Dos años y medio después de su creación, la banca ha alquilado al menos 4.215 casas del Fondo Social de Viviendas (FSV), según datos proporcionados por las entidades financieras. Esa cantidad de adjudicaciones significa que se ha cubierto el 71,5% de la aportación inicial de 5.891 viviendas y un salto respecto al cierre de 2014, cuando el Ministerio de Economía contabilizaba 1.767 contratos. Parece que los bancos por fin ha dado impulso al fondo este año. Así, según un estudio realizado por El País tras consultar con 19 entidades (de las 27 entidades participantes del FSV) se está acelerando la entrega de pisos en alquiler para desahuciados en el segundo trimestre del año. Los últimos datos que maneja el Ministerio de Economía indican unas 3.000, aunque corresponden al primer trimestre.
El Fondo Social de Viviendas (FSV) se creó en enero de 2013 a raíz de la ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que instaba al Gobierno a impulsar esa bolsa de casas para familias que hubieran sido desahuciadas de su hogar. Se trataba de un fondo de fondos, de modo que las entidades ponían a disposición de los clientes 5.891 viviendas cuya gestión asumían directamente. No obstante, hace apenas unas semanas Fomento reconoció que dos años después de su puesta en marcha, había 4.000 pisos del fondo aún vacíos a la espera de adjudicación.
El primer año se firmaron 695 contratos y la cifra llegó a 1.767 el siguiente. Pero la actividad se ha acelerado en 2015 y ya se han colocado 4.215 pisos alquilados hasta junio, según datos de las entidades, con lo que se cubre el 71,5% de la aportación al fondo (5.891 pisos). La banca lo atribuye a la flexibilización de las condiciones para acceder a estas casas. Otras fuentes añaden que el ascenso de partidos de izquierdas también ha propiciado el despegue del fondo.
Los resultados del primer año fueron exiguos: solo se formalizaron 695 contratos a pesar de que hubo 67.189 desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tampoco el año pasado el FVS ganó fuelle, puesto que se cerraron 1.767 contratos. Durante el primer trimestre de 2014 en España creció el número de ejecuciones hipotecarias un 13,9%, mientras que el número de desahucios de viviendas bajó un 5%.
Cambio de condiciones
Sin embargo, el grado de cumplimiento va por barrios y es muy irregular. Casi la mitad de las pisos de entidades bancarias alquiladas corresponden a CaixaBank, que ha duplicado la aportación inicial al alquilar 2.189 viviendas, frente a las 1.085 comprometidas al comienzo. También Banco Sabadell ha ampliado su cupo inicial de 260 a 400 casas para "adecuarlo a la cuota de mercado", según fuentes de la entidad. En el otro extremo están Banco Popular y Unicaja y CEISS, que no llegan ni al 10% de lo comprometido. Las entidades que más viviendas vacías tienen en cartera sostienen que apenas les han llegado solicitudes. El Popular, por ejemplo, asegura que no efectúa desahucios forzosos.
Ante el mal resultado resultado del Fondo Social de Viviendas, la comisión de seguimiento decidió modificar el convenio. Antes, por ejemplo, el beneficiario debía haber sido desahuciado de su casa. Ahora pueden incorporarse al fondo casas de bancos procedentes de daciones en pago, de modo que sus residentes pueden seguir en ellas pagando un alquiler social, de entre 150 y 400 euros. Además, se abrió el fondo a personas en riesgo de exclusión previo informe de los Servicios Sociales. "Esa medida fue muy interesante, puesto que suponía que un afectado no ya tiene que abandonar su inmueble para acceder al fondo", explica Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales.
Las restricciones del FSVhicieron que varias entidades prefirieran ofrecer alquileres sociales que no han pasado al fondo. Bankia, que ha alquilado un tercio del millar de casas que puso en el fondo, afirma que ha firmado 885 arrendamientos a precios asequibles, y el Santander, que ha arrendado algo más de la mitad, tiene 258 contratos sociales firmados.
Viviendas problemáticas
Según el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, "Si el fondo no ha funcionado como debiera ha sido por culpa de todos. Algunos bancos aportaron pisos de una calidad ínfima que debían ser rehabilitados. ¿Y quién asume el coste de la reforma? Y la Administración tampoco ha sabido movilizar las viviendas".
Otro factor es la ubicación de la vivienda, puesto que fuentes del sector bancario advierten de que algunas casas están mal localizadas. “Deben estar en zonas con una demanda acreditada y con cédula de habitabilidad”, dice Carme Trilla, exsecretaria de Vivienda de la Generalitat y presidenta de la gestora de las entidades sociales catalanas. Trilla asegura que las medidas sujetas a una "cierta voluntariedad" de la banca solo funcionan dependiendo del compromiso de las entidades y del contacto que tengan con los servicios sociales de los municipios. "No puede ser que haya todavía pisos vacíos y familias que los necesitan".
Dos años y medio de vida, apenas un 30% de las viviendas ocupadas y la sensación de que lo que parecía una medida social de gran necesidad ha acabado siendo un fracaso. Así se puede resumir la experiencia del Fondo Social de Viviendas, convenio que el 17 de enero de 2013 firmaron los Ministerios de Economía y Servicios Sociales con las principales entidades bancarias de España, con el que el Gobierno trató de que el parqué de viviendas vacías que las entidades tenían en cartera fueran habitadas, en régimen de alquiler, por familias que han perdido su casa y que se encuentran en riesgo de exclusión social.
