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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pudo anunciar el pasado viernes que cumplirán con lo prometido: "Ha llegado la hora de bajar impuestos". Así, el Gobierno confirma que habrá una reducción media de la presión fiscal en el impuesto sobre la renta bajará un 8,06% en 2014 respecto al año anterior, porcentaje que aumentará hasta el 12,5% en 2016, cuando entrará en vigor la segunda fase de la reforma.

El ministro de Hacienda hizo hincapié en que la rebaja media en los dos próximos años para las rentas inferiores a 24.000 euros será del 23,47%. Y para aquellos que no sobrepasan los 18.000 euros alcanzará el 31,06%. Hacienda no facilitó información sobre cuál será la reducción para las rentas muy elevadas (por encima de 300.000 euros) y todo apunta a que el porcentaje de rebaja fiscal será mayor que para las rentas medias y medias-altas. Ello es así porque los sueldos muy elevados sufrieron el mayor incremento fiscal al inicio de la legislatura, cuando el Ejecutivo aumentó entre 0,75 y siete puntos los tipos del IRPF.

tramos irpf - Bajada de impuestos en el IRPF del 12,5% de media para 20 millones de trabajadores

Actualmente, el IRPF tiene siete tramos con tipos impositivos que van del 24,75% para los primeros 17.700 euros de renta hasta el 52% a partir de 300.000 euros. En el nuevo impuesto se reducirán los tramos actuales de siete a cinco. En 2015, el tipo mínimo será del 20% y se aplicará sobre los primeros 12.450 euros de base imponible (ver gráfico). El segundo tramo será entre 12.450 euros y 20.200 euros con un tipo del 24%. El tercero irá hasta los 35.200 euros y el gravamen será del 31%. El cuarto tramo, entre 35.200 euros y 60.000 euros, tributará al 39%. A partir de ese nivel se aplicará un gravamen del 47%.

En el año 2016, se reducirán nuevamente los tipos, de tal forma que el gravamen mínimo se quedará definitivamente en el 19%y el máximo en el 45%. Esto significa que el tipo superior vigente del 52% se rebajará en siete puntos y el mínimo en 5,75 puntos (del 24,75% al 19%). Otra diferencia importante es que el gravamen máximo del 45% se aplicará a partir de los 60.000 euros frente a los 300.000 actuales. Y el tipo mínimo regirá hasta los 12.250 euros en lugar de los 17.700 euros vigentes. En términos generales, la rebaja fiscal beneficia especialmente a las rentas muy bajas y a las muy altas.

El anteproyecto de la reforma fiscal con el detalle de todas las medidas se publicará hoy lunes, y recibirá durante los siguientes quince días propuestas de modificaciones. El siguiente paso será la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley que será remitido al Congreso de los Diputados. Se prevé una tramitación relativamente larga y será previsiblemente en otoño cuando la ley sea aprobada. Su entrada en vigor se llevará a cabo por fases, aunque la reducción en el IRPF ya se notará a partir de enero del próximo ejercicio.

Imagen: elpais.com - Fuente: cincodias.com

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decompas 300x152 - El Gobierno impone a 14 grandes municipios turísticos libertad de horarios comercialesSegún el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, "Estamos desaprovechando la oportunidad de recibir cada año 60 millones de turistas, ya que muchos de los días festivos en los que llegan a nuestros destinos se encuentran con los comercios cerrados".

La frase define con claridad la intención de la propuesta liberalizadora de los horarios comerciales que ha presentado el Gobierno a las comunidades autónomas y que supone cambios fundamentales para el comercio minorista, cuya competencia reside en las mismas regiones, y no está exenta de polémica sobre su conveniencia y beneficios.

En concreto 4 aspectos de la propuesta afectarán directamente a los comerciantes en relación a la liberalización de horarios. El más llamativo, por imposición, establece la obligación a 14 grandes municipios turísticos para que creen zonas de gran afluencia turísticas en las que no haya restricciones en las horas de cierre y apertura. También se amplía de 72 a 90 el número de horas semanales que pueden abrir sus establecimientos en días laborables, y se eleva de 8 a 10 el mínimo de festivos que se debe abrir, el cuarto cambo importante es el incremento de 150 a 300 metros cuadrados el umbral a partir del cual el pequeño y mediano comercio tiene libertad de horarios.

En esta lista que obliga a la libertad de horarios comerciales se encuentran las localidades de BarcelonaAlicanteValenciaZaragozaMálagaSevillaLas Palmas de Gran CanariaBilbaoCórdobaGranadaCartagena, junto con los ayuntamientos de MadridPalma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, que no tendrán que tomar ninguna medida adicional ya que disponen de zonas con total libertad al comercio.

