Los desahucios han caído un 11,6% en el primer trimestre de este año, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De este modo, entre enero y marzo se han registrado 16.688 lanzamientos en todo tipo de inmuebles. De esta cantidad, casi 9.100 (el 54,4%), llegaron a consecuencia de no pagar el alquiler y, por tanto, se deben a la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En la estadística del Poder Judicial destaca que los lanzamientos durante el primer trimestre descendieron en 17 comunidades autónomas, especialmente en Cantabria, País Vasco y Madrid, donde el descenso superó el 20%. Las ejecuciones hipotecarias también caen un 29,8%, descenso similar a la reciente estadística del INE (-31,2%).
Los desahucios procedentes de ejecuciones hipotecarias ascendieron a 6.700 y los 636 restantes se deben a otras causas. El organismo ha detallado que los lanzamientos afectaron a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a viviendas habituales. Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 8,4%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 14,8%.
Por regiones, Cataluña, con 3.704 desahucios, aglutina el 22,2% del total nacional y fue la comunidad en la que se practicaron más procedimientos en el primer trimestre de 2016, por delante de la Comunidad Valenciana (2.658) y Andalucía (2.554). Estos territorios sumaron más de la mitad (53,5%) de todos los lanzamientos practicados en España en este periodo.
Atendiendo solo a los lanzamientos que fueron consecuencia de procedimientos de la LAU (alquileres), la clasificación la encabeza también Cataluña (2.449), seguida de Madrid (1.226), Andalucía (1.119) y la Comunidad Valenciana (1.100).
Por otro lado, las ejecuciones hipotecarias iniciadas hasta marzo de 2016 fueron 14.175, un 29,8% menos que un año antes. Se trata de la cifra más baja de las registradas en un trimestre desde el tercero de 2008.
Este descenso se produjo en todas las comunidades autónomas, excepto en el País Vasco, donde subieron un 14,8%, hasta las 202. Por regiones, algo más de una de cada cuatro ejecuciones hipotecarias se inició en Andalucía (3.826), seguida de Cataluña (3.079) y Comunidad Valenciana (1.845).
La morosidad hipotecaria para comprar vivienda baja al 4,78%
La morosidad hipotecaria de los hogares para comprar viviendase situó en el primer trimestre del 2016 en el 4,78%, por debajo del 5,82% del mismo periodo del año 2015, según datos publicados por el Banco de España.
En total, los préstamos a los hogares para la adquisición de vivienda se situaron en 526.382 millones de euros a finales de marzo de 2016, lo que supone 25.728 millones menos que un año antes. Del total de los préstamos para vivienda, 25.141 millones de euros eran dudosos, frente a los 25.541 millones del tercer mes de 2015. Con respecto al cuarto trimestre de 2015, la morosidad se ha modera ligeramente, pues entonces la tasa era del 4,8%.
Así, el crédito para la adquisición de vivienda arranca 2016 a la baja, después de acumular en 2015 cinco años consecutivos de moderación. Desde 2010, último año en que se registró un incremento del crédito, la cuantía de los préstamos para comprar una casa ha bajado un 16%, al pasar de 632.449 a los 531.256 millones del cierre de 2015.
Por otro lado, la morosidad de las empresas que desarrollan actividades inmobiliarias también se moderó hasta el 27,63% del crédito en el primer trimestre del año, frente al 34,75% en que se situaba en el mismo periodo del año 2015.
El crédito a las empresas inmobiliarias se situó en 128.871 millones de euros a marzo de 2016, de los que 35.617 millones eran dudosos. Así, el saldo del crédito de las inmobiliarias ha bajado en un año un 12,1%. Por su parte, la cuantía dudosa se redujo un 30,1%, desde 50.948 a 35.617 millones. Si a estas magnitudes se suma el crédito moroso de los constructores, que se sitúa en 12.399 millones de euros, con una caída del 19,8%, el resultado arroja un montante de 48.016 millones de euros, un 4,8% menos que en el trimestre anterior.
Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, con la mejora económica general, siguen remitiendo. Así, el número de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual bajó en el primer trimestre del año un 31,2% interanual, hasta las 6.118, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tomando como referencia el total de viviendas familiares existentes en España en el primer trimestre (18.408.300), el 0,03% iniciaron una ejecución hipotecaria en ese periodo. Se trata de la mayor caída de la serie histórica del INE que echó a andar a finales de 2014. El 58,5% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas corresponde a hipotecas constituidas entre 2005 y 2008.
Al tiempo que la crisis se aleja, lo hace también uno de sus lados más dañinos. Hace dos años, en 2014, la entrega de viviendas habituales para hacer frente al pago de la deuda con el banco alcanzó los 34.680 procedimientos. Ya en 2015 bajaron por primera vez un 13%. La rebaja de los tipos de interés hasta mínimos históricos, cerrando el pasado mes de mayo en negativo (-0,013%) por cuarto mes consecutivo, y los acuerdos entre deudores y entidades financieras están ayudado a aliviar este drama de las ejecuciones y los desahucios.
En total, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre de este año fue de 19.354, un 14,1% menos que el trimestre anterior y un 37,9% menos que en el mismo trimestre del año pasado. De este total, las ejecuciones sobre viviendas concentraron el 58,3% del total. Y de este porcentaje, el 31,6% correspondieron a viviendas habituales de personas físicas (6.118), mientras que el 17,7% correspondieron a viviendas de personas jurídicas y el 9% a otras viviendas de personas físicas.