El ministerio de Economía, que gestiona en parque de viviendas para realojar a las familias afectadas por los desahucios, calculó que se otorgarían más de 6.000 viviendas para estos fines. Pero dos años después del anuncio, el ministerio reconoce que hay 4.000 pisos que todavía siguen vacíos, a la espera de adjudicación.
Exactamente, los bancos aportaron un 5.891 viviendas de las que, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía, sólo 1.767 están alquiladas. El número crece hasta las 2.000 familias si se tienen en cuenta las que ya tienen asignada una vivienda y no han formalizado el contrato pero aún así, el balance sigue siendo "pobre" si se compara con los miles de desahucios que se han producido en los últimos años, tal y como reconoció la pasada semana el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán pide "mayor colaboración" de las administraciones y señala que la situación "es un poco frustrante". Imagínense para los desahuciados.
Los requisitos para poderse acoger al Fondo Social de Vivienda son tan grandes que muy pocas familias las están solicitando. Para empezar, está destinado a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Deben reunir una serie de requisitos económicos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).
Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, las víctimas de violencia de género, y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.
En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a nuevas medidas, dando cobertura por ejemplo a los mayores que avalaron a sus hijos y nietos. También se recogió esta opción para las daciones en pago. La introducción de esas medidas ha sido clave para que el número de estos alquileres se gestionara con algo de mayor éxito en 2014.
Una situación contradictoria y algo surrealista cuando ocho años después del estallido de la burbuja, España sigue de resaca con cientos de miles de viviendas que permanecen vacías. Según Julio Gil, presidente de la Fundación de Estudios Inmobiliarios (FEI) en España "Hay en torno a 700.000 casas nuevas sin vender. Esto indica una sobreoferta se mueve entre las 525.000 y 550.000 viviendas" Más de la mitad está en manos de las entidades financieras y de la Sareb o "banco malo". Otros estudios, como el realizado la Asociación de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), el stock se ha reducido, cerrando el pasado año con un total de 439.617 pisos y casas nuevas en venta y alquiler, hasta el punto que en términos de mercado "técnicamente", en 25 provincias la construcción de viviendas se podría reactivar.
Tanto en Madrid y Barcelona, las dos grandes capitales de España, están abanderando de la mano de sus recién estrenadas alcaldesas cambios en las estructuras políticas para mejorar las cosas a nivel social y particularmente en el drama asociado a los desahucios de viviendas. Tanto para Manuela Carmena y como para Ada Colau, no será fácil. Por lo pronto, tras los acercamiento iniciales con la banca llenos de cordialidad y buenas intenciones por ambas partes, aún no se ha concretado nada. "El objetivo es pedir a la banca que colaboren para evitar los desahucios si hay problemas con las cuentas hipotecarias", explicó Carmena. Su intención es firmar un protocolo para la creación de una oficina para evitar los lanzamientos y que haya un interlocutor por cada uno de los bancos en esa oficina. En principio los bancos sugieren, optimizar el uso del Fondo Social de Viviendas para resolver esta cuestión, aunque están abiertos a colaborar para encontrar soluciones.
El 60% de desahucios en Madrid, de pisos públicos vendidos a fondos de inversión
Seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidasa fondos de inversiónen los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Así consta en un informe en el que el Ministerio de Hacienda desmenuza y critica el programa electoral de la nueva alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), que se ha comprometido precisamente a frenar los desahucios y a ofrecer una vivienda pública a los afectados. De los 111 casos contabilizados por Hacienda entre febrero y junio de este año, 65 fueron en viviendas vendidas por la Administración. El controvertido informe del Ministerio de Hacienda, censura las políticas comprometidas por el nuevo Gobierno municipal. Sin embargo, de su profusión de cifras y análisis se desprenden consecuencias preocupantes sobre la gestión llevada a cabo al frente del Ayuntamiento y de la Comunidad por el PP en los últimos años.
Hacienda recuerda que el Ayuntamiento sólo puede frenar un desahucio si lo ha promovido él mismo en viviendas de su propiedad. En caso de pisos hipotecados con bancos o alquilados a particulares, "no ostenta posibilidad alguna de actuación". Carmena es consciente de ello: “Los jueces son los que dan la orden de que alguien salga de la vivienda; se trata de que, cuando el juez tenga que acordar el lanzamiento, que a veces se producirá, ya esté resuelta una alternativa habitacional para que esas personas no se queden en la calle".
Manuela Carmena avanzó el pasado viernes que el Ayuntamiento ya está estudiando resolver o bien por la vía judicial o bien por la vía de acuerdos la venta de vivienda protegida de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a "fondos buite". Ya en el programa electoral de Ahora Madrid, partido instrumental que encabezó Manuela Carmena los pasados comicios, se recogía como uno de los compromisos "paralizar la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y procurar su reversión".
Carmena: "No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda"
Un sencillo tuit de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha bastado para tranquilizar a todas los propietarios que tienen un piso alquilado, y ha explicado que, en lugar de paralizar los desahucios, el plan es "ofrecer alternativas a quien no pueda pagar", con lo que se evitaría generar una situación de indefensión a los particulares que cuentan con un inquilino que no abona la renta mensual.
No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda. Lo que haremos será ofrecer alternativas a quien no pueda pagar el alquiler.
