La compraventa de viviendas en España alcanzó en julio las 39.841 transacciones, lo que supone un descenso interanual del -7,9%, que se reduce hasta el -1,4% en la serie corregida de estacionalidad, según los últimos datos de la estadística del Consejo General del Notariado. Además, los precios bajaron un -3,6%, quedando el valor medio del metro cuadrado de los pisos y casas en los 1.274 euros. La firma de hipotecas también desciende un -4,7% sumando en julio los 17.852 préstamos hipotecarios.
Por tipo de vivienda, la venta de pisos mostró un fuerte ajuste interanual del -10,2% y la de pisos de precio libre del -10,0%. Esta contracción de las transacciones de pisos libres se debió, según el informe, tanto al decremento de las ventas de pisos de segunda mano (-8,4% interanual) como a la caída de las ventas de pisos nuevos que experimentó una contracción del 22,6% interanual. La venta de viviendas unifamiliares, sin embargo, mostró un ligero crecimiento del 0,9% interanual.
En términos de precio promedio, el metro cuadrado de las viviendas compradas en julio fue de 1.274 euros, reflejando así una caída del 3,6% interanual. Este abaratamiento del metro cuadrado de las viviendas se debe tanto a la caída del precio por metro cuadrado de las viviendas unifamiliares (‑4,6% interanual) como la de los pisos (-2,3% interanual).
Por su parte, el metro cuadrado de los pisos de precio libre se contrajo un 1,7%. Dentro de éstos, el precio del m2 de los de segunda mano se situó en los 1.399 euros (-1,2% interanual) y el de los pisos de obra nueva en 1.844 euros/m2, mostrando un ligero abaratamiento interanual del 0,6%.
Por último, en julio la compraventa de otros inmuebles se situó en 9.820 operaciones (-6,1% interanual), de las cuales un 38,7% correspondieron a terrenos o solares. El precio medio por metro cuadrado de estas transacciones se situó en 192 euros (7,5% interanual).
Estos porcentajes negativos nos hacen preguntarnos: ¿La recuperación del mercado de la vivienda se enfría? La respuesta, según la mayoría de expertos, es que la recaída estaría descartada, al igual que la burbuja. No obstante, advierten de que pueden registrarse números rojos intermitentes en las diferentes estadísticas dependiendo del periodo y de las circunstancias de cada momento, lo que se ha bautizado como "dientes de sierra" en el sector. Otros expertos, recuerdan la excepcionalidad del mes de julio por las elecciones del 26-J. En su opinión, la incertidumbre política creada por las elecciones (y que aún continúa) está afectando al mercado (frenando las compras) desde mayo y de ahí que los datos de meses posteriores reflejen una parálisis.
Desciende también el número de hipotecas en julio
La evolución del mercado hipotecario para comprar vivienda recoge la contracción puntual del sector inmobiliario, registrándose un decremento en el conjunto de los préstamos tanto en términos absolutos como desestacionalizados. Así, el número de nuevos préstamos hipotecarios realizados en el mes de julio fue de 28.504, lo que supone una reducción del 11,0% interanual (-3,1% en la serie corregida de estacionalidad). La cuantía media de las hipotecas fue de 164.309 euros, reflejando así una ligera caída del 0,9% interanual.
Por su parte, los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de un inmueble decrecieron en julio un 4,4% interanual (19.407 préstamos), debido, tanto a la caída en la concesión de préstamos para la adquisición de una vivienda (-4,7% interanual) como al decremento de los préstamos hipotecarios para la adquisición de otros inmuebles (-1,7% interanual). Por su parte, la cuantía promedio de los préstamos para la adquisición alcanzó los 138.945 euros (-2,6% interanual). En el caso de las viviendas, el capital medio fue de 130.188 euros, suponiendo una reducción del 2,1% interanual y para el resto de inmuebles el préstamo promedio alcanza los 234.661 euros (-8,7% interanual).
Por su parte, los préstamos destinados a la construcción mostraron en julio una contracción interanual del 7,6%, hasta los 546 préstamos. La cuantía promedio de los mismos fue de 369.766 euros, recogiendo así una caída interanual del 17,6%. Por su parte, la cuantía media de los préstamos para la construcción de una vivienda se redujo un 4,1% hasta los 277.283 euros (429 operaciones).
Fuente: Consejo General del Notariado - Julio 2016
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Desde Murcia, el holding empresarial español Baraka ha cerrado un acuerdo de compra del Edificio España con su actual propietario, el grupo Wanda, por un importe superior a los 265 millones de euros, según fuentes cercanas a la operación. 265 millones fue precisamente el precio que pagó en 2014 el magnate chino Wang Jianlin al Banco Santander por hacerse con él. Con la venta del edificio se cierra uno de los culebrones urbanísticos de Madrid protagonizado por el inversor chino y el Ayuntamiento de Madrid desde enero de 2015, para poder desarrollar el proyecto, que preveía construir 300 viviendas, un hotel de más de 20.000 m2 y un gran centro comercial.
La negativa del Ayuntamiento de Madrid a que el magnate chino derribara la fachada, protegida por la Comisión Local de Patrimonio Histórico (CLPH), hizo que este desistiera hace seis meses de convertir el edificio en un hotel de lujo con oficinas y zona comercial y decidiera deshacerse de él. En enero, el Grupo Wanda encargó un concurso para la venta del edificio, de 117 metros de altura, en el que participaron cuatro grandes firmas del sector, y que finalmente ganó la consultora Jones Lang LaSalle (JLL). Durante este periodo, muchos fondos de inversión nacionales e internacionales se interesaron por la adquisición del inmueble, pero finalmente ha sido Baraka, el holding del empresario Trinitario Casanova, con sede en Murcia, quien ha roto la baraja con su oferta de compra.
El holding Baraka Global Invest está ubicado en el edificio Hispania de Murcia y se dedica a la promoción de viviendas, explotación de supermercados y promoción de eventos. En la capital ha protagonizado algunas operaciones, como la compra por 75 millones de un suelo urbanizable en Valdebebas. Su promotor, Trinitario Casanova, que ya fue calificado de "superviviente de la crisis del ladrillo", se mueve sin embargo como un experto jugador de Monopoly. En año y medio ha protagonizado sonadas operaciones en Madrid, como la compra de 114.000 metros cuadrados de suelo residencial en Valdebebas por 75 millones de euros, de la sucursal de Bankia de Gran Vía 44 (con la que obtuvo 2,6 millones en plusvalías en un mes) o de la sede comercial de Peugeot en Madrid, por seis millones.
El Ejecutivo de Manuela Carmena, ha tenido que lidiar además con el desafío del inversor asiático que ponía a su joven Gobierno contra las cuerdas al anunciar la decisión de abandonar sus planes inmobiliarios en Madrid. Sin embargo, el reciente convenio sellado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, club donde Wanda posee el 20%, para desbloquear la operación Calderón, y el principio de acuerdo con Casanova permiten que las aguas vuelvan a su cauce.