Teniendo en cuenta el estado de la vivienda, el 13,6% de las ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre fueron sobre viviendas nuevas y el 86,4% sobre usadas. El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas disminuyó un 31,6% en tasa anual y el de usadas bajó un 37,5%. Tomando como referencia el total de viviendas familiares existentes en España en el primer trimestre (18.408.300), el 0,03% iniciaron una ejecución hipotecaria en ese periodo.
Los hipotecados en 2007, los peor parados
Los que se hipotecaron en el año 2007 con viviendas usadas han sido los más perjudicados, siendo el 20,4% de las ejecuciones de hipotecas constituidas ese año. El 15,6% fue con hipotecas firmadas en 2006y el 11,8% con las suscritas en 2008. El periodo comprendido entre 2005 y 2008 concentró el 58,5% de las ejecuciones hipotecarias y los mayores valores se alcanzaron en 2013 y 2007. El 0,20% y el 0,19%, respectivamente, de las hipotecas constituidas sobre viviendas en estos años ha iniciado
una ejecución hipotecaria este trimestre, según el INE.
Andalucía, la más asfixiada
Las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre viviendas fueron Andalucía (3.144), Cataluña (2.113) y Valencia (2.094), presentando el mayor número de ejecuciones, mientras que las comunidades con menor número de ejecuciones fueron Cantabria (43), La Rioja (54) y Navarra (61).
Los peor parados, son los hipotecadosentre 2003 y 2015 en Murcia (0,25%), Andalucía (0,20%) y Comunidad Valenciana (0,18%), mientras que los valores más bajos se corresponden a los hipotecados en País Vasco (0,03%) y Cantabria (0,06%).
El número de lanzamientos practicados (el último paso previo a ejecutar un desahucio) durante el año pasado ascendió a 67.359, lo que supone un descenso del 1,1% respecto a los 68.091 de 2014, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) a través del informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales". Más de la mitad de los lanzamientos (que incluyen todo tipo de inmuebles), un 53% (35.677) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otro 43,4% (29.255) fue consecuencia de ejecuciones hipotecarias, que descendieron un 15,6% el pasado año 2015.
La estadística del Poder Judicial muestra como en el último año esta tendencia se ha ralentizado conforme mejoraba el clima económico y la presión social que ha provocado que algunas administraciones públicas establezcan procesos más garantistas para los ciudadanos afectados. También ha sido decisivo para el descenso de las ejecuciones hipotecarias la sentencia de la UE que tumbaba las cláusulas abusivas de los bancos que favorecían estos procedimientos. En la actualidad, la mayoría de los desahucios que se producen corresponden a segunda vivienda o posterior. El sistema judicial y el código de buenas prácticas bancarias han limitado la práctica de estos procesos para la vivienda habitual.
La reducción de los desahucios es mucho más suave que las de las ejecuciones hipotecarias (el proceso inicial para iniciar el desahucio) lo que significa que muchos de los lanzamientos que se están produciendo corresponden a procesos iniciados hace años. Y permite aventurar una paulatina reducción de los desahucios durante los próximos trimestres.
Las ejecuciones hipotecarias bajan un 15,6%
De este modo, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2015 fue de 68.135, lo que supone un descenso del 15,6%, respecto a los del año anterior. Esta es la cifra más baja de las registradas desde 2009. Además, según el Poder Judicial en todas las comunidades, excepto en Andalucía, se produjo el año pasado un descenso de las ejecuciones hipotecarias (que no todas concluyen en desahucio).
Por su parte, el número de lanzamientos del año pasado ascendió a 67.359 frente a los 68.091 de 2014. Según el estudio del CGPJ, los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y, en el caso de estas, no solo a vivienda habitual. Más de la mitad de esos lanzamientos (35.677, el 53%) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impago de alquileres; mientras que otros 29.225 (el 43,4%) se produjo por ejecuciones hipotecarias y los 2.457 restantes obedecieron a otras causas.
Por comunidades autónomas, la cifra más elevada de ejecuciones iniciadas en 2015 se registró en Cataluña, con 15.557 (el 23,1% del total), seguida de Andalucía (10.694) y la Comunidad Valenciana (10.037). Andalucía es la única de las diecisiete Comunidades Autónomas en la que no se registró una bajada de las ejecuciones hipotecarias en 2015: las 17.365 iniciadas (una de cada cuatro a nivel nacional) suponen un incremento del 2,2% respecto al año anterior. En el caso de Madrid, las ejecuciones hipotecarias cayeron un 13,9% en 2015, con 6.122 procedimientos iniciados, mientras que se practicaron 7.194 lanzamientos, un 9,7% menos que en 2014.
...y un 13% según el INE
El Instituto Nacional de Estadística (INE), también da muestras que este efecto dramático de la crisis económica de los últimos años sigue remitiendo. Así, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas habituales descendió un 13% en 2015 respecto a 2014, según la Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias que elabora este organismo. En concreto, en 2015 se iniciaron 30.334 procedimientos.
De este modo, el inicio de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales cambia de tendencia después de haberse incrementado un 8% en el ejercicio 2014. En el cuarto trimestre de 2015 se registraron 6.898 de procedimientos de este tipos, un 15,7% más que en el trimestre anterior, pero un 23% menos que en el cuarto trimestre del año 2014.
El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el conjunto de 2015 fue de 101.820, lo que supuso un 15,5% menos que en 2014. Siendo 59.808 realizadas sobre viviendas, de las que 38.943 afectaron a personas físicas (-13,3%) y 30.334 a pisos y casas habituales. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas totalizaron 20.865 el año pasado, un 18,1% menos que en 2014. Del total de procesos iniciados, más de ocho de cada 10 (51.625) afectaron a viviendas usadas, con un descenso anual del 12,7%. Las ejecuciones sobre viviendas nuevas sumaron 8.183, un 27,7% menos.