Con este mensaje, la nueva alcaldesa de Madrid matiza por primera vez desde su nombramiento el pasado 13 de junio una de las propuestas más controvertidas de su programa electoral, donde se afirmaba que pondría "todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo)”.
La nueva propuesta Manuela Carmena sigue la línea marcada por Ada Colau y Barcelona en Comú, que según su programa electoral puesta por "garantizar apoyo, atención y seguimiento a los pequeños propietarios que se vean afectados por impagos de alquiler" para lo que "se estudiarán los motivos de impago" y, en el caso de no poder detener el desahucio, "se garantizará un realojo adecuado".
La idea de Carmena pasa por crear una Oficina de Mediación dentro del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Estos mediadores públicos elaborarán un estudio de la capacidad económica de los deudores que se cruzará con otro informe sobre la información social y el riesgo de vulnerabilidad de esas familias. Algo parecido a la "oficina antidesahucios" creada por la reciente y novedosa ley de vivienda del País Vasco, que además convierte el alquiler social en un derecho para sus ciudadanos.
598.747 ejecuciones hipotecarias desde que empezó la crisis
Finalmente, hoy hemos conocido que entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas hoy en un informe presentado por Amnistía Internacional. Los datos, sin embargo, no especifican si se trata de una vivienda o un local comercial. En cuanto a domicilios principales en nuestro país, en base a datos del Banco de España, que entre 2012 y junio de 2014 se produjeron 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual.
Así, Amnistía Internacional denuncia que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en nuestro país según los últimos datos del INE en 2011. En este sentido la organización reclama en su estudio el elevado número de viviendas vacías de las que dispone España, 3,44 millones según el censo de 2011, son un "recurso potencialmente utilizable a la hora de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución".
Este es un problema que, según denuncia Amnistía Internacional en su informe, está provocado "por la desprotección que sufre el individuo por parte de las instituciones públicas". También se señala que, a pesar de que desde 2012 el Gobierno ha aprobado una serie de medidas dirigidas a mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su casa, éstas "no son suficientes para cumplir con las obligaciones que exige el derecho internacional en cuanto a derechos humanos".
El informe destaca también que en España hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública. Sin embargo, el porcentaje que supone dentro del mercado inmobiliario es sólo del 1,1% frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido o el 17% de Francia. Sin embargo, "las autoridades de áreas muy afectadas por los desahucios como Madrid o Cataluña han seguido vendiendo parte de su parque público de viviendas a sociedades de inversión, reduciéndolo aún más".
Desde Amnistía Internacional reclaman que "las autoridades españolas no han habilitado mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios". Además, estiman que el Estado debería establecer un mecanismo preceptivo que vigile la negociación entre bancos y familias para garantizar que el desahucio es realmente el único recurso posible una vez evaluadas todas las alternativas.
La caída del precio de la vivienda desde el nivel máximo alcanzado en septiembre de 2008 asciende al 30,4%, según los datos que publicó hace unos días el Ministerio de Fomento. Este ajuste en el valor de las casas y pisos en venta ha dado lugar a una particular anomalía que se repite en 10 provincias españolas: la vivienda libre es ya más barata que la protegida.
El mercado residencial ha corregido los precios de forma mucho más abrupta que lo que lo han hecho el Estado y las Comunidades Autónomas, encargados de fijar el precio mínimo del metro cuadrado (módulos) en la Vivienda de Protección Oficial (VPO). Así, según las estadísticas de Fomento, en el primer trimestre de 2015, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida en España en Jaén, León, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lérida, Castellón, Valencia, Lugo y Murcia el precio de las VPO ha quedado completamente desfasado.
La burbuja inmobiliaria en la primera década del siglo XXI hizo proliferar esta categoría de viviendas que pretendía solucionar el problema de exclusión a la propiedad en la que se veían miles de familias españolas, incapaces de hacer frente al precio de mercado del ladrillo. En los últimos seis años el Plan estatal y el de las comunidades autónomas han dado casi 300.000 calificaciones de VPO en España, mientras que el parque estimado de viviendas asciende a 25 millones.
Al igual que ha ocurrido con el valor catastral, el precio de los módulos en este tipo de viviendas ha sufrido una variación mucho menor que la del mercado de vivienda libre. Esta circunstancia ha desincentivado la venta de las VPO que ya habían sido construidas y que siguen aún presionando las cuentas de los promotores. La Defensora del Pueblo señala que hay 13.500 casas de esta categoría vacías, frente a los 330.000 demandantes de vivienda inscritos en los ayuntamientos y comunidades.
En general el precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida en España en el primer trimestre de 2015 fue de 1.095,4 euros, un 0,41% inferior al del cuarto trimestre de 2014. La variación respecto al mismo trimestre de 2014 muestra una caída del 0,68%.
Las estadísticas de Fomento apuntan a una progresiva recuperación del precio, sobre todo el de la vivienda nueva, que suma ya dos trimestres consecutivos al alza. Hasta marzo el metro cuadrado costaba de media 1.723,8 euros un 0,78% más que en el mismo periodo del pasado año. En los pisos de segunda mano el precio ha vuelto a caer, quedando el el precio medio de estas viviendas se situó en 1.448,5 euros por metro cuadrado.
