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El Fondo Social de Viviendas (FSV) creado en enero de 2013 como parte del paquete de medidas urgentes aprobado por el Gobierno para ayudar a familias desahuciadas por impago de hipoteca. Se ofrece así, a través de este fondo inmuebles en alquiler a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Desde entonces hasta ahora han sido unas 4.000 familias las que se han beneficiado del programa, que ha cobrado protagonismo estos días por el acuerdo PSOE-Ciudadanos donde también se apuesta por el alquiler social como una de las medidas estrella en materia de vivienda, aunque no se aclara si se mantendrá el FSV como hasta ahora, o cuando se concrete un nuevo Gobierno mutará con nuevo nombre y funciones similares. Así, 10 entidades financieras reactivan ahora el Fondo Social de Viviendas a través de pisos de alquiler social en una nueva web, con el objetivo de que los colectivos más desfavorecidos puedan optar a los más de sus 2.000 inmuebles disponibles.

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En esta nueva reactivación del Fondo Social de Viviendas participan Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell o Bankinter entre otras entidades financieras, creando un fondo pisos de bancos dirigidos tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes, puesto que se trata de un buscador y un canal de tramitación. La iniciativa se suma a otras muchas que a nivel individual o colectivo han desplegado las entidades financieras en materia de vivienda social a lo largo de estos últimos años, entre ellas, la paralización de los desahucios de las familias en riesgo de exclusión social. Hace tres años y medio, el Gobierno puso en marcha un Código de Buenas Prácticas al que se acogieron la mayoría de entidades financieras y que ha permitido atender a 23.640 familias en riesgo de exclusión social, ha reestructurado la hipoteca de 18.620 familiar y permitido la dación en pago en 5.014 ocasiones.

A día de hoy, el Fondo Social de Vivienda (FSV) cuenta todavía con una oferta de más de 2.000 viviendas repartidas por toda la geografía española, respecto a las 5.892 puestas a disposición en un primer momento, y a las que se sumaron otras 3.974, hasta alcanzar un total de 9.866 inmuebles. Aproximadamente quedan vacías un 20% del total. La oferta publicada en la web será accesible para las familias que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007. Según ha informado la Asociación Hipotecaria Española (AHE) en un comunicado, esta iniciativa supone un "nuevo paso" para facilitar y simplificar el acceso a la vivienda de los ciudadanos con problemas habitacionales. La web va dirigida tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes.

El Fondo Social de Viviendas está pensado para proporcionar un hogar a todas aquellas personas que hayan sido desalojados de su vivienda habitual a partir del 31 de diciembre de 2007 y estén en situación de especial vulnerabilidad social.

Sareb no participará en el Fondo Social de Vivienda

También por parte del Defensor del Pueblo, el pasado ejercicio continuo las actuaciones para que el Fondo Social de Viviendas (FSV) se integre en la Sociedad de Activos de reestructuración del Sector Bancario (Sareb), pero finalmente, el Ministerio de Economía entiende el "banco malo" como un instrumento financiero, y no como una entidad vinculada a la política de vivienda y menos aún con carácter social. Por ello Sareb, no participará en el Fondo Social de Vivienda. Según Soledad Becerril, Defensor del Pueblo: "La sugerencia de su inclusión en el Fondo se hizo por la importancia de la Sareb en el mercado inmobiliario, en tanto que es propietaria de miles de viviendas en toda España, al mismo nivel que las entidades bancarias firmantes del convenio".

A pesar de la negativa a formar parte del Fondo Social de Vivienda, a lo largo del pasado año Sareb cedió a Cataluña, Aragón, Galicia y País Vasco poco más de 1.000 pisos. Desde entonces se han acelerado las negociaciones con otras comunidades, como Baleares, CanariasCastilla y León, Castilla - La Mancha, Madrid, Cantabria y Comunidad Valenciana.

Pero en especial, Sareb busca acuerdos de vivienda social con ayuntamientos de más de 250.000 habitantes. Así, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen ya ha mantenido reuniones con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (reciente convenio para la cesión de 300 viviendas sociales en usufructo), y con la de Barcelona, Ada Colau. Además, miembros de la sociedad han participado en encuentros con el Ayuntamiento de Valladolid. Atendiendo a la Ley de Grandes Ciudades, entre los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes con los que se está negociando se encuentran Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Vigo, Gijón, y Hospitalet de Llobregat.