La estadística revela además que el 20,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en 2015 corresponde a hipotecas constituidas en 2007, el 15,9% a hipotecas suscritas en 2006 y el 11,3% a hipotecas firmadas en 2008. Ampliando un poco más el espectro, entre los años 2005-2008, se obtiene que este periodo concentra el 59% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas el año pasado.
En 2015, las ejecuciones hipotecarias sobre solares ascendieron a 4.201, con un descenso anual del 29,6%. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre locales, garajes, oficinas, trasteros, naves y otros edificios de naturaleza urbana alcanzaron las 32.751, un 14,9% menos que en 2014. Por último, las ejecuciones hipotecarias sobre fincas rústicas se situaron en 5.060 en 2015, con un retroceso del 10,7% respecto al ejercicio precedente.
Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas en 2015, con un total de 16.094, seguida de Cataluña (11.165) y Comunidad Valenciana (10.751). En el lado opuesto se situaron La Rioja (272), País Vasco (300) y Navarra (338). Sobre el total de fincas, Andalucía también encabezó el número de ejecuciones hipotecarias, con 28.126, seguida de Comunidad Valenciana (17.548) y Cataluña (16.548). A la cola volvieron a situarse La Rioja (539), Navarra (566) y País Vasco (625).
Las exigencias de Podemos al PSOE para formar gobierno (algunas insalvables como la vicepresidencia, el referéndum en Cataluña o las importantes diferencias en las políticas económicas han causado que al final las negociaciones entre PSOE y Ciudadanos hayan tenido un desenlace más fácil para un primer acuerdo de legislatura en firme entre estas dos últimas formaciones políticas. Así, el "Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso" que han firmado en el Congreso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos Albert Rivera, también deja entrever medidas que afectan al mercado de la vivienda en España.
Se reflejan así medidas contra el sobre-endeudamiento y los desahucios, medidas para fortalecer los derechos de los consumidores, la protección a los deudores hipotecarios, la apuesta por la rehabilitación y las ciudades inteligentes, además de impulsar un potente parque social de pisos en alquiler. A grandes rasgos, estos son los nueve puntos de mayor relevancia en materia de vivienda que plantean ambas formaciones:
Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.
Reformar la Ley Hipotecaria para la eliminación de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.
La puesta en marcha urgente de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la SAREB y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.
Apoyar e impulsar un sistema real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores, con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios por las entidades financieras, o la revisión del régimen jurídico de las cláusulas y préstamos abusivos y eliminación de las cláusulas suelo.
La formación de jueces y magistrados en derecho de consumo.
Potenciar la rehabilitación con la puesta en marcha de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector.
En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.
Desarrollar plenamente el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes.
Recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.
En general, el programa de Gobierno pactado entre el PSOE y Ciudadanos tiene en la economía su eje fundamental. Y en síntesis, supone una propuesta de claro tinte socialdemócrata que liquida la política de recortes practicada en los últimos años ensanchando el Estado de bienestar. Impulsando, al mismo tiempo, una mayor estabilidad en el empleo y el reequilibrio de las relaciones de poder en el seno de las empresas. Además de la regulación de una renta mínima vital para todas aquellas personas sin recursos.
Destacan la cotización reducida (45 euros) para los autónomos y reforma de la Ley de Segunda Oportunidad, las medidas contra el cambio climático: moratoria para el fracking y cierre de las nucleares, la negociación con Europa de los objetivos de déficit y limitación de pagos en efectivo, en materia de empleo: el contrato indefinido, estable y progresivo, el pacto por la ciencia: 10.000 investigadores en cuatro años, reducción del IVA cultural al 10%, el plan de emergencia social y subida del salario mínimo interprofesional, las medidas por la igualdad: permisos de maternidad y paternidad más largos y racionalización de horarios, la reforma de los partidos políticos y del sistema electoral junto a la lucha contra la corrupción y las puertas giratorias, la reforma de la Justicia con la derogación de la prisión permanente revisable, y la reforma urgente de la Constitución que contempla asimismo la supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya tiene fecha para su debate de investidura. Su intento de ser presidente tendrá lugar el próximo 2 de marzo. Así lo ha acordado con el presidente del Congreso, Patxi López. Si en las dos semanas y media que restan hasta la fecha, el líder socialista consigue apoyos suficientes y se cumplen todos los plazos, el día 3 miércoles pronunciará su discurso y se convertiría en presidente del Gobierno el sábado 5 de marzo en segunda votación. De este modo, el líder socialista puede disponer de las 4 semanas que pidió para poder negociar los pactos necesarios para su investidura. Unos pactos que se complican por momentos. Sus alternativas pasan por seguir las directrices que le marcan sus barones y apostarlo todo a un pacto con Ciudadanos logrando la bendición de PP o de Podemos. O alcanzar un acuerdo con Podemos con el beneplácito de Ciudadanos, aunque muchos analistas ya hablan de unas nuevas elecciones.