Ayer, debido al contrato de confidencialidad firmado con el grupo Wanda, ni el grupo Baraka ni la consultora JLL quisieron confirmar la venta, que se convierte en la mayor operación inmobiliaria de este año en la capital. También se desconoce por ahora qué uso querrá darle el nuevo propietario, que tendrá que avenirse a las condiciones impuestas por el Ayuntamiento.
La oposición usa la marcha de Wanda contra Carmena
Los representantes municipales del Partido Popular calificaron ayer la venta del Edificio España al holding murciano de "crónica de una marcha anunciada". José Luis Martínez Almeida (PP) pidió, nada más cerrar la comisión del Ayuntamiento sobre desarrollo urbano sostenible, que la alcaldesa pidiese "perdón" a los madrileños por decir en marzo que Wanda se quedaba.
Begoña Villacís, de Ciudadanos, recordó que el dato que hay que subrayar es la huida de Wanda, que se marcha por "la falta de apoyo, de consideración y de transparencia" del Gobierno municipal. El Ayuntamiento está "espantando a los inversores", dijo. Y añadió: "Hemos estado preguntando comisión tras comisión cómo iban las negociaciones con Wanda y la información que tenemos es nula".
Respecto al partido socialista, la concejala Mercedes González consideró que "Wanda se fue hace muchos meses". Y afirmó que el PSOE mantendrá la postura que adoptó ante el proyecto del grupo chino, es decir, que se respete la normativa vigente.
Fuente: elmundo.es
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Tras años de retrasos y modificaciones, la operación Mahou-Calderón por fin tiene fechas concretas: a partir de septiembre podría comenzar la reforma urbanística en la zona que ocupa el estadio rojiblanco y la antigua fábrica de cerveza. Así, cinco días después de las elecciones generales, el Ayuntamiento de Madrid pudo por fin presentar su acuerdo con Mahou y el Atlético de Madrid para los terrenos del Vicente Calderón. Se trata solo de un primer paso para desbrozar la madeja creada por el decaimiento del plan anterior, creado por el PP de Ruiz Gallardón y Ana Botella, zarandeado por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y rechazado por el equipo municipal de Ahora Madrid. El acuerdo alcanzado, contempla la sustitución de los dos rascacielos de 36 plantas y ocho edificios de hasta 20 alturas previstos inicialmente por la construcción de varios bloques de hasta ocho plantas y la reducción del número de viviendas de 2.000 a 1.000. La edificabilidad se reducirá en torno a un 30-35%, habrá más zonas verdes y no se soterrará la M-30 sino que se "cubrirá".
El acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, que junto a la cervecera es propietaria de los 204.218 metros cuadrados de terreno afectados, donde el Atlético de Madrid prevé disputar en 2017 la última temporada antes de trasladarse a La Peineta, acogerá un nuevo proyecto urbanístico que reduce la edificabilidad de la zona, el Atlético de Madrid asume menos cargas económicas de la operación (ya que no hay soterramiento de la vía de circunvalación), y además será el Ayuntamiento de Madrid quien financie íntegramente la cubierta de la M-30, con un coste de entre 50 y 60 millones de euros.
Según el ayuntamiento, “esta propuesta recoge buena parte de las demandas de las asociaciones vecinales del distrito de Arganzuela, muy críticas con el Plan Parcial aprobado en 2014 para el ámbito. La ordenación que se ha presentado será sometida a un proceso de audiencia pública para que ciudadanos, colectivos, entidades de interés público y Comunidad de Madrid aporten sus sugerencias a fin de garantizar el mayor consenso posible”.
Las zonas verdes se incrementan desde los 54.600 m2 que preveía el Plan Parcial de 2014 a 79.900 actuales, y los equipamientos previstos pasan de los 10.000 m2 que establecía el plan anterior, pese a su mayor edificabilidad, a los 12.800 m2. “Se pone suelo a disposición de la Comunidad de Madrid para la ampliación del CEIP Tomás Bretón y el IES Gran Capitán, y una parcela dotacional municipal que se definirá con la participación de los vecinos y vecinas del barrio, y que podría convertirse en un centro de mayores, centro de día o centro dotacional polivalente”.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, durante la presentación de la Operación, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reconocido que el número total de viviendas está aún por definir, pero que el plan de edificabilidad se ha establecido en los 129.000 metros cuadrados. Un 10 por ciento de la edificación de la Operación Calderón, lo que supone 13.000 metros cuadrados, será destinado a viviendas de protección oficial, y serán viviendas de entre 50 y 100 metros cuadrados.
Respecto al polémico y costoso soterramiento de la M-30, ahora el Ayuntamiento va a adaptar "las estructuras existentes, que son perfectamente válidas", a algún tipo de solución técnica que permita "cubrir" esa brecha de Madrid Río: 600 metros de semiautovía que van a quedar cercanos por zonas verdes y viviendas a ambos lados del río. ¿Cuánto costará a las arcas públicas la decisión del Consistorio? Calvo habló de entre 50 y 60 millones de euros, "en todo caso menos de lo que el Ayuntamiento se había comprometido a aportar" en los anteriores proyectos. Como éstos nunca llegaron a arrancar realmente, no está del todo claro cuánto costaba entonces el soterramiento completo, pero la horquilla iba de los 80 a los 170 millones de euros, de los que el Ayuntamiento asumiría en torno al 40%.
¿Salen ahora las cuentas? El problema es que de momento ni las hay, porque el proyecto no es definitivo. ¿Tiene el Ayuntamiento cincuenta millones de euros, el mínimo del que se habla, para destinarlo a este proyecto? Es cierto que la situación de la deuda municipal no es tan angustiosa como en la anterior legislatura, pero el Ministerio de Hacienda, con su Ley de Estabilidad Financiera, puede tener la última palabra. ¿Será la próxima temporada la última con fútbol en el Vicente Calderón? Ese es el plazo más claro de una Operación que avanza, pero a paso muy lento.
Carmena llevará a los tribunales a quienes vendieron pisos públicos a fondos buitre
Por otro lado, el concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha afirmado que el Ayuntamiento emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por la venta en bloque de pisos sociales a fondos buitre. La decisión fue anunciada después de la sesión de la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas. "Hay base jurídica para muchas cosas, pero especialmente para una actuación contra los administradores de una sociedad que no ha velado por el correcto funcionamiento de la misma, ni por su patrimonio".
El informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que determina que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación. Este informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección (de los que 2.956 son viviendas), cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros. Según ese organismo, la venta se realizó "sin la existencia de pliegos de condiciones" y "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar", que se fijó "por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores". Esto supone, según la Cámara de Cuentas, "la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos". "De lo que estamos hablando es de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales, o sea, vulneraciones del código penal, por supuesto también de actuaciones que han vulnerado las normas mercantiles", ha advertido sobre ese asunto Carlos Sánchez Mato.