En todas estas localidades se cumplen algunos de los tres factores fijados por el Ejecutivo: tener más de 200.000 habitantes, registrar más de un millón de pernoctaciones anuales, o una afluencia superior a 400.000 pasajeros en cruceros), por lo que dispondrán de un plazo de seis meses desde que se apruebe la norma para delimitar las zonas turísticas que tendrán libertad absoluta de horarios comerciales. "Serán los municipios los que establezcan las zonas que deben funcionar sin restricciones y la aprobación definitiva procederá de la autonomía", subrayó García-Legaz, quién no aclaró si esta normativa se tramitará como decreto o proyecto de ley (podrían incluirse enmiendas en la tramitación). Según fuentes autonómicas presentes en la reunión lo más probable es que se tramite como real decreto (como se ha hecho con los ajustes en Sanidad y Educación o los acuerdos para no disponibilidad de créditos) para que las medidas liberalizadoras puedan aplicarse lo antes posible.

Esta medida supone una afrenta para el ayuntamiento de Barcelona, cuyas autoridades, al igual que la gran mayoría del resto de municipios catalanes, se han negado tradicionalmente a ampliar los horarios comerciales ante el daño que podría causar al pequeño y mediano comercio, muy representativo en esa comunidad autónoma. De hecho, el secretario general de la Confederación del Comercio de Cataluña, Miquel æeuro;ngel Fraile, animó al Ejecutivo presidido por Artur Mas a acudir al Constitucional si el Gobierno no rectifica sus propuestas sobre horarios comerciales.

Tampoco fue bien recibida la propuesta desde la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged), quién consideró que "tendrá un alcance imperceptible, muy alejado de las reformas de calado que requiere la economía española para recuperar la confianza y el consumo. En un comunicado, Anged apuntó que la propuesta de ampliar a 10 días festivos de aperturas es un retroceso frente a los 12 que el Gobierno del PP legisló en 2000 y calculó que las restricciones al comercio están impidiendo la creación de 20.000 puestos de trabajo.

Fuente: cincodias.com

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construccion pisos 300x143 - El gobierno avisa al sector inmobiliario: En el 2015 no habrá "escudo antiquiebras"El aviso a navegantes del Ministerio de Economía va esta vez muy en serio y, para que no caiga en saco roto ni nadie se llame a engaños, fuentes oficiales recuerdan que el Consejo de Ministros ha estado esperando hasta el último minuto para renovar el trato de favor dentro de una regulación orientada específicamente a separar el grano de la paja dentro del mundo empresarial. En otras ocasiones, la dispensa contable se incluía en disposiciones legales que nada tenían que ver con los problemas empresariales, en una demostración palpable de improvisación ante la magnitud de la crisis que el anterior Gobierno se negó a reconocer.

De este modo el Gobierno, a través del subsecretario de Economía, Miguel Temboury, ha hecho llegar a las principales compañías del sector inmobiliario una clara advertencia para que aprovechen al máximo el nuevo decreto ley de reestructuración y refinanciación de deuda. El apercibimiento se sustenta con el anuncio de que 2014 será el último año del llamado "escudo legal antiquiebras" que protege a las empresas permitiendo que no tengan que computar las pérdidas generadas por la depreciación de activos durante la crisis económica.

La medida fue instaurada en 2008 por el Gobierno Zapatero para evitar el terremoto empresarial derivado de la regularización de balances que obligaba a muchas compañías a reponer capital o entrar en fase de disolución. El ajuste de precios en el mercado inmobiliario amenazaba entonces con provocar el desplome generalizado del sector, pero lo que nació como una excepción por dos años se ha convertido en una regla habitual de funcionamiento después de cinco prórrogas anuales consecutivas de exención contable.

El departamento que dirige Luis de Guindos alertó hace ya un año con poner término a esta especie de "indulto contable", pero el ministro ha preferido cargarse de razones para justificar con plena legitimidad la suspensión de una normativa que obligará a no pocos esfuerzos de equilibrio financiero para evitar la quiebra de muchas empresas. De ahí que la nueva y última moratoria aprobada hace escasamente unos días se haya habilitado a modo de disposición final entre las medidas urgentes destinadas a facilitar la recapitalización de deudas.

El real decreto 4/2014 del pasado 7 de marzo establece la exención de computar en las cuentas anuales las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de inversiones inmobiliarias y de las existencias o préstamos y partidas a cobrar. Ahora bien, el articulado de la reciente normativa deja muy claro que se trata de una situación "excepcional" y aplicable exclusivamente a los ejercicios sociales que se cierran en el presente ejercicio 2014.