El siguiente movimiento lo ha realizado Podemos, el partido de Pablo Iglesias (junto con En Comú Podem y En Marea), que ha lanzado oficialmente una propuesta de pacto para formar una coalición "de carácter progresista" al PSOE, Izquierda Unida y Compromís. El documento de 98 páginas, se trata de un intento de acercamiento a la vez que supone todo un reto político para un PSOE que camina hacia la desesperación. Podemos expone en el documento las medidas políticas que piensan se deberían poner en marcha de forma urgente, que supondrán las "Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías". En el documento plantea aspectos importantes como el referéndum en Cataluña, los 15 ministerios, la Vicepresidencia, política económica y fiscal, empleo, pensiones o educación, pero nosotros nos pararemos en las 7 medidas en materia de vivienda que Podemos exige al PSOE para formar Gobierno. La principal, será que el "Gobierno del Cambio" asumirá como una de sus prioridades la garantía efectiva del derecho a una vivienda digna, y con este fin:
Promoverá con carácter de urgencia una ley orgánica de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago del alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
Establecerá el derecho a la dación en pago. Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado. El derecho a la dación en pago tendrá carácter retroactivo.
Garantizará el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada. Se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad. Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10 % de los ingresos mensuales del hogar. Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores ni exigírsela al Estado.
Asegurará el alquiler estable y asequible. A través de una reforma de la Ley 29/ 1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, se facilitará un alquiler estable y asequible. Se regulará el alquiler para proteger a la parte en general más débil en los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Se introducirán mecanismos para asegurar la estabilidad, de modo que se alargue el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de la vivienda habitual hasta los cinco años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (es decir, propietario de al menos diez viviendas), se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler. Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
Modificará el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario.
Regulará un procedimiento simplificado para que, en el caso de los hogares que cumplan ciertos criterios sociales (por ejemplo, todos sus miembros en paro sin ingresos alternativos, o ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), se pueda reestructurar la deuda hipotecaria, de forma que el valor facial se acerque al valor de mercado. Esto se articulará con un régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas que realmente las libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.
El Gobierno aprobará un Plan Nacional de Transición Energética hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de fuentes de energía renovables. Sus dos ejes fundamentales serán un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (cuya columna vertebral será la rehabilitación energética de edificios, principalmente de viviendas) y un Plan Nacional de Energías Renovables que incorporará todos los eslabones de la cadena: I+D, fabricación, instalación y generación.
El número de procedimientos de ejecución hipotecaria sobre viviendas habituales por impago de sus cuotas hipotecarias, uno de los más dolorosos efectos producidos por la crisis económica, están remitiendo a tenor de la Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, en el tercer trimestre del año sumaron 5.959, cifra un 12,4% inferior a la del mismo periodo de 2014 y hasta un 31,3% menos que en el trimestre anterior. Este procedimiento es el paso previo al desahucio de la vivienda, aunque no todos acaban con el desalojo de sus propietarios.
Las ejecuciones hipotecarias sobre pisos y casas concentran el 59,7% del total de procedimientos en el tercer trimestre de 2015. El 30,7% son viviendas habituales de personas físicas (7.590 en el tercer trimestre, -13,8% interanual). El 20,6% corresponde a casas de personas jurídicas y el 8,4% a otras viviendas de personas físicas. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) suponen el 31,7% del total. Por último, las ejecuciones hipotecarias sobre fincas rústicas se situaron en 1.059 durante el tercer trimestre, con un retroceso interanual del 3,7% y un descenso trimestral del 27,2%.
Teniendo como base la cifra absoluta de casas afectadas (habituales y no habituales), el 13,9% de las ejecuciones se realizan sobre viviendas de obra nueva (1.613) y el 86,1% sobre viviendas usadas (9.971). De este modo, el número de procesos sobre pisos y casas nuevas baja un 27,8% con respecto a 2014 y sobre viviendas de segunda mano se reduce un 13,3%. Según el INE, tomando como referencia el total de viviendas familiares existentes en España en el tercer trimestre (18.378.100), el 0,03% inició una ejecución hipotecaria.
De este modo, la cara más dramáticade la crisis representada por las ejecuciones y los desahucios, se va moderando, al tiempo que ha se termina de estabilizar la recuperación económica del país y los tipos de interés hipotecarios caen hasta mínimos históricos (noviembre ha cerrado en el 0,079%), rebajando como nunca las cuotas mensuales de las hipotecas variables. Los bancos tratan de llegar a acuerdos con los propietarios más vulnerables. La presión social y las nuevas políticas antidesahucios de algunos ayuntamientos, como el de Madrid, también han contribuido al descenso.
El 20,3% de las ejecuciones: sobre hipotecas constituidas en el año 2007
Los propietarios más perjudicados son los que contrataron el préstamo entre 2005 y 2008, periodo que concentra el 59,8% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre. El 20,3% corresponde a hipotecas sobre viviendas constituidas en el año 2007, el 17,2% en 2006 y el 11,3% en 2008. De los préstamos firmados en 2007, el 0,19% ha iniciado una ejecución hipotecaria este trimestre. Algo que, "debería servir de recuerdo para mantener el sentido común ahora que parece que el sector se encamina hacia la normalización".
Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas en el tercer trimestre, con un total de 2.984, seguida de Comunidad Valenciana (2.339) y Cataluña (2.022). En el lado opuesto se situaron Navarra y País Vasco, con 63 ejecuciones cada una y Asturias con 67 fueron las regiones menos afectadas. Sobre el total de fincas,
Andalucía también encabezó el número total de ejecuciones, con 5.019, seguida de Comunidad Valenciana (3.718) y Cataluña (3.207). A la cola se situaron Navarra (99) y La Rioja y Cantabria (112).
Atendiendo a las ejecuciones hipotecarias de viviendas, el 0,13% de las hipotecas constituidas sobre viviendas en el periodo 2003-2014 han iniciado una ejecución hipotecaria en el tercer trimestre de 2015.
