La localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid entrega 814 pisos en los que se ahorrará hasta el 75% de energía
El ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid acaba de entregar 814 viviendas públicas. Pero no se trata de unos pisos protegidos más, sino que son viviendas ecológicas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.
Las más de 800 viviendas se dividen en dos tipos. El primero es el de categoría C de eficiencia, con el que se podrá reducir el consumo energético en un 75%. El segundo es el de categoría B, con el que se ahorrará entre un 50 y un 75%. Todo es gracias a los materiales con los que han sido construidos los pisos y la instalación con la que funcionarán a partir de ahora.
Las viviendas están ubicadas en el nuevo barrio de La Luna, al lado del distrito de Vicálvaro. El 85% de las viviendas ha recaído, mediante sorteo, en menores de 35 años.
El Ayuntamiento recibe 90.000 metros cuadrados de terreno de la Hacienda el Rosario
El Ayuntamiento de Sevilla construirá 891 viviendas de protección oficial en Torreblanca, zona cercana a Alcalá de Guadaíra y a la Universidad Pablo de Olavide.
En concreto, las viviendas se construirán en una parcela de unos 90.000 metros cuadrados de la Hacienda el Rosario y que acaban de ser cedidos al Consistorio hispalense a pesar de que las obras de urbanización comenzaron en el mes de abril. El Ayuntamiento ha conseguido estos terrenos a un 32% por debajo del precio de licitación.
En esta zona no sólo se construirán viviendas de VPO, sino que también se levantarán 2.000 pisos más y se reservará espacio para servicios terciarios, un parque y equipamientos públicos.
La inversión alcanza los 160 millones de euros, con los que se permitirá concluir la urbanización de toda la zona colindante a la carretera A-8028.
El Gobierno ha rebajado los tipos de interés que se aplican a los préstamos para vivienda protegida (VPO) correspondientes a los planes estatales de vivienda de 2002 a 2008 y del Programa de 1996 –incluido en el Plan 1996-1999–, lo que redundará en una reducción de las cuotas a pagar por más de medio millón de titulares.
La normativa vigente que regula el funcionamiento de los distintos Planes de Vivienda establece que en el primer trimestre del año 2011 procede revisar y modificar, en su caso, el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos concedidos en los mencionados programas.
Tras la revisión, todos los tipos de interés analizados se han modificado a la baja, algunos de ellos incluso a la mitad. Concretamente, para el Programa 1996, han pasado del 5,02% al 2,5%; en el Plan 2002-2005, se reducen del 2,58% al 2,57%; y en el Plan 2005-2008 el tipo del 2,60% se rebaja al 2,57%, según anunció ayer el Ministerio de Fomento, que aprobó estos cambios en el Consejo de Ministros.
Ello significa que una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años, contratada en el primero de los planes citados, tendría un alivio de nada menos que 2.468 euros al año. Es decir, pagaría un 23% menos que hasta ahora.
Por otro lado, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha propuesto a las comunidades autónomas la creación de un fondo de ayudas para las familias que no puedan hacer frente al pago de las hipotecas de sus viviendas, que corresponderá al 5% de los presupuestos autonómicos.
Ésta es una de las medidas que Adicae ha presentado a los partidos políticos y los candidatos que concurren a las elecciones autonómicas y locales del próximo 22 de mayo, y que, según explicó ayer en rueda de prensa el presidente de la asociación, Manuel Pardos, permitirán dar “una respuesta efectiva” a los problemas de los consumidores, informa Efe.
El fondo sería financiado por las administraciones autonómicas y locales y la banca que opere en cada comunidad autónoma.
Cambio de tendencia. La opción del alquiler es más demandada entre los andaluces que aspiran a hacerse con una vivienda protegida (VPO) que la compra de la misma, la opción tradicionalmente más habitual. La situación del mercado inmobiliario y el empeoramiento de la situación económica han virado la opción mayoritaria de los andaluces que pretenden hacerse con una VPO: dos de cada tres demandantes de vivienda protegida eligen el régimen de alquiler.
Los datos pertenecen al balance de solicitudes recibidas en los registros municipales de vivienda, obligatorios tras la aprobación en febrero del pasado año de la Ley autonómica de Vivienda. Los ayuntamientos tienen una moratoria hasta el próximo año para implantar estos registros.