Refinanciaciones en la fase preconcursal

Luis de Guindos, después de intensas gestiones con su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha propiciado ahora un marco muy favorable para la recapitalización de deudas, orientado sobre todo a la llamada fase preconcursal que antecede a la presentación de una suspensión de pagos. El objetivo es facilitar mecanismos de refinanciación que eviten la liquidación de empresas previo paso por los juzgados, pero con la salvedad de discriminar siempre y de forma clara los proyectos viables de los que realmente no lo son. 

La dispensa legal para evitar la reposición de capital no puede convertirse, por tanto, en una pauta común de actuación porque la salida de la crisis exige también empresas capaces de revertir sus problemas de deuda asegurando el reequilibrio patrimonial de los negocios. Las "bulas contables" se han acabado en la España que aspira a la recuperación y en 2015 los estados financieros deberán ajustarse sin mayores contemplaciones para garantizar la solvencia de las empresas. La nueva era de crecimiento económico supone también un importante desafío y el que no esté en condiciones de superarlo deberá asumirlo con todas las consecuencias.

Fuente: elconfidencial.com

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itp grafica vivienda 300x156 - Eliminar el impuesto de transmisiones rebajaría la vivienda usada 15.000 euros de mediaLa propuesta de suprimir el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), un tributo que grava la compraventa de viviendas segunda mano, es una de las recomendaciones que se incluyen en el informe de la comisión de expertos para la reforma fiscal que está preparado el Gobierno. Su eliminación supondría un ahorro fiscal de 15.000 euros al comprar una vivienda usada con un precio medio de 150.000 euros. La recomendación tiene difícil aplicación, y no pasará el filtro de Hacienda.

Según el informe de la "comisión de expertos" presidida por Manuel Lagares para la futura reforma tributaria: "La existencia del ITP supone gravar dos veces el mismo bien, dado que la vivienda ya fue gravada por el IVA en su momento. Eso desincentiva las transacciones sobre viviendas de segunda mano y resulta, por tanto, ineficiente".

El impuesto sobre transmisiones tiene su equivalente en la mayoría de países de la Unión Europea y durante el boom inmobiliario supuso una de las principales fuentes de ingresos de las comunidades autónomas, que deberían ser compensadas si el Gobierno central suprime el impuesto. Los expertos también defienden eliminar el impuesto sobre actos jurídicos documentados, un gravamen que se aplica en operaciones como la firma de un crédito hipotecario y que llegó a aportar 8.000 millones de euros a las comunidades en 2006.

El informe de la comisión reconoce que su propuesta de suprimir estos dos impuestos resulta polémica y, en caso de llevarse a cabo, generaría una fuerte disputa y una larga negociación entre la Administración central y las comunidades. Además, si bien la capacidad recaudatoria del impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados se ha reducido, los Ejecutivos regionales ingresan por ambos tributos en torno a 5.000 millones, cantidad que dejarían de recibir en caso de aplicar las recomendaciones. Un importe nada desdeñable en un contexto de obligada reducción del déficit. En este sentido, los expertos argumentan que su medida podría posponerse hasta que mejore la situación de las finanzas públicas.

En el año 2006, en pleno boom inmobiliario, las comunidades llegaron a ingresar más de 10.000 millones por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, una cifra que hoy apenas supera los 3.000 millones. En cualquier caso, la recaudación todavía es significativa y, en principio, debería aumentar en los próximos años, ya que el sector inmobiliario prácticamente ha tocado fondo o se encuentra muy cerca de hacerlo.

La propuesta, tampoco no ha gustado a los promotores, que en caso de adoptarse, las viviendas de segunda mano ganarían más atractivo aún y dificultaría la salida al enorme stock de viviendas nuevas. Esta medida, sin embargo, sí beneficiaría a las entidades financieras y a la Sareb, cuyos pisos suelen proceder de una segunda o tercera transmisión. Esto significa que ya tributaron por IVA y, por lo tanto, la venta ahora está sujeta a ITP, un impuesto autonómico y con un tipo impositivo que varía en función de la comunidad autónoma. La mayoría ha optado por fijar un gravamen del 10%, aunque Madrid aplica un tipo del 6%.

