Tras conocer los datos de los desahucios en 2014, que tanto para el INE como para el Poder Judicial han aumentado, nos preguntamos qué fue de los cientos de familias afectadas por la venta de vivienda pública a fondos privados de inversión en la Comunidad de Madrid. Muchas de estas familias son ya parte de la lamentable estadística de desahucios, o en el mejor de los casos, apenas pueden soportar el esfuerzo para asumir las condiciones de los nuevos propietarios. Mientras en los juzgados siguen abiertas las denuncias sobre la legalidad en los procesos de venta de estas viviendas sociales, que a su vez pueden llevar asociados delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
En 2013, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la venta de un tercio de sus pisos sociales para salvar de la quiebra la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). En parte logró el objetivo con la venta de 1.860 viviendas de renta protegida (distritos de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Hortaleza y Moratalaz) por 128,5 millones de euros al fondo de inversión Magic Real Estate (Blackstone). Las consecuencias de la venta de viviendas de carácter social y titularidad pública a estos grupos de inversión, conocidos por su agresividad especulativa como "fondos buitre", se están traduciendo en más familias desahuciadas por no poder pagar los abultados alquileres que los nuevos caseros les han impuesto, mientras que el Ayuntamiento de Madrid presume de haber reducido el déficit.
En aquel momento, se dijo a los inquilinos que les mantendrían las condiciones de alquiler reducido según las circunstancias personales de cada uno, pero la nueva empresa comienza la renovación de los contratos con condiciones muy diferentes a las establecidas inicialmente. Decenas de familias denunciaron que además de encontrarse, sin previo aviso, con estos nuevos propietarios, se les reclama un alquiler muchísimo más alto, al que no pueden hacer frente.
En paralelo al conflicto de los pisos sociales del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid (IVIMA) mantiene una situación similar con las viviendas del organismo que también fueron vendidas a un fondo buitre. Así, en agosto de 2013 Goldman Sachs-Azora se hizo con las 32 promociones de viviendas donde residen 2.935 familias del Plan Joven del IVIMA tras pagar 201 millones de euros.
En este caso, todos los desahucios relacionados con estas viviendas del IVIMA han quedado paralizados. La Comunidad de Madrid no les consideró parte interesada a estos inquilinos en el proceso, porque defendía que las condiciones de sus contratos no cambiarían con los nuevos propietarios. El Gobierno no mencionó, en cambio, que esta situación tenía fecha de caducidad.
La estrategia de estos fondos de inversión es clara: comprar las viviendas a una media de 60.000 euros, y cuando los pisos se queden vacíos, venderlos a 140.000 euros. Les interesa que los inquilinos salgan de los pisos de no poder afrontar las nuevas condiciones (de rentas de 50 euros se pasa a casi 500 euros), por lo tanto, el interés social de estas mismas desaparece. Comienzan así los procesos de desahucios, ocupaciones ilegales y dificultades para alquilar y vender los pisos que, finalmente, estos fondos logran poner en el mercado una vez desalojados sus originarios propietarios.
Desahuciados de un piso que ya no es "social"
Jorge, parado y sin cobrar subsidio. Vive con su mujer y tres hijos en un edificio de viviendas públicas situado en Vallecas. La renta que pagó Jorge durante los años en que el edificio fue propiedad de la Comunidad de Madrid oscilaba entre los 50 y 140 euros. "Dependía mucho de los ingresos que teníamos", aclara el afectado. Cuando les vence la subvención del Estado pasa a pagar 480 euros mensuales y 500 euros del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), algo de lo que se hacía cargo el IVIMA."Es imposible para nosotros pagar el alquiler y darle de comer a nuestros hijos", señala.
Ana Vargas, con 3 hijos y un sueldo de 900 euros tiene que hacer frente ahora a un alquiler de 600 euros de un piso en Vallecas concedido por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y vendido posteriormente a Magic Real Estate Blackstone. Le espera una orden de embargo por no poder hacer frente a esas condiciones.
Chus, después de años en su piso, se le permite una prorroga de 1 a 3 años pero con una subida del alquiler de un 42,5% a lo largo del trienio, a lo que hay que sumar el IBI de 400 euros, más los gastos de comunidad. Chus es la propulsora de un calendario protesta en la que aparecen 13 familias desnudas dentro de sus casas. Es un calendario que habla de "ilusiones truncadas", de lucha, de pérdida de derechos, de dignidad y de corrupción.
Éstos son sólo algunos de los casos, desgraciadamente, no son los únicos. Los nuevos propietarios aprovechan cualquier resquicio legal para subir las cuotas, impedir la prórroga de contratos vencidos, eliminar las ayudas públicas, descuidar el mantenimiento y deshacerse así de las familias para poder vender o arrendar a precios de mercado. "Mobing inmobiliario en toda la regla. Muchos se están marchando porque no quieren pasar la vergüenza de un desahucio pero a los que no tienen ninguna alternativa los acaban echando", denuncia Arancha Mejías, presidenta de la asociación de vecinos de las viviendas sociales de la EMVS en Carabanchel.
De fondos y buitres
Esto es lo que está ocurriendo con las viviendas sociales que los políticos que mandan en Ayuntamientos, han vendido a estos fondos de inversión. Fondos buitres los llaman. Pero para muchos, como bien comenta José Antonio Martínez Lamoca en El País: "buitre no es otro que el político (del que se supone que tiene que administrar los bienes de todos e intentar favorecer a los más necesitados) que pone a la venta ese bien común, no importándole en absoluto los efectos de su insociable decisión. Es el infeliz resultado de ese capitalismo salvaje que proclaman los que invocan la santidad de los mercados y el ultraliberalismo económico; en fin, pura y dura especulación. Fondo buitre es ese fondo de inversión alimentado por esos buitres que vuelan en círculo en nuestro país. Visto lo visto, es razonable empezar a buscar el significado de justicia social e indignación".
Fuente: elpais.com
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