Fuentes: Estadística Ejecuciones Hipotecarias: Tercer trimestre de 2015 (.pdf) - Imagen: porcentual.es
El número total de desahucios (lanzamientos) practicados en el segundo trimestre del año ascendió a 18.739, solo 10 menos que los contabilizados en el mismo periodo de 2014, aunque se redujo casi un 3% la cifra de los solicitados en los juzgados, según el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Más de la mitad de los lanzamientos (que incluyen todo tipo de inmuebles, incluidas viviendas), el 52,6%, se derivó de procedimientos regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos (alquileres); mientras que el 43,3% se debió a ejecuciones hipotecarias y el 4,1 % a otras causas.
No obstante, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 2,7% hasta junio, mientras que los acordados por impagos del alquiler descendieron un 1,2% en términos interanuales. Por comunidades autónomas, el 23% de los desahucios practicados se produjo en Cataluña, el 16,4% en Andalucía, el 14,3% en la Comunidad Valenciana y el 10,6% en Madrid.
Andalucía ha sido también en el segundo trimestre la comunidad con mayor porcentaje de desahucios consecuencia de ejecuciones hipotecarias, con el 20% del total nacional, seguida por la Comunidad Valenciana (18,6%) y Cataluña (18,4%). Respecto a los desahucios realizados sobre alquileres, Cataluña es la que más lanzamientos realiza derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos), con el 27%, seguida por Madrid (14,3%) y Andalucía (13,2%).
El informe del Consejo General del Poder Judicial incluye el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, pero el CGPJ advierte de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos, y aclara que el hecho de que sea solicitado no supone que se haya ejecutado. Con estas premisas, la estadística refleja que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre ha sido de 18.378, un 2,9% menos que en el mismo periodo de 2014. De ellos, 11.948 terminaron con cumplimiento positivo, un 1,9% menos que en 2014.
Bajan las ejecuciones hipotecarias, los concursos de acreedores y los despidos
En total, en el segundo trimestre se iniciaron 17.414 ejecuciones hipotecarias, lo que se traduce en una caída del 18%, siendo Andalucía la comunidad con la cifra más elevada (4.222, el 24,2% del total), seguida por la Comunidad Valenciana (3.321, el 19,1%), Cataluña (2.615, el 15%) y Madrid (1.685, el 9,7%).
Asimismo, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante el segundo trimestre del año descendieron un 25,3% interanual los concursos de acreedores presentados, hasta los 1.593, el dato más bajo de los registrados desde el tercer trimestre de 2010. Cataluña, con 312, es el territorio con más concursos presentados durante el segundo trimestre del año, lo que supone el 19,6% del total nacional. Le siguen Madrid, con 263 procedimientos (16,5%), y la comunidad Valenciana, con 243 (15,3%).
Otros de los datos que ofrece el CGPJ arrojan una reducción de las demandas por despido presentadas en los Juzgados de los Social durante el segundo trimestre del 9%, hasta las 26.417. Se trata también del octavo trimestre consecutivo de descenso en este tipo de acciones judiciales. Por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo el territorio con mayor número de demandas por despido, con 4.948 en este periodo (el 18,7% del total), seguida de Cataluña, con 4.585 (17,4%) y Andalucía, con 4.125 (15,6%).
El precio de la vivienda en España ha aumentado un 5,1% interanual en el segundo trimestre de 2015, según los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. Este incremento, casi duplica al registrado en el primer trimestre del año (2,65%), con lo que "se consolida e intensifica el cambio de tendencia iniciado en 2014", según los registradores.
En tasa intertrimestral, la estadística registral muestra que la revalorización de los precios de las casas y pisos en venta ascendió hasta el 2,8%. Con este nuevo repunte, el descenso acumulado desde los máximos de 2007 se ha amortiguado hasta situarse en el 29,2%.
Todo parece indicar que los descensos de precios poco a poco van formando parte del pasado en términos medios, no pudiendo ser considerado este escenario con carácter general, ya que el mercado inmobiliario español resulta actualmente muy heterogéneo en lo que respecta al comportamiento del precio de la vivienda. Los mayores niveles de crecimiento se están presentando en ámbitos con mayor presión de la demanda, mientras que en aquellas zonas con menor atractivo y nivel de demanda, el precio de la vivienda puede estar todavía incluso con una intensificación de los ajustes.
Asi, Madrid, Baleares, Canarias, Cataluña o Comunidad Valenciana, presentan un comportamiento más favorable en numerosas variables como consecuencia de incorporar una buena parte de las zonas de mayor interés inmobiliario. Sin embargo, conviene que la recuperación del mercado inmobiliario, especialmente por lo que respecta al precio de la vivienda, se produzca con moderadas tasas de crecimiento que permitan consolidar niveles elevados de demanda, agotando con ello el stock de vivienda nueva pendiente de venta, dando lugar a un saneamiento completo del propio mercado, según los registradores.
Suben un 11,1% las compraventas inscritas en los registros de la propiedad
Por otra parte, en el segundo trimestre del curso se registraron 87.187 compraventas de vivienda, lo que supone un 11,1% más respecto al mismo periodo de 2014 y el segundo número más alto en los últimos nueve trimestres. No obstante, esta cifra de transacciones supone un 3,7% menos frente a los tres primeros meses del año.
De nuevo, el comportamiento entre la vivienda nueva y la usada vuelve a ser muy diferente. Mientras que la obra nueva registró 18.482 operaciones, con una caída del -18,5% sobre el trimestre anterior, la vivienda de segunda mano sigue tirando del mercado, registrando 68.705 operaciones, un 1,2% más.