No obstante, la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, recogió el criterio de Soledad Becerril (Defensor del Pueblo) al establecer un procedimiento de insolvencia independiente para particulares y consumidores de buena fe sobreendeudados. La nueva legislación introduce, por primera vez, el concepto jurídico de deudor de buena fe, figura que recogen ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, por la que los deudores afectados por circunstancias imprevisibles y fuera de su control, pueden acceder a una solución razonable, siempre que se cumplan determinados requisitos. Del mismo modo, los Defensores del Pueblo también pidieron el pasado año al Gobierno que se suprima el actual sistema de adjudicación de vivienda pública por sorteo y establezca baremos. Igualmente, abogan por fortalecer "la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación" y potenciar el alquiler de vivienda pública. Asimismo, defienden la necesidad de ampliar el parque de vivienda en régimen de alquiler y elaborar un "correcto inventario", así como "regular el concepto de vivienda vacía".

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los pisos en alquiler del FSV?

Con todo, el gran problema de esta iniciativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que los requisitos para acceder a una vivienda de este fondo son tan exigentes que durante sus primeros años de vida apenas ha sido aprovechado. Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno decidió flexibilizar las condiciones de acceso para permitir que un mayor número de afectados pueda beneficiarse del parque de viviendas vacías. De esta forma, se incluyó como nuevos colectivos beneficiarios a los mayores de 60 años, matrimonios y parejas de hecho sin hijos y otros deudores no hipotecarios. De este modo, pueden acceder a las viviendas las personas físicas que cumplan las condiciones siguientes:

a) Que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 a favor de alguna de las entidades de crédito firmantes del Convenio por alguna de las siguientes causas:

  1. Desalojo consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario o, conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda, de un préstamo no hipotecario.
  2. Procedimiento de ejecución hipotecaria que hubiese culminado con la adjudicación de la vivienda, pero que no haya dado lugar al desalojo efectivo de la misma.
  3. Dación en pago de un préstamo hipotecario.

b) Que, en el momento de presentación de la solicitud, se encuentre en las circunstancias siguientes:

  1. Que el conjunto de los ingresos del solicitante y, en su caso, de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM anual (14 pagas) de 2015: 7.455,14 euros/año).
  2. Que ni el solicitante ni, en su caso, ninguno de los miembros de su unidad familiar disponga de vivienda en propiedad o de un derecho de usufructo sobre una vivienda.

c) Que se encuentre en alguno de los supuestos de especial vulnerabilidad. A tal fin se entenderán como tales cualquiera de los siguientes:

  1. Unidad familiar con hijos menores de edad.
  2. Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
  3. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
  4. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
  5. Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca cuyo impago produjo la pérdida de la vivienda o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y en la cual alguno de sus miembros se encuentre en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  6. Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
  7. Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía.
  8. Personas mayores de sesenta años.
  9. Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos.
  10. Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores que sean detectadas por parte de las entidades de crédito, los servicios sociales municipales o las organizaciones no gubernamentales encuadradas en la Plataforma del Tercer Sector y debidamente justificadas ante las entidades de crédito, para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

Las solicitudes se priorizarán objetivamente teniendo en cuenta los supuestos que agravan la vulnerabilidad. Se consideran criterios de priorización los siguientes:

  • Concurrencia de supuestos del Convenio. Cuántos más supuestos concurran, mayor prioridad.
  • Número de miembros de la unidad familiar. A mayor número de miembros, mayor prioridad.
  • Ingresos netos de la unidad familiar. A menores ingresos, mayor prioridad.

Otros criterios como el grado de discapacidad, dependencia u otras condiciones que se detallen en los informes presentados por los servicios sociales se considerarán adicionalmente en el proceso de priorización de solicitudes.

¿Cómo se puede realizar una solicitud?