En el primer trimestre el precio de los pisos nuevos subieron en nueve comunidades autónomas, entre las que destacan Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Cantabria, con incrementos trimestrales interanuales superiores al 3%. Por contra, siete comunidades presentan aún bajadas en el precio de los pisos nuevos.
El Parlamento vasco ha cumplimentado el último trámite antes de aprobar de forma definitiva, en junio, la nueva Ley de Vivienda que van a sacar adelante el PSE, EH Bildu y UPyDy que se marca como uno de sus principales objetivos empezar a cambiar los cimientos culturales de una sociedad que todavía basa su diseño familiar sobre una vivienda en propiedad, asegurando como un derecho subjetivo una vivienda en alquiler a los ciudadanos que la necesiten.
Contempla además un canon para pisos desocupados que será de 10 euros por metro cuadrado, y se incrementará un 10% anual hasta un tope de tres veces el canon inicial, mientras permanezca sin usar ni alquilar; y la expropiación forzosa de uso de las viviendas en manos de los bancos, posibilidad esta última cuya regulación en un decreto andaluz acaba de ser rechazada por el Tribunal Constitucional (TC). "La futura ley vasca también lo incorpora, pero solo como el último recurso si la administración no dispone de parque para ofrecer", han precisado desde el Grupo Socialista tras asegurar que esa parte del proyecto incorpora todas las previsiones que exige el Constitucional.
Lo sustancial del nuevo texto es que convierte el alquiler social en un derecho para los ciudadanos del País Vasco que cumplan una serie de requisitos de ingresos y propiedades máximas, y que por lo tanto podrán reclamarlo en los tribunales si la administración pública vasca no se lo proporciona. Será la primera ley que ofrece a los ciudadanos pisos en alquiler como un derecho subjetivo, y saldrá adelante pese al Gobierno de Iñigo Urkullu, (PNV) que lo considera un despropósito desde el punto de vista económico. Después de dos años de tramitación, el proyecto de Ley de Vivienda, es en opinión de los partidos que la apoyan "un paso adelante en contra de la especulación".
Progresividad
La ley tendrá efectos prácticos para el ciudadano el día después de su aplicación, independientemente de que el Gobierno quiera retrasar la reglamentación posterior, ya que le fija un carril con unas condiciones iniciales por las que avanzar. El proyecto de ley establece en su disposición transitoria segunda que el primer año de su entrada en vigor las familias de tres o más miembros con menos de 15.000 euros de ingresos podrán reclamar al Gobierno vasco una vivienda en alquiler, el segundo año también las de dos miembros con 12.000 euros máximo y a partir del tercer las monoparentales con menos de 9.000 euros.
Fija además que las cuotas para el pago del alquiler nunca podrán sobrepasar el 30% de la "renta disponible" de cada unidad familiar, o el 15% si los ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. La Ley convertirá en un derecho subjetivo el artículo 47 de la Constitución Española en el que se establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y fija que los "poderes públicos promoverán las condiciones necesarias" para ello.
En 5 años, toda la vivienda pública en alquiler
La norma contempla asimismo que en cinco años, el Gobierno vasco deberá de orientar toda su política de vivienda hacia el alquiler. El 80% del parque de vivienda se destinará inicialmente al alquiler, y el proyecto de ley se marca un lustro para que el 100% se destine a ese tipo de uso.
La nueva legislación completa el sistema vasco de protección social que también fija como derecho subjetivo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), es decir, un salario público que hasta ahora da derecho también a recibir la Pensión Complementaria de Vivienda (PCV), que son 250 euros adicionales. El Gobierno ha estimado que la nueva ley tendrá un impacto de 760 millones en diez años, es decir, 76 anuales adicionales a los que ya destina a vivienda de alquiler, unos 90 millones el pasado año (a través de la PCV). Para el PNV, partido que junto al PP están en contra, pero al ser minoría en el parlamento vasco no van a lograr frenarla, no es sostenible.
El Tribunal Constitucional ha estimado, de forma parcial, el recurso del Gobierno contra el decreto ley antidesahucios en Andalucía y considera ilegal la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos, que era una de las medidas aprobadas por el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, al considerar que la expropiación de viviendas vacías a los bancos invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica". Además, apunta que la norma regula aspectos relativos al derecho a la propiedad, una materia que está vedada al decreto y "reservado a la ley formal".
La sentencia explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad: proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito. Y entiende que el decreto-ley andaluz "obstaculiza", con las expropiaciones, la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. La Junta de Andalucía dictó con posterioridad al recurso de este decreto, una Ley de Vivienda que derogó en parte la primera norma. Dicha ley fue también recurrida ante el Constitucional por el Gobierno y está pendiente de resolución por el Pleno.
La sentencia, por otra parte, estima la pretensión del Gobierno y declara inconstitucionales y nulos el artículo que impone al propietario de una vivienda "el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico" porque afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda.
La urgencia, justificada
La sentencia cree que no puede rechazarse "como abusiva o arbitraria la situación de extraordinaria y urgente necesidad" que el gobierno autonómico, para legislar de urgencia (cuya constitucionalidad se cuestiona en este proceso) "ha apreciado en la actual crisis económica y en sus consecuencias sobre la vivienda". Así las cosas, cree que el Gobierno andaluz" ha cumplido con la exigencia de presentar explícita y razonadamente la situación extraordinaria que le habilita a usar los poderes de legislación de urgencia atribuidos estatutariamente".