El Gobierno ya ha descartado algunas de las propuestas del "comité de sabios" para esta reforma tributaria, como la de imputar como renta la vivienda habitual en propiedad. Y dado que el mismo informe reconoce que la supresión del impuesto de transmisiones generaría una "importante distorsión en el mercado inmobiliario, dado que la vivienda nueva seguiría quedando gravada por el IVA", todo parece indicar que tampoco seguirá las recomendaciones de los expertos en este punto.

Fuente: cincodias.com

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impuestos europa 300x258 - Impuestos altos y baja recaudación, la paradoja fiscal que quiere corregir la reformaOtra de las situaciones extrañas y contradictorias que podemos encontrar en España. Según los expertos, tenemos uno de los sistemas fiscales con los impuestos más altos de la zona euro pero, al mismo tiempo, es también uno de los países que menos recauda con sus tributos. ¿Cómo es posible? A todas luces la reforma fiscal que el Gobierno está preparando es necesaria, otra cuestión es que acierten con las medidas que finalmente realizarán o a quién beneficiará más. Por lo pronto, ya han descartado algunas de las propuestas del "comité de sabios" para esta reforma tributaria, como la de imputar como renta la vivienda habitual en propiedad.

Los expertos coinciden en que se trata de un régimen fiscal ineficaz y perjudicado por el fraude. Precisamente, según el Gobierno, el objetivo de la reforma fiscal que está elaborando es crear un sistema "más justo, más eficiente y con suficiencia recaudatoria, así como bajar impuestos", tal y como ha declarado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este nuevo marco normativo no estará listo hasta junio y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2015. De momento, el "comité de expertos" presidido por el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares, ya ha entregado El informe del comité de expertos con más de 270 medidas de cambios impositivos.

Si se analiza la recaudación impositiva en España respecto de los otros países de nuestro entorno, nuestro régimen fiscal sale muy mal en la foto. La media de ingresos públicos para la zona euro en 2012 (último dato disponible) fue del 46,2% del PIB. Pues bien, la recaudación en España, a pesar de contar con unos de los impuestos más altos, se situó en el 37,1% del PIB. Tan sólo tres países, Letonia, Irlanda y Eslovaquia, ingresaron menos que el sistema español. Es cierto que la recaudación en España se ha visto lastrada en los últimos años por la crisis y ha perdido bastantes posiciones respecto a sus socios, pero también lo es que incluso en la época de bonanza la Hacienda española recaudó mucho menos que sus vecinos. Por ejemplo, en 2007, en la cima del "boom inmobiliario", los ingresos representaban en nuestro país el 41,1% del PIB, mientras que la media de la zona euro era del 45,3%.

Además, de los cambios normativos que la reforma pueda introducir para mejorar la eficacia del sistema tributario español (como la simplificación del IRPF y el Impuesto de Sociedades y eliminar gran parte de las deducciones actuales en ambos tributos), los técnicos de Hacienda siguen reclamando más medios para la lucha contra el fraude. En este sentido, Gestha propone una reorganización en profundidad de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda que aumente las competencias y responsabilidades de los funcionarios en la lucha contra el fraude y el control de las subvenciones, así como que la AEAT aumente el número de funcionarios destinados a perseguir el fraude que, según datos de la OCDE, se ha convertido en una de las carencias del sistema tributario español, con sólo un trabajador de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.

La propuesta de reforma fiscal de los expertos incluirá medidas para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, porque así se lo ha pedido el Gobierno, como la publicación de la lista de defraudadores y morosos, una medida ya anunciada por Hacienda hace varios meses.

IRPF, el tercero más alto de la zona euro

España es el tercer país de la zona euro con un impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) más alto, según los datos que recoge la oficina estadística comunitaria, Eurostat. El tipo máximo aplicable en España se sitúa en el 52%, sólo por debajo de Portugal (53%) y Bélgica (53,7%), y muy lejos de la media de la región que está en el 43,4% (8,6 puntos porcentuales de diferencia). Esta figura fiscal sufrió la última subida en España en 2012. En un principio, se anunció como una medida temporal para ese ejercicio y el siguiente, pero el Gobierno la ha mantenido también en 2014. Esta alza no tuvo un gran efecto en los ingresos y sólo recaudó en 2012 unos 800 millones de los 5.000 previstos.

Habrá que ver qué cambios introduce en este impuesto la reforma, que entrará en vigor en 2015. Hacienda ya ha adelantado que supondrá una bajada para todos los contribuyentes, pero en diferente medida. Por lo pronto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sólo ha concretado que el mínimo exento en el IRPF se elevará a 12.000 euros anuales, lo que beneficiará a 1,5 millones de contribuyentes, principalmente a "mileuristas", y la rebaja del impuesto desde el 1 de enero de 2015 afectará a un total de 12 millones de contribuyentes, por lo que aproximadamente 7 millones tendrán que esperar a años sucesivos para reducir su carga fiscal.

