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fondosocial mayores 300x161 - El Fondo Social de Viviendas se amplía a los mayores que avalaron a sus hijos y nietosImportante ampliación para minimizar los efectos de un desahucio en aquellos que ayudaron de buena fe a sus familiares y se han visto superados por la crisis. A partir de ahora esta, las personas mayores prejubiladas o jubiladas que hayan avalado las deudas de sus hijos o nietos podrán solicitar un vivienda al Fondo Social de Viviendas (FSV), que ha ampliado su ámbito de aplicación para acoger más supuestos de vulnerabilidad social.

Así, según el Ministerio de Economía, el Fondo Social de Viviendas (FSV) está destinado a quienes, como consecuencia de un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de enero de 2008. En el primer año de aplicación, el 2013, se recibieron 1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas.

Tras las últimas modificaciones, se permitirá que se queden en la vivienda quienes la hayan perdido por una ejecución forzosa y tras haber sido adjudicada y, en casos de dación en pago, a cambio de un alquiler reducido. La vivienda en alquiler para estos casos oscilaría entre 150 y 400 euros al mes o por debajo en circunstancias especiales, tal como está previsto en el Convenio del Fondo Social de Viviendas, que actualmente cuenta con 6.000 viviendas de 33 entidades financieras.

La extensión del ámbito de aplicación del convenio por el que se rige el Fondo Social de Viviendas permitirá ampliar las circunstancias personales y familiares que dan derecho a solicitar una vivienda al FSV.

El Ministerio también señala que a partir de ahora también se tendrá en cuenta a las unidades familiares con hijos menores de edad, y no solo los de menos de tres años.

Se verán también beneficiadas las personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, "un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía". El requisito hasta ahora era una discapacidad del 33% o superior.

Asimismo podrán solicitar una vivienda del fondo otras personas o unidades familiares con distintas circunstancias de vulnerabilidad social, previo informe de los Servicios Sociales, lo que, según el Ministerio, amplía el acceso a muchas situaciones de riesgo social no tipificadas.

Estas ampliaciones se unen a los requisitos anteriores como son la situación de desempleo y sin prestaciones, familias monoparentales, familias numerosas o violencia de género.

Más información: Fondo Social de Viviendas

Fuente: invertia.com - Imagen: elconfidencial.com

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pisos cataluña 300x183 - Cataluña multará con hasta 1.650 euros cada piso vacío de la bancaYa conocemos algún detalle más sobre el nuevo tributo sobre pisos vacíos de los bancos que desde hace un tiempo está desarrollando la Generalitat. Así, se confirma que el Gobierno de Cataluña cobrará un impuesto sobre las viviendas que lleven más de dos años desocupadas, y lo hará a través de la obligación de los dueños de inscribir  las viviendas vacías en un registro público dependiente de la Agencia de Vivienda, en el que la Generalitat podrá inscribir pisos de oficio. Así lo prevé el anteproyecto de ley de este tributo, que este viernes salió a información pública y que prevé un tipo impositivo que va de los 500 a los 1.650 euros anuales por casa vacía, dependiendo del volumen de propiedades que posea la empresa o entidad financiera.

El borrador de la ley justifica el impuesto en el "incumplimiento de la función social de la propiedad" que supone acumular pisos vacíos. Se trata del mismo argumento que empleó el tripartito para crear la figura del alquiler forzoso, que CiU eliminó al llegar al poder en 2011 mediante la ley Ómnibus. De hecho, el texto recuerda que la ley del Derecho a la Vivienda ya introdujo medidas coercitivas para movilizar pisos desocupados y resalta que Dinamarca, Reino Unido o Francia también prevén un gravamen similar.

El impuesto, recogido en los acuerdos de legislatura de CiU y ERC, se aplicará en los 70 municipios que el Plan Territorial Sectorial de Vivienda concluye que tienen una demanda "fuerte y acreditada”. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que ha impulsado la medida, estima que en Cataluña hay cerca de 80.000 viviendas de obra nueva sin vender, de las que 15.000 están en estas localidades. El parque de vivienda asequible de la Generalitat cuenta hoy con unos 14.000 pisos, por lo que si la medida funciona se podría llegar a duplicar la oferta de pisos sociales. Además, a este paquete hay que añadir las viviendas usadas que no tengan inquilino.