En los últimos doce meses las provincias con un mayor número de compraventas de vivienda registradas han sido Madrid (48.386), Barcelona (34.402), Alicante (24.976), Málaga (23.326), Valencia (17.676), Sevilla (11.373) y Murcia (10.171), siendo las únicas que superan las 10.000 compraventas de vivienda anuales. Tomando las compraventas por cada mil habitantes, los mayores resultados se han alcanzado en Málaga (14,40), Alicante (13,46), Almería (10,12) y Girona (10,03), nuevamente ámbitos geográficos con mayor presencia de segunda vivienda y una alta presión de la demanda de vivienda.
El comprador de vivienda extranjero sigue demostrando fortaleza y alcanzó en el segundo trimestre el 12,8% del total de compras de vivienda, frente al 12,2% del primer trimestre, mostrando un cierto grado de estabilización en el porcentaje de compra por extranjeros próximo al 13%.
Por nacionalidades, británicos (19,8%), franceses (8,1%), alemanes (7,6%), belgas (6,5%), suecos (5,6%) e italianos (5,3%) encabezaron el ranking de compraventas. Los rusos ocupan la séptima posición, con el 3,94%, confirmando la evolución descendente de los últimos trimestres, seguida de ciudadanos chinos con el 3,93%.
Hipotecas más pequeñas y menos ejecuciones hipotecarias
El endeudamiento hipotecario por vivienda presenta un ligero descenso, con una hipoteca media de 107.494 euros, frente a los 109.823 del primer trimestre, lo que supone un descenso intertrimestral del 2,1%.
La cuantía media de los tipos de interés iniciales de los nuevos créditos ha sido del 2,86%, descendiendo 0,20 puntos porcentuales con respecto al trimestre precedente, confirmando por quinto trimestre consecutivo una sostenida tendencia descendente.
La contratación a tipo de interés variable con índice de referencia Euribor sigue en niveles muy elevados, en el 92,4% de los nuevos créditos hipotecarios. La contratación a tipo de interés fijo llegó al 5,2%. Los plazos de contratación continúan también una moderada tendencia expansiva, con un crecimiento del 0,4% con respecto al trimestre precedente, alcanzando los 23 años de media.
Como consecuencia, mejora la accesibilidad en la compra de vivienda: la cuota hipotecaria mensual media se ha situado en 532 euros, con un descenso intertrimestral del 4,3%, mientras que el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial se situó en el 28,2% (29,5% en el primer trimestre).
Por otro lado, las certificaciones por inicio de ejecución hipotecaria en el segundo trimestre han afectado a 16.823 viviendas, descendiendo un 4,8% sobre el trimestre anterior y un 11,1% con respecto al segundo trimestre de 2014. El 64,5% de estas certificaciones afectó a personas físicas y el 35,5% a personas jurídicas. Por nacionalidades, el 91,1% de las certificaciones correspondió a españoles y el 8,9% de extranjeros.
Durante el segundo trimestre, las daciones en pago inscritas sobre viviendas sumaron 3.517 operaciones, con un descenso del 12,9% sobre el trimestre anterior. El 74,1% de las daciones en pago ha correspondido a personas físicas, frente al 25,9% de personas jurídicas. Con relación a la nacionalidad, el 87,9% de las daciones en pago han sido de nacionales, frente al 12,1% de extranjeros.
Las ejecuciones hipotecarias resueltas desde octubre de 2011 hasta marzo de 2015 suman 270.143, según datos enviados al Parlamento a raíz de una consulta al Ejecutivo por el número de ejecuciones hipotecarias resueltas desde la llegada del PP a La Moncloa. La información se basa en los datos del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que facilitó unas cifras distintas de las suministradas hasta ahora por el propio CGPJ. La información, dice el Gobierno, "computa aquellos procedimientos que, tramitados en los juzgados de Primera Instancia, permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor".
De todas estas ejecuciones, una parte no concretada acaba en desahucios. Entre 2012 y 2014, los tres ejercicios completos, las ejecuciones subieron un 9%, con especial relevancia en viviendas del litoral mediterráneo: al frente, Cataluña y Barcelona, donde más casos existen y donde más crecen. Los desahucios y ejecuciones hipotecarias sobre viviendas aumentaron un 7,4% en 2014. En el primer trimestre de 2015, los juzgados ejecutaron 22.480 hipotecas por impago, un 33% más que en el trimestre final de 2011.
Los expertos consultados señalan que los datos ofrecidos recogen todo tipo de ejecuciones, por lo que no se pueden relacionar con el número de desahucios. Sin embargo, también sostienen que el incremento de las ejecuciones demuestra que la crisis sigue muy presente para una parte de la sociedad, como apunta Manuel Almenar, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra y exvocal del CGPJ.
Según Manuel Almenar, los casos que se están viendo ahora proceden de los problemas surgidos en 2013 y 2014. "En ocasiones, son personas que han ido aguantando la crisis como han podido, pagando algunas letras de la hipoteca, pero la falta de empleo les ha dejado sin capacidad para hacer frente a más cuotas y han entrado en proceso de embargo".
La tramitación judicial tarda año y medio. Por esta razón, los expertos no creen que estas cifras disminuyan significativamente, al menos hasta mediados de 2016. Otro factor que ha elevado las ejecuciones es, según este jurista, que los que compraron casas durante la burbuja son conscientes de que valen menos que su deuda hipotecaria. "Ellos no están interesados en quedárselas, pero el banco tampoco. Pierden todos..., el problema es que los deudores responden con todo su patrimonio". En estas ocasiones, dice Almenar, los bancos son proclives a ofrecer rebajas en la cuota para que el cliente no entre en morosidad.