IVA, también por encima de la media europea

El tipo máximo de IVA que se aplica en España, el 21%, también se coloca por encima de la media de la zona euro (20,5%). En este caso, las diferencias respecto de nuestros vecinos no son tan pronunciadas. El impuesto sobre el consumo español tiene el mismo tipo máximo que Bélgica, Letonia y Países Bajos y hasta cinco estados aplican un gravamen más alto (ver gráfico). Eso sí, el 21% de España se aleja bastante del 15% de Luxemburgo o el 18% de Malta y Chipre.

Esta figura fiscal tuvo la última subida en septiembre de 2012. Ahora los expertos que asesoran a Montoro creen que hay margen para elevar el tipo general al 23% y subir el reducido del 10% y reclasificar algunos productos. En esta línea, la Comisión Europea volvía a recomendar ayer a España que la reforma más eficaz a corto plazo sería bajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos mediante una subida del IVA, ya que se traduciría ya desde el primer año en un aumento adicional del PIB de un 1% y en un incremento de la tasa de empleo también del 1%.

Impuesto de Sociedades, el sexto país más alto

Respecto al Impuesto de Sociedades, España es el sexto país con el tipo más alto (30%). Sólo le supera Francia (36,1%), Malta (35%), Bélgica (34%), Portugal (31,5%) e Italia 31,4%. Además, en este caso el sistema español se vuelve a alejar bastante de la media, que se sitúan en el 25,3%. Hay que decir que en la zona euro este impuesto tiene cargas muy diferentes, por ejemplo, hay estados en los que el tipo está por debajo del 20%. Eslovenia con un 17%, Letonia con un 15%, Irlanda con un 12,5% y Chipre con un 10%.

Hacienda no parece dispuesta a rebajar este impuesto, ya que, según el ministro, el tipo efectivo para los grandes contribuyentes apenas alcanza el 4% gracias a las deducciones. Eso sí, fuentes fiscales aseguran que el Ejecutivo quiere dejar de favorecer fiscalmente el endeudamiento financiero de las empresas, reduciendo los gastos deducibles por este concepto, y por el contrario incentivar a aquellas compañías que destinen parte de su capital a autofinanciarse en lugar de, por ejemplo, dedicar dicho capital al pago de dividendos.

Se puede concluir que el sistema tributario español tiene muchos puntos débiles, veremos si la reforma en ciernes logra compensarlos.

Fuente: expansión.com

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sorayasaezdesantamaria 300x174 - El Gobierno rechaza la propuesta de computar la vivienda como rentaLa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que el Gobierno no incluirá en la reforma fiscal la propuesta del comité de expertos de imputar como renta la vivienda habitual en propiedad, exenta en este momento. Así, la portavoz del Gobierno quiso dejar claro que se trata de la propuesta y del análisis de los expertos y que, posteriormente, el Ejecutivo elaborará la reforma que estime conveniente, atendiendo algunas de las recomendaciones, pero rechazando otras.

Así, el Gobierno expresa su agradecimiento a un "trabajo serio, riguroso y cargado de sentido" que ha hecho el grupo de expertos formado, además, por "grandes conocedores del sistema tributario español". En concreto, sólo se ha especificado sólo las medidas ya adelantadas por Mariano Rajoy en el debate del estado de la nación, donde anunció que las rentas inferiores a los 12.000 euros estarán excluidas del IRPF cuando se apruebe la reforma. Actualmente, los contribuyentes que ganan menos de 11.162 euros están exentos de retenciones en el impuesto sobre la renta. Rajoy también avanzó que "se mejorarán las deducciones fiscales para las familias, porque se elevarán significativamente los mínimos personales por hijos". "Y lo mismo se hará respecto a los ascendientes y personas con discapacidad que convivan con el contribuyente", aseguró.

El informe del comité de expertos, presidido por el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares, contiene más de 270 medidas de cambios impositivos concretadas en 125 propuestas que afectan a todas las figuras tributarias, incluidas las cotizaciones sociales. Las propuestas de los expertos, ha matizado la vicepresidenta, es "una base para el debate, pero no es la base para la reforma del Gobierno, que será de calado, integral y completa". "Va a ir más allá de tocar ciertas figuras tributarias" ya que su objetivo es crear un "sistema equitativo y redistributivo que ayude a la integración y a la recuperación", ha reiterado.