Para facilitar el proceso de solicitud, las entidades bancarias que conforman el FSV han puesto en marcha www.fondosocialdeviviendas.es A través de esta página, los solicitantes pueden consultar todos los alquileres disponibles y seleccionar la que más se ajuste a sus necesidades. Además de a particulares, este proceso está abierto (previa identificación) a entidades sociales u organismos públicos que colaboren en la gestión y tramitación de estos alquileres. En función de la entidad propietaria de la vivienda, el usuario podrá completar el proceso en este mismo website en el apartado Solicitud de vivienda, o bien será redirigido al del banco o caja propietarios de la casa solicitada.

Una vez abierto el plazo para la solicitud de viviendas, las personas interesadas podrán darse de alta en fondosocialdeviviendas.es y cumplimentar tanto sus datos personales y de contacto, como la documentación obligatoria en función de su situación personal. Aunque los expedientes solo serán tramitadas si se han rellenado el 80% de los campos correctamente, a través del Área Privada, los usuarios podrán actualizar sus datos o subir nuevos informes en cualquier momento.

La VPO, más cara que en el "boom inmobiliario" en 4 comunidades

Por increíble que pueda parecer, en 4 comunidades autónomas los precios de la vivienda protegida (VPO) ya superan a los registrados en el año 2007, en pleno auge de la compraventa de viviendas. La primera de ellas, el País Vasco, el precio por m2 de la vivienda de protección ha aumentado en más de 600 euros, pasando de los 1.137 euros el m2 en 2007 a 1.774 en el tercer trimestre de 2015, aunque llegó a situarse en 2.280 el m2 en mayo del pasado año. La siguiente comunidad es Madrid, cuyo precio aumentó un 8,1%, por encima del 5,5% de Galicia y el aumento del 0,39% que se ha producido en Extremadura. El dato en el que se basa este estudio, el precio del m2 de las VPO, tiene el matiz de que puede deberse a que los inmuebles vendidos en la actualidad sean más pequeños. Esto afecta, irremediablemente, a que el precio por m2 aumente.

Además, en 5 comunidades autónomas los precios de las viviendas de protección oficial son más altos que los de la vivienda libre. Estas son Cantabria, Navarra, Murcia, Castilla y León y Extremadura. En el caso de las dos primeras, la diferencia de precio por m2 entre VPO y vivienda libre llegó a ser de más de 200 euros. Baleares y Madrid son las comunidades en las que mayor diferencia existe entre precios de vivienda libre y VPO a favor de las primeras. En Baleares la diferencia es de 973 euros/m2, mientras que en Madrid las viviendas libres son 528 euros/m2 de media más caras que las de VPO.

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vpo-cantabriaLa caída del precio de la vivienda desde el nivel máximo alcanzado en septiembre de 2008 asciende al 30,4%, según los datos que publicó hace unos días el Ministerio de Fomento. Este ajuste en el valor de las casas y pisos en venta ha dado lugar a una particular anomalía que se repite en 10 provincias españolas: la vivienda libre es ya más barata que la protegida.

El mercado residencial ha corregido los precios de forma mucho más abrupta que lo que lo han hecho el Estado y las Comunidades Autónomas, encargados de fijar el precio mínimo del metro cuadrado (módulos) en la Vivienda de Protección Oficial (VPO). Así, según las estadísticas de Fomento, en el primer trimestre de 2015, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida en España en Jaén, León, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lérida, Castellón, Valencia, Lugo y Murcia el precio de las VPO ha quedado completamente desfasado.

La burbuja inmobiliaria en la primera década del siglo XXI hizo proliferar esta categoría de viviendas que pretendía solucionar el problema de exclusión a la propiedad en la que se veían miles de familias españolas, incapaces de hacer frente al precio de mercado del ladrillo. En los últimos seis años el Plan estatal y el de las comunidades autónomas han dado casi 300.000 calificaciones de VPO en España, mientras que el parque estimado de viviendas asciende a 25 millones.

Al igual que ha ocurrido con el valor catastral, el precio de los módulos en este tipo de viviendas ha sufrido una variación mucho menor que la del mercado de vivienda libre. Esta circunstancia ha desincentivado la venta de las VPO que ya habían sido construidas y que siguen aún presionando las cuentas de los promotores. La Defensora del Pueblo señala que hay 13.500 casas de esta categoría vacías, frente a los 330.000 demandantes de vivienda inscritos en los ayuntamientos y comunidades.