No obstante, ha comentado que para poder revertir la situación (es decir, para que las viviendas vendidas regresen a manos municipales) habría que ir por la vía del Derecho Civil, porque "incluso una actuación delictiva que haya tenido como resultado un desastre para la EMVS podría hacer imposible la devolución de esas viviendas al patrimonio de todos. Por lo tanto esa parte, la que es menos sencilla de probar, es la que seguimos estudiando, porque desde luego los otros dos elementos, las obligaciones mercantiles y penales, parecen bastante claras".
Fuentes: expansion.com y publico.es
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Después del fallido debate de investidura de Pedro Sánchez y de unos meses de dudas en el panorama político, las elecciones el próximo 26 de junio son la posibilidad cada vez más segura. Sin embargo, convocar unos comicios electorales de nuevo no es, sin embargo, nada barato: los algo más de 130 millones de euros que costaría volver a poner en marcha la maquinaria electoral equivaldrían al coste de construir un hospital de 270 camas, a 43 escuelas o 1.484 pisos sociales y más de 650 viviendas libres.
A este contexto se une la caída de confianza y al temor que la situación afecte a la buena dinámica de recuperación inmobiliaria iniciada en 2014 y estabilizada a lo largo de 2015. Así, según el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Madrid, la inestabilidad política, está introduciendo en el sector inmobiliario "el factor del espejismo en la recuperación" ralentizando la inversión y la venta de pisos y casas.
Un hospital de 270 camas, 43 escuelas o casi 1.500 pisos sociales
Según el Ministerio del Interior, el presupuesto de las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre, tuvo un gasto total que ascendió a 130.244.505,08 millones de euros. equiparables al presupuesto autonómico destinado a Castellón o a Jaén para este año 2016, todavía prorrogados ante la incertidumbre política. Si se llegara al extremo de celebrar otras elecciones, todo apunta a que la cifra sería bastante similar: Logística (12,5 millones), Administraciones Públicas (55,1 millones), Correos (48 millones) y telecomunicaciones (12,8 millones), más un millón y medio de euros destinados a imprevistos.
Con esta misma cifra, según un estudio realizado por Nestoria, se podrían pagar nada menos que 1.484 pisos de protección oficial de 80 metros cada uno, teniendo en cuenta que el precio medio en España para la VPO es de 1.095 euros por m2. La cantidad de viviendas libres equivalente al coste de las elecciones es menor, aunque nada desdeñable, si se tiene en cuenta que con este dinero podrían adquirirse más de 642 pisos de 80 m2 al precio medio que se paga en la ciudad de Madrid.
Si ponemos el foco en las infraestructuras, el coste de las elecciones sería prácticamente equivalente al de un hospital pequeño-mediano. Así, por ejemplo, el coste del Hospital Sant Joan de Reus (en Tarragona), que consta de 274 camas, se cifró en 138 millones de euros, por lo que con el dinero de las elecciones se podría construir un hospital de dimensiones parecidas o pagar más de la mitad de otro complejo hospitalario más grande, como el de Burgos, cuyo coste asciende a 210 millones de euros.
Pero las comparaciones se centran en el sector educativo, resulta que el coste de unas elecciones generales es el equivalente a 43 escuelas como la que se proyecta en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca (en la calle de Islas Bisagos), cuyo coste asciende a 2,97 millones de euros, que correrán a cargo del Ayuntamiento que preside Manuela Carmena.
La situación política no mejorará dentro de un año
La incapacidad de los políticos para concretar acuerdos, está fomentando una creciente situación de inestabilidad política, donde día a día, cae la confianza. Así, ocho de cada diez españoles consideran que la situación política es mala (37,6%) o muy mala (42,3%), según el barómetro de marzo que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta, publicada hace apenas una semana, refleja que la situación dentro de un año no solo no mejorará, sino que será igual (31,5%) o peor (21,6%).
Así, Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los españoles pintan un escenario político negativo, igual (42,4%) o peor (46%) que el panorama que ya retrataban hace un año. El último barómetro (que corresponde a febrero y que, por tanto, se realizó antes del intento de Sánchez para ser investido) mostraba ya resultados similares: el 35,7% de los encuestados calificaba de mala la situación política española; el 35,7%, de muy mala; y el 18,2%, de regular. Solo el 2,2% pensaba, entonces, que era buena o muy buena.
En general, la percepción de los españoles es que la situación política está peor que nunca, más incluso que la situación económica, que en los últimos años ha sacudido los cimientos de la sociedad. Después de estos 100 días de estancamiento institucional, con investiduras y negociaciones que no cuajan, una gran mayoría de españoles (el 94% según Metroscopia) se muestra descontento con la coyuntura política, 17 puntos por encima de la insatisfacción que produce la situación económica pese a sus terribles efectos en la población española.
A pesar de las elecciones del pasado 20 de diciembre abrieron la posibilidad para un nuevo tiempo (con nuevos protagonistas) que pudiera volver a ilusionar y reconciliar a la sociedad con la política como instrumento de transformación, la amplia mayoría de los españoles se muestra insatisfecha con la situación. A la persistencia de la corrupción (cada día con nuevos capítulos) se añade la incertidumbre y frustración que produce la mala gestión de los partidos y sus líderes para alcanzar acuerdos para formar un Gobierno.
A los inversores inmobiliarios nacionales e internacionales no les frena, de momento, el panorama de incertidumbre política que planea sobre España. Así lo confirma la primera encuesta realizada tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, elaborada por JLL junto con IESE Business School, revela que el 89% de los participantes mantieneun interés alto o muy alto por invertir en el mercado inmobiliario español durante este año. No obstante, entre los condicionantes a corto plazo sitúan la incertidumbre política, la fuerte competencia y la escasez de producto.
El estudio, que recoge una encuesta realizada a más de 100 inversores inmobiliarios de referencia nacionales e internacionales, muestra que el 53,5% de los encuestados asegura que sus planes para España pasan por llevar a cabo inversiones de hasta 100 millones de euros, frente a un 46,6% que buscan inversiones superiores a los 100 millones de euros. Según el informe, "la operación típica más perseguida es de un volumen de entre 30 y 100 millones de euros".
En cuanto al tipo de activos, el 53% de los inversores escoge lasoficinas de Madrid y Barcelona como el producto más deseado, seguido por los activos logísticos, que despiertan el interés del 46% de los participantes, junto con los centros comerciales que se sitúan en tercera posición (44%). No obstante, se trata de un tipo de activos no aptos para todos los perfiles de inversores debido a la intensa gestión que requieren, según precisa el informe. Por detrás de este top 3, un 41% de los inversores escoge loslocales comerciales y los hoteles como productos más interesantes. Además, un 38% asegura tener previsto invertir en activos residenciales y un 31% en terrenos, lo que convierte otra vez los desarrollos y la compra de suelos finalistas como uno de los objetivos apetecibles para los inversores, para su posterior desarrollo en promoción de viviendas.