El decreto afecta a "personas jurídicas", de las que solo exime a Administraciones públicas y entidades del tercer sector. Sin embargo, va sobre todo destinado a movilizar las viviendas que puedan estar reteniendo las entidades financieras y el banco malo cuando solo el año pasado unos 15.000 ciudadanos perdieron su casa. Fuentes del sector añaden que ahora pueden estar también en manos de fondos de inversión, que han comprado carteras de créditos morosos y algunos paquetes de inmuebles.

El tipo impositivo cuenta con tres tramos graduales y se sitúa finalmente entre los 500 y 1.650 euros anuales por vivienda. A las empresas que posean hasta 120 viviendas vacías se les aplicará unos 500 euros por unidad; para el tramo entre 120 y 600 pisos el tipo será de 825 euros, y por encima de los 600, de 1.650 euros anuales. No se tendrán en cuenta las viviendas que tengan más de 120 metros cuadrados.

El anteproyecto contiene bonificaciones en el caso de que las entidades tengan pisos con alquiler social, que deberán ser reconocidos por la Generalitat. El descuento mínimo es de entre el 5% y el 10% en la cuota a pagar y alcanza el 75% si la empresa tiene más del 40% de su cartera de vivienda en régimen de alquiler. En el caso que tenga el doble de pisos arrendados con precios asequibles que vacíos, no deberá abonar nada.

El borrador también fija que el impuesto tiene "carácter finalista". Es decir, lo que se recaude con él (entre 13 y 25 millones, de acuerdo con las previsiones) se destinará a políticas de vivienda, en especial en los 70 municipios donde se aplique la medida. La norma entrará en vigor tras su publicación oficial, pero el Ejecutivo espera poner en marcha el tributo el 1 de enero de 2015.

Fuente: elpais.com

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pisos bancos 2 300x187 - Cataluña fija un nuevo impuesto sobre las viviendas vacías de los bancosCataluña impondrá un nuevo impuesto a las entidades financieras que tengan viviendas vacías durante dos años en los municipios donde se acrediten casos de vecinos con esta necesidad. Así lo aprobó este martes el Gobierno catalán dirigido por Artur Mas, que llevará el anteproyecto de ley al Parlament antes de verano para poder aplicar la nueva tasa a partir del 1 de enero de 2015. La cuantía media será de entre 850 y 1.650 euros anuales por vivienda y afectará a unas 15.000 casas y pisos ubicados en los 70 municipios donde el Plan Territorial Sectorial de Vivienda ha acreditado que hay una fuerte demanda de alojamiento.

Se calcula que en Cataluña hay 40.000 viviendas vacías en manos de la banca y la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). De estas solo penalizará las 15.000 que se hallan en 70 municipios con una "fuerte demanda acreditada". Así, según el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila "La Generalitat tiene hoy 14.000 viviendas para uso social, por lo que sacar esas viviendas al mercado supondría duplicar las viviendas con fines sociales". A pesar de que Vila aseguró que "la medida no es recaudatoria", la Generalitat estima que supondrá unos ingresos de entre 13 y 25 millones de euros.

La memoria económica que aprobó ayer el Gobierno de Cataluña establece tres tramos para gravar la cantidad de metros cuadrados vacíos de las viviendas que tenga la banca: hasta 10.000 metros cuadrados; entre 20.000 y 50.000 metros y más de 50.000 metros. Por el primer tramo se pagarán entre tres y seis euros por metro cuadrado; por el segundo, entre siete y 10, y a partir del tercero, entre 11 y 20. La ley fija, no obstante, bonificaciones sobre estas cuotas si el banco tiene pisos en alquiler con un uso social.

Por ejemplo, una entidad financiera tiene unas 400 viviendas vacías (40.000 metros cuadrados) y destina 48 a vivienda social. La base imponible es de entre tres y seis euros para los primeros 10.000 metros cuadrados y de entre siete y diez para el resto, lo que supone que debería pagar una tasa de entre 240.000 y 360.000 euros. Como tiene en alquiler el 12% de sus viviendas, se le aplica una bonificación del 30% de la cuota, por lo que finalmente pagará entre 168.000 y 252.000 euros.