En general el precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida en España en el primer trimestre de 2015 fue de 1.095,4 euros, un 0,41% inferior al del cuarto trimestre de 2014. La variación respecto al mismo trimestre de 2014 muestra una caída del 0,68%.

Las estadísticas de Fomento apuntan a una progresiva recuperación del precio, sobre todo el de la vivienda nueva, que suma ya dos trimestres consecutivos al alza. Hasta marzo el metro cuadrado costaba de media 1.723,8 euros un 0,78% más que en el mismo periodo del pasado año. En los pisos de segunda mano el precio ha vuelto a caer, quedando el el precio medio de estas viviendas se situó en 1.448,5 euros por metro cuadrado.

En el primer trimestre el precio de los pisos nuevos subieron en nueve comunidades autónomas, entre las que destacan Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Cantabria, con incrementos trimestrales interanuales superiores al 3%. Por contra, siete comunidades presentan aún bajadas en el precio de los pisos nuevos.

Fuente: elmundo.es

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ayudasalalquilerEl Ministerio de Fomento concederá ayudas de hasta 200 euros al mes a 200.000 familias con problemas económicos para poder pagar una vivienda en alquiler durante lo que resta de 2014, hasta el año 2016. De esta forma, y a través del demorado Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, el Ministerio de Fomento abonará entre un 33% y un 40% de la renta mensual a los hogares con ingresos de menos de 22.365 euros anuales para vivir en casas y pisos en alquiler por menos de 600 euros.

La medida busca sustituir a la vivienda de protección oficial (VPO), ya que, según el Ministerio de Fomento, no es una salida válida actualmente para las rentas bajas. De hecho, la VPO ya es más cara que la vivienda libre en multitud de provincias de España.

La nueva ayuda se concederá durante 12 meses prorrogables a toda la vigencia del plan. Es decir, al menos dos años (hasta 4.800 euros por familia), aunque, ya que el plan se va a iniciar muy tarde, se podrá alargar durante el siguiente año, como suele ocurrir en la política inmobiliaria estatal.

Podrán cobrar el subsidio al alquiler de vivienda libre las familias o personas con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem (22.365 euros anuales), pero la cuantía será modulable según el número de miembros de cada hogar, para primar a los más necesitados, según Fomento. Además, tendrán preferencia las personas desahuciadas.

Fomento ya ha firmado el convenio bilateral para la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas y rehabilitación con 10 comunidades autónomas: Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Aragón, Galicia, Andalucía y Canarias. Los convenios con las siete regiones restantes se firmarán "a finales de octubre", según fuentes del departamento de vivienda que dirige Ana Pastor. Cataluña, Asturias y Cantabria ya han abierto el plazo de solicitud de las ayudas, según las mismas fuentes.

En el todo el plan, Fomento invertirá 2.311 millones y las autonomías, 216. Sólo las ayudas al alquiler supondrán un gasto máximo de 480 millones de euros anuales, que tendrían que acometer las regiones con el dinero que les transfiera el Estado. Además, el Ejecutivo espera que el plan genere una inversión privada inducida de 1.268 millones de euros.

El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, también incluye una importante apuesta por la rehabilitación, así como la subsidiación de 230.000 préstamos hipotecarios. El Ministerio de Fomento estima que el nuevo plan estatal de vivienda generará 36.000 puestos de trabajo en tres años.

La subvención del alquiler libre (un arrendamiento protegido indirecto) es una medida muy demandada por los expertos en vivienda, pero el anterior Gobierno no la puso en marcha más que para los jóvenes. Entonces fueron 210 euros para menores de 30 años: la llamada renta básica de emancipación (RBE), ayudas ya retiradas por el actual gobierno.

La nueva ayuda de 200 euros será universal, con el único requisito de la renta, y llegará, si las previsiones del Gobierno se cumplen, a más del doble de beneficiarios anuales que la RBE (la media de nuevos receptores de la renta básica en sus tres últimos años fue de 47.000, frente a los casi 90.000 anuales que prevé el Ministerio de Fomento.