El informe recomienda excluir del ámbito del IRPF de los rendimientos meramente imputados por bienes inmuebles, aunque previamente habría que poner en marcha un mejor sistema de las actuales valoraciones catastrales y una profunda reforma del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Mientras ese nuevo IBI no esté en funcionamiento hay que ampliar la base del IRPF y mejorar su neutralidad frente a la vivienda en propiedad o en alquiler. Por eso se propone que se incorporen al IRPF todos los rendimientos de los bienes inmuebles, ya sean imputados o reales, incluidos los de la vivienda habitual en propiedad. También se propone que todos los rendimientos procedentes de los inmuebles queden gravados en el IRPF dentro de la base del ahorro y no en la tarifa progresiva, equilibrándose así su tratamiento fiscal con el de los rendimientos procedentes del capital mobiliario. Una vez reformado el IBI, se propone la supresión en el IRPF de todos los rendimientos imputados.

La inclusión de la vivienda en el IRPF, lo que hubiera obligado a las familias a pagar por su residencia habitual, ha generado debate entre los expertos, tal y como ha reconocido su representante, Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública. La discusión sobre esta medida se enmarcó en una más amplia sobre la creación de un impuesto sobre la riqueza. En cualquier caso, no se puede descartar algún otro movimiento que penalice la vivienda en la medida en que la tendencia internacional pasa por aumentar su fiscalidad, ya sea con la imputación en el IRPF (rechazada) o mediante la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Fuente: elpais.com

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pisos bancos 2 300x187 - Cataluña fija un nuevo impuesto sobre las viviendas vacías de los bancosCataluña impondrá un nuevo impuesto a las entidades financieras que tengan viviendas vacías durante dos años en los municipios donde se acrediten casos de vecinos con esta necesidad. Así lo aprobó este martes el Gobierno catalán dirigido por Artur Mas, que llevará el anteproyecto de ley al Parlament antes de verano para poder aplicar la nueva tasa a partir del 1 de enero de 2015. La cuantía media será de entre 850 y 1.650 euros anuales por vivienda y afectará a unas 15.000 casas y pisos ubicados en los 70 municipios donde el Plan Territorial Sectorial de Vivienda ha acreditado que hay una fuerte demanda de alojamiento.

Se calcula que en Cataluña hay 40.000 viviendas vacías en manos de la banca y la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). De estas solo penalizará las 15.000 que se hallan en 70 municipios con una "fuerte demanda acreditada". Así, según el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila "La Generalitat tiene hoy 14.000 viviendas para uso social, por lo que sacar esas viviendas al mercado supondría duplicar las viviendas con fines sociales". A pesar de que Vila aseguró que "la medida no es recaudatoria", la Generalitat estima que supondrá unos ingresos de entre 13 y 25 millones de euros.

La memoria económica que aprobó ayer el Gobierno de Cataluña establece tres tramos para gravar la cantidad de metros cuadrados vacíos de las viviendas que tenga la banca: hasta 10.000 metros cuadrados; entre 20.000 y 50.000 metros y más de 50.000 metros. Por el primer tramo se pagarán entre tres y seis euros por metro cuadrado; por el segundo, entre siete y 10, y a partir del tercero, entre 11 y 20. La ley fija, no obstante, bonificaciones sobre estas cuotas si el banco tiene pisos en alquiler con un uso social.

Por ejemplo, una entidad financiera tiene unas 400 viviendas vacías (40.000 metros cuadrados) y destina 48 a vivienda social. La base imponible es de entre tres y seis euros para los primeros 10.000 metros cuadrados y de entre siete y diez para el resto, lo que supone que debería pagar una tasa de entre 240.000 y 360.000 euros. Como tiene en alquiler el 12% de sus viviendas, se le aplica una bonificación del 30% de la cuota, por lo que finalmente pagará entre 168.000 y 252.000 euros.

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de CiU en 2011 fue eliminar mediante la ley Ómnibus el artículo 42.6 de la ley de Vivienda que aprobó el tripartito, que preveía el alquiler forzoso de pisos vacíos. Ante la cascada de desahucios, el año pasado sindicatos, organizaciones de consumidores y entidades sociales pidieron al Ejecutivo catalán que recuperara esa figura. En lugar de ello, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha decidido gravar propiedades vacías que estén en manos de la banca.

La implantación del impuesto responde a los pactos de legislatura que alcanzaron CiU y ERC. Sin embargo, ERC critica que el gravamen a la banca no entre en vigor hasta el 1 de enero de 2015 al considerar, según su portavoz adjunto, Oriol Amorós, que las necesidades son "muchas y urgentes".