Desde que los municipios de Córdoba e Isla Cristina estrenasen este servicio en cumplimiento de la ley, se han venido sumando más ayuntamientos hasta alcanzar la cifra de 222 en la actualidad, el 28,7%. Entre ellos se encuentran la mayoría de los grandes municipios de la comunidad, por lo que el 73% de la población ya puede inscribirse en uno de estos registros, paso previo para poder reclamar, incluso judicialmente, el derecho a una vivienda.
En los meses transcurridos, estos registros han recibido 70.000 solicitudes, según los datos aportados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. El 65,8% de los solicitantes se decanta por el régimen de alquiler y el 34,2% por la compra. Dentro de los que se inclinan por el régimen de arrendamiento, el 43,3% elige la fórmula del alquiler con opción a compra. Esta modalidad ofrece la posibilidad de acceder a la propiedad del inmueble pasados unos años -entre siete y diez-, con la particularidad de que al precio final del piso se le descontará parte del dinero que se haya abonado en concepto de renta.
La propia Junta atribuye este cambio de tendencia a la incidencia de la crisis, en la que el grueso de la población andaluza ha visto empeorada su situación económica, y a otros factores como la movilidad. Estos datos pueden contribuir a un cambio en los planes de vivienda de la Junta para fomentar el alquiler frente a la construcción de VPO, pese a que cuenta con la opinión contraria de alcaldes y los sindicatos CCOO y UGT.
También es posible que esta preferencia se deba a que el perfil tipo es el de una familia joven, con un nivel de ingresos inferiores a los 19.000 euros brutos anuales. De hecho, el 71% de los interesados en una VPO que acudieron a estos registros tienen unos ingresos inferiores a 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Otro 18,4% declara un máximo de 29.000 euros. Para este tope de ingresos -el 90% de la demanda- la VPO es de régimen especial, mientras que para los intermedios y más altos -un 10%- el plan concertado prevé las VPO de régimen general y las de iniciativa municipal y autonómica.
Unas 16.000 personas están esperando actualmente que los diversos trámites administrativos que mantienen frenada la construcción de nuevas viviendas de protección oficial en la capital y la salida de la crisis económica despejen el camino para que pueda hacerse realidad la casa que tanto anhelan, aunque para acceder a ella tengan que vérselas con las duras condiciones que están poniendo los bancos para obtener una hipoteca. Pese a que esta circunstancia, la económica, está dejando fuera del mercado de las VPO a un gran número de familias, todavía son miles las que están decididas a intentarlo y tener su hogar propio.
Un buen barómetro de las necesidades de vivienda protegida en Málaga es el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ya que es el organismo del Ayuntamiento en el que se ha abierto el obligatorio registro de demandantes, una nueva base de datos de la que se extraerán los adjudicatarios para cualquier promoción de VPO que se construya en la capital, ya sea por parte de una administración pública o de una empresa privada.
Según los datos facilitados desde el IMV, han solicitado su inscripción en este registro, que siempre está abierto, un total de 4.941 personas. De ellas, ya han podido registrarse formalmente 551 y el resto están a la espera de poder hacerlo en los próximos meses, ya que dependen para ello de alguna documentación oficial que tarda en tramitarse. De los ya inscritos, la mayor parte prefieren la posibilidad del alquiler con opción a compra, un régimen que puede amoldarse con más facilidad a las actuales condiciones del mercado. Además, más de la mitad de ellos (334) son jóvenes.
Al margen de este registro, para el que ya hay alguna empresa que ha solicitado una posible lista de adjudicatarios para una promoción que va a desarrollarse en forma de cooperativa, existe una bolsa de unos 10.800 aspirantes que llevan ya un año sin saber si les ha tocado o no una vivienda. Se trata de las personas que se presentaron en octubre de 2009 a la convocatoria para adjudicar 611 pisos de VPO en venta, de los que 490 se construirán en la zona de Universidad, al oeste de la ampliación del campus de Teatinos, y 121 en el sector de Morillas, en Teatinos. ...continúa leyendo "16.000 malagueños en la lista para una VPO"
Ya lo apuntábamos esta mañana, y ya hay confirmación: la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que el Gobierno suprimirá en los próximos dos años las ayudas a la compra de viviendas protegida con el fin de potenciar el alquiler y la rehabilitación hasta 2012 de este tipo de inmuebles y para cumplir con el ajuste presupuestario que permita reducir el déficit público.
En la V Conferencia Sectorial de Vivienda, el Ministerio de Vivienda se ha reunido con los consejeros de las comunidades autonómicas para anunciarles los ajustes, que irán siendo escalonados hasta el 2012. Las comunidades no ven los recortes con buenos ojos y han reclamado estudiarlos bilateralmente ya que son ellos los responsables de repatirlos, a lo que ha accedido el Ministerio de Vivienda.
