Cada vez son más los españoles que renuncian a viviendas con algún tipo de protección pública, viviendas de las que han sido "afortunados" adjudicatarios. Resulta que hace falta tener dinero hasta para una VPO.
Además de la cuestión económica, está el tema de la supresión de ayudas a la adquisición de la vivienda o la denegación de la subrogación en el préstamo por parte de los bancos.
También se atribuye la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la unidad familiar, que la crisis laboral convierte en muy difícil alcanzar, la pérdida de ingresos debido al desempleo o la incertidumbre económica existente en muchas familias que causa un ¨parón¨ con respecto a planes de futuro.