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Categoría: Desahucios y embargos

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Publicado el 3 comentarios en Se reactiva sin Sareb el Fondo Social de Viviendas: requisitos para acceder a sus 2.000 ofertas

El Fondo Social de Viviendas (FSV) creado en enero de 2013 como parte del paquete de medidas urgentes aprobado por el Gobierno para ayudar a familias desahuciadas por impago de hipoteca. Se ofrece así, a través de este fondo inmuebles en alquiler a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Desde entonces hasta ahora han sido unas 4.000 familias las que se han beneficiado del programa, que ha cobrado protagonismo estos días por el acuerdo PSOE-Ciudadanos donde también se apuesta por el alquiler social como una de las medidas estrella en materia de vivienda, aunque no se aclara si se mantendrá el FSV como hasta ahora, o cuando se concrete un nuevo Gobierno mutará con nuevo nombre y funciones similares. Así, 10 entidades financieras reactivan ahora el Fondo Social de Viviendas a través de pisos de alquiler social en una nueva web, con el objetivo de que los colectivos más desfavorecidos puedan optar a los más de sus 2.000 inmuebles disponibles.

pisosdebancos valencia - Se reactiva sin Sareb el Fondo Social de Viviendas: requisitos para acceder a sus 2.000 ofertas

En esta nueva reactivación del Fondo Social de Viviendas participan Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell o Bankinter entre otras entidades financieras, creando un fondo pisos de bancos dirigidos tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes, puesto que se trata de un buscador y un canal de tramitación. La iniciativa se suma a otras muchas que a nivel individual o colectivo han desplegado las entidades financieras en materia de vivienda social a lo largo de estos últimos años, entre ellas, la paralización de los desahucios de las familias en riesgo de exclusión social. Hace tres años y medio, el Gobierno puso en marcha un Código de Buenas Prácticas al que se acogieron la mayoría de entidades financieras y que ha permitido atender a 23.640 familias en riesgo de exclusión social, ha reestructurado la hipoteca de 18.620 familiar y permitido la dación en pago en 5.014 ocasiones.

A día de hoy, el Fondo Social de Vivienda (FSV) cuenta todavía con una oferta de más de 2.000 viviendas repartidas por toda la geografía española, respecto a las 5.892 puestas a disposición en un primer momento, y a las que se sumaron otras 3.974, hasta alcanzar un total de 9.866 inmuebles. Aproximadamente quedan vacías un 20% del total. La oferta publicada en la web será accesible para las familias que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007. Según ha informado la Asociación Hipotecaria Española (AHE) en un comunicado, esta iniciativa supone un "nuevo paso" para facilitar y simplificar el acceso a la vivienda de los ciudadanos con problemas habitacionales. La web va dirigida tanto a familias como a entidades sociales u organismos públicos, que colaboren en la gestión y tramitación de las solicitudes.

El Fondo Social de Viviendas está pensado para proporcionar un hogar a todas aquellas personas que hayan sido desalojados de su vivienda habitual a partir del 31 de diciembre de 2007 y estén en situación de especial vulnerabilidad social.

Sareb no participará en el Fondo Social de Vivienda

También por parte del Defensor del Pueblo, el pasado ejercicio continuo las actuaciones para que el Fondo Social de Viviendas (FSV) se integre en la Sociedad de Activos de reestructuración del Sector Bancario (Sareb), pero finalmente, el Ministerio de Economía entiende el "banco malo" como un instrumento financiero, y no como una entidad vinculada a la política de vivienda y menos aún con carácter social. Por ello Sareb, no participará en el Fondo Social de Vivienda. Según Soledad Becerril, Defensor del Pueblo: "La sugerencia de su inclusión en el Fondo se hizo por la importancia de la Sareb en el mercado inmobiliario, en tanto que es propietaria de miles de viviendas en toda España, al mismo nivel que las entidades bancarias firmantes del convenio".

A pesar de la negativa a formar parte del Fondo Social de Vivienda, a lo largo del pasado año Sareb cedió a Cataluña, Aragón, Galicia y País Vasco poco más de 1.000 pisos. Desde entonces se han acelerado las negociaciones con otras comunidades, como Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Madrid, Cantabria y Comunidad Valenciana.

Pero en especial, Sareb busca acuerdos de vivienda social con ayuntamientos de más de 250.000 habitantes. Así, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen ya ha mantenido reuniones con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (reciente convenio para la cesión de 300 viviendas sociales en usufructo), y con la de Barcelona, Ada Colau. Además, miembros de la sociedad han participado en encuentros con el Ayuntamiento de Valladolid. Atendiendo a la Ley de Grandes Ciudades, entre los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes con los que se está negociando se encuentran Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Vigo, Gijón, y Hospitalet de Llobregat.

No obstante, la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, recogió el criterio de Soledad Becerril (Defensor del Pueblo) al establecer un procedimiento de insolvencia independiente para particulares y consumidores de buena fe sobreendeudados. La nueva legislación introduce, por primera vez, el concepto jurídico de deudor de buena fe, figura que recogen ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, por la que los deudores afectados por circunstancias imprevisibles y fuera de su control, pueden acceder a una solución razonable, siempre que se cumplan determinados requisitos. Del mismo modo, los Defensores del Pueblo también pidieron el pasado año al Gobierno que se suprima el actual sistema de adjudicación de vivienda pública por sorteo y establezca baremos. Igualmente, abogan por fortalecer "la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación" y potenciar el alquiler de vivienda pública. Asimismo, defienden la necesidad de ampliar el parque de vivienda en régimen de alquiler y elaborar un "correcto inventario", así como "regular el concepto de vivienda vacía".

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los pisos en alquiler del FSV?