El estudio destaca el papel que juega la rehabilitación, reformas y reposicionamientos entre los planes a corto y medio plazo de los inversores. El 79% de los encuestados asegura que va a llevar a cabo algún tipo de obra para revalorizar sus inmuebles, ya que la mayor parte considera que una parte muy pequeña de su cartera podría considerarse de Grado A. Este grupo se divide entre los que tienen previsto hacer una rehabilitación integral de aquellos activos que no sean Grado A para mantenerlos en su cartera (43%) y los que lo hacen con el objetivo de vender después (36%). Entre los motivos de este interés, los inversores apuntan a que los activos, a igualdad de ubicación, sufren un castigo en las rentas frente a inmuebles de mayor calidad.
Incertidumbre política, poco producto de calidad y fuerte competencia
A pesar de la situación política, la fuerte competencia y la escasez de producto, no existe intención de desinvertir a corto plazo. La mayoría está buscando aprovechar la subida de las rentas prevista antes de vender, lo que no se prevé que ocurra antes de unos 18 meses. Los que sí contemplan desinvertir lo harán en centros comerciales y en residencial, un 15% y un 14% respectivamente.
Por otra parte, la mayoría de los inversores se decanta por la compra directa de activos (41%), bien en rentabilidad o para promover, frente a la inversión indirecta (14%), y dos de cada tres inversores considera un plazo de inversión de siete años. Para lo cual, los inversores piden un marco regulatorio claro, transparencia en los procesos y reglas fáciles de entender con el fin de agilizar las gestiones. La compra simultánea con financiación es cada vez más frecuente y el 26% de los inversores en producto "core" aceptaría rentabilidades inferiores de entre un 3% y un 5%.
En cuanto al nivel de riesgo, un 54% de los inversores asegura buscar activos a los que poder añadir valor, optando por activos con desocupación o para reestructurar, frente a un 33%, con perfil "core", que busca un producto sin riesgo de construcción ni de alquiler. Asimismo, comienza a verse apetito inversor por el desarrollo de promoción inmobiliaria, tanto a nivel residencial como terciario.
Fuente: europapress.es
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El Fondo Social de Viviendas (FSV) creado en enero de 2013 como parte del paquete de medidas urgentes aprobado por el Gobierno para ayudar a familias desahuciadas por impago de hipoteca. Se ofrece así, a través de este fondo inmuebles en alquiler a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Desde entonces hasta ahora han sido unas 4.000 familias las que se han beneficiado del programa, que ha cobrado protagonismo estos días por el acuerdo PSOE-Ciudadanos donde también se apuesta por el alquiler social como una de las medidas estrella en materia de vivienda, aunque no se aclara si se mantendrá el FSV como hasta ahora, o cuando se concrete un nuevo Gobierno mutará con nuevo nombre y funciones similares. Así, 10 entidades financieras reactivan ahora el Fondo Social de Viviendas a través de pisos de alquiler social en una nueva web, con el objetivo de que los colectivos más desfavorecidos puedan optar a los más de sus 2.000 inmuebles disponibles.
En esta nueva reactivación del Fondo Social de Viviendas participan Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell o Bankinter entre otras entidades financieras, creando un fondo pisos de bancos dirigidos tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes, puesto que se trata de un buscador y un canal de tramitación. La iniciativa se suma a otras muchas que a nivel individual o colectivo han desplegado las entidades financieras en materia de vivienda social a lo largo de estos últimos años, entre ellas, la paralización de los desahucios de las familias en riesgo de exclusión social. Hace tres años y medio, el Gobierno puso en marcha un Código de Buenas Prácticas al que se acogieron la mayoría de entidades financieras y que ha permitido atender a 23.640 familias en riesgo de exclusión social, ha reestructurado la hipoteca de 18.620 familiar y permitido la dación en pago en 5.014 ocasiones.
A día de hoy, el Fondo Social de Vivienda (FSV) cuenta todavía con una oferta de más de 2.000 viviendas repartidas por toda la geografía española, respecto a las 5.892 puestas a disposición en un primer momento, y a las que se sumaron otras 3.974, hasta alcanzar un total de 9.866 inmuebles. Aproximadamente quedan vacías un 20% del total. La oferta publicada en la web será accesible para las familias que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007. Según ha informado la Asociación Hipotecaria Española (AHE) en un comunicado, esta iniciativa supone un "nuevo paso" para facilitar y simplificar el acceso a la vivienda de los ciudadanos con problemas habitacionales. La web va dirigida tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes.
El Fondo Social de Viviendas está pensado para proporcionar un hogar a todas aquellas personas que hayan sido desalojados de su vivienda habitual a partir del 31 de diciembre de 2007 y estén en situación de especial vulnerabilidad social.
Sareb no participará en el Fondo Social de Vivienda
También por parte del Defensor del Pueblo, el pasado ejercicio continuo las actuaciones para que el Fondo Social de Viviendas (FSV) se integre en la Sociedad de Activos de reestructuración del Sector Bancario (Sareb), pero finalmente, el Ministerio de Economía entiende el "banco malo" como un instrumento financiero, y no como una entidad vinculada a la política de vivienda y menos aún con carácter social. Por ello Sareb, no participará en el Fondo Social de Vivienda. Según Soledad Becerril, Defensor del Pueblo: "La sugerencia de su inclusión en el Fondo se hizo por la importancia de la Sareb en el mercado inmobiliario, en tanto que es propietaria de miles de viviendas en toda España, al mismo nivel que las entidades bancarias firmantes del convenio".
Pero en especial, Sareb busca acuerdos de vivienda social con ayuntamientos de más de 250.000 habitantes. Así, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen ya ha mantenido reuniones con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (reciente convenio para la cesión de 300 viviendas sociales en usufructo), y con la de Barcelona, Ada Colau. Además, miembros de la sociedad han participado en encuentros con el Ayuntamiento de Valladolid. Atendiendo a la Ley de Grandes Ciudades, entre los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes con los que se está negociando se encuentran Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Vigo, Gijón, y Hospitalet de Llobregat.
No obstante, la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, recogió el criterio de Soledad Becerril (Defensor del Pueblo) al establecer un procedimiento de insolvencia independiente para particulares y consumidores de buena fe sobreendeudados. La nueva legislación introduce, por primera vez, el concepto jurídico de deudor de buena fe, figura que recogen ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, por la que los deudores afectados por circunstancias imprevisibles y fuera de su control, pueden acceder a una solución razonable, siempre que se cumplan determinados requisitos. Del mismo modo, los Defensores del Pueblo también pidieron el pasado año al Gobierno que se suprima el actual sistema de adjudicación de vivienda pública por sorteo y establezca baremos. Igualmente, abogan por fortalecer "la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación" y potenciar el alquiler de vivienda pública. Asimismo, defienden la necesidad de ampliar el parque de vivienda en régimen de alquiler y elaborar un "correcto inventario", así como "regular el concepto de vivienda vacía".
¿Cuáles son los requisitos para acceder a los pisos en alquiler del FSV?