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de CiU en 2011 fue eliminar mediante la ley Ómnibus el artículo 42.6 de la ley de Vivienda que aprobó el tripartito, que preveía el alquiler forzoso de pisos vacíos. Ante la cascada de desahucios, el año pasado sindicatos, organizaciones de consumidores y entidades sociales pidieron al Ejecutivo catalán que recuperara esa figura. En lugar de ello, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha decidido gravar propiedades vacías que estén en manos de la banca.

La implantación del impuesto responde a los pactos de legislatura que alcanzaron CiU y ERC. Sin embargo, ERC critica que el gravamen a la banca no entre en vigor hasta el 1 de enero de 2015 al considerar, según su portavoz adjunto, Oriol Amorós, que las necesidades son "muchas y urgentes".

Fuente: elpais.com

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vpoandalucia 300x188 - Andalucía abre expediente a la Sareb por incumplir la función social de la vivienda públicaLa Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto dos procedimientos administrativos contra la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas de protección pública (VPO) en la comunidad autónoma.

Las sanciones establecidas por la Ley de VPO para sanciones muy graves van de 30.001 a 120.000 euros. Por lo tanto, los procedimientos sancionadores abiertos por la Consejería podrían suponer una sanción de un máximo de 109,4 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado que la Sareb no ha puesto a disposición de los Registros, al menos 911 pisos y casas en Andalucía con esta tipología.

El primer procedimiento se debe al supuesto incumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Vivienda Protegida y Suelo, introducida en su actual redacción por la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances. La Consejería ha notificado a la Sareb el acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción muy grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda.

El segundo procedimiento a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración de la misma Ley de Vivienda Protegida, también introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros públicos municipales de demandantes.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha tenido conocimiento de la existencia de estas viviendas protegidas titularidad de la Sareb que supuestamente incumplen su función social a través de información oficial de la propia sociedad de gestión. El Gobierno de España recurrió ante el Tribunal Constitucional el pasado 18 de diciembre de 2013 varios preceptos la Ley de Función Social de la Vivienda realizada por Andalucía. En dicho recurso, así como en el anteriormente presentado el 9 de julio de 2013 contra el Decreto precedente, la Presidencia del Gobierno adjuntó entre su documentación un informe de la Sareb, titulado "Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía", que señala que en torno a un 12 por ciento de la cartera de la Sareb se encuentra radicado en el territorio andaluz", un total de 6.379 viviendas que desglosa en cuanto a vivienda libre primera residencia, 4.473; vivienda libre segunda residencia, 995; vivienda protegida, 911.

La Junta ha recordado que la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda "no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social". Ha añadido que "los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas siguen plenamente vigentes".

Fuente: europapress.es

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gobierno madrid 300x195 - Querella criminal contra la Comunidad de Madrid por vender miles de pisos "a precio de regalo"Comenzamos la semana en Madrid con una noticia de "presunta corruptela política" tan frecuentemente vinculada a la vivienda. Así, el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid ha presentado una querella criminal contra el Gobierno de la Comunidad por la venta "a precio de regalo" de cerca de tres mil pisos públicos del El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a una empresa privada.

En concreto. la demanda, que va firmada por los diputados socialistas José Quintana y Antonio Fernández Gordillo, se ha presentado contra Ana Gomendio López de Asiaín, directora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid, de la Consejería de Transportes, Infaestructura y Vivienda, acusando al gobierno de Madrid de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada al vender por 200 millones de euros viviendas cuyo valor sería de 369 millones de euros.

El Gobierno regional sacó a la venta el pasado año un total de 2.935 pisos en Madrid propiedad del IVIMA con el fin de hacer caja con la que hacer frente a la crisis económica. En la operación se incluían 32 promociones en toda la Comunidad: Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).

Todas ellas pertenecen al Plan Joven en alquiler con opción a compra y a viviendas de alquiler. Además de los pisos, había 2.849 plazas de garaje, 1.865 trasteros, además de 235 garajes y 45 locales comerciales no vinculados, cuyo concurso fue adjudicado a la empresa Azora, en la que participa Goldman Sachs, por 200 millones de euros, un 20% más de lo que se pedía en el concurso que era de 168 millones de euros.

