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Son malos tiempos para quienes han cumplido los 30 años y quieren comprar una vivienda. Sobre todo, en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Baleares y Barcelona. Aquí se sitúan los precios más elevados por metro cuadrado, hasta el punto de que adquirir una casa en estas comunidades absorbe más del 70% del sueldo de quienes tienen empleo. Esta situación de continúa crisis en la relación entre los jóvenes y la vivienda no es ni mucho menos nueva, pero se está alargando de modo preocupante. El Consejo de la Juventud de España (CJE), en el último informe del Observatorio de Emancipación, confirma que los procesos de emancipación residencial entre la población de 16 a 29 años han vuelto a sufrir un retroceso anual y, en el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 19,7% de las personas de esta franja de edad han logrado independizarse.

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De este modo, según el estudio, las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya es donde el metro cuadrado se tasa más caro, con en 2.654,2 y 2.363,7 euros, respectivamente, a continuación, Madrid con 2.178,2 euros/m2, Baleares con 2.041,7 euros/m2, Barcelona con 2.018,9 euros/m2, y Álava, con poco menos de 2.000 euros/m2, son las zonas calientes para adquirir vivienda, y por lo tanto, las de mayor dificultad de cara a la accesibilidad de la vivienda por parte de los más jóvenes. En estas zonas, los jóvenes con empleo de entre 16 y 29 años se dejan el 70% o más de su sueldo para comprar piso o casa. Por delante de zonas como Cantabria, Málaga, Girona y Canarias, donde comprar una vivienda supone desviar el 60% de los ingresos del trabajo.

Así, el Observatorio de Vivienda y el Observatorio de Emancipación, vuelve a confirmar que la accesibilidad a la compra de una vivienda es verdaderamente complicado para un joven de hasta 30 años. Si los ha cumplido, la situación se alegra sólo un poco. Tener entre 30 y 34 años en España significa que si te compras una casa inviertes de media la mitad de tu sueldo, el 60% o algo menos si vives en Baleares, País Vasco y Madrid. En estas zonas, el alquiler es aún peor.

Los datos que ofrece el CJE presenta una situación en la que sólo un 19,7% de los jóvenes con entre 16 y 29 años ha podido independizarse, y de estos un 16,7% lo ha podido hacer sin necesidad de compartir piso. Varias razones pesan en la mala relación jóvenes-vivienda. El mercado laboral es una de ellas, pero también, como indica el Observatorio, "el aumento anual de precios de compra y alquiler de vivienda dificulta procesos de emancipación". El Instituto Nacional de Estadística (INE) constata esta tendencia al señalar que los precios han subido un 4% en el último año. Y La previsión es que sigan subiendo. Con todo, hay zonas en España que, sin salvarse del ciclo de precios al alza, muestran estabilidad e incluso aún ajustes en los precios.

Aunque no hay una sola provincia en España en la que la compra de una vivienda represente menos del 30% del sueldo del joven, sí hay varias provincias que se llevan entre el 30% y el 39%. Son Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha), Cáceres (Extremadura), Jaén (Andalucía), Teruel (Aragón), León (Castilla y León) y Lugo (Galicia). Se trata de provincias en las que, efectivamente, el coste del metro cuadrado de una queda por debajo de 1.000 euros/m2, según el Observatorio de la Vivienda, que certifica que la mitad sur de España es más amable para los jóvenes con intención de comprar.

Asimismo, el CJE, en el mapa de la emancipación en España, señala a La Rioja, Madrid, Canarias, Cataluña y Baleares como zonas que representan una tasa de emancipación por debajo del 19% de la población joven residente. Curiosamente, Baleares tiene el porcentaje más alto de España pese a ser una de las zonas con el precio de la vivienda más caro. De nuevo, la respuesta aparece en el mercado de trabajo. Tal y como refleja el Observatorio de Emancipación, la tasa de empleo más alta de España entre los jóvenes de 16 y 29 años reside en Baleares, por delante de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Otra cosa es cuánto ganan los jóvenes en esos trabajos y si lo que ganan les da para comprarse casa.

Con el alquiler no cambian ni la problemática de la accesibilidad ni las zonas en la que ubicarla. Un joven de 16 a 29 años se dejaría todo su sueldo en un alquiler en Baleares y en Cataluña y casi todo en Madrid. En Extremadura y en Castilla-La Mancha tendría que destinar cerca de la mitad. Empezar a trabajar y comprar casa o irse de alquiler nunca fue fácil. Hoy aún menos, más bien parece una quimera.