Segundas residencias
Los datos enviados al Gobierno reflejan del impacto de la crisis. En todo el periodo analizado, desde octubre de 2011 a marzo de 2015, Barcelona es la provincia con más casos, 32.289, y Cataluña la comunidad con más problemas: 52.968. Además, entre 2012 y 2014, la cifra sube un 26% en Barcelona, la provincia con más viviendas, y también con más problemas de impago.
La segunda comunidad con más ejecuciones es la Valenciana, con 46.309, pero tiene una caída del 3%. Lo mismo sucede en Madrid, con 29.193 ejecuciones pero descendiendo un 16% entre 2012 y 2014. Fuentes judiciales añaden que cada vez hay más casos en la Comunidad Valenciana y Andalucía que, en muchos casos, son segundas residencias en el litoral mediterráneo que los dueños pierden por impago.
En 2014, la banca se quedó con 36.519 pisos y casas por impago, un 5,6% más, según el Banco de España. Desde la patronal bancaria, AEB, se afirma que "se ha ayudado a más de 500.000 clientes a refinanciar sus préstamos hipotecarios y acomodarlos a su capacidad de pago". Y sobre los desahucios, defiende que "los bancos de la AEB no dejan sin techo a ninguna familia con problemas económicos graves".
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), lo niega. "No todos los bancos han parado los desahucios. La prueba es que en julio hemos detenido 19 desalojos promovidos por bancos". Pese a todo, la PAH matiza: "Han bajado mucho los casos de desahucios bancarios y cuando acudimos, siempre llegamos a acuerdos".
La gran banca toma medidas
Entre los cuatro grande, el Banco Santander es el único dice que no ha desalojado a nadie desde 2012. Ha refinanciado 75.000 hipotecas, ha acordado 8.433 daciones en pago y ha suspendido 3.671 lanzamientos. CaixaBank afirma haber suspendido 7.201 lanzamientos, ha concedido 22.000 daciones y que tiene 30.000 viviendas en alquiler social.
El BBVA asegura que ha refinanciado a 66.166 clientes, ha hecho 11.684 daciones en pago y 1.558 familias han recibido diferentes soluciones, como condonaciones de deuda. Bankia dice haber evitado 122.493 ejecuciones hipotecarias y haber realizado 14.346 daciones en pago.
David Card, catedrático de la Universidad de Berkeley (California, EE UU), sostiene que la principal diferencia entre la crisis inmobiliaria de su país y la de España es que en éste país "las familias, y no los bancos, absorben todo el riesgo porque aunque vendas la casa, sigues endeudado".
Dos años y medio de vida, apenas un 30% de las viviendas ocupadas y la sensación de que lo que parecía una medida social de gran necesidad ha acabado siendo un fracaso. Así se puede resumir la experiencia del Fondo Social de Viviendas, convenio que el 17 de enero de 2013 firmaron los Ministerios de Economía y Servicios Sociales con las principales entidades bancarias de España, con el que el Gobierno trató de que el parqué de viviendas vacías que las entidades tenían en cartera fueran habitadas, en régimen de alquiler, por familias que han perdido su casa y que se encuentran en riesgo de exclusión social.
El ministerio de Economía, que gestiona en parque de viviendas para realojar a las familias afectadas por los desahucios, calculó que se otorgarían más de 6.000 viviendas para estos fines. Pero dos años después del anuncio, el ministerio reconoce que hay 4.000 pisos que todavía siguen vacíos, a la espera de adjudicación.
Exactamente, los bancos aportaron un 5.891 viviendas de las que, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía, sólo 1.767 están alquiladas. El número crece hasta las 2.000 familias si se tienen en cuenta las que ya tienen asignada una vivienda y no han formalizado el contrato pero aún así, el balance sigue siendo "pobre" si se compara con los miles de desahucios que se han producido en los últimos años, tal y como reconoció la pasada semana el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán pide "mayor colaboración" de las administraciones y señala que la situación "es un poco frustrante". Imagínense para los desahuciados.
Los requisitos para poderse acoger al Fondo Social de Vivienda son tan grandes que muy pocas familias las están solicitando. Para empezar, está destinado a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Deben reunir una serie de requisitos económicos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).
Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, las víctimas de violencia de género, y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.
En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a nuevas medidas, dando cobertura por ejemplo a los mayores que avalaron a sus hijos y nietos. También se recogió esta opción para las daciones en pago. La introducción de esas medidas ha sido clave para que el número de estos alquileres se gestionara con algo de mayor éxito en 2014.
Una situación contradictoria y algo surrealista cuando ocho años después del estallido de la burbuja, España sigue de resaca con cientos de miles de viviendas que permanecen vacías. Según Julio Gil, presidente de la Fundación de Estudios Inmobiliarios (FEI) en España "Hay en torno a 700.000 casas nuevas sin vender. Esto indica una sobreoferta se mueve entre las 525.000 y 550.000 viviendas" Más de la mitad está en manos de las entidades financieras y de la Sareb o "banco malo". Otros estudios, como el realizado la Asociación de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), el stock se ha reducido, cerrando el pasado año con un total de 439.617 pisos y casas nuevas en venta y alquiler, hasta el punto que en términos de mercado "técnicamente", en 25 provincias la construcción de viviendas se podría reactivar.