De ese modo, respalda que se emplee el Decreto-ley como "un instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que reclaman una acción legislativa inmediata, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes".
La Junta de Andalucía presentó en abril de 2013 su decreto ley para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. El texto contempla la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusión; y el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.
Tras conocer los datos de los desahucios en 2014, que tanto para el INE como para el Poder Judicialhan aumentado, nos preguntamos qué fue de los cientos de familias afectadas por la venta de vivienda pública a fondos privados de inversión en la Comunidad de Madrid. Muchas de estas familias son ya parte de la lamentable estadística de desahucios, o en el mejor de los casos, apenas pueden soportar el esfuerzo para asumir las condiciones de los nuevos propietarios. Mientras en los juzgados siguen abiertas las denuncias sobre la legalidad en los procesos de venta de estas viviendas sociales, que a su vez pueden llevar asociados delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
En 2013, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la venta de un tercio de sus pisos sociales para salvar de la quiebra la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). En parte logró el objetivo con la venta de 1.860 viviendas de renta protegida (distritos de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Hortaleza y Moratalaz) por 128,5 millones de euros al fondo de inversión Magic Real Estate (Blackstone). Las consecuencias de la venta de viviendas de carácter social y titularidad pública a estos grupos de inversión, conocidos por su agresividad especulativa como "fondos buitre", se están traduciendo en más familias desahuciadas por no poder pagar los abultados alquileres que los nuevos caseros les han impuesto, mientras que el Ayuntamiento de Madrid presume de haber reducido el déficit.
En aquel momento, se dijo a los inquilinos que les mantendrían las condiciones de alquiler reducido según las circunstancias personales de cada uno, pero la nueva empresa comienza la renovación de los contratos con condiciones muy diferentes a las establecidas inicialmente. Decenas de familias denunciaron que además de encontrarse, sin previo aviso, con estos nuevos propietarios, se les reclama un alquiler muchísimo más alto, al que no pueden hacer frente.
En paralelo al conflicto de los pisos sociales del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid (IVIMA) mantiene una situación similar con las viviendas del organismo que también fueron vendidas a un fondo buitre. Así, en agosto de 2013 Goldman Sachs-Azora se hizo con las 32 promociones de viviendas donde residen 2.935 familias del Plan Joven del IVIMA tras pagar 201 millones de euros.
En este caso, todos los desahucios relacionados con estas viviendas del IVIMA han quedado paralizados. La Comunidad de Madrid no les consideró parte interesada a estos inquilinos en el proceso, porque defendía que las condiciones de sus contratos no cambiarían con los nuevos propietarios. El Gobierno no mencionó, en cambio, que esta situación tenía fecha de caducidad.
La estrategia de estos fondos de inversión es clara: comprar las viviendas a una media de 60.000 euros, y cuando los pisos se queden vacíos, venderlos a 140.000 euros. Les interesa que los inquilinos salgan de los pisos de no poder afrontar las nuevas condiciones (de rentas de 50 euros se pasa a casi 500 euros), por lo tanto, el interés social de estas mismas desaparece. Comienzan así los procesos de desahucios, ocupaciones ilegales y dificultades para alquilar y vender los pisos que, finalmente, estos fondos logran poner en el mercado una vez desalojados sus originarios propietarios.
Desahuciados de un piso que ya no es "social"
Jorge, parado y sin cobrar subsidio. Vive con su mujer y tres hijos en un edificio de viviendas públicas situado en Vallecas. La renta que pagó Jorge durante los años en que el edificio fue propiedad de la Comunidad de Madrid oscilaba entre los 50 y 140 euros. "Dependía mucho de los ingresos que teníamos", aclara el afectado. Cuando les vence la subvención del Estado pasa a pagar 480 euros mensuales y 500 euros del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), algo de lo que se hacía cargo el IVIMA."Es imposible para nosotros pagar el alquiler y darle de comer a nuestros hijos", señala.
Ana Vargas, con 3 hijos y un sueldo de 900 euros tiene que hacer frente ahora a un alquiler de 600 euros de un piso en Vallecas concedido por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y vendido posteriormente a Magic Real Estate Blackstone. Le espera una orden de embargo por no poder hacer frente a esas condiciones.
Chus, después de años en su piso, se le permite una prorroga de 1 a 3 años pero con una subida del alquiler de un 42,5% a lo largo del trienio, a lo que hay que sumar el IBI de 400 euros, más los gastos de comunidad. Chus es la propulsora de un calendario protesta en la que aparecen 13 familias desnudas dentro de sus casas. Es un calendario que habla de "ilusiones truncadas", de lucha, de pérdida de derechos, de dignidad y de corrupción.
Éstos son sólo algunos de los casos, desgraciadamente, no son los únicos. Los nuevos propietarios aprovechan cualquier resquicio legal para subir las cuotas, impedir la prórroga de contratos vencidos, eliminar las ayudas públicas, descuidar el mantenimiento y deshacerse así de las familias para poder vender o arrendar a precios de mercado. "Mobing inmobiliario en toda la regla. Muchos se están marchando porque no quieren pasar la vergüenza de un desahucio pero a los que no tienen ninguna alternativa los acaban echando", denuncia Arancha Mejías, presidenta de la asociación de vecinos de las viviendas sociales de la EMVS en Carabanchel.