Con todo, el gran problema de esta iniciativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que los requisitos para acceder a una vivienda de este fondo son tan exigentes que durante sus primeros años de vida apenas ha sido aprovechado. Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno decidió flexibilizar las condiciones de acceso para permitir que un mayor número de afectados pueda beneficiarse del parque de viviendas vacías. De esta forma, se incluyó como nuevos colectivos beneficiarios a los mayores de 60 años, matrimonios y parejas de hecho sin hijos y otros deudores no hipotecarios. De este modo, pueden acceder a las viviendas las personas físicas que cumplan las condiciones siguientes:

a) Que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 a favor de alguna de las entidades de crédito firmantes del Convenio por alguna de las siguientes causas:

  1. Desalojo consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario o, conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda, de un préstamo no hipotecario.
  2. Procedimiento de ejecución hipotecaria que hubiese culminado con la adjudicación de la vivienda, pero que no haya dado lugar al desalojo efectivo de la misma.
  3. Dación en pago de un préstamo hipotecario.

b) Que, en el momento de presentación de la solicitud, se encuentre en las circunstancias siguientes:

  1. Que el conjunto de los ingresos del solicitante y, en su caso, de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM anual (14 pagas) de 2015: 7.455,14 euros/año).
  2. Que ni el solicitante ni, en su caso, ninguno de los miembros de su unidad familiar disponga de vivienda en propiedad o de un derecho de usufructo sobre una vivienda.

c) Que se encuentre en alguno de los supuestos de especial vulnerabilidad. A tal fin se entenderán como tales cualquiera de los siguientes:

  1. Unidad familiar con hijos menores de edad.
  2. Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
  3. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
  4. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
  5. Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca cuyo impago produjo la pérdida de la vivienda o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y en la cual alguno de sus miembros se encuentre en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  6. Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
  7. Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía.
  8. Personas mayores de sesenta años.
  9. Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos.
  10. Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores que sean detectadas por parte de las entidades de crédito, los servicios sociales municipales o las organizaciones no gubernamentales encuadradas en la Plataforma del Tercer Sector y debidamente justificadas ante las entidades de crédito, para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

Las solicitudes se priorizarán objetivamente teniendo en cuenta los supuestos que agravan la vulnerabilidad. Se consideran criterios de priorización los siguientes:

  • Concurrencia de supuestos del Convenio. Cuántos más supuestos concurran, mayor prioridad.
  • Número de miembros de la unidad familiar. A mayor número de miembros, mayor prioridad.
  • Ingresos netos de la unidad familiar. A menores ingresos, mayor prioridad.

Otros criterios como el grado de discapacidad, dependencia u otras condiciones que se detallen en los informes presentados por los servicios sociales se considerarán adicionalmente en el proceso de priorización de solicitudes.

¿Cómo se puede realizar una solicitud?

Para facilitar el proceso de solicitud, las entidades bancarias que conforman el FSV han puesto en marcha www.fondosocialdeviviendas.es A través de esta página, los solicitantes pueden consultar todos los alquileres disponibles y seleccionar la que más se ajuste a sus necesidades. Además de a particulares, este proceso está abierto (previa identificación) a entidades sociales u organismos públicos que colaboren en la gestión y tramitación de estos alquileres. En función de la entidad propietaria de la vivienda, el usuario podrá completar el proceso en este mismo website en el apartado Solicitud de vivienda, o bien será redirigido al del banco o caja propietarios de la casa solicitada.

Una vez abierto el plazo para la solicitud de viviendas, las personas interesadas podrán darse de alta en fondosocialdeviviendas.es y cumplimentar tanto sus datos personales y de contacto, como la documentación obligatoria en función de su situación personal. Aunque los expedientes solo serán tramitadas si se han rellenado el 80% de los campos correctamente, a través del Área Privada, los usuarios podrán actualizar sus datos o subir nuevos informes en cualquier momento.

La VPO, más cara que en el "boom inmobiliario" en 4 comunidades

Por increíble que pueda parecer, en 4 comunidades autónomas los precios de la vivienda protegida (VPO) ya superan a los registrados en el año 2007, en pleno auge de la compraventa de viviendas. La primera de ellas, el País Vasco, el precio por m2 de la vivienda de protección ha aumentado en más de 600 euros, pasando de los 1.137 euros el m2 en 2007 a 1.774 en el tercer trimestre de 2015, aunque llegó a situarse en 2.280 el m2 en mayo del pasado año. La siguiente comunidad es Madrid, cuyo precio aumentó un 8,1%, por encima del 5,5% de Galicia y el aumento del 0,39% que se ha producido en Extremadura. El dato en el que se basa este estudio, el precio del m2 de las VPO, tiene el matiz de que puede deberse a que los inmuebles vendidos en la actualidad sean más pequeños. Esto afecta, irremediablemente, a que el precio por m2 aumente.

Además, en 5 comunidades autónomas los precios de las viviendas de protección oficial son más altos que los de la vivienda libre. Estas son Cantabria, Navarra, Murcia, Castilla y León y Extremadura. En el caso de las dos primeras, la diferencia de precio por m2 entre VPO y vivienda libre llegó a ser de más de 200 euros. Baleares y Madrid son las comunidades en las que mayor diferencia existe entre precios de vivienda libre y VPO a favor de las primeras. En Baleares la diferencia es de 973 euros/m2, mientras que en Madrid las viviendas libres son 528 euros/m2 de media más caras que las de VPO.

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Publicado el 1 comentario en Los nueve puntos que plantea el acuerdo PSOE y Ciudadanos en materia de vivienda

Las exigencias de Podemos al PSOE para formar gobierno (algunas insalvables como la vicepresidencia, el referéndum en Cataluña o las importantes diferencias en las políticas económicas han causado que al final las negociaciones entre PSOE y Ciudadanos hayan tenido un desenlace más fácil para un primer acuerdo de legislatura en firme entre estas dos últimas formaciones políticas. Así, el "Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso" que han firmado en el Congreso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos Albert Rivera, también deja entrever medidas que afectan al mercado de la vivienda en España.

pedrosanchez albertribera1 - Los nueve puntos que plantea el acuerdo PSOE y Ciudadanos en materia de vivienda

Se reflejan así medidas contra el sobre-endeudamiento y los desahucios, medidas para fortalecer los derechos de los consumidores, la protección a los deudores hipotecarios, la apuesta por la rehabilitación y las ciudades inteligentes, además de impulsar un potente parque social de pisos en alquiler. A grandes rasgos, estos son los nueve puntos de mayor relevancia en materia de vivienda que plantean ambas formaciones:

  1. Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.
  2. Reformar la Ley Hipotecaria para la eliminación de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.
  3. La puesta en marcha urgente de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la SAREB y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.
  4. Apoyar e impulsar un sistema real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores, con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios por las entidades financieras, o la revisión del régimen jurídico de las cláusulas y préstamos abusivos y eliminación de las cláusulas suelo.
  5. La formación de jueces y magistrados en derecho de consumo.
  6. Potenciar la rehabilitación con la puesta en marcha de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector.
  7. En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.
  8. Desarrollar plenamente el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes.
  9. Recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.

