Como se veía venir, la crisis sigue apretando y este año toca apretarse aún más el cinturón en lo que respecta a las cuentas públicas.En este sentido, los Presupuestos del Estado para el 2011 reducen la inversión y el gasto con el irrenunciable objetivo de reducir el déficit público al 6%. Así, en algunas partidas como el caso de las infraestructuras sufren una caída del 30%, o en vivienda, con un recorte en los presupuestos del 19,3%.
Según la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado: "son unos presupuestos austeros, que generan cohesión social e impulsan la actividad económica". Lo cual puede ser discutible, ya que el recorte de inversión puede lastrar la capacidad de la economía para recuperarse y pone en duda el avance del 1,3% del PIB previsto para 2011. De este modo, la ministra sostiene que esa capacidad para crecer derivará de la confianza que generen estos presupuestos, y para ello es necesario aplicar ajustes drásticos. El objetivo de reducir un 6% de déficit, implica recortar casi a la mitad los desequilibrios registrados en 2009, pero esa meta requiere también un impulso suficiente como para que el Estado ingrese un 6% más, como prevén los Presupuestos. Elena Salgado subrayo en que la previsión es conservadora y mostró su convencimiento de que los recursos públicos mejorarán por las subidas de impuestos (las rentas más altas del IRPF, las Sicav y el IVA, en vigor ya desde julio) y por la reactivación económica.
Elena Salgado, vicepresidenta y ministra de economía lo anunció esta semana, y con el anuncio ha abierto una ventana con la que los ayuntamientos puedan respirar algo de aire limpio, ya que comenzaban a verse síntomas de asfixia en muchos de ellos. Así, el gobierno va ha permitir que los ayuntamientos más saneados puedan endeudarse, pero sólo aquellos cuyo nivel de deuda no supere el 75% de sus ingresos.
Según las cuentas del Ministerio de Economía, podrán solicitar crédito la mayoría de los ayuntamientos, pero algunos importantes ayuntamientos quedan fuera del tal posibilidad por superar su nivel de deuda el 75% de sus ingresos: Madrid, Valencia, Zaragoza, Murcia, Málaga, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Lleida, Tarragona, Teruel, Santander, Ávila, Salamanca y Cuenca. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no entran en estos cálculos, y según informan el grupo de ayuntamientos podría variar (eso si, igeramente). La nueva deuda que adquieran solo podrá destinarse a proyectos de inversión, pero no para pagar gasto corriente (nóminas, gastos de saneamiento...).
Esta medida se impulsará a través de los Presupuestos de 2011, en los que se añadirán mejoras en la financiación municipal. Así, los ayuntamientos van a recibir un 9% más de recursos en el 2011 hasta llegar a los 14.443 millones de euros, ya que se espera una mayor disponibilidad de ingresos de cara al año próximo.
Ya lo apuntábamos esta mañana, y ya hay confirmación: la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que el Gobierno suprimirá en los próximos dos años las ayudas a la compra de viviendas protegida con el fin de potenciar el alquiler y la rehabilitación hasta 2012 de este tipo de inmuebles y para cumplir con el ajuste presupuestario que permita reducir el déficit público.
En la V Conferencia Sectorial de Vivienda, el Ministerio de Vivienda se ha reunido con los consejeros de las comunidades autonómicas para anunciarles los ajustes, que irán siendo escalonados hasta el 2012. Las comunidades no ven los recortes con buenos ojos y han reclamado estudiarlos bilateralmente ya que son ellos los responsables de repatirlos, a lo que ha accedido el Ministerio de Vivienda.
Lo que si es ya una medida en firme y en marcha es la eliminación este mismo año de la Reserva de Eficacia, que permitía a las comunidades financiar la superación de los objetivos de ayudas pactados con el Estado, y la compensación de pagos de los fondos transferidos a las regiones. El presupuesto adicional de la Reserva de Eficacia representó el 20% de los alrededor de 1.400 millones de euros con los recursos que contó el departamento dirigido por Corredor durante este año, mientras que los pagos a las comunidades sin justificar alcanzan 628 millones. "Estos 628 millones el Gobierno los irá reduciendo progresivamente cada ejercicio", ha indicado la ministra de vivienda.
El ajuste "más estricto" vendrá en 2011 y se mantendrá hasta el 2012, así el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación será más austero en los dos años que le restan. De este modo el Gobierno ha decidido suprimir la ayuda directa a la entrada (AEDE) para la compra de una vivienda, y en su lugar, permitirá la ampliación de la hipoteca de las VPO hasta el 90% de su valor como contrapartida. Corredor ha minimizado el impacto de esta ayuda directa a la compra, al asegurar que la función de ambas medidas es la misma: reducir la necesidad de ahorro para afrontar el pago de la entrada.
El Ministerio de Vivienda ha anunciado el recorte hacia los promotores, rebajando en el entorno del 40% las subvenciones tendentes a la promoción de vivienda protegida nueva en alquiler, que se acompañará de la supresión de la ayuda a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo. En compensación, la ministra ha resaltado la nueva línea ICO facilitada para la promoción de vivienda protegida en compra y por la gestión urbanizadora de SEPES. A todo esto, Beatriz Corredor también ha anunciado la no renovación de la subvención para las ventanillas únicas tras dos años de funcionamiento, pues el Ejecutivo considera "cumplidos" sus objetivos. Las oficinas de ayudas en las áreas de rehabilitación se mantendrán, que serán completadas con las oficinas técnicas de la Plataforma RHE+.
La titular de Vivienda no ha precisado cuánto prevé ahorrar con estas medidas. En su conjunto, según ha declarado, durante el año pasado se destinaron a estos apartados 507 millones. Su reparto fue así: ayuda directa a la entrada (306 millones), subvenciones a la promoción de VPO nueva en alquiler (149 millones), ayuda a promotores para urbanización de suelo (41 millones) y subvención para ventanillas únicas (21 millones). Corredor ha valorado la apuesta por la rehabilitación y el alquiler, al recordar que en el primer año de ejecución del Plan Estatal logró un 255% de los objetivos en alquiler y del 114% en los de rehabilitación, con lo que restó trascendencia al impacto del ajuste, ya que la VPO de nueva construcción para compra sólo alcanzó el 66% de los objetivos convenidos. "Por tanto, el impacto del ajuste presupuestario será menor, dado que ésta es la línea menos demandada", ha subrayado.
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