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Pisos en L'Eliana, Valencia

La venta de viviendas se viene animando en los últimos meses, pero comprar un piso sigue siendo quimera para la materia de españoles, especialmente los jóvenes. Lo asegura la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), que no puede negar la evidencia: "lo cierto es que sólo los hogares con ingresos estables y ahorros pueden acceder a la compra de una vivienda". señalando además que la demanda residencial aún se cubre con el excedente de viviendas existente. El artículo, publicado en el "Cuadernos de Información Económica" de Funcas, analiza el momento económico del sector residencial, que considera que la recuperación "lenta pero sólida" del sector inmobiliario impulsada por el mayor número de ventas, el crecimiento "positivo" de los precios y la inversión extranjera continuará presente en los próximos trimestres, salvo imprevistos.

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tribunalconstitucionalEl Tribunal Constitucional ha estimado, de forma parcial, el recurso del Gobierno contra el decreto ley antidesahucios en Andalucía y considera ilegal la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos, que era una de las medidas aprobadas por el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, al considerar que la expropiación de viviendas vacías a los bancos invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica". Además, apunta que la norma regula aspectos relativos al derecho a la propiedad, una materia que está vedada al decreto y "reservado a la ley formal".

La sentencia explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad: proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito. Y entiende que el decreto-ley andaluz "obstaculiza", con las expropiaciones, la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. La Junta de Andalucía dictó con posterioridad al recurso de este decreto, una Ley de Vivienda que derogó en parte la primera norma. Dicha ley fue también recurrida ante el Constitucional por el Gobierno y está pendiente de resolución por el Pleno.

La sentencia, por otra parte, estima la pretensión del Gobierno y declara inconstitucionales y nulos el artículo que impone al propietario de una vivienda "el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico" porque afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda.

La urgencia, justificada

La sentencia cree que no puede rechazarse "como abusiva o arbitraria la situación de extraordinaria y urgente necesidad" que el gobierno autonómico, para legislar de urgencia (cuya constitucionalidad se cuestiona en este proceso) "ha apreciado en la actual crisis económica y en sus consecuencias sobre la vivienda". Así las cosas, cree que el Gobierno andaluz" ha cumplido con la exigencia de presentar explícita y razonadamente la situación extraordinaria que le habilita a usar los poderes de legislación de urgencia atribuidos estatutariamente".

De ese modo, respalda que se emplee el Decreto-ley como "un instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que reclaman una acción legislativa inmediata, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes".

La Junta de Andalucía presentó en abril de 2013 su decreto ley para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. El texto contempla la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusión; y el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.

Fuente: europapress.com

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desahucios_2014_pEl número de desahucios y ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 34.680 en 2014, un 7,4% más que en 2013, según la estadística de ejecuciones hipotecarias hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este repunte ha tenido lugar a pesar del anunciado final de la recesión, el inicio de la recuperación del empleo y la moratoria que ha puesto en marcha el Gobierno para prorrogar hasta 2017 la suspensión de desahucios junto con las medidas contempladas en la Ley de Segunda Oportunidad para intentar atajar este problema.

La tendencia al alza en los desahucios de viviendas se explica por los problemas acumulados en las familias durante años de destrucción de empleo y paro. Por ello y pese a que el mercado laboral volvió a crear puestos de trabajo en 2014, la incipiente recuperación tardará un tiempo en frenar los desahucios, que son procesos que se prolongan mucho en el tiempo.

Así, en 2014 se iniciaron 119.442 ejecuciones hipotecarias, un 9,3% más que en 2013. De ellas, 113.916 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 5.526 a fincas rústicas. Dentro de las fincas urbanas, 70.078 ejecuciones correspondieron a viviendas, cifra que representa el 58,7% del total de ejecuciones hipotecarias registradas en 2014 y que supera en un 5,9% la de 2013.