En general, el programa de Gobierno pactado entre el PSOE y Ciudadanos tiene en la economía su eje fundamental. Y en síntesis, supone una propuesta de claro tinte socialdemócrata que liquida la política de recortes practicada en los últimos años ensanchando el Estado de bienestar. Impulsando, al mismo tiempo, una mayor estabilidad en el empleo y el reequilibrio de las relaciones de poder en el seno de las empresas. Además de la regulación de una renta mínima vital para todas aquellas personas sin recursos.

Destacan la cotización reducida (45 euros) para los autónomos y reforma de la Ley de Segunda Oportunidad, las medidas contra el cambio climático: moratoria para el fracking y cierre de las nucleares, la negociación con Europa de los objetivos de déficit y limitación de pagos en efectivo, en materia de empleo: el contrato indefinido, estable y progresivo, el pacto por la ciencia: 10.000 investigadores en cuatro años, reducción del IVA cultural al 10%, el plan de emergencia social y subida del salario mínimo interprofesional, las medidas por la igualdad: permisos de maternidad y paternidad más largos y racionalización de horarios, la reforma de los partidos políticos y del sistema electoral junto a la lucha contra la corrupción y las puertas giratorias, la reforma de la Justicia con la derogación de la prisión permanente revisable, y la reforma urgente de la Constitución que contempla asimismo la supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Fuentes: elconfidencial.com y “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso”

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Publicado el 1 comentario en Las siete propuestas sobre vivienda que Podemos exige al PSOE para formar Gobierno

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya tiene fecha para su debate de investidura. Su intento de ser presidente tendrá lugar el próximo 2 de marzo. Así lo ha acordado con el presidente del Congreso, Patxi López. Si en las dos semanas y media que restan hasta la fecha, el líder socialista consigue apoyos suficientes y se cumplen todos los plazos, el día 3 miércoles pronunciará su discurso y se convertiría en presidente del Gobierno el sábado 5 de marzo en segunda votación. De este modo, el líder socialista puede disponer de las 4 semanas que pidió para poder negociar los pactos necesarios para su investidura. Unos pactos que se complican por momentos. Sus alternativas pasan por seguir las directrices que le marcan sus barones y apostarlo todo a un pacto con Ciudadanos logrando la bendición de PP o de Podemos. O alcanzar un acuerdo con Podemos con el beneplácito de Ciudadanos, aunque muchos analistas ya hablan de unas nuevas elecciones.

pedrosanchez pabloiglesias - Las siete propuestas sobre vivienda que Podemos exige al PSOE para formar Gobierno

El siguiente movimiento lo ha realizado Podemos, el partido de Pablo Iglesias (junto con En Comú Podem y En Marea), que ha lanzado oficialmente una propuesta de pacto para formar una coalición "de carácter progresista" al PSOE, Izquierda Unida y Compromís. El documento de 98 páginas, se trata de un intento de acercamiento a la vez que supone todo un reto político para un PSOE que camina hacia la desesperación. Podemos expone en el documento las medidas políticas que piensan se deberían poner en marcha de forma urgente, que supondrán las "Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías". En el documento plantea aspectos importantes como el referéndum en Cataluña, los 15 ministerios, la Vicepresidencia, política económica y fiscal, empleo, pensiones o educación, pero nosotros nos pararemos en las 7 medidas en materia de vivienda que Podemos exige al PSOE para formar Gobierno. La principal, será que el "Gobierno del Cambio" asumirá como una de sus prioridades la garantía efectiva del derecho a una vivienda digna, y con este fin:

  1. Promoverá con carácter de urgencia una ley orgánica de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago del alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
  2. Establecerá el derecho a la dación en pago. Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado. El derecho a la dación en pago tendrá carácter retroactivo.
  3. Garantizará el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada. Se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad. Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10 % de los ingresos mensuales del hogar. Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores ni exigírsela al Estado.
  4. Asegurará el alquiler estable y asequible. A través de una reforma de la Ley 29/ 1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, se facilitará un alquiler estable y asequible. Se regulará el alquiler para proteger a la parte en general más débil en los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Se introducirán mecanismos para asegurar la estabilidad, de modo que se alargue el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de la vivienda habitual hasta los cinco años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (es decir, propietario de al menos diez viviendas), se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler. Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
  5. Modificará el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario.
  6. Regulará un procedimiento simplificado para que, en el caso de los hogares que cumplan ciertos criterios sociales (por ejemplo, todos sus miembros en paro sin ingresos alternativos, o ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), se pueda reestructurar la deuda hipotecaria, de forma que el valor facial se acerque al valor de mercado. Esto se articulará con un régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas que realmente las libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.
  7. El Gobierno aprobará un Plan Nacional de Transición Energética hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de fuentes de energía renovables. Sus dos ejes fundamentales serán un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (cuya columna vertebral será la rehabilitación energética de edificios, principalmente de viviendas) y un Plan Nacional de Energías Renovables que incorporará todos los eslabones de la cadena: I+D, fabricación, instalación y generación.

Fuente: Podemos "Bases políticas para un gobierno estable y con garantías"

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Publicado el Deja un comentario para Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas bajan un 12,4% en el tercer trimestre

El número de procedimientos de ejecución hipotecaria sobre viviendas habituales por impago de sus cuotas hipotecarias, uno de los más dolorosos efectos producidos por la crisis económica, están remitiendo a tenor de la Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, en el tercer trimestre del año sumaron 5.959, cifra un 12,4% inferior a la del mismo periodo de 2014 y hasta un 31,3% menos que en el trimestre anterior. Este procedimiento es el paso previo al desahucio de la vivienda, aunque no todos acaban con el desalojo de sus propietarios.

ejecucioneshipotecarias 3trim2015 - Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas bajan un 12,4% en el tercer trimestre

Las ejecuciones hipotecarias sobre pisos y casas concentran el 59,7% del total de procedimientos en el tercer trimestre de 2015. El 30,7% son viviendas habituales de personas físicas (7.590 en el tercer trimestre, -13,8% interanual). El 20,6% corresponde a casas de personas jurídicas y el 8,4% a otras viviendas de personas físicas. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) suponen el 31,7% del total. Por último, las ejecuciones hipotecarias sobre fincas rústicas se situaron en 1.059 durante el tercer trimestre, con un retroceso interanual del 3,7% y un descenso trimestral del 27,2%.

Teniendo como base la cifra absoluta de casas afectadas (habituales y no habituales), el 13,9% de las ejecuciones se realizan sobre viviendas de obra nueva (1.613) y el 86,1% sobre viviendas usadas (9.971). De este modo, el número de procesos sobre pisos y casas nuevas baja un 27,8% con respecto a 2014 y sobre viviendas de segunda mano se reduce un 13,3%. Según el INE, tomando como referencia el total de viviendas familiares existentes en España en el tercer trimestre (18.378.100), el 0,03% inició una ejecución hipotecaria.