Fuente: elpais.com

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congreso1 225x300 - Proposición de ley para la dación en pago de vivienda, una nueva oportunidadUna nueva oportunidad para la dación en pago de vivienda y su ajuste legal en España se abre con la primera sesión ordinaria del año el Pleno del Congreso de los Diputados, que debatirá si admite a trámite la proposición de ley de Medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, que entre otras cosas contempla la dación en pago y que Cataluña aprobó por unanimidad en julio de 2012.

La iniciativa sobre desahucios fue promovida por separado por ICV-EUiA, ERC y C's, aunque finalmente se alcanzó un texto único de ponencia con aportaciones de todos los grupos y de la Generalitat. Su objetivo es "corregir con urgencia el vacío legal en relación al sobreendeudamiento vinculado a la vivienda habitual", así como "prevenir eventuales escenarios de concesión abusiva de crédito" en el futuro. "Se parte del principio de que los incidentes en el mercado del crédito deben ser soportados por todas las partes implicadas, no sólo por el deudor. Se trata de modelos modernos y transparentes en los que se busca el bien común", argumenta la iniciativa, que trata de combinar la concesión de una segunda oportunidad para insolventes sobrevenidos a la par que se evitan desincentivos al pago de las deudas hipotecarias.

Hipotecas a 30 años y Dación en pago

La propuesta se articula en varios aspectos, destacando las medidas para evitar la el sobreendeudamiento en el futuro, limitando el plazo de amortización de las nuevas hipotecas a los 30 años y el importe del crédito al 90% de su valor de tasación o, como máximo, al 100% del precio escriturado. Asimismo, los intereses moratorios no podrán superar en ningún caso los límites que fije la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios.

Además, prevé que tanto la entidad bancaria como el notario deban informar al consumidor sobre el contrato y los riesgos que asume y facilitar la legislación de protección de los consumidores a la que se puede acoger. En caso de que, pese a todo, el contrato incluya causas abusivas, la propuesta prevé que sean causa para que un juez suspenda la ejecución hipotecaria.

El capítulo segundo regula los procesos administrativos extrajudiciales para la reordenación o liquidación de la deuda en caso de insolvencia, incluyendo la dación en pago. En concreto, se propone que el deudor en situación de insolvencia que pueda perder su vivienda pueda iniciar el proceso dirigiéndose a la Comisión de Sobreendeudamiento correspondiente, que serán de ámbito autonómico. El inicio del proceso conllevará la suspensión de la ejecución hipotecaria y el devengo de intereses de mora.

Tras pedir la intervención extrajudicial, el deudor deberá presentar su propuesta de liquidación de sus deudas, incluyendo tanto los compromisos de pago que puede asumir y los recursos para las necesidades familias básicas, como las quitas o condonaciones que propone, o incluso la liberación de la deuda no satisfecha en cinco años. También deberá especificar cómo liquidar el préstamo hipotecario y las alternativas de permanencia en su vivienda.

Si el deudor es titular de un único inmueble que es su vivienda habitual, el plan podrá acordar la dación como pago liberatorio de la deuda reclamada y "podrá acordar que este pago dé por satisfechas cuantas cantidades pueda deber en concepto de capital, de intereses y de costas", se añade.

De hecho, si el plan conlleva el abandono de la vivienda, el afectado puede pedir a la Comisión que intervengan en el proceso las administraciones con competencias en materia de servicios sociales y vivienda para garantizarle un alojamiento temporal mientras carece de vivienda, y para que le "faciliten la orientación, ayudas y avales que le puedan corresponder". No obstante, el plan de reestructuración de deuda deberá en todo caso respetar los supuestos de inembargabilidad recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, incrementando la cantidad vigente en un 50% y aumentando además con un 30% del salario mínimo interprofesional (SMI) por cada miembro de la familia (cónyuge, ascendientes y descendientes de primera grado que convivan en la vivienda) sin ingresos propios regulares (salario o pensión).

En un mes, la Comisión de Sobreendeudamiento deberá emitir su propuesta de plan de liquidación ordenada de las deudas, que las partes podrán negociar durante otros 30 días. Si no consiguen llegar a un acuerdo, la Comisión podrá aprobar el plan o dictar una resolución concluyendo el procedimiento. En este último caso, el deudor podría aún declarar ante el juzgado mercantil un concurso de acreedores "abreviado y muy simplificado" con derecho a asistencia jurídica gratuita.