A este respecto, el 20,2% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2014 correspondió a hipotecas constituidas en el año 2007, el 17,3% a hipotecas constituidas en 2006 y el 12,1% a hipotecas de 2005. El periodo 2005-2008, años que se pueden identificar con el auge de la burbuja inmobiliaria, concentró el 61,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2014.

desahucios2014-INE

De este modo, sólo en el cuarto trimestre del año pasado se registraron 8.819 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, un 29,9% más que en el trimestre anterior y un 2,9% más que en el cuarto trimestre de 2013. El repunte de las ejecuciones hipotecarias en tasa trimestral contrasta con la caída experimentada en el tercer trimestre, el único del año 2014 en el que se registró un descenso, pues en el primer y segundo trimestre las ejecuciones hipotecarias se incrementaron un 19,1% y un 1,5% en tasa trimestral y ahora en el cuarto lo han hecho un 29,9%.

Según el INE, sólo el 0,048% de las viviendas familiares existentes en España (18.362.000) iniciaron una ejecución hipotecaria entre octubre y diciembre de 2014.

Distribución geográfica

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas el año pasado, con un total de 16.275, seguida de Cataluña (14.230) y Comunidad Valenciana (11.252). En el lado opuesto se situaron La Rioja (338), País Vasco (368) y Navarra (374).

Sobre el total de fincas, Andalucía también encabezó el número de ejecuciones hipotecarias, con 29.645, seguida de Cataluña (20.666) y Comunidad Valenciana (18.038). A la cola volvieron a situarse Navarra (642), La Rioja (777) y País Vasco (856).

La vivienda usada, el 83,7% de la ejecuciones

Del total de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas registradas el año pasado, más de ocho de cada diez (58.660) afectaron a casas y pisos de segunda mano, con un aumento anual del 8,2%. Las ejecuciones sobre viviendas nuevas sumaron 11.418, un 4,3% menos.

En 2014, las ejecuciones hipotecarias sobre solares y parcelas ascendieron a 5.500, con un incremento anual del 13%. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre locales, garajes, oficinas, trasteros, naves y otros edificios de naturaleza urbana alcanzaron las 38.338, un 15,5% más que en 2013.

Por último, las ejecuciones hipotecarias sobre fincas rústicas se situaron en 5.526 durante 2014, con un avance del 8,8% respecto al ejercicio anterior.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Cuarto trimestre y año 2014

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stopdesahucios1Según los datos del Ministerio de Economía sobre la marcha del código de buenas prácticas "antidesahucios", la banca ha rechazado 4 de cada 10 propuestas para renegociar la hipoteca solicitadas por las familias en riesgo de querdarse sin su vivienda.

El porcentaje, no obstante, es mucho más reducido que el 80% registrado en los primeros meses en los que estuvo en vigor la medida. El cambio en las denegaciones se explica, principlamente, por la modificación de la ley en mayo de 2014, lo que amplió y flexibilizó las medidas de protección a los hogares en apuros. Según el Ministerio de Economía "la progresiva mejor acogida" de los cambios también ha ido acelerando la presentación de solicitudes desde entonces.

El departamento que dirige Luis de Guindos destaca que en el cuarto trimestre de 2013 se alcanzaron 4.523 peticiones de adhesión. Esta cifra supera en un solo trimestre la registrada durante todo el primer año de funcionamiento (entre marzo de 2012 y el mismo mes de 2013), que fue de 4.385 solicitudes, y también duplica el número de peticiones del primer trimestre.

Los cambios adoptados en marzo ampliaron la opción de acogerse al código a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) cuando previamente debían carecer de rentas. Entre otras modificaciones, también se permitió pedir la adhesión a las unidades familiares que hayan sufrido una alteración significativa de las circunstancias económicas en los últimos cuatro años y cuya cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

Sin embargo, esto no garantiza que la propuesta salga adelante y la familia puede renegociar su deuda o, incluso, optar por la dación en pago. De las 3.849 solicitudes resueltas en el cuarto trimestre (algunas arrastradas de periodos anteriores); se denegaron 1.529 y se aceptaron 1.624. La no presentación de la documentación correspondiente y la renuncia del cliente (696 casos) fueron las causas principales de la denegación de la solicitud, detalla Economía.