De este modo, la cara más dramática de la crisis representada por las ejecuciones y los desahucios, se va moderando, al tiempo que ha se termina de estabilizar la recuperación económica del país y los tipos de interés hipotecarios caen hasta mínimos históricos (noviembre ha cerrado en el 0,079%), rebajando como nunca las cuotas mensuales de las hipotecas variables. Los bancos tratan de llegar a acuerdos con los propietarios más vulnerables. La presión social y las nuevas políticas antidesahucios de algunos ayuntamientos, como el de Madrid, también han contribuido al descenso.

El 20,3% de las ejecuciones: sobre hipotecas constituidas en el año 2007

Los propietarios más perjudicados son los que contrataron el préstamo entre 2005 y 2008, periodo que concentra el 59,8% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre. El 20,3% corresponde a hipotecas sobre viviendas constituidas en el año 2007, el 17,2% en 2006 y el 11,3% en 2008. De los préstamos firmados en 2007, el 0,19% ha iniciado una ejecución hipotecaria este trimestre. Algo que, "debería servir de recuerdo para mantener el sentido común ahora que parece que el sector se encamina hacia la normalización".

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas en el tercer trimestre, con un total de 2.984, seguida de Comunidad Valenciana (2.339) y Cataluña (2.022). En el lado opuesto se situaron Navarra y País Vasco, con 63 ejecuciones cada una y Asturias con 67 fueron las regiones menos afectadas. Sobre el total de fincas,

Andalucía también encabezó el número total de ejecuciones, con 5.019, seguida de Comunidad Valenciana (3.718) y Cataluña (3.207). A la cola se situaron Navarra (99) y La Rioja y Cantabria (112).

Atendiendo a las ejecuciones hipotecarias de viviendas, el 0,13% de las hipotecas constituidas sobre viviendas en el periodo 2003-2014 han iniciado una ejecución hipotecaria en el tercer trimestre de 2015.

Fuentes: Estadística Ejecuciones Hipotecarias: Tercer trimestre de 2015 (.pdf) - Imagen: porcentual.es

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Publicado el Deja un comentario para Los desahucios frenan en el segundo trimestre y las ejecuciones hipotecarias caen un 18%

El número total de desahucios (lanzamientos) practicados en el segundo trimestre del año ascendió a 18.739, solo 10 menos que los contabilizados en el mismo periodo de 2014, aunque se redujo casi un 3% la cifra de los solicitados en los juzgados, según el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

desahucios 2trimes cgpj - Los desahucios frenan en el segundo trimestre y las ejecuciones hipotecarias caen un 18%

Más de la mitad de los lanzamientos (que incluyen todo tipo de inmuebles, incluidas viviendas), el 52,6%, se derivó de procedimientos regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos (alquileres); mientras que el 43,3% se debió a ejecuciones hipotecarias y el 4,1 % a otras causas.

No obstante, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 2,7% hasta junio, mientras que los acordados por impagos del alquiler descendieron un 1,2% en términos interanuales. Por comunidades autónomas, el 23% de los desahucios practicados se produjo en Cataluña, el 16,4% en Andalucía, el 14,3% en la Comunidad Valenciana y el 10,6% en Madrid.

Andalucía ha sido también en el segundo trimestre la comunidad con mayor porcentaje de desahucios consecuencia de ejecuciones hipotecarias, con el 20% del total nacional, seguida por la Comunidad Valenciana (18,6%) y Cataluña (18,4%). Respecto a los desahucios realizados sobre alquileres, Cataluña es la que más lanzamientos realiza derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos), con el 27%, seguida por Madrid (14,3%) y Andalucía (13,2%).

El informe del Consejo General del Poder Judicial incluye el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, pero el CGPJ advierte de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos, y aclara que el hecho de que sea solicitado no supone que se haya ejecutado. Con estas premisas, la estadística refleja que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre ha sido de 18.378, un 2,9% menos que en el mismo periodo de 2014. De ellos, 11.948 terminaron con cumplimiento positivo, un 1,9% menos que en 2014.

Bajan las ejecuciones hipotecarias, los concursos de acreedores y los despidos

En total, en el segundo trimestre se iniciaron 17.414 ejecuciones hipotecarias, lo que se traduce en una caída del 18%, siendo Andalucía la comunidad con la cifra más elevada (4.222, el 24,2% del total), seguida por la Comunidad Valenciana (3.321, el 19,1%), Cataluña (2.615, el 15%) y Madrid (1.685, el 9,7%).

Asimismo, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante el segundo trimestre del año descendieron un 25,3% interanual los concursos de acreedores presentados, hasta los 1.593, el dato más bajo de los registrados desde el tercer trimestre de 2010. Cataluña, con 312, es el territorio con más concursos presentados durante el segundo trimestre del año, lo que supone el 19,6% del total nacional. Le siguen Madrid, con 263 procedimientos (16,5%), y la comunidad Valenciana, con 243 (15,3%).

Otros de los datos que ofrece el CGPJ arrojan una reducción de las demandas por despido presentadas en los Juzgados de los Social durante el segundo trimestre del 9%, hasta las 26.417. Se trata también del octavo trimestre consecutivo de descenso en este tipo de acciones judiciales. Por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo el territorio con mayor número de demandas por despido, con 4.948 en este periodo (el 18,7% del total), seguida de Cataluña, con 4.585 (17,4%) y Andalucía, con 4.125 (15,6%).

Fuente: elmundo.es

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Publicado el Deja un comentario para Las ejecuciones hipotecarias no ceden en la costa mediterránea: 270.143 desde 2011

mapa ejecucioneshipotecarias 300x236 - Las ejecuciones hipotecarias no ceden en la costa mediterránea: 270.143 desde 2011Las ejecuciones hipotecarias resueltas desde octubre de 2011 hasta marzo de 2015 suman 270.143, según datos enviados al Parlamento a raíz de una consulta al Ejecutivo por el número de ejecuciones hipotecarias resueltas desde la llegada del PP a La Moncloa. La información se basa en los datos del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que facilitó unas cifras distintas de las suministradas hasta ahora por el propio CGPJ. La información, dice el Gobierno, "computa aquellos procedimientos que, tramitados en los juzgados de Primera Instancia, permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor".