Por otro lado, el texto promueve un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las pujas mínimas admisibles en caso de segunda y tercera subasta de la vivienda habitual superen el 80% del valor de tasación inicial o, como mínimo, el importe total de la deuda hipotecaria. Además, la proposición alerta que España es uno de los pocos países de Europa que no tiene una legislación contra el sobreendeudamiento, y subrayaron la importancia de que la unidad alcanzada se trasladara al Congreso, apremiando al PSC y al PP catalán a convencer a sus compañeros en el Congreso para que la norma salga adelante.

Tras la aprobación de esta propuesta en la Cámara catalana, representantes de todos los grupos políticos celebraron el consenso alcanzado en "una propuesta ambiciosa" que acercaría la legislación española a la de países como Francia y Alemania, dando una segunda oportunidad a las personas que no pueden hacer frente a su deuda hipotecaria.

Fuente: elmundo.es

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barcelona1 - Barcelona también multará a los bancos con pisos vacíos en zonas necesitadasBarcelona también multará a los bancos que tengan pisos vacíos en zonas necesitadas, sumándose (y ya son 8 municipios) a la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Así, Xavier Trias, alcalde de Barcelona, anunció que se empezará a "sancionar a las entidades que tengan pisos vacíos especialmente en zonas con necesidades de vivienda como Ciutat Meridiana, Trinitat Vella y el suroeste del Besòs". Un periodista le pidió al alcalde que concretará si las sanciones se limitarían a estos barrios o si la medida se aplicaría a toda Barcelona y el alcalde ya no dejó espacio para las interpretaciones. "Votaremos a favor de la propuesta de la PAH que presentará ICV en el pleno".

Así, el alcalde de Barcelona afirma que "No tenemos interés en sancionar por sancionar, sino que queremos que las entidades respondan y entiendan que no podemos seguir igual", avanzando que las sanciones se enmarcarán en un "marco legal" que lo haga posible, y que el consistorio lleva tiempo trabajando para lograr que las entidades financieras cedan una parte de su "stock" de pisos y gestionar estas viviendas como alquiler social.

De este modo, la ciudad de Barcelona se suma así a la lista de localidades que ya han confirmado secundar la propuesta de la PAH, y próximamente se sumará Rubí. Los municipios que ya han confirmado sancionar a bancos y empresas con pisos vacíos son Terrassa, que ya ha empezado a sancionar, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Sabadell y Castellar del Vallès. Las siguientes en entrar en la lista pueden ser Manresa, Figueres, Blanes y La Seu d'Urgell entre muchas otras.

El paso del Ayuntamiento de Barcelona es especialmente significativo porque es la capital de Cataluña y su apoyo puede "servir de ejemplo" para otras ciudades, según fuentes de la PAH. En Barcelona además, la moción contará con el apoyo de CiU, algo novedoso ya que hasta ahora los convergentes se habían limitado a abstenerse en los municipios donde se había discutido la medida. PSC, ICV-EUiA y UxB (ERC, en Barcelona) también apoyarán la moción que se aprobará en el pleno de próximo 31 de enero.

Fuente: elpais.com

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vivienda gobierno 300x144 - El Gobierno ingresa 8,8 millones con la venta de inmuebles hasta octubre de 2013El Gobierno de España enajenó un total de 777 bienes e inmuebles desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre de 2013 por un importe de 8,8 millones de euros, 257 menos que en el ejercicio anterior, cuando el Estado ingresó casi 11,5 millones de euros. Ésta es la contestación que el Gobierno ha dado a la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien pedía saber el número de inmuebles que se han enajenado en 2012 y 2013 y la cuantía total obtenida por los mismos.

El Gobierno informa, además, de que en 2012 se formalizaron 1.034 enajenaciones de bienes inmuebles por un importe 11,49 millones de euros, y que la Administración General del Estado obtuvo ingresos por arrendamientos y otras explotaciones por valor de 7,5 millones de euros. "En consecuencia, en 2012 se obtuvieron más de 19 millones de euros de ingresos por enajenaciones y arrendamientos y otras explotaciones de inmuebles", resume el texto oficial.

En la pregunta, la formación UPyD también pedía que el Gobierno le diese cuenta de cuándo tiene previsto sustituir el actual parque Móvil del Estado por un complejo de viviendas cuyo beneficio, por su venta, se construirá un nuevo complejo de oficinas de Estado que pretenden centralizar determinados servicios. A este respecto, el Gobierno de Mariano Rajoy recalca a la diputada de Unión, Progreso y Democracia que actualmente "no están definidas" las fases concretas de construcción y proyecto de las actuaciones.

Fuente: cincodias.com

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