Con todo, el gran problema de esta iniciativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que los requisitos para acceder a una vivienda de este fondo son tan exigentes que durante sus primeros años de vida apenas ha sido aprovechado. Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno decidió flexibilizar las condiciones de acceso para permitir que un mayor número de afectados pueda beneficiarse del parque de viviendas vacías. De esta forma, se incluyó como nuevos colectivos beneficiarios a los mayores de 60 años, matrimonios y parejas de hecho sin hijos y otros deudores no hipotecarios. De este modo, pueden acceder a las viviendas las personas físicas que cumplan las condiciones siguientes:
a) Que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 a favor de alguna de las entidades de crédito firmantes del Convenio por alguna de las siguientes causas:
Desalojo consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario o, conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda, de un préstamo no hipotecario.
Procedimiento de ejecución hipotecaria que hubiese culminado con la adjudicación de la vivienda, pero que no haya dado lugar al desalojo efectivo de la misma.
Dación en pago de un préstamo hipotecario.
b) Que, en el momento de presentación de la solicitud, se encuentre en las circunstancias siguientes:
Que el conjunto de los ingresos del solicitante y, en su caso, de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM anual (14 pagas) de 2015: 7.455,14 euros/año).
Que ni el solicitante ni, en su caso, ninguno de los miembros de su unidad familiar disponga de vivienda en propiedad o de un derecho de usufructo sobre una vivienda.
c) Que se encuentre en alguno de los supuestos de especial vulnerabilidad. A tal fin se entenderán como tales cualquiera de los siguientes:
Unidad familiar con hijos menores de edad.
Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca cuyo impago produjo la pérdida de la vivienda o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y en la cual alguno de sus miembros se encuentre en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía.
Personas mayores de sesenta años.
Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos.
Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores que sean detectadas por parte de las entidades de crédito, los servicios sociales municipales o las organizaciones no gubernamentales encuadradas en la Plataforma del Tercer Sector y debidamente justificadas ante las entidades de crédito, para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.
Las solicitudes se priorizarán objetivamente teniendo en cuenta los supuestos que agravan la vulnerabilidad. Se consideran criterios de priorización los siguientes:
Concurrencia de supuestos del Convenio. Cuántos más supuestos concurran, mayor prioridad.
Número de miembros de la unidad familiar. A mayor número de miembros, mayor prioridad.
Ingresos netos de la unidad familiar. A menores ingresos, mayor prioridad.
Otros criterios como el grado de discapacidad, dependencia u otras condiciones que se detallen en los informes presentados por los servicios sociales se considerarán adicionalmente en el proceso de priorización de solicitudes.
¿Cómo se puede realizar una solicitud?
Para facilitar el proceso de solicitud, las entidades bancarias que conforman el FSV han puesto en marcha www.fondosocialdeviviendas.es A través de esta página, los solicitantes pueden consultar todos los alquileres disponibles y seleccionar la que más se ajuste a sus necesidades. Además de a particulares, este proceso está abierto (previa identificación) a entidades sociales u organismos públicos que colaboren en la gestión y tramitación de estos alquileres. En función de la entidad propietaria de la vivienda, el usuario podrá completar el proceso en este mismo website en el apartado Solicitud de vivienda, o bien será redirigido al del banco o caja propietarios de la casa solicitada.
Una vez abierto el plazo para la solicitud de viviendas, las personas interesadas podrán darse de alta en fondosocialdeviviendas.es y cumplimentar tanto sus datos personales y de contacto, como la documentación obligatoria en función de su situación personal. Aunque los expedientes solo serán tramitadas si se han rellenado el 80% de los campos correctamente, a través del Área Privada, los usuarios podrán actualizar sus datos o subir nuevos informes en cualquier momento.
La VPO, más cara que en el "boom inmobiliario" en 4 comunidades
Por increíble que pueda parecer, en 4 comunidades autónomas los precios de la vivienda protegida (VPO) ya superan a los registrados en el año 2007, en pleno auge de la compraventa de viviendas. La primera de ellas, el País Vasco, el precio por m2 de la vivienda de protección ha aumentado en más de 600 euros, pasando de los 1.137 euros el m2 en 2007 a 1.774 en el tercer trimestre de 2015, aunque llegó a situarse en 2.280 el m2 en mayo del pasado año. La siguiente comunidad es Madrid, cuyo precio aumentó un 8,1%, por encima del 5,5% de Galicia y el aumento del 0,39% que se ha producido en Extremadura. El dato en el que se basa este estudio, el precio del m2 de las VPO, tiene el matiz de que puede deberse a que los inmuebles vendidos en la actualidad sean más pequeños. Esto afecta, irremediablemente, a que el precio por m2 aumente.
Además, en 5 comunidades autónomas los precios de las viviendas de protección oficial son más altos que los de la vivienda libre. Estas son Cantabria, Navarra, Murcia, Castilla y León y Extremadura. En el caso de las dos primeras, la diferencia de precio por m2 entre VPO y vivienda libre llegó a ser de más de 200 euros. Baleares y Madrid son las comunidades en las que mayor diferencia existe entre precios de vivienda libre y VPO a favor de las primeras. En Baleares la diferencia es de 973 euros/m2, mientras que en Madrid las viviendas libres son 528 euros/m2 de media más caras que las de VPO.
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Las exigencias de Podemos al PSOE para formar gobierno (algunas insalvables como la vicepresidencia, el referéndum en Cataluña o las importantes diferencias en las políticas económicas han causado que al final las negociaciones entre PSOE y Ciudadanos hayan tenido un desenlace más fácil para un primer acuerdo de legislatura en firme entre estas dos últimas formaciones políticas. Así, el "Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso" que han firmado en el Congreso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos Albert Rivera, también deja entrever medidas que afectan al mercado de la vivienda en España.
Se reflejan así medidas contra el sobre-endeudamiento y los desahucios, medidas para fortalecer los derechos de los consumidores, la protección a los deudores hipotecarios, la apuesta por la rehabilitación y las ciudades inteligentes, además de impulsar un potente parque social de pisos en alquiler. A grandes rasgos, estos son los nueve puntos de mayor relevancia en materia de vivienda que plantean ambas formaciones:
Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.
Reformar la Ley Hipotecaria para la eliminación de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.
La puesta en marcha urgente de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la SAREB y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.
Apoyar e impulsar un sistema real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores, con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios por las entidades financieras, o la revisión del régimen jurídico de las cláusulas y préstamos abusivos y eliminación de las cláusulas suelo.
La formación de jueces y magistrados en derecho de consumo.
Potenciar la rehabilitación con la puesta en marcha de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector.
En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.
Desarrollar plenamente el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes.
Recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.
En general, el programa de Gobierno pactado entre el PSOE y Ciudadanos tiene en la economía su eje fundamental. Y en síntesis, supone una propuesta de claro tinte socialdemócrata que liquida la política de recortes practicada en los últimos años ensanchando el Estado de bienestar. Impulsando, al mismo tiempo, una mayor estabilidad en el empleo y el reequilibrio de las relaciones de poder en el seno de las empresas. Además de la regulación de una renta mínima vital para todas aquellas personas sin recursos.