En la demanda el PSOE dice que "en esencia, se trata de pisos que fueron adquiridos por sus hoy arrendatarios ya en régimen normal o en régimen especial para jóvenes que, tras un período de alquiler, pueden ser enajenados a sus arrendatarios que ostentan un derecho sobre los mismos transcurridos 7 años desde su construcción".

La adjudicación se hizo por 201 millones de euros y la denuncia señala que para alcanzar el precio de mercado (que sirvió de presupuesto base) y en su caso, para la enajenación resultante, se tomó en consideración un informe elaborado por una empresa del sector, Sociedad de Tasación.

Los denunciantes dicen que "una sencilla operación matemática nos pone en antecedentes del negocio que se ha ofrecido, y adjudicado, a la empresa privada y la consiguiente pérdida patrimonial para la Administración pública que gozaba de un patrimonio en los términos indicados y que ha procedido, con un sencillo informe de 5 folios a fijar un precio que podríamos calificar como de regalo". Así, si el precio medio libre de venta en este momento es de 144.519€ viviendas + anejos y son 2.935 viviendas las enajenadas, sin contar locales y plazas de garaje no vinculadas, el precio que el IVIMA debiera hacer solicitado por las viviendas arrojaría un valor actual de mercado de:  144.519 € X 2.935 viviendas = 424.163.265 €”. Esa cantidad representa un 251% de precio superior al tipo ofertado por el IVIMA o un 211% superior a la oferta finalmente adjudicada".

La querella afirma que podría aducirse que el precio anterior (el de valor de mercado) no se va a obtener habida cuenta del estado del mercado inmobiliario y a que se trata de viviendas de protección pública, y al respecto añaden que "Si tomamos como referencia el precio más barato de los indicados en el informe de tasación, una media de 126.053 € / viviendas+anejos y sin contar tampoco locales y plazas de garaje no vinculadas que incrementaría el precio, arrojaría un valor mínimo de 126.053 € X 2.935 viviendas = 369.965.555 €. La cantidad representa un 219% de precio superior al tipo ofertado por el IVIMA o un 184% superior a la oferta finalmente adjudicada”.

Consideran que el asunto es aún más grave "porque cabría plantearse que el nuevo propietario que adquiere ese grupo de pisos a bajo precio, ha de mantener las viviendas mucho tiempo en arrendamiento, antes de su enajenación, porque su construcción es muy reciente y por ello inciertos los precios y la tasa de riesgo a cubrir durante el período restante hasta el ejercicio de la opción".

Dando un paso más en la valoración, con las promociones y viviendas cuya opción vence en los años 2014, 2015 y 2016 se superaría el tipo planteado por la Administración para un total de 1406 viviendas y no de 2.935 viviendas como se ha transmitido, señalan los socialistas en la querella.

Los diputados del PSOE dicen que carece totalmente de sentido económico la venta "si no es más que para favorecer a cualquier precio a una empresa privada, conseguir liquidez inmediata para la Administración sin reparar en que con sencillas operaciones aritméticas se podría haber vendido a los propietarios, hoy arrendatarios, del derecho de opción de compra".

Por su parte, fuentes de la Comunidad Madrid indicaron que "el proceso se ha hecho de manera transparente, ya que el valor de las viviendas es el que marco una tasadora independiente, por lo que esa querella no tiene ningún futuro y no es mas que una pataleta del PSM que no sabe como tener presencia mediática".

Fuente: vozpopuli.com

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Muchos piensan que se se ha avanzado de manera importante con la Ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social que se aprobó el pasado mes. Dicho avance hace referencia a temas referentes a los intereses de demora, las tasaciones o la ampliación de las suspensiones temporales de desahucios.

alquiler social viviendas noticias - De las casi 6.000 viviendas del fondo social, solo se están aprovechando 260 familias

El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo ha vuelto a defender. Los datos sobre los que se argumenta son que 600 familias ya han reestructurado su deuda hipotecaria, otras 300 han accedido a la dación en pago, 260 se benefician de un alquiler "muy ventajoso" gracias al fondo social de vivienda.

Apoya con seguridad que los lanzamientos hipotecarios se están convirtiendo en una "excepción" en España, según los datos del Banco de España, "que dicen que ya se observa una ralentización de los lanzamientos que afectan a las personas físicas". Así, según sus números, las entidades han paralizado más de 700 lanzamientos de vivienda habitual.

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