De fondos y buitres
Esto es lo que está ocurriendo con las viviendas sociales que los políticos que mandan en Ayuntamientos, han vendido a estos fondos de inversión. Fondos buitres los llaman. Pero para muchos, como bien comenta José Antonio Martínez Lamoca en El País: "buitre no es otro que el político (del que se supone que tiene que administrar los bienes de todos e intentar favorecer a los más necesitados) que pone a la venta ese bien común, no importándole en absoluto los efectos de su insociable decisión. Es el infeliz resultado de ese capitalismo salvaje que proclaman los que invocan la santidad de los mercados y el ultraliberalismo económico; en fin, pura y dura especulación. Fondo buitre es ese fondo de inversión alimentado por esos buitres que vuelan en círculo en nuestro país. Visto lo visto, es razonable empezar a buscar el significado de justicia social e indignación".
Con el inicio de diciembre y de la gran campaña de los Bancos de Alimentos, que durante este fin de semana ha superado su objetivo de 20 millones de kilos de comida recogida que supondrá ayuda para más de 1,5 millones de personas, pone un contrapunto al acelerado pistoletazo consumista previo a las Navidades y una oportunidad de hacer aflorar la solidaridad ciudadana. La misma solidaridad que se despierta cuando se producen grandes catástrofes, o la que puede surgir a partir del desahucio de una octogenaria, por haber avalado con su casa un préstamo recibido por su hijo, que no lo devolvió.
En los corrillos del barrio madrileño de Vallecas aún resuena el nombre de Carmen Martínez Ayuso, la mujer de 85 años que fue desahuciada de su piso tras avalar con su vivienda un préstamo de su hijo con un particular. Y no sólo en Vallecas, ha dejado en todo el país un eco social que subraya más aún el drama de los desahucios, que lejos de reducir su número cada vez hay más según informa el mismo Banco de España, y las incomprensibles situaciones que llegan a producirse en un país que se llama a si mismo del primer mundo, pero que es incapaz de organizarse de forma que se pueda realojar a una octogenaria en dificultades.
En ausencia de respuesta pública, ha de ser el Rayo Vallecano, el equipo de fútbol de la populosa barriada de Vallecas, quien da una solución con su magnífico gesto de pagar el alquiler de una vivienda a Carmen, gesto que finalmente ha promovido otra gran oleada de solidaridad. Tan grande, que el club se plantea extender las ayudas a más causas benéficas y a buen seguro que no le faltarán candidaturas.
Es entonces cuando surgen las preguntas sobre ¿qué deben hacer las Administraciones públicas? No tienen que quitarse de en medio por el hecho de que Amancio Ortega se ocupe de ser solidario (20 millones para Cáritas, 4 millones para los Bancos de Alimentos); o que el Rayo Vallecano se ofrezca a pagar el alquiler a una mujer muy necesitada. Como advierten los directivos y jugadores, ahí están ellos para atender a Carmen Martínez, de 85 años, mientras aparecen "el Ayuntamiento o la Comunidad", y ver si nos consiguen aclarar si pudo hacerse algo más que enviarle a la policía para sacarla de su vivienda.
Más incomprensible es este tipo de casos cuando existen 3,4 millones de viviendas vacías en España, de las cuales 800.000 son propiedad de los bancos según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), mientras las viviendas de alquiler social no llegan al 2% del parque habitacional, cuando en los países de nuestro entorno europeo esa cifra alcanza el 18%. "Cada día tenemos una Carmen en el barrio, y muchas más en todo Madrid y miles en el resto de España".
Así, por ejemplo, dos días después, el Ayuntamiento de Madrid se acordó de la mujer de 85 años desahuciada ofreciéndole una vivienda social "con independencia de lo que ella luego quiera hacer". No hay que dejar la solidaridad en manos de las autoridades, pero tampoco reducirla a actos puntuales de caridad. Siete años de crisis ha multiplicado el número de personas que precisan ayuda muchos días al año, y no solo cuando un áspero acreedor exige la ejecución de una deuda que, al final, supone el lanzamiento de una anciana de su hogar.
El Ministerio de Fomento concederá ayudas de hasta 200 euros al mes a 200.000 familias con problemas económicos para poder pagar una vivienda en alquiler durante lo que resta de 2014, hasta el año 2016. De esta forma, y a través del demorado Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, el Ministerio de Fomento abonará entre un 33% y un 40% de la renta mensual a los hogares con ingresos de menos de 22.365 euros anuales para vivir en casas y pisos en alquiler por menos de 600 euros.
La medida busca sustituir a la vivienda de protección oficial (VPO), ya que, según el Ministerio de Fomento, no es una salida válida actualmente para las rentas bajas. De hecho, la VPO ya es más cara que la vivienda libre en multitud de provincias de España.
La nueva ayuda se concederá durante 12 meses prorrogables a toda la vigencia del plan. Es decir, al menos dos años (hasta 4.800 euros por familia), aunque, ya que el plan se va a iniciar muy tarde, se podrá alargar durante el siguiente año, como suele ocurrir en la política inmobiliaria estatal.
Podrán cobrar el subsidio al alquiler de vivienda libre las familias o personas con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem (22.365 euros anuales), pero la cuantía será modulable según el número de miembros de cada hogar, para primar a los más necesitados, según Fomento. Además, tendrán preferencia las personas desahuciadas.