Destacan la cotización reducida (45 euros) para los autónomos y reforma de la Ley de Segunda Oportunidad, las medidas contra el cambio climático: moratoria para el fracking y cierre de las nucleares, la negociación con Europa de los objetivos de déficit y limitación de pagos en efectivo, en materia de empleo: el contrato indefinido, estable y progresivo, el pacto por la ciencia: 10.000 investigadores en cuatro años, reducción del IVA cultural al 10%, el plan de emergencia social y subida del salario mínimo interprofesional, las medidas por la igualdad: permisos de maternidad y paternidad más largos y racionalización de horarios, la reforma de los partidos políticos y del sistema electoral junto a la lucha contra la corrupción y las puertas giratorias, la reforma de la Justicia con la derogación de la prisión permanente revisable, y la reforma urgente de la Constitución que contempla asimismo la supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya tiene fecha para su debate de investidura. Su intento de ser presidente tendrá lugar el próximo 2 de marzo. Así lo ha acordado con el presidente del Congreso, Patxi López. Si en las dos semanas y media que restan hasta la fecha, el líder socialista consigue apoyos suficientes y se cumplen todos los plazos, el día 3 miércoles pronunciará su discurso y se convertiría en presidente del Gobierno el sábado 5 de marzo en segunda votación. De este modo, el líder socialista puede disponer de las 4 semanas que pidió para poder negociar los pactos necesarios para su investidura. Unos pactos que se complican por momentos. Sus alternativas pasan por seguir las directrices que le marcan sus barones y apostarlo todo a un pacto con Ciudadanos logrando la bendición de PP o de Podemos. O alcanzar un acuerdo con Podemos con el beneplácito de Ciudadanos, aunque muchos analistas ya hablan de unas nuevas elecciones.
El siguiente movimiento lo ha realizado Podemos, el partido de Pablo Iglesias (junto con En Comú Podem y En Marea), que ha lanzado oficialmente una propuesta de pacto para formar una coalición "de carácter progresista" al PSOE, Izquierda Unida y Compromís. El documento de 98 páginas, se trata de un intento de acercamiento a la vez que supone todo un reto político para un PSOE que camina hacia la desesperación. Podemos expone en el documento las medidas políticas que piensan se deberían poner en marcha de forma urgente, que supondrán las "Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías". En el documento plantea aspectos importantes como el referéndum en Cataluña, los 15 ministerios, la Vicepresidencia, política económica y fiscal, empleo, pensiones o educación, pero nosotros nos pararemos en las 7 medidas en materia de vivienda que Podemos exige al PSOE para formar Gobierno. La principal, será que el "Gobierno del Cambio" asumirá como una de sus prioridades la garantía efectiva del derecho a una vivienda digna, y con este fin:
Promoverá con carácter de urgencia una ley orgánica de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago del alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
Establecerá el derecho a la dación en pago. Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado. El derecho a la dación en pago tendrá carácter retroactivo.
Garantizará el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada. Se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad. Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10 % de los ingresos mensuales del hogar. Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores ni exigírsela al Estado.
Asegurará el alquiler estable y asequible. A través de una reforma de la Ley 29/ 1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, se facilitará un alquiler estable y asequible. Se regulará el alquiler para proteger a la parte en general más débil en los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Se introducirán mecanismos para asegurar la estabilidad, de modo que se alargue el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de la vivienda habitual hasta los cinco años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (es decir, propietario de al menos diez viviendas), se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler. Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
Modificará el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario.
Regulará un procedimiento simplificado para que, en el caso de los hogares que cumplan ciertos criterios sociales (por ejemplo, todos sus miembros en paro sin ingresos alternativos, o ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), se pueda reestructurar la deuda hipotecaria, de forma que el valor facial se acerque al valor de mercado. Esto se articulará con un régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas que realmente las libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.
El Gobierno aprobará un Plan Nacional de Transición Energética hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de fuentes de energía renovables. Sus dos ejes fundamentales serán un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (cuya columna vertebral será la rehabilitación energética de edificios, principalmente de viviendas) y un Plan Nacional de Energías Renovables que incorporará todos los eslabones de la cadena: I+D, fabricación, instalación y generación.
El abandono del proyecto del Edificio España parece definitivo. En las últimas semanas tras no conseguir llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, el inversor chino Wang Jianlin, propietario de Dalian Wanda Group, pone en venta el Edificio España, terminando a su vez con el proyecto de reforma que planeaba su rehabilitación como hotel de lujo y la creación de un centro comercial, que terminarían por renovar y reactivar la céntrica zona de la Plaza de España en Madrid. El edificio fue adquirido el verano de 2014 al Banco de Santander por 265 millones de euros.
Las dificultades técnicas de una obra de rehabilitación en la que la Comisión Local de Patrimonio Histórico (que preside y controla la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, y en la que también participa el Ayuntamiento de la capital, de Ahora Madrid) le había impuesto conservar intactas la fachada de poniente y los laterales por su valor histórico y simbólico para la ciudad, podría ser la razón principal del pinchazo del proyecto. La citada comisión rechazó hace unos meses la petición del grupo chino de derribar el edificio España y reconstruirlo "con los mismos materiales, formas y dimensiones", aunque después presentó otro proyecto, de acuerdo con las premisas de Patrimonio, que estaba siendo analizada por el Ayuntamiento.
Por su parte, desde el Ayuntamiento el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, detalló que había asistido a una reunión con el grupo inversor chino y que las conversaciones aún se mantenían. Esa nueva propuesta contemplaba tanto la "viabilidad técnica" como dar "cumplimiento a la ley". En ningún momento se plantea la posibilidad de derribar la fachada y reconstruirla ladrillo a ladrillo, algo que, por otro lado, es inviable técnicamente. La solución pasa por conciliar el cumplimiento de la ley y el mantenimiento de los elementos protegidos junto con la transformación del edificio que quería hacer Wanda. La fachada "por supuesto que se puede tocar", aclaró el concejal, que recordó que la consulta del grupo inversor chino pasaba por demolerla. Destacaba, en todo caso, que se trata de "un grupo más" y que si se comparan los datos del tercer trimestre de 2015 con los del ejercicio anterior en inversión extranjera directa queda patente el aumento del 46% siendo ya "Manuela Carmena la que dirigía el Ayuntamiento".
Tras unas semanas de cierta incertidumbre, las dificultades técnicas y la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y el grupo inversor, a finales de enero el Grupo Wanda empezó a tantear el mercado inmobiliario ante la perspectiva de poner a la venta el Edificio España. El único requisito que a priori había fijado para desprenderse del rascacielos es que el precio de la transacción iguale como mínimo el que la compañía china pagó al banco Santander por su adquisición en 2014, es decir, 265 millones de euros. Finalmente, la consultora JLL se encargará del proceso de venta del Edificio España por parte del Grupo Wanda, que lo adquirió en verano de 2014 al Grupo Santander y que ahora, después de que no puede sacar adelante la reforma del inmueble como desean, ha decidido ponerlo en el mercado. El pasado jueves, el Grupo Wanda emitió el pasado jueves una aclaración en su página web explicando que estaba "reevaluando al completo" este proyecto que adquirieron en verano de 2014 para poner en marcha un hotel de lujo, viviendas y una zona comercial en el centro de Madrid.