De las 1.624 operaciones realizadas, en 1.227 casos (el 75,55% de las realizadas, y el 31,88% de los expedientes tramitados) se llegó a una reestructuración viable de la deuda pendiente; en 397 casos (24,45% de las realizadas y el 10,31% de los expedientes tramitados) se acordó la dación en pago y consiguiente extinción de la deuda, y en ningún caso la operación finalizó con una quita de la deuda por parte de la entidad con el fin de poder reestructurar la deuda de modo viable.

Fuente: elpais.com

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Elena Cortés, Consejera de Fomento y Vivienda de AndalucíaLa Junta de Andalucía ha realizado la primera expropiación temporal del uso de una vivienda, tal y como contempla en la "ley antidesahucios" para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda que entró en vigor recientemente. La norma, que sustituye al decreto que ha paralizado el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno central, permite a la Junta expropiar durante tres años el uso de viviendas de familias amenazadas de desahucio y que estén en riesgo de exclusión social. Según Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda: “La expropiación es, si me permiten la analogía, un colchón para quien cae al vacío”.

La decisión impedirá el desalojo de una familia de Huelva con dos hijos, cuya vivienda fue embargada por una sociedad de gestión de activos. A María del Carmen Andújar, propietaria de la vivienda, la noticia le ha quitado “la angustia” que le había robado la tranquilidad y el sosiego en los últimos meses: “Ya no tengo esa cosilla que no me dejaba vivir. Me gustaría que la vivienda fuera de mi propiedad, pero al menos así no estoy en la calle, que era el mayor temor de mi familia”, reconoció. María del Carmen trabaja media jornada para una empresa de limpieza. Su renta roza los 400 euros mensuales y su marido, en paro, cobra una ayuda de otros 400 que termina en enero.

La familia cumple todos los requisitos para acogerse a la norma: tiene unos ingresos mensuales inferiores a 542 euros, y su situación económica ha sufrido “un importante menoscabo” desde que le concedieron el crédito. La hipoteca fue ejecutada en octubre de 2011, después de 15 meses sin pagar, y el desalojo estaba previsto para el pasado 14 de mayo, pero consiguió pararlo al acogerse a la norma autonómica. La Consejería de Fomento de Andalucía ha ofrecido al fondo de titulación de activos 4.711 euros por el uso de la vivienda durante tres años (el 2% del precio por el que la sociedad se adjudicó la vivienda). Si la entidad financiera no acepta esta cantidad en los próximos 15 días, la Junta iniciará los trámites para la ocupación urgente del inmueble mientras la Comisión Provincial de Valoraciones, dependiente de la Consejería de la Presidencia, fija un justiprecio. Aunque el trámite se llama “urgente ocupación”, la familia no ha abandonado ni tendrá que abandonar la vivienda. La "Ley antidesahucios" les permitirá seguir habitando en el piso a cambio de un alquiler social de 130 euros al mes, equivalente al 25% de sus ingresos familiares.

La consejera de Fomento ha mostrado su satisfacción por el paso dado por el Consejo de Gobierno: “Del 'sí se puede' hemos pasado al 'hemos podido”. En los tres meses en los que el decreto estuvo en vigor se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) 18 expedientes de expropiación de viviendas: 6 en Málaga, 4 en Sevilla, 3 en Almería, 2 en Granada, 2 en Huelva y 1 en Cádiz. En este sentido, la consejera afirmó que “parecen números, pero no lo son. Son personas, con nombres y apellidos. Con hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas, novios, novias, amigos y amigas”.

La Junta sabe que el Gobierno central está estudiando si recurre la ley, como ya hizo con el decreto, lo que podría volver a dejar la norma en suspenso. Un portavoz del Ministerio de Hacienda señaló ayer que el Ejecutivo de Mariano Rajoy todavía no ha tomado una decisión. La Junta confía en que el Gobierno acceda a negociar en una comisión bilateral. Pero si la Administración central insiste en recurrir, las expropiaciones ya aprobadas no corren peligro, aseguran fuentes de Fomento.

Fuente: elpais.com