De todas estas ejecuciones, una parte no concretada acaba en desahucios. Entre 2012 y 2014, los tres ejercicios completos, las ejecuciones subieron un 9%, con especial relevancia en viviendas del litoral mediterráneo: al frente, Cataluña y Barcelona, donde más casos existen y donde más crecen. Los desahucios y ejecuciones hipotecarias sobre viviendas aumentaron un 7,4% en 2014. En el primer trimestre de 2015, los juzgados ejecutaron 22.480 hipotecas por impago, un 33% más que en el trimestre final de 2011.

Los expertos consultados señalan que los datos ofrecidos recogen todo tipo de ejecuciones, por lo que no se pueden relacionar con el número de desahucios. Sin embargo, también sostienen que el incremento de las ejecuciones demuestra que la crisis sigue muy presente para una parte de la sociedad, como apunta Manuel Almenar, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra y exvocal del CGPJ.

Según Manuel Almenar, los casos que se están viendo ahora proceden de los problemas surgidos en 2013 y 2014. "En ocasiones, son personas que han ido aguantando la crisis como han podido, pagando algunas letras de la hipoteca, pero la falta de empleo les ha dejado sin capacidad para hacer frente a más cuotas y han entrado en proceso de embargo".

La tramitación judicial tarda año y medio. Por esta razón, los expertos no creen que estas cifras disminuyan significativamente, al menos hasta mediados de 2016. Otro factor que ha elevado las ejecuciones es, según este jurista, que los que compraron casas durante la burbuja son conscientes de que valen menos que su deuda hipotecaria. "Ellos no están interesados en quedárselas, pero el banco tampoco. Pierden todos..., el problema es que los deudores responden con todo su patrimonio". En estas ocasiones, dice Almenar, los bancos son proclives a ofrecer rebajas en la cuota para que el cliente no entre en morosidad.

Segundas residencias

Los datos enviados al Gobierno reflejan del impacto de la crisis. En todo el periodo analizado, desde octubre de 2011 a marzo de 2015, Barcelona es la provincia con más casos, 32.289, y Cataluña la comunidad con más problemas: 52.968. Además, entre 2012 y 2014, la cifra sube un 26% en Barcelona, la provincia con más viviendas, y también con más problemas de impago.

La segunda comunidad con más ejecuciones es la Valenciana, con 46.309, pero tiene una caída del 3%. Lo mismo sucede en Madrid, con 29.193 ejecuciones pero descendiendo un 16% entre 2012 y 2014. Fuentes judiciales añaden que cada vez hay más casos en la Comunidad Valenciana y Andalucía que, en muchos casos, son segundas residencias en el litoral mediterráneo que los dueños pierden por impago.

ejecuciones hipotecas2011 2015 - Las ejecuciones hipotecarias no ceden en la costa mediterránea: 270.143 desde 2011

Los datos que suele ofrecer el CGPJ reflejan menos ejecuciones presupuestarias en el inicio de 2015 (un 16,6% menos), que en el primer trimestre de 2014. No obstante, admiten que los lanzamientos se elevan un 2,1% respecto a 2014. Según este organismo, el 52,9% de los lanzamientos en 2014 fueron por alquileres, no por hipotecas.

En 2014, la banca se quedó con 36.519 pisos y casas por impago, un 5,6% más, según el Banco de España. Desde la patronal bancaria, AEB, se afirma que "se ha ayudado a más de 500.000 clientes a refinanciar sus préstamos hipotecarios y acomodarlos a su capacidad de pago". Y sobre los desahucios, defiende que "los bancos de la AEB no dejan sin techo a ninguna familia con problemas económicos graves".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), lo niega. "No todos los bancos han parado los desahucios. La prueba es que en julio hemos detenido 19 desalojos promovidos por bancos". Pese a todo, la PAH matiza: "Han bajado mucho los casos de desahucios bancarios y cuando acudimos, siempre llegamos a acuerdos".

La gran banca toma medidas

Entre los cuatro grande, el Banco Santander es el único dice que no ha desalojado a nadie desde 2012. Ha refinanciado 75.000 hipotecas, ha acordado 8.433 daciones en pago y ha suspendido 3.671 lanzamientos. CaixaBank afirma haber suspendido 7.201 lanzamientos, ha concedido 22.000 daciones y que tiene 30.000 viviendas en alquiler social.

El BBVA asegura que ha refinanciado a 66.166 clientes, ha hecho 11.684 daciones en pago y 1.558 familias han recibido diferentes soluciones, como condonaciones de deuda. Bankia dice haber evitado 122.493 ejecuciones hipotecarias y haber realizado 14.346 daciones en pago.

David Card, catedrático de la Universidad de Berkeley (California, EE UU), sostiene que la principal diferencia entre la crisis inmobiliaria de su país y la de España es que en éste país "las familias, y no los bancos, absorben todo el riesgo porque aunque vendas la casa, sigues endeudado".

Fuente: elpais.com

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Publicado el 1 comentario en La banca acelera la entrega de pisos en alquiler para desahuciados en el 2º trimestre

Dos años y medio después de su creación, la banca ha alquilado al menos 4.215 casas del Fondo Social de Viviendas (FSV), según datos proporcionados por las entidades financieras. Esa cantidad de adjudicaciones significa que se ha cubierto el 71,5% de la aportación inicial de 5.891 viviendas y un salto respecto al cierre de 2014, cuando el Ministerio de Economía contabilizaba 1.767 contratos. Parece que los bancos por fin ha dado impulso al fondo este año. Así, según un estudio realizado por El País tras consultar con 19 entidades (de las 27 entidades participantes del FSV) se está acelerando la entrega de pisos en alquiler para desahuciados en el segundo trimestre del año. Los últimos datos que maneja el Ministerio de Economía indican unas 3.000, aunque corresponden al primer trimestre.

fondosocialdevivienda - La banca acelera la entrega de pisos en alquiler para desahuciados en el 2º trimestre

El Fondo Social de Viviendas (FSV) se creó en enero de 2013 a raíz de la ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que instaba al Gobierno a impulsar esa bolsa de casas para familias que hubieran sido desahuciadas de su hogar. Se trataba de un fondo de fondos, de modo que las entidades ponían a disposición de los clientes 5.891 viviendas cuya gestión asumían directamente. No obstante, hace apenas unas semanas Fomento reconoció que dos años después de su puesta en marcha, había 4.000 pisos del fondo aún vacíos a la espera de adjudicación.