Según los primeros sondeos realizados, los inversores potencialmente interesados en la adquisición del rascacielos estarían dispuestos a abonar entre 180 y 220 millones de euros. La suma podría acercarse a los 240 millones si la Comisión Local de Patrimonio cambiara de parecer y permitiera derribar las fachadas del inmueble, una opción improbable mientras no haya un cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid, pero en todo caso sería una cifra alejada del listón de 265 millones marcado inicialmente por el holding que preside Wang Jianlin.
Todavía hay un hipotético tercer escenario suponiendo que la venta del edificio no cuajara y que Wanda descartara asumir la rehabilitación sin desmontar las fachadas. La última posibilidad que estaría estudiando la empresa de Jianlin sería la de mantener el activo en cartera durante cuatro años a la espera que un cambio en las instituciones madrileñas propiciara una actuación urbanística en la que no fuera necesario mantener la estructura exterior del rascacielos. La única opción que no se plantea el magnate chino es la de abandonar la operación dando la imagen de haber perdido dinero. Aseguran, además, que el Edificio España tiene un indudable atractivo tanto por su ubicación como por la combinación de usos autorizados (hotelero, residencial y comercial). Asimismo, destacan que hay inversores con suficiente capacidad como para hacer frente a una compra de semejante envergadura, si bien sitúan el escollo en el elevado precio de salida fijado por el Grupo Wanda.
Mientras, según algunos medios, el magnate chino Wang Jianlin, dueño del Grupo Wanda, sigue moviendo piezas en el tablero inmobiliario español a pesar del frustrado proyecto del Edificio España en Madrid. El hombre más rico de China está explorando la posibilidad de hacer inversiones inmobiliarias en La Costa del Sol (Málaga). En concreto, el Grupo Wanda se ha fijado como objetivo el término municipal de Benahavís, uno de los municipios ubicados en la zona de Marbella y en el que actualmente hay más suelo disponible. En principio, los planes de Wanda en tierras malacitanas pasan por desarrollar un gran complejo hotelero para dar respuesta a una cartera de 46 millones de potenciales turistas. Por otro lado, también se había asociado a este grupo inversor chino la adquisición del 75% de Marina d'Or, el centro vacacional y residencial ubicado en Oropesa del Mar (Castellón).
A poco más de seis días de las elecciones generales, el remolino electoral también llega a la vivienda, donde los cuatro principales partidos políticos en riña (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) centran sus propuestas en la rehabilitación, el alquilery, como no puede de otro modo, el drama de los desahucios (descendieron un 1,5% interanual en el tercer trimestre, hasta los 13.135 desahucios) ha convertido a la vivienda en un tema central en los programas de todos los partidos políticos de cara a las votaciones del domingo para decidir quién gobierna España los próximos 4 años. Entre los compromisos, destacan las iniciativas sociales relacionadas con la vivienda, pero quedando a la sombra medidas inmobiliarias jurídicas, fiscales o de regulación del sector propiamente dichas.
Partido Popular (PP)
Infraestructuras, transporte y vivienda al servicio del ciudadano. Bajo este epígrafe desarrolla el PP las principales propuestas en vivienda en su programa electoral. Continuidad en materias que, según los populares, "tienen un papel estratégico como motor de la dinamización económica y de la creación de empleo".
Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Diseñarán un nuevo Plan de Vivienda 2017-2020 en el que impulsará políticas de alquiler para las familias más desfavorecidas, fomentando el acceso a la vivienda y las ayudas a la rehabilitación y regeneración y renovación urbanas (nuevo Plan Nacional de Rehabilitación en el que priorizará la eficiencia energética). En eficiencia Energética invertirá más de 1.800 millones de euros en cuatro años para cumplir con los objetivos de ahorro energético en 2020, con la rehabilitación de viviendas como pilar fundamental. Ampliará las subvenciones para disminuir el gasto energético de las familias.
Desahucios y cláusulas abusivas hipotecarias. Presentará reformas procesales en materia de desahucios para lograr una mayor seguridad jurídica y claridad normativa. En este sentido, también creará un título sobre los juicios de desahucios arrendaticios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para acabar con la dispersión normativa. Por otro lado, el PP incrementará el control sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas para la compra de una vivienda, asegurando que los clientes conozcan con precisión las obligaciones que asumen y que sus derechos queden protegidos.
Otras propuestas. Impulsará reformas normativas precisas sobre los daños materiales por vicios o defectos constructivos en las viviendas o de las instalaciones, de tal modo que se asegure el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de la Ley de Ordenación de la Edificación. En relación a las viviendas turísticas, arbitrará medidas para que el alquiler de corta duración se realice en condiciones de calidad, transparencia y fiscalidad adecuadas. Finalmente, el partido del actual gobierno promoverá el "cohousing" (vivienda colaborativa) entre personas mayores.
Partido Socialista (PSOE)
El PSOE incluye sus iniciativas en vivienda en el apartado El Estado Social, con el titular Vivienda y Desarrollo Urbano. "Políticas de urbanismo y vivienda en las que se tienen en cuenta las necesidades de personas". En este sentido redefinirá el derecho a la vivienda, en propiedad o en alquiler en la Constitución para garantizarlo de manera efectiva. Defiende que el esfuerzo económico no supere un tercio de los ingresos.
Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Procurará poner fin a los desahucios y, si no fuera posible, facilitará alojamiento vía alquileres sociales. También creará una oficina central antidesahucios. Promocionará el alquiler ampliando la duración de los contratos (como mínimo, a cuatro años a petición del inquilino), con ayudas, manteniendo la desgravación del 60% para el arrendador, recuperando la deducción para el inquilino, estableciendo garantías de cobro y protección, etc. Impondrá una tasa a las casas de desahucios vacías. Desarrollará un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas para rehabilitar 200.000 casas al año en 2025 que incluya estudios y soluciones de eficiencia. Creará líneas ICO de crédito.
Desahucios y cláusulas abusivas hipotecarias. Procurará poner fin a los desahucios y, si no fuera posible, facilitará alojamiento vía alquileres sociales. También creará una oficina central antidesahucios. Establecerá la eliminación automática por los bancos, y sin exigencia del titular de una hipoteca, de las cláusulas declaradas abusivas. Reformará la ley de segunda oportunidad para permitir paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa. Si es imposible, acordará la aplicación de la dación en pago.
Otras propuestas. Hará un nuevo modelo de vivienda protegida, preferentemente, en alquiler y creará un parque público a través de la Sareb. En relación a la Sareb impondrá condiciones estrictas a la venta de sus activos a fondos de inversión. Potenciará la participación ciudadana en los procedimientos de información pública del planeamiento urbano, y modificará la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar reformas dirigidas a asegurar la accesibilidad.