Lo que si es ya una medida en firme y en marcha es la eliminación este mismo año de la Reserva de Eficacia, que permitía a las comunidades financiar la superación de los objetivos de ayudas pactados con el Estado, y la compensación de pagos de los fondos transferidos a las regiones. El presupuesto adicional de la Reserva de Eficacia representó el 20% de los alrededor de 1.400 millones de euros con los recursos que contó el departamento dirigido por Corredor durante este año, mientras que los pagos a las comunidades sin justificar alcanzan 628 millones. "Estos 628 millones el Gobierno los irá reduciendo progresivamente cada ejercicio", ha indicado la ministra de vivienda.
El ajuste "más estricto" vendrá en 2011 y se mantendrá hasta el 2012, así el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación será más austero en los dos años que le restan. De este modo el Gobierno ha decidido suprimir la ayuda directa a la entrada (AEDE) para la compra de una vivienda, y en su lugar, permitirá la ampliación de la hipoteca de las VPO hasta el 90% de su valor como contrapartida. Corredor ha minimizado el impacto de esta ayuda directa a la compra, al asegurar que la función de ambas medidas es la misma: reducir la necesidad de ahorro para afrontar el pago de la entrada.
El Ministerio de Vivienda ha anunciado el recorte hacia los promotores, rebajando en el entorno del 40% las subvenciones tendentes a la promoción de vivienda protegida nueva en alquiler, que se acompañará de la supresión de la ayuda a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo. En compensación, la ministra ha resaltado la nueva línea ICO facilitada para la promoción de vivienda protegida en compra y por la gestión urbanizadora de SEPES. A todo esto, Beatriz Corredor también ha anunciado la no renovación de la subvención para las ventanillas únicas tras dos años de funcionamiento, pues el Ejecutivo considera "cumplidos" sus objetivos. Las oficinas de ayudas en las áreas de rehabilitación se mantendrán, que serán completadas con las oficinas técnicas de la Plataforma RHE+.
La titular de Vivienda no ha precisado cuánto prevé ahorrar con estas medidas. En su conjunto, según ha declarado, durante el año pasado se destinaron a estos apartados 507 millones. Su reparto fue así: ayuda directa a la entrada (306 millones), subvenciones a la promoción de VPO nueva en alquiler (149 millones), ayuda a promotores para urbanización de suelo (41 millones) y subvención para ventanillas únicas (21 millones). Corredor ha valorado la apuesta por la rehabilitación y el alquiler, al recordar que en el primer año de ejecución del Plan Estatal logró un 255% de los objetivos en alquiler y del 114% en los de rehabilitación, con lo que restó trascendencia al impacto del ajuste, ya que la VPO de nueva construcción para compra sólo alcanzó el 66% de los objetivos convenidos. "Por tanto, el impacto del ajuste presupuestario será menor, dado que ésta es la línea menos demandada", ha subrayado.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría la moción pactada entre PSOE y CiU que insta al Gobierno a modificar las condiciones los préstamos hipotecarios sobre vivienda protegida, ampliando del 80% al 95% la cobertura y su plazo de amortización de 25 a 30 años, así como para destinar el suelo y los bienes "infrautilizados" adscrito a los Ministerios de Defensa, Interior y Fomento, incluidos los entes empresariales, a la construcción de este tipo de vivienda.
Asimismo, plantea que se estudie la elaboración un plan de colaboración público-privada para la creación de un "gran parque" de viviendas de alquiler a precios asequibles e impulsar la transformación de un "elevado porcentaje" del 'stock' en manos de las promotoras para convertirlas en vivienda de alquiler.
El texto pactado, que suprime seis apartados de la iniciativa original de CiU, contempla la realización, en el plazo de seis meses, de un informe sobre la ejecución de las líneas de créditos convenidos a promotores y del ICO-vivienda protegida con el fin de evaluar la facilidad o dificultades de la aplicación de dichas líneas de financiación.
El PSOE no aceptó la propuesta de CiU de desarrollar la exención fiscal de todas las ayudas públicas al acceso a la vivienda, incluida la Renta Básica de Emancipación.
Tampoco la de la creación de un fondo de garantía para que las comunidades autónomas puedan cubrir los impagos de las rentas por parte de personas en situación de vulneración social o de dificultad económica temporal, aunque sí se propone estudiar medidas en colaboración con las administraciones autonómicas y locales.
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