El primer año se firmaron 695 contratos y la cifra llegó a 1.767 el siguiente. Pero la actividad se ha acelerado en 2015 y ya se han colocado 4.215 pisos alquilados hasta junio, según datos de las entidades, con lo que se cubre el 71,5% de la aportación al fondo (5.891 pisos). La banca lo atribuye a la flexibilización de las condiciones para acceder a estas casas. Otras fuentes añaden que el ascenso de partidos de izquierdas también ha propiciado el despegue del fondo.

Los resultados del primer año fueron exiguos: solo se formalizaron 695 contratos a pesar de que hubo 67.189 desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tampoco el año pasado el FVS ganó fuelle, puesto que se cerraron 1.767 contratos. Durante el primer trimestre de 2014 en España creció el número de ejecuciones hipotecarias un 13,9%, mientras que el número de desahucios de viviendas bajó un 5%.

Cambio de condiciones

Sin embargo, el grado de cumplimiento va por barrios y es muy irregular. Casi la mitad de las pisos de entidades bancarias alquiladas corresponden a CaixaBank, que ha duplicado la aportación inicial al alquilar 2.189 viviendas, frente a las 1.085 comprometidas al comienzo. También Banco Sabadell ha ampliado su cupo inicial de 260 a 400 casas para "adecuarlo a la cuota de mercado", según fuentes de la entidad. En el otro extremo están Banco Popular y Unicaja y CEISS, que no llegan ni al 10% de lo comprometido. Las entidades que más viviendas vacías tienen en cartera sostienen que apenas les han llegado solicitudes. El Popular, por ejemplo, asegura que no efectúa desahucios forzosos.

Ante el mal resultado resultado del Fondo Social de Viviendas, la comisión de seguimiento decidió modificar el convenio. Antes, por ejemplo, el beneficiario debía haber sido desahuciado de su casa. Ahora pueden incorporarse al fondo casas de bancos procedentes de daciones en pago, de modo que sus residentes pueden seguir en ellas pagando un alquiler social, de entre 150 y 400 euros. Además, se abrió el fondo a personas en riesgo de exclusión previo informe de los Servicios Sociales. "Esa medida fue muy interesante, puesto que suponía que un afectado no ya tiene que abandonar su inmueble para acceder al fondo", explica Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales.

Las restricciones del FSV hicieron que varias entidades prefirieran ofrecer alquileres sociales que no han pasado al fondo. Bankia, que ha alquilado un tercio del millar de casas que puso en el fondo, afirma que ha firmado 885 arrendamientos a precios asequibles, y el Santander, que ha arrendado algo más de la mitad, tiene 258 contratos sociales firmados.

Viviendas problemáticas

Según el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, "Si el fondo no ha funcionado como debiera ha sido por culpa de todos. Algunos bancos aportaron pisos de una calidad ínfima que debían ser rehabilitados. ¿Y quién asume el coste de la reforma? Y la Administración tampoco ha sabido movilizar las viviendas".

Otro factor es la ubicación de la vivienda, puesto que fuentes del sector bancario advierten de que algunas casas están mal localizadas. “Deben estar en zonas con una demanda acreditada y con cédula de habitabilidad”, dice Carme Trilla, exsecretaria de Vivienda de la Generalitat y presidenta de la gestora de las entidades sociales catalanas. Trilla asegura que las medidas sujetas a una "cierta voluntariedad" de la banca solo funcionan dependiendo del compromiso de las entidades y del contacto que tengan con los servicios sociales de los municipios. "No puede ser que haya todavía pisos vacíos y familias que los necesitan".

Fuente: elpais.com

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Publicado el 6 comentarios en Fracaso del Fondo Social de Viviendas: Madrid, Carmena, desahucios y pisos vacíos

stop desahucios2 300x217 - Fracaso del Fondo Social de Viviendas: Madrid, Carmena, desahucios y pisos vacíosDos años y medio de vida, apenas un 30% de las viviendas ocupadas y la sensación de que lo que parecía una medida social de gran necesidad ha acabado siendo un fracaso. Así se puede resumir la experiencia del Fondo Social de Viviendas, convenio que el 17 de enero de 2013 firmaron los Ministerios de Economía y Servicios Sociales con las principales entidades bancarias de España, con el que el Gobierno trató de que el parqué de viviendas vacías que las entidades tenían en cartera fueran habitadas, en régimen de alquiler, por familias que han perdido su casa y que se encuentran en riesgo de exclusión social.

El ministerio de Economía, que gestiona en parque de viviendas para realojar a las familias afectadas por los desahucios, calculó que se otorgarían más de 6.000 viviendas para estos fines. Pero dos años después del anuncio, el ministerio reconoce que hay 4.000 pisos que todavía siguen vacíos, a la espera de adjudicación.

Exactamente, los bancos aportaron un 5.891 viviendas de las que, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía, sólo 1.767 están alquiladas. El número crece hasta las 2.000 familias si se tienen en cuenta las que ya tienen asignada una vivienda y no han formalizado el contrato pero aún así, el balance sigue siendo "pobre" si se compara con los miles de desahucios que se han producido en los últimos años, tal y como reconoció la pasada semana el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán pide "mayor colaboración" de las administraciones y señala que la situación "es un poco frustrante". Imagínense para los desahuciados.

Los requisitos para poderse acoger al Fondo Social de Vivienda son tan grandes que muy pocas familias las están solicitando. Para empezar, está destinado a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Deben reunir una serie de requisitos económicos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).

Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, las víctimas de violencia de género, y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a nuevas medidas, dando cobertura por ejemplo a los mayores que avalaron a sus hijos y nietos. También se recogió esta opción para las daciones en pago. La introducción de esas medidas ha sido clave para que el número de estos alquileres se gestionara con algo de mayor éxito en 2014.

Una situación contradictoria y algo surrealista cuando ocho años después del estallido de la burbuja, España sigue de resaca con cientos de miles de viviendas que permanecen vacías. Según Julio Gil, presidente de la Fundación de Estudios Inmobiliarios (FEI) en España "Hay en torno a 700.000 casas nuevas sin vender. Esto indica una sobreoferta se mueve entre las 525.000 y 550.000 viviendas" Más de la mitad está en manos de las entidades financieras y de la Sareb o "banco malo". Otros estudios, como el realizado la Asociación de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), el stock se ha reducido, cerrando el pasado año con un total de 439.617 pisos y casas nuevas en venta y alquiler, hasta el punto que en términos de mercado "técnicamente", en 25 provincias la construcción de viviendas se podría reactivar.