Fomento ya ha firmado el convenio bilateral para la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas y rehabilitación con 10 comunidades autónomas: Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Aragón, Galicia, Andalucía y Canarias. Los convenios con las siete regiones restantes se firmarán "a finales de octubre", según fuentes del departamento de vivienda que dirige Ana Pastor. Cataluña, Asturias y Cantabria ya han abierto el plazo de solicitud de las ayudas, según las mismas fuentes.
En el todo el plan, Fomento invertirá 2.311 millones y las autonomías, 216. Sólo las ayudas al alquiler supondrán un gasto máximo de 480 millones de euros anuales, que tendrían que acometer las regiones con el dinero que les transfiera el Estado. Además, el Ejecutivo espera que el plan genere una inversión privada inducida de 1.268 millones de euros.
El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, también incluye una importante apuesta por la rehabilitación, así como la subsidiación de 230.000 préstamos hipotecarios. El Ministerio de Fomento estima que el nuevo plan estatal de vivienda generará 36.000 puestos de trabajo en tres años.
La subvención del alquiler libre (un arrendamiento protegido indirecto) es una medida muy demandada por los expertos en vivienda, pero el anterior Gobierno no la puso en marcha más que para los jóvenes. Entonces fueron 210 euros para menores de 30 años: la llamada renta básica de emancipación (RBE), ayudas ya retiradas por el actual gobierno.
La nueva ayuda de 200 euros será universal, con el único requisito de la renta, y llegará, si las previsiones del Gobierno se cumplen, a más del doble de beneficiarios anuales que la RBE (la media de nuevos receptores de la renta básica en sus tres últimos años fue de 47.000, frente a los casi 90.000 anuales que prevé el Ministerio de Fomento.
El retraso en la aprobación del nuevo Plan de vivienda está causando algunos desajustes en las previsiones. Así, la estimación que hizo Fomento para 2014 era conceder 48.000 ayudas para el alquiler, unos objetivos difíciles de cumplir en tan sólo dos meses.
En lo que respecta a la rehabilitación pasa lo contrario. El Informe sobre los Presupuestos del Estado para 2014 de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo detallaba que este año se financiarían 35.000 rehabilitaciones. Ahora el Ejecutivo habla de 50.000 viviendas renovadas en tres años. No en vano, Fomento prefiere centrarse "especialmente en la rehabilitación de barrios completos, por ser la actividad más eficiente desde el punto de vista socioeconómico".
Los Prepuestos Generales del Estado destinarán 587,1 millones de euros a política de vivienda en 2015, un 26% menos que en 2014, cuando destinó 799 millones de euros. Del total presupuestado para el próximo año, el 94,7% (556,3 millones de euros) irá destinado a los créditos asignados al programa de promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda.
Con estos presupuestos el Ministerio de fomento centrará sus principales objetivos en seguir avanzando en el cambio de modelo, con un claro enfoque en el impulso del alquiler y la rehabilitación, con el fin de promover una reactivación del sector de la construcción y la creación de empleo. A estos objetivos se suma la intención de facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos de ciudadanos con mayores necesidades, y de fomentar dicho acceso en las mismas condiciones en todo el territorio nacional, propiciando la cohesión territorial.
De este modo, la política de vivienda se centrará en el alquiler como uno de los ejes del plan estatal de vivienda 2013-1016, con ayudas para el acceso a pisos en alquiler, ayudas para la promoción, líneas creadas para movilizar las viviendas vacías y la cofinanciación de la vivienda de promoción pública en alquiler.
Se destinarán 17,21 millones en 2015 para convenios con distintas comunidades autónomas y entidades locales, suscritos a través de Sepes o por la propia Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo .
Para el abono de la Renta Básica de Emancipación, derogada desde el 1 de enero de 2012, pero que aún cobran jóvenes con derecho reconocido, está prevista una dotación de 14 millones de euros, menos de la mitad que en 2014. A pesar de haber sido derogada tienen acceso a la misma aquellos que tuvieran derecho reconocido o que lo hubieran solicitado antes del 31 de diciembre de 2011, hasta que cumplan los 30 años de edad o la hayan disfrutado durante cuatro años interrumpidos o no.
En las dotaciones presupuestarias de la política de vivienda habría que añadir finalmente un conjunto de acciones puntuales para atender problemas específicos, como las subvenciones para la remodelación de barrios mediante convenios con administraciones territoriales.
Se incluyen además, otras líneas de gasto que abarcan desde estudios de investigación y fomento en arquitectura y vivienda, hasta las intervenciones arquitectónicas y de ingeniería en obras específicas de rehabilitación patrimonial y, especialmente, la elaboración de normas básicas reguladoras de la innovación y calidad de la edificación. También se realizan actuaciones dirigidas a la conservación del patrimonio arquitectónico histórico y social.
En materia de urbanismo y suelo, durante 2015 se prestará apoyo y asistencia técnica al desarrollo de nuevos proyectos y actividades relacionadas con la reciente aprobación de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas y la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas.
Nace el primer plan de vivienda que solo ofrecerá ayudas a la vivienda en alquilery la rehabilitación. Este nuevo plan será aprobado hoy viernes por el Consejo de Ministros, último trámite necesario para que el Gobierno central pueda firmar los convenios bilaterales con las comunidades autónomas y poner así en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 tras haberse retrasado desde su fecha prevista inicialmente.
