Ya lo apuntábamos esta mañana, y ya hay confirmación: la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que el Gobierno suprimirá en los próximos dos años las ayudas a la compra de viviendas protegida con el fin de potenciar el alquiler y la rehabilitación hasta 2012 de este tipo de inmuebles y para cumplir con el ajuste presupuestario que permita reducir el déficit público.
En la V Conferencia Sectorial de Vivienda, el Ministerio de Vivienda se ha reunido con los consejeros de las comunidades autonómicas para anunciarles los ajustes, que irán siendo escalonados hasta el 2012. Las comunidades no ven los recortes con buenos ojos y han reclamado estudiarlos bilateralmente ya que son ellos los responsables de repatirlos, a lo que ha accedido el Ministerio de Vivienda.
Lo que si es ya una medida en firme y en marcha es la eliminación este mismo año de la Reserva de Eficacia, que permitía a las comunidades financiar la superación de los objetivos de ayudas pactados con el Estado, y la compensación de pagos de los fondos transferidos a las regiones. El presupuesto adicional de la Reserva de Eficacia representó el 20% de los alrededor de 1.400 millones de euros con los recursos que contó el departamento dirigido por Corredor durante este año, mientras que los pagos a las comunidades sin justificar alcanzan 628 millones. "Estos 628 millones el Gobierno los irá reduciendo progresivamente cada ejercicio", ha indicado la ministra de vivienda.
El ajuste "más estricto" vendrá en 2011 y se mantendrá hasta el 2012, así el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación será más austero en los dos años que le restan. De este modo el Gobierno ha decidido suprimir la ayuda directa a la entrada (AEDE) para la compra de una vivienda, y en su lugar, permitirá la ampliación de la hipoteca de las VPO hasta el 90% de su valor como contrapartida. Corredor ha minimizado el impacto de esta ayuda directa a la compra, al asegurar que la función de ambas medidas es la misma: reducir la necesidad de ahorro para afrontar el pago de la entrada.
El Ministerio de Vivienda ha anunciado el recorte hacia los promotores, rebajando en el entorno del 40% las subvenciones tendentes a la promoción de vivienda protegida nueva en alquiler, que se acompañará de la supresión de la ayuda a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo. En compensación, la ministra ha resaltado la nueva línea ICO facilitada para la promoción de vivienda protegida en compra y por la gestión urbanizadora de SEPES. A todo esto, Beatriz Corredor también ha anunciado la no renovación de la subvención para las ventanillas únicas tras dos años de funcionamiento, pues el Ejecutivo considera "cumplidos" sus objetivos. Las oficinas de ayudas en las áreas de rehabilitación se mantendrán, que serán completadas con las oficinas técnicas de la Plataforma RHE+.
La titular de Vivienda no ha precisado cuánto prevé ahorrar con estas medidas. En su conjunto, según ha declarado, durante el año pasado se destinaron a estos apartados 507 millones. Su reparto fue así: ayuda directa a la entrada (306 millones), subvenciones a la promoción de VPO nueva en alquiler (149 millones), ayuda a promotores para urbanización de suelo (41 millones) y subvención para ventanillas únicas (21 millones). Corredor ha valorado la apuesta por la rehabilitación y el alquiler, al recordar que en el primer año de ejecución del Plan Estatal logró un 255% de los objetivos en alquiler y del 114% en los de rehabilitación, con lo que restó trascendencia al impacto del ajuste, ya que la VPO de nueva construcción para compra sólo alcanzó el 66% de los objetivos convenidos. "Por tanto, el impacto del ajuste presupuestario será menor, dado que ésta es la línea menos demandada", ha subrayado.
Fuente: elpais.com
El profesor Inurrieta nos alerta respecto al principal problema de la economía europea sigue estando sin resolver, refiriéndose a la ausencia de flujo crediticio, que no la solvencia (los estrés test miden solvencias en situaciones hipotéticas): "Este problema, que tiene su origen en la capacidad de crecimiento europeo, no se resolverá logrando ver los balances exactos de todas las instituciones financieras, sino llevando a cabo una reestructuración de la ingente deuda privada que está estrangulando a empresas y familias. Además, el ajuste fiscal llevado a cabo por las economías más grandes arrastrará de nuevo a situaciones deflacionistas y recesivas, lo cual imposibilitará a los agentes repagar sus deudas y cercenará, aún más, las arcas públicas".