Tanto en Madrid y Barcelona, las dos grandes capitales de España, están abanderando de la mano de sus recién estrenadas alcaldesas cambios en las estructuras políticas para mejorar las cosas a nivel social y particularmente en el drama asociado a los desahucios de viviendas. Tanto para Manuela Carmena y como para Ada Colau, no será fácil. Por lo pronto, tras los acercamiento iniciales con la banca llenos de cordialidad y buenas intenciones por ambas partes, aún no se ha concretado nada. "El objetivo es pedir a la banca que colaboren para evitar los desahucios si hay problemas con las cuentas hipotecarias", explicó Carmena. Su intención es firmar un protocolo para la creación de una oficina para evitar los lanzamientos y que haya un interlocutor por cada uno de los bancos en esa oficina. En principio los bancos sugieren, optimizar el uso del Fondo Social de Viviendas para resolver esta cuestión, aunque están abiertos a colaborar para encontrar soluciones.

El 60% de desahucios en Madrid, de pisos públicos vendidos a fondos de inversión

Seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas a fondos de inversión en los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Así consta en un informe en el que el Ministerio de Hacienda desmenuza y critica el programa electoral de la nueva alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), que se ha comprometido precisamente a frenar los desahucios y a ofrecer una vivienda pública a los afectados. De los 111 casos contabilizados por Hacienda entre febrero y junio de este año, 65 fueron en viviendas vendidas por la Administración. El controvertido informe del Ministerio de Hacienda, censura las políticas comprometidas por el nuevo Gobierno municipal. Sin embargo, de su profusión de cifras y análisis se desprenden consecuencias preocupantes sobre la gestión llevada a cabo al frente del Ayuntamiento y de la Comunidad por el PP en los últimos años.

Hacienda recuerda que el Ayuntamiento sólo puede frenar un desahucio si lo ha promovido él mismo en viviendas de su propiedad. En caso de pisos hipotecados con bancos o alquilados a particulares, "no ostenta posibilidad alguna de actuación". Carmena es consciente de ello: “Los jueces son los que dan la orden de que alguien salga de la vivienda; se trata de que, cuando el juez tenga que acordar el lanzamiento, que a veces se producirá, ya esté resuelta una alternativa habitacional para que esas personas no se queden en la calle".

Manuela Carmena avanzó el pasado viernes que el Ayuntamiento ya está estudiando resolver o bien por la vía judicial o bien por la vía de acuerdos la venta de vivienda protegida de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a "fondos buite".  Ya en el programa electoral de Ahora Madrid, partido instrumental que encabezó Manuela Carmena los pasados comicios, se recogía como uno de los compromisos "paralizar la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y procurar su reversión".

Carmena: "No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda"

Un sencillo tuit de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha bastado para tranquilizar a todas los propietarios que tienen un piso alquilado, y ha explicado que, en lugar de paralizar los desahucios, el plan es "ofrecer alternativas a quien no pueda pagar", con lo que se evitaría generar una situación de indefensión a los particulares que cuentan con un inquilino que no abona la renta mensual.

Con este mensaje, la nueva alcaldesa de Madrid matiza por primera vez desde su nombramiento el pasado 13 de junio una de las propuestas más controvertidas de su programa electoral, donde se afirmaba que pondría "todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo)”.

La nueva propuesta Manuela Carmena sigue la línea marcada por Ada Colau y Barcelona en Comú, que según su programa electoral puesta por "garantizar apoyo, atención y seguimiento a los pequeños propietarios que se vean afectados por impagos de alquiler" para lo que "se estudiarán los motivos de impago" y, en el caso de no poder detener el desahucio, "se garantizará un realojo adecuado".

La idea de Carmena pasa por crear una Oficina de Mediación dentro del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Estos mediadores públicos elaborarán un estudio de la capacidad económica de los deudores que se cruzará con otro informe sobre la información social y el riesgo de vulnerabilidad de esas familias. Algo parecido a la "oficina antidesahucios" creada por la reciente y novedosa ley de vivienda del País Vasco, que además convierte el alquiler social en un derecho para sus ciudadanos.

 598.747 ejecuciones hipotecarias desde que empezó la crisis

Finalmente, hoy hemos conocido que entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas hoy en un informe presentado por Amnistía Internacional. Los datos, sin embargo, no especifican si se trata de una vivienda o un local comercial. En cuanto a domicilios principales en nuestro país, en base a datos del Banco de España, que entre 2012 y junio de 2014 se produjeron 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual.

Así, Amnistía Internacional denuncia que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en nuestro país según los últimos datos del INE en 2011. En este sentido la organización reclama en su estudio el elevado número de viviendas vacías de las que dispone España, 3,44 millones según el censo de 2011, son un "recurso potencialmente utilizable a la hora de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución".

Este es un problema que, según denuncia Amnistía Internacional en su informe, está provocado "por la desprotección que sufre el individuo por parte de las instituciones públicas". También se señala que, a pesar de que desde 2012 el Gobierno ha aprobado una serie de medidas dirigidas a mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su casa, éstas "no son suficientes para cumplir con las obligaciones que exige el derecho internacional en cuanto a derechos humanos".

El informe destaca también que en España hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública. Sin embargo, el porcentaje que supone dentro del mercado inmobiliario es sólo del 1,1% frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido o el 17% de Francia. Sin embargo, "las autoridades de áreas muy afectadas por los desahucios como Madrid o Cataluña han seguido vendiendo parte de su parque público de viviendas a sociedades de inversión, reduciéndolo aún más".

Desde Amnistía Internacional reclaman que "las autoridades españolas no han habilitado mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios". Además, estiman que el Estado debería establecer un mecanismo preceptivo que vigile la negociación entre bancos y familias para garantizar que el desahucio es realmente el único recurso posible una vez evaluadas todas las alternativas.

Fuentes: elpais.com y elmundo.es

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Publicado el Deja un comentario para Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas bajan un 6,9% en el primer trimestre

ejecucioneshipotecarias2 300x200 - Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas bajan un 6,9% en el primer trimestreEl número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 8.802 en el primer trimestre de 2015, una cifra que es un 6,9% inferior a la del mismo periodo de 2014, según la estadística de ejecuciones hipotecarias del Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos intertrimestrales (primer trimestre de 2015 sobre el cuarto trimestre de 2014), el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se redujo un 0,2%.

En el computo total de todos los tipos de inmuebles, entre enero y marzo se iniciaron 30.952 ejecuciones hipotecarias, un 5,2% menos que en el mismo periodo de 2014, pero un 0,9% más que en el último trimestre de 2014. De ellas, 29.591 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 1.361 a fincas rústicas.

