arrendamientos ha subido un 16,8%, lo que arroja una media de 14.242 euros.

En tercera posición Valencia, con 214.002 viviendas vacías, el 14,7% y 63.175 están alquiladas, el 8%. La morosidad media fue de 6.415 euros, un 18,5% más que hace un año.

Finalmente, en Costa Blanca (Alicante) y Costa del Sol (Málaga), dos grandes mercados con un alto porcentaje de viviendas vacías de carácter vacacional o segunda residencia, destaca especialmente Alicante, con 209.024 viviendas vacías que supone el 16,4% de su total (el mayor de todas las provincias analizadas) de las cuales en alquiler están unas 46.206, con una morosidad media del 8,9% que se sitúa en los 5.105,86 euros. En el caso de Málaga el número de viviendas vacías fue de 120.611, el 13,4% del total y el alquiler se extendió a 47.444 viviendas, el 10,9%.

IMAV (Índice de mercado de alquiler de vivienda)

Para poder analizar la situación del parque inmobiliario y su evolución, es importante contar con un indicador fiable que permita hacer un análisis sobre el mismo. A tal efecto, Alquiler Seguro creó desde el principio de su actividad el IMAV (índice de mercado de alquiler de vivienda), una medida que relaciona la oferta puntual de viviendas en alquiler y las búsquedas activas de inquilinos en un mercado local determinado. Desde que este índice se hiciera público hace un año, es utilizado por los profesionales del sector.

Por lo tanto, según el IMAV en 2014, las provincias con un mercado de alquiler equilibrado son Valencia, Alicante, Málaga, Valladolid y Zaragoza, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, pues existe proporción entre oferta y demanda, características de mercados sanos y maduros. La única provincia con un IMAV bajo es Sevilla, perteneciente a un mercado desalentado donde existe poca demanda y los precios tienden a la baja.

Por otro lado Barcelona y Madrid ofrecen un IMAV alto, que corresponde a mercados alcistas con mayor demanda que oferta, que podría provocar tensiones al alza en los precios.

Fuente: Alquiler Seguro - Radiografía del Mercado del Alquiler 2014 (.pdf)

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seguridadencasaA unos días para que comience agosto, con el calor y las vacaciones, la gente huye de sus pisos y casas en busca de tranquilidad, descanso y disfrutar con un cambio de aires. Pero el verano es la época del año que también aprovechan los "amigos de lo ajeno" para ejecutar robos en un gran número de viviendas que quedan vacías. Así, según una encuesta del Instituto Sondea, siete de cada diez españoles no toma ninguna medida de precaución para evitar robos en su vivienda en las vacaciones de verano.

Los delincuentes no se toman vacaciones y estadísticamente, junto con Semana Santa, las vacaciones de verano son uno de los períodos de mayor índice de robos en domicilios. De hecho, el 82% de los españoles cree que la crisis hace que España sea menos segura en verano. Y son los residentes de Andalucía y de Canarias (en un 89%) los ciudadanos que tienen esta percepción , así como los que viven en municipios de tamaño medio, de entre 50.000 y 200.000 habitantes.

De este modo, según el estudio realizado para Securitas Direct, Bilbao es considerada la ciudad más segura, según el 20% de los españoles. Le siguen Valladolid con el 16%, y La Coruña con el 15%. En el otro extremo, casi cuatro de cada diez encuestados ven a Madrid como la menos segura, seguida de Barcelona con el 24% y de Sevilla con el 11%.

El objetivo de la encuesta es aproximarse lo todo posible a las sensaciones que los españoles perciben sobre la seguridad de sus viviendas, en este caso, en la época estival. Curiosamente, los españoles, según este análisis, califican como insegura a la ciudad de Madrid, no obstante, por comunidades autónomas Madrid se sitúa como la tercera autonomía más segura del país, teniendo solo por delante al País Vasco según el 18% de las respuestas, y Asturias con el 8,64%. Por detrás de la comunidad madrileña tenemos en cuarta posición a Extremadura con el 6,90%, Navarra (6,55%), Castilla y León (5,86%) y Cataluña (5,76%). Continúan: La Rioja, Andalucía, Cantabria, Canarias, Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia.

En cuanto a los hábitos de seguridad de los españoles, el 70% de los encuestados asegura que no toma ninguna medida extraordinaria que implique procedimientos o peticiones a otras personas para ayudar a dar apariencia de que su casa no está vacía. Del tercio del total que sí refuerza la protección de su hogar, el 21% pide a alguien próximo que se pase por su domicilio de vez en cuando, mientras el 13% le deja las llaves de casa a un vecino o conocido de confianza. Además, uno de cada diez encuestados desconecta el interruptor general de electricidad y un 8% cierra la llave del agua o deja alguna persiana subida para que parezca que hay alguien en la vivienda. Un 5% asegura que solicita a alguien cercano que se pase por su casa a recoger la publicidad del buzón o le pide al portero o a algún vecino que le recoja el correo. El 4,44% cierra la toma de gas para evitar fugas. Otra medida de precaución que toma los españoles, pero en menor proporción, es esconder o guardar en una caja fuerte las pertenencias de valor o joyas. Y hay quien programa la radio para que se encienda de vez en cuando o emplea un sistema domótico de encendido de luces automáticas.