El retraso en la aprobación del nuevo Plan de vivienda está causando algunos desajustes en las previsiones. Así, la estimación que hizo Fomento para 2014 era conceder 48.000 ayudas para el alquiler, unos objetivos difíciles de cumplir en tan sólo dos meses.

En lo que respecta a la rehabilitación pasa lo contrario. El Informe sobre los Presupuestos del Estado para 2014 de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo detallaba que este año se financiarían 35.000 rehabilitaciones. Ahora el Ejecutivo habla de 50.000 viviendas renovadas en tres años. No en vano, Fomento prefiere centrarse "especialmente en la rehabilitación de barrios completos, por ser la actividad más eficiente desde el punto de vista socioeconómico".

Fuente: expansion.com

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vpoandaluciaLa Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto dos procedimientos administrativos contra la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas de protección pública (VPO) en la comunidad autónoma.

Las sanciones establecidas por la Ley de VPO para sanciones muy graves van de 30.001 a 120.000 euros. Por lo tanto, los procedimientos sancionadores abiertos por la Consejería podrían suponer una sanción de un máximo de 109,4 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado que la Sareb no ha puesto a disposición de los Registros, al menos 911 pisos y casas en Andalucía con esta tipología.

El primer procedimiento se debe al supuesto incumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Vivienda Protegida y Suelo, introducida en su actual redacción por la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances. La Consejería ha notificado a la Sareb el acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción muy grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda.

El segundo procedimiento a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración de la misma Ley de Vivienda Protegida, también introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros públicos municipales de demandantes.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha tenido conocimiento de la existencia de estas viviendas protegidas titularidad de la Sareb que supuestamente incumplen su función social a través de información oficial de la propia sociedad de gestión. El Gobierno de España recurrió ante el Tribunal Constitucional el pasado 18 de diciembre de 2013 varios preceptos la Ley de Función Social de la Vivienda realizada por Andalucía. En dicho recurso, así como en el anteriormente presentado el 9 de julio de 2013 contra el Decreto precedente, la Presidencia del Gobierno adjuntó entre su documentación un informe de la Sareb, titulado "Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía", que señala que en torno a un 12 por ciento de la cartera de la Sareb se encuentra radicado en el territorio andaluz", un total de 6.379 viviendas que desglosa en cuanto a vivienda libre primera residencia, 4.473; vivienda libre segunda residencia, 995; vivienda protegida, 911.

La Junta ha recordado que la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda "no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social". Ha añadido que "los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas siguen plenamente vigentes".

Fuente: europapress.es

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Muchos piensan que se se ha avanzado de manera importante con la Ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social que se aprobó el pasado mes. Dicho avance hace referencia a temas referentes a los intereses de demora, las tasaciones o la ampliación de las suspensiones temporales de desahucios.

Demasiados requisitos para adquirir viviendas sociales

El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo ha vuelto a defender. Los datos sobre los que se argumenta son que 600 familias ya han reestructurado su deuda hipotecaria, otras 300 han accedido a la dación en pago, 260 se benefician de un alquiler "muy ventajoso" gracias al fondo social de vivienda.

Apoya con seguridad que los lanzamientos hipotecarios se están convirtiendo en una "excepción" en España, según los datos del Banco de España, "que dicen que ya se observa una ralentización de los lanzamientos que afectan a las personas físicas". Así, según sus números, las entidades han paralizado más de 700 lanzamientos de vivienda habitual.

...continúa leyendo "De las casi 6.000 viviendas del fondo social, solo se están aprovechando 260 familias"

González propone abarcar a más parte de la sociedad como posibles candidatos para optar al stock de viviendas de protección oficial del Plan Joven, tras razonar que los precios del mercado, pese a haber descendido de forma notable desde el estallido de la crisis en 2008, no son un problema exclusivo de los más jóvenes, sino que afecta a todos los grupos de edad.