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas descendieron un 4,9% en relación al primer trimestre de 2014 y aumentaron un 0,8% respecto al trimestre anterior. Dentro de las fincas urbanas, 17.786 ejecuciones correspondieron a viviendas, el 57,5% del total de ejecuciones y cifra un 6,5% inferior a la del mismo periodo de 2014.

Dentro de las viviendas, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas físicas sumaron 11.250 en el primer trimestre, lo que supone una caída del 7,1% interanual, de las que 8.802 (el 78,2% del total) son viviendas habituales de personas físicas y 2.448 no son residencia habitual de los propietarios. Estas últimas bajaron un 7,7% respecto al primer trimestre de 2014. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas totalizaron 6.536 hasta marzo, un 5,5% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Según el INE, sólo el 0,048% de las viviendas familiares existentes en España (18.363.500) iniciaron una ejecución hipotecaria entre enero y marzo.

La estadística revela además que el 21,1% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en 2007, el 15,2% a hipotecas suscritas en 2006 y el 11,8% a hipotecas firmadas en 2008. Ampliando un poco más el espectro, a los años 2005-2008, se obtiene que este periodo concentra el 58,9% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en los tres primeros meses de este año.

ejecuciones ine1trim2015 - Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas bajan un 6,9% en el primer trimestre

Más ejecuciones en viviendas usadas

Del total de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas registradas en el primer trimestre, más de ocho de cada 10 (15.490) afectaron a casas y pisos de segunda mano, con un aumento interanual del 0,6%. Las ejecuciones sobre viviendas nuevas sumaron 2.296, un 36,6% menos respecto al mismo trimestre de 2014.

En el primer trimestre, las ejecuciones hipotecarias sobre solares ascendieron a 1.489, con un descenso interanual del 2,1% y un avance trimestral del 15,9%. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre locales, garajes, oficinas, trasteros, naves y otros edificios de naturaleza urbana alcanzaron las 10.316, un 2,5% menos que en el primer trimestre del año pasado y un 4,6% más que en el trimestre anterior. Por último, las ejecuciones hipotecarias sobre fincas rústicas se situaron en 1.361 durante el primer trimestre, con un retroceso interanual del 10,6% y un crecimiento trimestral del 2,9%.

Andalucía, la comunidad más afectada

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas en el primer trimestre, con un total de 5.058, seguida de Cataluña (3.584) y Comunidad Valenciana (3.042). En el lado opuesto, La Rioja y País Vasco (ambas con 70) y Cantabria y Comunidad Foral de Navarra (ambas con 98), registran el menor número de ejecuciones.

Sobre el total de fincas, Andalucía también encabezó el número de ejecuciones hipotecarias, con 8.948, seguida de Cataluña (5.168) y Comunidad Valenciana (4.852). A la cola se situaron Cantabria (151), País Vasco (156) y La Rioja (158).

La ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca. Conviene aclarar que no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios y que un procedimiento judicial puede dar lugar a varias certificaciones por ejecución de hipoteca.

Los desahucios repuntan un 2,1%

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), conocidos poco después de la estadística de ejecuciones del INE, los desahucios practicados en el primer trimestre de 2015 alcanzaron los 18.869, lo que supone un repunte del 2,1% respecto al mismo periodo del 2014.

Más de la mitad de estos lanzamientos (que afectan a distintos tipos de inmuebles, no sólo a viviendas y, en el caso de éstas, sólo a la vivienda habitual) derivó de impagos de alquiler (52,6%); el 43,3%, de ejecuciones hipotecarias y el 4,1% restante obedeció a otras causas. Los desahucios relacionados con el alquiler disminuyeron un 0,3% en términos interanuales, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 6%.

Casi uno de cada cuatro lanzamientos (desahucios) practicados en el primer trimestre del año se produjo en Cataluña, que con 4.420 sumó el 23,4% del total. Le siguen Andalucía, con 2.857 (15,1%); la Comunidad Valenciana, con 2.793 (14,8%); y Madrid, con 2.253 (11,9%)

Atendiendo únicamente a los casos de desahucio por impago de alquiler, también fue Cataluña la más representativa con un porcentaje del 27,4% sobre el total, mientras que la Comunidad Valenciana ocupó el primer lugar respecto a los que son consecuencia de ejecuciones hipotecarias, con el 20,6%.

Fuentes: Europapress / INE - Ejecuciones Hipotecarias (Primer Trimestre)

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Publicado el 1 comentario en El Constitucional declara ilegal la expropiación de viviendas vacías en Andalucía

tribunalconstitucional 300x180 - El Constitucional declara ilegal la expropiación de viviendas vacías en AndalucíaEl Tribunal Constitucional ha estimado, de forma parcial, el recurso del Gobierno contra el decreto ley antidesahucios en Andalucía y considera ilegal la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos, que era una de las medidas aprobadas por el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, al considerar que la expropiación de viviendas vacías a los bancos invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica". Además, apunta que la norma regula aspectos relativos al derecho a la propiedad, una materia que está vedada al decreto y "reservado a la ley formal".

La sentencia explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad: proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito. Y entiende que el decreto-ley andaluz "obstaculiza", con las expropiaciones, la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. La Junta de Andalucía dictó con posterioridad al recurso de este decreto, una Ley de Vivienda que derogó en parte la primera norma. Dicha ley fue también recurrida ante el Constitucional por el Gobierno y está pendiente de resolución por el Pleno.

La sentencia, por otra parte, estima la pretensión del Gobierno y declara inconstitucionales y nulos el artículo que impone al propietario de una vivienda "el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico" porque afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda.

La urgencia, justificada

La sentencia cree que no puede rechazarse "como abusiva o arbitraria la situación de extraordinaria y urgente necesidad" que el gobierno autonómico, para legislar de urgencia (cuya constitucionalidad se cuestiona en este proceso) "ha apreciado en la actual crisis económica y en sus consecuencias sobre la vivienda". Así las cosas, cree que el Gobierno andaluz" ha cumplido con la exigencia de presentar explícita y razonadamente la situación extraordinaria que le habilita a usar los poderes de legislación de urgencia atribuidos estatutariamente".

De ese modo, respalda que se emplee el Decreto-ley como "un instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que reclaman una acción legislativa inmediata, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes".

La Junta de Andalucía presentó en abril de 2013 su decreto ley para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. El texto contempla la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusión; y el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.

Fuente: europapress.com

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