Tras las nuevas medidas de la reforma fiscal que afectan a la vivienda, ahora el Ministerio de Fomento desea cerrar lo antes posible los acuerdos con las autonomías, que son las que tienen transferidas las competencias de vivienda, que "en esta ocasión ha sido más complicado que otras veces porque había que cerrar planes anteriores, cuyas ayudas ya no tendrán continuidad en este nuevo" según fuentes del ministerio. Uno de estás ayudas será la promoción de VPO en régimen de propiedad, que desaparece en este nuevo plan estatal de vivienda, aunque los 250.000 españoles que en la actualidad se benefician del pago de una hipoteca subsidiada por su piso de protección oficial (VPO) seguirán percibiendo esas ayudas.
Desterrada la vivienda social en régimen de compra, los dos pilares del nuevo plan de vivienda serán la rehabilitación y el alquiler, que junto con otras iniciativas dará como resultado un presupuesto de casi 2.500 millones con el que se prevé crear más de 30.000 empleos directos y hasta 105.000 indirectos. En total, el departamento que dirige Ana Pastor calcula que en los próximos cuatro años el arrendamiento recibirá subvenciones por unos 1.500 millones y 627 millones destinados a la rehabilitación.
Nueva ayuda directa al alquiler de vivienda para todos
Una de las novedades que incluye este plan lo constituye la nueva ayuda directa al alquiler de vivienda, que según el último texto aprobado hace ya más de un año por el Consejo de Ministros, se trata de una renta que podrán recibir las personas físicas mayores de edad (que no será exclusiva para jóvenes) con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM, unos 1.600 euros mensuales o 22.365 euros brutos al año.
Estos topes serán modulables según el número de miembros y composición que tenga la "unidad de convivencia" que solicite esta ayuda. Esta circunstancia representa un cambio importante respecto al sistema anterior, (la renta básica de emancipación ideada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) que concedía la ayuda a título individual. Y esto, en opinión del actual equipo del Ministerio de Fomento, es lo que asegurará que el dinero público llegue a las familias más necesitadas.
En términos generales, la ayuda podrá alcanzar el 40% de la renta que pague el inquilino, que no podrá ser superior a los 600 euros mensuales. En cualquier caso, el límite será de 2.400 euros por vivienda y año por un plazo máximo de 12 meses prorrogables hasta la finalización del plan. Asimismo, siempre tendrán preferencia las personas que hayan sido desahuciadas, advierten fuentes oficiales.
El Gobierno espera con este nuevo sistema de ayuda al arrendamiento llegar a un mayor número de beneficiarios y evitar el fraude. En lugar de los 80.000 perceptores que quedaban el año pasado de la renta básica de emancipación, Fomento espera poder atender a partir de ahora las necesidades de 133.000 hogares. El impulso para la creación de un parque público de pisos en alquiler será otro de los programas estrella del nuevo plan de vivienda.
La rehabilitación, con mejoras en la financiación de proyectos
Quedando aún un amplio excedente de casas y pisos por vender, la estrategia no podía seguir siendo edificar más. Por eso, la rehabilitación se convierte en un pilar del nuevo plan estatal de vivienda contemplando ayudas directas para fomentar las obras de renovación de viviendas y edificios y una financiación bancaria especialmente diseñada para estos proyectos, gracias al compromiso adquirido por las entidades después de meses de negociación con el Ejecutivo y las constructoras. Será uno de los sectores donde cobrará especial importancia la colaboración público-privada.
Parece que esta vez sí, esta vez se apuesta en serio por la rehabilitación, y aunque es evidente la escasez de recursos económicos ha impedido que las ayudas sean más ambiciosas (apenas 627 millones), se aprecia algún avance, sobre todo en financiación. Con el nuevo plan se anima a las empresas privadas a poner en marcha proyectos de renovación de edificios enteros que supongan una mejora en su eficiencia energética. Se trata de copiar las fórmulas que ya funcionan en otros países, donde los propietarios de las casas no tienen que desembolsar el dinero al inicio de la obra y puedan pagarla en cómodos plazos.
Los principales beneficiarios de las ayudas ahora aprobadas serán las comunidades de propietarios o los dueños únicos de edificios de viviendas. Se concederán hasta 4.000 euros por vivienda para conservación, 2.000 euros para mejorar la eficiencia energética y 4.000 si la obra aumenta la accesibilidad. En ningún caso se otorgará más del 35% del presupuesto. Todo ello en inmuebles cuya antigüedad sea anterior a 1981. Asimismo, están previstas subvenciones para proyectos integrales de al menos 100 viviendas que oscilarán entre los 2.000 euros por piso para la urbanización hasta los 11.000 por casa si el edificio es demolido por completo. Y para regular todo esto, el proyecto de ley de Rehabilitación, que flexibiliza las condiciones y situaciones que deben darse para poder acometer obras en las comunidades de vecinos.
El Gobierno ya había modificado con anterioridad la Ley de Rehabilitación para eliminar las trabas jurídicas y administrativas que habían impedido en el pasado numerosos proyectos. La norma regula, por primera vez, "unlímite económico homogéneo para el deber legal de conservación que cabe exigir a los propietarios" e introduce la posibilidad de que las plusvalías que se generen en estas obras de rehabilitación reviertan sobre las comunidades de propietarios, facilitando así su financiación.
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