Ciudadanos (C's)
Ciudadanos desarrolla las medidas de vivienda en la parte del programa Infraestructuras, transporte, vivienda y urbanismo, dentro del apartado Arquitectura, vivienda y suelo. "Es necesario reorganizar y ajustar el sector, reconstruir la cadena de valor sin perder la función social, identificar las necesidades de la sociedad, la naturaleza y responsabilidad de los nuevos actores del sector".
Desahucios, cláusulas hipotecarias abusivas y derecho Social. Las personas en circunstancia de emergencia social podrán ser beneficiarias de la expropiación forzosa al banco del uso de la casa durante un plazo de hasta tres años. Establecerá que parte del valor de la casa habitual sea inembargable, de tal modo que, tras una ejecución, dicho valor se dará al deudor. Si hay ejecución, el deudor podrá solicitar otra tasación y, si quedara desierta la subasta, el acreedor se adjudicará esa casa por el 100%, extinguiéndose la deuda. Sancionará a la banca que incurra en el préstamo irresponsable.
Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Fomentará el alquiler y nuevas formas de uso de la vivienda social (cesión de uso, cooperativas, etc.), creando un parque de VPO en arrendamiento para, especialmente, los sectores más vulnerables de la población. Redefinirá el Estándar de Calidad de la Vivienda Social teniendo como base la eficiencia energética e innovación tipológica y constructiva. Establecerá un mecanismo legal que regule la VPO a precios sociales.
Otras propuestas. Menos burocracia y más seguridad. Reducirá los plazos en gestiones en el inicio de promociones y establecerá un control a constructoras para evitar el abandono de obras. Revisará la Ley de Suelo para definir unas líneas globales urbanas con parámetros ecológicos, sociales y económicos. Hará un Plan de Ciudades Humanas Inteligentes aplicando la tecnología en la gestión eficaz y eficiente. Impulsará una Ley de Arquitectura de divulgación, pedagogía y comunicación que acerque la actividad al ciudadano.ObservatorioCreará un Observatorio de mercado de estudios y medidas preventivas.
Podemos
El partido morado abandera un programa de 394 propuestas donde la vivienda aparece vista, fundamentalmente, desde una lente social. Reformará la Ley del Derecho a la Vivienda: afectará a la casa privada y establecerá medidas de fomento, intervención y control del mercado, como prohibir la privatización del parque público de vivienda o gravar a tenedores de casas vacías.
Desahucios y cláusulas hipotecarias abusivas. Promoverá una ley de protección del derecho a la inviolabilidad e inembargabilidad del domicilio y prohibición de desalojos sin alternativa habitacional. También despenalizará el uso de casas abandonadas. Cambiará el proceso de ejecución hipotecaria para garantizar la defensa al deudor y apuesta por la reestructuración de la deuda de familias que cumplan criterios sociales. Además, cancelará las deudas de procedimientos anteriores. Promoverá la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por los tribunales. Dación en pago Limitará la responsabilidad del hipotecado al bien, incluso retroactivamente.
Alquiler, rehabilitación y eficiencia energética. Reformará la ley en el caso de los alquileres para proteger al inquilino, asegurando las rentas, alargando el plazo mínimo del contrato a cinco años. Impulsará un parque de vivienda social y regulará el alquiler social (no podrá superar el 30% de la renta familiar). Impulsará un Plan de Ahorro Energético con la columna vertebral de la rehabilitación de 200.000 viviendas al año.
Otras propuestas. Convertirá la Sareb en un instrumento de gestión de un parque público de casas. Garantizará transparencia de planeamientos y convenios urbanísticos. Creará el Observatorio del Derecho a la Vivienda (ODV) que investigará y analizará la situación de la vivienda. Ciudades sostenibles e inteligentes que transformen los ecosistemas urbanos en lugares más sostenibles, habitables aprovechando las nuevas tecnologías.
¿Cuánto pagaré de IRPF tras las elecciones generales?
Otra gran batalla entre los partidos políticos por llegar al Palacio de la Moncloa el próximo 20 de diciembre se libra también en el campo de la política fiscal y la pregunta recurrente es la que invariablemente caracteriza cada cita electoral (con independencia de que, una vez cerradas las urnas, el programa se cumpla o no) es: ¿aumenta o disminuye la presión fiscal? Los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno cuyos partidos tendrán, según las encuestas, la mayor representación en el Congreso, han dado pistas sobre lo que harían con el impuesto sobre la renta para las personas físicas.
PP: tipo máximo por debajo del 43%. El jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, apuntó que el tipo máximo de este impuesto debería estar por debajo del 43%. Recientemente Rajoy aseguró que la coyuntura económica que atravesaba España al principio de la legislatura, le obligó a subir los impuestos. Así, el gravamen máximo del IRPF pasó del 45% al 52%. Posteriormente, en 2014, el Gobierno aprobó la reforma fiscal que establece cinco tramos de IRPF en lugar de los siete vigentes con anterioridad, y tipos que oscilan del 19,5% al 46%. La misma medida prevé que el mínimo baje a partir de enero al 19% y el máximo al 45%. Sin embargo, defendió un tipo máximo de dos puntos porcentuales más bajo, en declaraciones que hizo después de conocerse una análoga propuesta de su competidor, Ciudadanos.
PSOE: no más del 45%. “No os creáis mucho en materia de impuestos a Rajoy”, dijo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en relación con la propuesta del presidente del Gobierno, en un foro informativo. El compromiso que Sánchez tomó ante el auditorio fue de no aumentar el tipo máximo del IRPF más allá del 45%. Pretende incorporar el patrimonio a la renta para calcular el IRPF y fijar un tipo mínimo nacional para Sucesiones y Patrimonio.
Ciudadanos: máximo del 43%. Cuatro tramos y un tipo marginal máximo del 43%. Esta es la propuesta que Ciudadanos incluirá en su programa electoral y que el presidente de la formación, Albert Rivera, que cifró esta bajada fiscal en 7.400 millones de euros, incluyendo en el cómputo el complemento salarial que propone Ciudadanos, y que se articularía a través de la declaración anual del IRPF. En conjunto, Ciudadanos afirma que su reforma fiscal supondrá una rebaja media del 3% para todos los contribuyentes, y considera que sus cifras son “sostenibles” y “mucho más realistas” que las de otros partidos como Podemos.
Podemos: 55% para rentas superiores a 300.000 euros. El 80,67% de los participantes en las votaciones del programa electoral de la formación que lidera Pablo Iglesias aprobaron "aumentar el número de tramos del impuesto a partir de 60.000 euros, elevando progresivamente el tipo marginal de cada tramo desde el 45% actual hasta alcanzar un tipo marginal del 55% para rentas superiores a 300.000 euros". Podemos propone también la eliminación de las deducciones “que tienen un carácter más regresivo”, en los tramos altos de la renta, y superar la dualidad entre la tarifa por rentas del trabajo y ahorro. Asimismo, eliminaría el régimen de estimación objetiva en materia de actividades económicas, "porque genera oportunidades de fraude y elusión y desigualdades injustificables".
Fuente: elmundo.es y cincodias.com
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