Preguntados sobre las medidas para incrementar la seguridad en la época estival, el 64% del total, sobre todo las mujeres, cree que es necesario aumentar el número y los medios de la policía en los lugares de mayor turismo. Mientras, un porcentaje parecido, el 69% opina que se debe endurecer la ley. En una encuesta, realizada en el mes de marzo, casi ocho de cada diez españoles abogaba por hacer más duras las leyes. Otro dato de la actual muestra refleja que el 59% aceleraría los procesos legales contra los delincuentes, mientras que una cuarta parte instalaría cámaras de videovigilancia, aunque ello supusiera perder privacidad.

Casa segura en vacaciones: cómo evitar robos

Con la crisis, la evolución de la delincuencia en España muestra una tendencia al alza en los delitos de baja intensidad (robos de viviendas, entre otros) según los datos de la Memoria de la Fiscalía. Y es en la época estival cuando estos delitos encuentran más facilidades para ejecutarse: pisos vacíos, menos vecinos en el inmueble, viviendas sin medidas de protección, etc. De ahí que una de las principales preocupaciones de las familias cuando salen de vacaciones sea cómo van a encontrarse su casa a la vuelta. Para evitar sorpresas, solo es necesario aplicar una serie de sencillas medidas preventivas y consejos para que nuestra vivienda no sea víctima de la "visita de los cacos".

Normalmente, en los robos a viviendas los ladrones buscarán dinero, joyas, objetos de arte, tecnología, electrodomésticos y ordenadores. Dejar todo cerrado puede que no sea suficiente para evitar el robo de estos bienes. Cualquier error, como una llave perdida, un comentario imprudente en el hipermercado o dejar rastros fehacientes de ausencia de casa, puede ser el detonante para tener una "visita no deseada" este verano. Para intentar impedirlo, la seguridad del hogar se puede conseguir con la puesta en práctica pequeños pautas que los despisten, o con la instalación de sistemas de seguridad.

  • No divulgue sus planes de viajes o vacaciones. No se debe informar de las vacaciones en ningún establecimiento ni comercio, y menos dar fechas concretas. Tampoco publiques fechas ni datos asociados a tus vacaciones en las redes sociales. Esta información solo se debe comunicar a personas de confianza.
  • Deposite sus objetos de valor bajo la custodia de personas de confianza que no tengan que ausentarse o en cajas de seguridad bancarias. Lo más prudente es no dejar objetos de valor ni dinero en la casa. Si no hay más remedio, deben mantenerse en lugar seguro (cajas privadas, bajo llave en algún mueble, etc.).
  • Cierre bien las puertas, ventanas y balcones, pero no baje totalmente las persianas. Es importante contar con una puerta de acceso a la vivienda que ofrezca seguridad y tenga mecanismos suficientes para dificultar el acceso. Tampoco hay que desconectar el timbre de la puerta. Tener corriente eléctrica puede ser una medida bastante efectiva en estos casos y sirve para ahuyentar este tipo de visitas ilegales. No retirar el felpudo de la entrada también ayuda a despistar a los ladrones.
  • De instrucciones al portero o una persona de confianza para que no se acumulen en su buzón cartas y periódicos. Déjele también un teléfono de localización. En caso de tener portero, sería conveniente que todos los días realizara una visita al piso para que todo parezca normal. Puede subir y cerrar persianas... dar imagen de normalidad. De no disponer de este servicio, no estaría de más que los vecinos, bien en junta o en comunicación directa entre ellos, den el aviso a todos los propietarios de que no abran la puerta de la calle a desconocidos, bajo ningún concepto.
  • Durante períodos prolongados de ausencia, instale un temporizador automático que encienda luces, radio, televisión, etc., a pequeños intervalos de tiempo. El objetivo sigue siendo generar la impresión de que la vivienda no está vacía.
  • No coloque la llave bajo el felpudo, ni en lugares que estén al alcance de desconocidos.
  • No deje en la puerta notas que indiquen su ausencia del domicilio, método utilizado para en ocasiones para alertar a los proveedores.
  • Cierre completamente las ventanas y balcones que dan a patios interiores y sitios ocultos y desprotegidos.

Fuente: cincodias.com

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apartamentosenlaplayaHacienda parece estar dispuesta a dar mayor relevancia a los impuestos menos expuestos a los altibajos económicos en busca de mayor estabilidad a la hora de contar con ingresos recurrentes en materia de vivienda.