Tanto en Madrid y Barcelona, las dos grandes capitales de España, están abanderando de la mano de sus recién estrenadas alcaldesas cambios en las estructuras políticas para mejorar las cosas a nivel social y particularmente en el drama asociado a los desahucios de viviendas. Tanto para Manuela Carmena y como para Ada Colau, no será fácil. Por lo pronto, tras los acercamiento iniciales con la banca llenos de cordialidad y buenas intenciones por ambas partes, aún no se ha concretado nada. "El objetivo es pedir a la banca que colaboren para evitar los desahucios si hay problemas con las cuentas hipotecarias", explicó Carmena. Su intención es firmar un protocolo para la creación de una oficina para evitar los lanzamientos y que haya un interlocutor por cada uno de los bancos en esa oficina. En principio los bancos sugieren, optimizar el uso del Fondo Social de Viviendas para resolver esta cuestión, aunque están abiertos a colaborar para encontrar soluciones.
El 60% de desahucios en Madrid, de pisos públicos vendidos a fondos de inversión
Seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidasa fondos de inversiónen los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Así consta en un informe en el que el Ministerio de Hacienda desmenuza y critica el programa electoral de la nueva alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), que se ha comprometido precisamente a frenar los desahucios y a ofrecer una vivienda pública a los afectados. De los 111 casos contabilizados por Hacienda entre febrero y junio de este año, 65 fueron en viviendas vendidas por la Administración. El controvertido informe del Ministerio de Hacienda, censura las políticas comprometidas por el nuevo Gobierno municipal. Sin embargo, de su profusión de cifras y análisis se desprenden consecuencias preocupantes sobre la gestión llevada a cabo al frente del Ayuntamiento y de la Comunidad por el PP en los últimos años.
Hacienda recuerda que el Ayuntamiento sólo puede frenar un desahucio si lo ha promovido él mismo en viviendas de su propiedad. En caso de pisos hipotecados con bancos o alquilados a particulares, "no ostenta posibilidad alguna de actuación". Carmena es consciente de ello: “Los jueces son los que dan la orden de que alguien salga de la vivienda; se trata de que, cuando el juez tenga que acordar el lanzamiento, que a veces se producirá, ya esté resuelta una alternativa habitacional para que esas personas no se queden en la calle".
Manuela Carmena avanzó el pasado viernes que el Ayuntamiento ya está estudiando resolver o bien por la vía judicial o bien por la vía de acuerdos la venta de vivienda protegida de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a "fondos buite". Ya en el programa electoral de Ahora Madrid, partido instrumental que encabezó Manuela Carmena los pasados comicios, se recogía como uno de los compromisos "paralizar la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y procurar su reversión".
Carmena: "No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda"
Un sencillo tuit de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha bastado para tranquilizar a todas los propietarios que tienen un piso alquilado, y ha explicado que, en lugar de paralizar los desahucios, el plan es "ofrecer alternativas a quien no pueda pagar", con lo que se evitaría generar una situación de indefensión a los particulares que cuentan con un inquilino que no abona la renta mensual.
No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda. Lo que haremos será ofrecer alternativas a quien no pueda pagar el alquiler.
Con este mensaje, la nueva alcaldesa de Madrid matiza por primera vez desde su nombramiento el pasado 13 de junio una de las propuestas más controvertidas de su programa electoral, donde se afirmaba que pondría "todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo)”.
La nueva propuesta Manuela Carmena sigue la línea marcada por Ada Colau y Barcelona en Comú, que según su programa electoral puesta por "garantizar apoyo, atención y seguimiento a los pequeños propietarios que se vean afectados por impagos de alquiler" para lo que "se estudiarán los motivos de impago" y, en el caso de no poder detener el desahucio, "se garantizará un realojo adecuado".
La idea de Carmena pasa por crear una Oficina de Mediación dentro del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Estos mediadores públicos elaborarán un estudio de la capacidad económica de los deudores que se cruzará con otro informe sobre la información social y el riesgo de vulnerabilidad de esas familias. Algo parecido a la "oficina antidesahucios" creada por la reciente y novedosa ley de vivienda del País Vasco, que además convierte el alquiler social en un derecho para sus ciudadanos.
598.747 ejecuciones hipotecarias desde que empezó la crisis
Finalmente, hoy hemos conocido que entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas hoy en un informe presentado por Amnistía Internacional. Los datos, sin embargo, no especifican si se trata de una vivienda o un local comercial. En cuanto a domicilios principales en nuestro país, en base a datos del Banco de España, que entre 2012 y junio de 2014 se produjeron 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual.
Así, Amnistía Internacional denuncia que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en nuestro país según los últimos datos del INE en 2011. En este sentido la organización reclama en su estudio el elevado número de viviendas vacías de las que dispone España, 3,44 millones según el censo de 2011, son un "recurso potencialmente utilizable a la hora de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución".
Este es un problema que, según denuncia Amnistía Internacional en su informe, está provocado "por la desprotección que sufre el individuo por parte de las instituciones públicas". También se señala que, a pesar de que desde 2012 el Gobierno ha aprobado una serie de medidas dirigidas a mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su casa, éstas "no son suficientes para cumplir con las obligaciones que exige el derecho internacional en cuanto a derechos humanos".
El informe destaca también que en España hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública. Sin embargo, el porcentaje que supone dentro del mercado inmobiliario es sólo del 1,1% frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido o el 17% de Francia. Sin embargo, "las autoridades de áreas muy afectadas por los desahucios como Madrid o Cataluña han seguido vendiendo parte de su parque público de viviendas a sociedades de inversión, reduciéndolo aún más".
Desde Amnistía Internacional reclaman que "las autoridades españolas no han habilitado mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios". Además, estiman que el Estado debería establecer un mecanismo preceptivo que vigile la negociación entre bancos y familias para garantizar que el desahucio es realmente el único recurso posible una vez evaluadas todas las alternativas.
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