En España hay 40.000 edificios y viviendas que ocupan el dominio público marítimo terrestre. Sólo el 10% de esas construcciones, alrededor de 4.000, están ordenadas, el resto están "en una situación de alegalidad".
Así, el pasado viernes, fue aprobado por el Consejo de Ministros el Reglamento General de la Ley de Costas finalmente se permitirá regularizar la situación de las 36.000 ocupaciones que continúan a día de hoy olvidadas por la ley. "Este reglamento pondrá fin al enorme desorden que había en la costa española", según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.
De este modo, el "limbo legal" en el que se encuentran estos edificios de pisos y apartamentos, casas, hoteles, chiringuitos y otros negocios junto al mar, debe de durar poco tras la aprobación de la reforma de la Ley de Costas de 1988 a la que dio luz verde el Congreso en mayo de 2013, siendo este reglamento el instrumento jurídico que permita desarrollarla y aplicarla, para evitar que se siga perpetuando una situación en la que la administración aplica la ley en algunos casos y en otros mira hacia otro lado.
Este desbarajuste surge tras la aprobación de la ley del 88 cuando se otorgaron 24.000 concesiones compensatorias (en su mayoría de 30 años) a aquellas edificaciones que invadían el dominio público marítimo terrestre, autorizando a los propietarios de esas ocupaciones a su uso durante ese tiempo, pero pasadas esas tres décadas la propiedad pasaría directamente al Estado. Y eso debía empezar a ocurrir en el año 2018. Hay aún 16.000 casos a los que no se les compensó por la expropiación con una concesión de uso y que, se van a revisar "uno a uno". "Entre esos 16.000 vamos a encontrar ilegalidades seguro. Y si eso sucede no se les va a dar la concesión", según el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra.
La reforma de la Ley de Costas de 2013 (y el reglamento recién aprobado) le da un giro a esa visión de la ley anterior que buscaba recuperar para el Estado la propiedad y el uso de todo el dominio público marítimo terrestre. El nuevo reglamento permitirá prorrogar las concesiones en vigor en 75 años más para viviendas, 50 años para hoteles y negocios y 30 años más para los cerca de 3.000 chiringuitos presentes en las playas españolas.
Además, permite que esas concesiones se puedan vender, alquilar, hipotecar o heredar durante ese tiempo, algo que no permitía la Ley de 1988. La medida supone un importante balón de oxígeno para aquellos propietarios que veían esfumarse el derecho a la propiedad sobre sus viviendas y negocios dentro de menos de cuatro años y ahora podrán disponer de ellas durante varias décadas más o lucrarse con su venta si lo desean.
No obstante, no saldrá gratis. La norma contempla la ampliación de la concesión mediante el pago de un canon que irá a engrosar las arcas del Estado. Aunque la cuantía y la forma de calcular ese pago está marcado por el nuevo reglamento, no se trata de nada nuevo. Las arcas públicas ya ingresan cerca de 20 millones de euros anuales en concepto de canon pagado por ese 10% de las ocupaciones, esas 4.000 edificaciones que sí están ordenadas según la Ley del 88. Por lo pronto, a partir de ahora deberán pagar todos aquellos propietarios que deseen seguir teniendo derecho sobre esas edificaciones, por lo que se pasará de ingresar el canon de 4.000 propietarios a hacerlo de los 40.000 que hay en el dominio marítimo terrestre que quieran continuar disfrutando de ese espacio público.
Y la cuantía puede llegar a ser importante. El cálculo se complica para los negocios que pagarán en función de su superficie y su productividad, pero para una vivienda se deberá pagar cada año el 6% del valor catastral de la propiedad. Es decir, que el propietario de una casa de 100.000 euros según el catastro deberá pagar al Estado 6.000 euros anuales.
Los particulares también podrán hacer reformas en la instalación o vivienda para la que tienen concesión siempre que las obras no excedan el tamaño, superficie y volumen de la misma. El Gobierno insiste en que no tiene un interés recaudatorio, e incluso asegura no conocer con precisión la cifra que se recaudará. Federico Ramos incidió, no obstante, en que la idea es "reordenar, no cobrar más" y en que "no se va a hacer legal a nadie que se haya instalado en la costa ilegalmente" sino a dar legalidad a quien dispone de una concesión y no tenía ningún tipo de título, entre otros.
Desde el Gobierno, no le ven sentido a ejecutar el fin de las concesiones de la Ley del 88 e insisten en que las expropiaciones masivas para recuperar para el Estado estos terrenos ocupados en el dominio público supone un gasto enorme en demoliciones. Según Federico Ramos "el cálculo que hicimos para demoler el hotel de El Algarrobico (Cabo de Gata-Níjar, Almería) era de siete millones de euros".
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Fuente: elmundo.es
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