Plan de vivienda. Madrid

La Comunidad de Madrid quiere dar salida al stock de casi 2.000 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra del Plan Joven que tiene disponibles. En la actualidad solo pueden optar a ellas los menores de 35 años con unos ingresos inferiores a 5,5 veces el indicador de renta IPREM. Los candidatos tampoco pueden tener propiedades en la región ni ser los titulares de viviendas protegidas en España.

El plan para que esta idea funcione es modificar el Reglamento de Viviendas con Protección Pública, lo que permitirá que los interesados que superen la franja de edad referida puedan ejercer el derecho de compra ya en el primer año de arrendamiento, sin tener que esperar al quinto, sexto o séptimo año como ocurre en este momento. Suprimida la barrera de la edad, el resto de requisitos se mantendrían.

...continúa leyendo "Plan de Vivienda Joven también para mayores de 35 años"

La pequeña subida que tuvo el sector inmobiliario al inicio de este año, como ya sabéis estuvo motivada por el fin de los beneficios fiscales para la compra de vivienda que tuvo lugar  el 1 de enero. Como era de esperar, después de ese efecto, concretamente en marzo, la compraventa de viviendas se redujo un 12,6%.

El Gobierno suspenderá temporalmente la reserva de suelo para vivienda protegida

La fragilidad de un mercado en pleno proceso de transformación y redimensionamiento también se ha reflejado en la evolución de la vivienda protegida (VPO). En los buenos años, era raro el trimestre en el que la venta de VPO no superaba las 10.000 unidades, pero durante 2012 sólo el cuarto trimestre superó esa frontera (14.782).

Para adaptar la situación de la vivienda protegida a la «realidad del mercado», el grupo popular ha introducido una enmienda en el Congreso de los Diputados para el proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas por el que «durante un plazo máximo de cuatro años, las comunidades autónomas podrán dejar en suspenso» el artículo de la ley de suelo que regula la disposición de terreno para VPO.

...continúa leyendo "El Gobierno suspenderá la reserva de suelo para VPO"

Comenzarán esta semana la asignación de los primeros pisos de las entidades financieras que aportan inmuebles al fondo social de vivienda (FSV) destinado a alquileres entre personas que han sufrido un desahucio a partir de 2008.

Llavero de casa

En marzo los bancos han ido recibiendo las solicitudes de los interesados, y en los próximos días concluirán su análisis y comenzarán a adjudicar las viviendas que necesitan.

Según las fuentes consultadas, se reunirán la segunda semana de abril para conocer los primeros datos.

El precio de los contratos de alquiler se sitúa entre 150 y 400 euros mensuales, y se deben firmar antes del 15 de mayo. Durarán dos años, y se pueden prorrogar hasta un año más según la situación.

...continúa leyendo "La banca comenzará esta semana a adjudicar los alquileres para desahuciados"

Cada vez son más los españoles que renuncian a viviendas con algún tipo de protección pública, viviendas de las que han sido "afortunados" adjudicatarios. Resulta que hace falta tener dinero hasta para una VPO.

Pisos de protección

Además de la cuestión económica, está el tema de la supresión de ayudas a la adquisición de la vivienda o la denegación de la subrogación en el préstamo por parte de los bancos.

También se atribuye la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la unidad familiar, que la crisis laboral convierte en muy difícil alcanzar, la pérdida de ingresos debido al desempleo o la incertidumbre económica existente en muchas familias que causa un ¨parón¨ con respecto a planes de futuro.

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Bajan los intereses de préstamos para las viviendas protegidas, tras acordar el Gobierno rebajas de tipos de interés anuales para créditos convenidos sobre viviendas protegidas (VPO), que significará para los titulares de dichos préstamos cuotas más económicas.

Viviendas protegidas

Los tipos de interés del programa 1993 pasan del 3,86% al 2,70% y del 4,08% al 2,85%, mientras que para el programa 1995, éstos se mantienen en el 2,60%. Es el resultado de ésta modificación en el marco del Plan de Vivienda 1992-1995.

En el Plan de Vivienda 1996-1999, para el programa 1998, estos tipos también se mantienen en el 2,60%; en el Plan de Vivienda 2002-2005, la rebaja es del 3,38% al 2,76%; y los tipos pasan del 3,39% al 2,78% en el caso del Plan 2005-2008.

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