En este contexto y en relación a la reforma fiscal que prepara el Gobierno va imponiéndose la idea de incrementar la fiscalidad sobre la tenencia de vivienda, especialmente sobre segundas residencias que estén sin alquilar. Serían miles de viviendas, sobre todo en las zonas de costa y playa, las que se verían afectadas. Casas y pisos que en la mayoría de los casos, solo se habitan en periodos vacacionales o, si se alquilan, lo hacen de manera esporádica, y en muchos casos sin contrato alguno.

El problema surgió en el año 2008, que marcó el inicio de la crisis económica, cuando el PIB avanzó un 3,3% y, sin embargo, la recaudación tributaria del Estado se derrumbó un 13,6%. En 2009, el PIB nominal retrocedió un 3,8% y los ingresos fiscales cayeron en un porcentaje mucho mayor, un 17%. La reforma fiscal que aprobará el Gobierno pretende que el sistema tributario sea menos sensible al ciclo económico. Es decir, que un retroceso de la actividad no derive en un derrumbe de los ingresos públicos, un hecho diferencial de España respecto a la mayoría de países de la UE, donde la menor actividad no se tradujo en una caída tan drástica de la recaudación.

Actualmente los propietarios de segundas o más viviendas que no estén alquiladas sufren una imputación en el impuesto sobre la renta, incluyendo en su declaración el equivalente al 1,1% del valor catastral del inmueble o el 2% si la última revisión catastral si hizo con anterioridad a enero de 1994. Sobre el importe resultante se aplica el marginal que, en términos generales, puede ir del 24,75% hasta el 52% en función del nivel de renta del contribuyente.

El Ministerio de Hacienda modificará esta fórmula de tributación en la reforma fiscal y se plantean varias opciones. Desde elevar el porcentaje de imputación, hasta idear un sistema completamente nuevo para que el impuesto sobre la renta refleje el patrimonio de los contribuyentes. También, es previsible que se produzcan cambios en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

Detrás de estas recomendaciones subyace la evidencia de que los tributos que gravan la mera tenencia de viviendas han logrado soportar la crisis frente aquellos que se aplican sobre la compraventa. Un ejemplo de ello es el IBI, el único impuesto del sistema fiscal cuya recaudación no ha retrocedido nunca desde que se instauró en 1989. Ello ha ayudado a que los ayuntamientos (que son los encargados de ingresar el impuesto) acumulen dos ejercicios consecutivos con superávit. En cambio, las comunidades han visto como la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales pasaba de aportar en 2006 más de 10.000 millones a representar hoy menos de 4.000 millones.

Hacienda entiende que la reforma fiscal debe servir para reducir la presión fiscal sobre determinadas fuentes de renta (especialmente las del trabajo) sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Los números rojos del conjunto de la Administración alcanzaron los 67.755 millones y el compromiso pasa por rebajar este importe hasta los 30.900 millones en 2016. Supone un reto importante y exige que la recaudación que se pierda por la rebaja del IRPF se compense por el mayor crecimiento económico y también por los cambios en la fiscalidad patrimonial.

Fuente: cincodias.com

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España cuenta con más de 3,4 millones de viviendas vacías, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Casi un 11% más que hace una década. Muchos propietarios no encuentran compradores, otros prefieren mantenerlas vacías e inutilizadas... Sea cual sea el motivo, lo cierto es que aunque los inmuebles estén en desuso, acarrean fuertes gastos a sus dueños.

Vivienda vacia

Un informe elaborado por Alquiler Seguro, basado en los datos que maneja a diario sobre el coste de mantenimiento de inmuebles, tener una casa vacía acarrea un gasto medio de más de 2.000 euros anuales. Este gasto oscila en función del tamaño de la vivienda y el municipio donde se encuentre ubicado el inmueble.

...continúa leyendo "Mantener una vivienda vacía en España cuesta más de 2.000 euros anuales"

Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, ha considerado "un disparate" que Cataluña plantee crear un impuesto para gravar los pisos vacíos en manos de la banca, los promotores o las empresas para que los pongan en alquiler, ya que según él, eso solo supone "incrementar la fiscalidad".

Gonzalez critica a Cataluña

Ha hecho estas reflexiones en rueda de prensa, tras firmar un acuerdo publicitario para el Metro de Madrid, donde ha englobado la propuesta catalana en la "carrera de disparates" que, en su opinión, es una forma de frenar el problema los desahucios pero "sin entrar en el fondo del asunto" que se plantean algunos gobiernos autonómicos.

"No se trata de penalizar fiscalmente a aquellos que tienen legítimamente piso en propiedad, con independencia de que no estén ocupados, porque eso lo único que hace es enmascarar una mayor recaudación fiscal que no resuelve el problema de fondo, que es poner esos pisos a disposición de quien los necesita si es que ese es el objetivo".

...continúa leyendo "González considera «un disparate» el impuesto catalán para gravar pisos vacíos"