Fuente: CJE, Observatorio de Emancipación (Primer semestre 2016)

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Más allá de cuánto vale de media una vivienda en España, los expertos del sector inmobiliario suele analizar cuánta gente puede pagar ese precio y con qué grado de dificultad. O dicho de otra manera, cómo de accesible es la vivienda para los hogares. De ese modo, se puede evaluar cuánta demanda potencial puede quedar fuera (denominada insolvente) y si es necesario desarrollar, entre otras iniciativas, políticas de vivienda social como las que se han aplicado desde finales de los 80.

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A la hora de medir esa accesibilidad a la compra de un piso hay dos formas de hacerlo más o menos oficiales y que están aceptadas por el consenso de los analistas. La primera es aquella que del total de los ingresos del hogar, calcula qué porcentaje va destinado al pago de la hipoteca. En este punto, conviene recordar que para los departamentos de riesgos de los bancos hacer frente a la cuota hipotecaria nunca debería suponer más de un tercio de los ingresos familiares. Es decir, que si el recibo mensual del préstamo no supera el 33% de la renta, puede concluirse que las finanzas del hogar no están en riesgo. Y es que todos los expertos dan por hecho que el pago de la casa es la partida que más recursos absorbe del presupuesto mensual.

Sin embargo, la historia reciente demuestra cómo no siempre los bancos aplicaron esta máxima de prudencia y concedieron algunos créditos que vulneraron ese tope del tercio de los ingresos. Los detractores de esta fórmula de cálculo de la accesibilidad recuerdan que en la cuota hipotecaria no está incluido el dinero que previamente la familia ha tenido que abonar en concepto de entrada, ni los gastos de notaría, registro e impuestos que comporta la compra de una vivienda.

En la actualidad, según la estadística que elabora el Banco de España, las familias destinan en promedio el 32,5% de su renta al pago de su hipoteca, lo cual significa que estaría dentro del rango considerado como saludable por la banca. Pero justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con los precios de los inmuebles disparados y la economía española creciendo a buen ritmo en actividad y empleo, ese porcentaje llegó a superar el 60% de los ingresos si no se tenían en cuenta las deducciones fiscales y el 48% con esos incentivos. Ahora esa disyuntiva ya no tiene sentido después de que en 2013 el Gobierno eliminó definitivamente la posibilidad de deducirse en el IRPF la compra de la vivienda habitual.

El esfuerzo para pagar una vivienda deja de caer

La segunda fórmula para calcular el esfuerzo que deben realizar los hogares para pagar su vivienda se estima poniendo en relación el precio medio de las casas con el promedio de salario, entendiendo la ratio resultante como el número de años completos de sueldo que se requieren para pagar la vivienda. Los expertos creen que de esta manera se mide de forma más correcta la accesibilidad. Incluso, como en la fórmula anterior, se atreven a fijar también un rango en el que debería moverse esa ratio y lo establecen en el entorno de los cuatro años. Es decir, que si lo saludable es que la cuota hipotecaria no absorba más de un tercio de los ingresos mensuales, en números completos de salario, lo idóneo sería que no se necesitaran más de cuatro años completos para financiar la compra de la casa.

El Banco de España lleva midiendo la accesibilidad con esta ratio desde el año 1987 y en la serie histórica se refleja a la perfección cómo se ha incrementado el esfuerzo necesario para comprar una casa cuando los precios se han elevado de manera desproporcionada. Así, un análisis de dicha serie evidencia cómo desde finales de los ochenta hasta el año 2002 la accesibilidad se movió entre los tres años de salario completo y los cuatro años y medio, lo que los analistas califican de nivel aceptable; y cómo a partir de esa fecha comienza una escalada mucho más pronunciada hasta tocar el máximo de la serie con nueve años completos de sueldo para pagar la vivienda.

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Después de ello se mantendría aún varios trimestres en niveles inexplicablemente altos (de entre 8,5 y 7,8 años) y solo en la segunda parte de la crisis, cuando arrecia la recesión y se acelera la depreciación de los inmuebles es cuando disminuye hasta los seis años de donde no ha sido capaz de bajar más. El mínimo lo tocó a comienzos del pasado año, en 6,08 años, pero en el segundo y tercer trimestre de 2015 el Banco de España registró suaves repuntes de la ratio hasta los 6,29 y 6,32 años.

La explicación no es otra que el cambio de tendencia protagonizado por los precios de la vivienda que, después de acumular desde finales de 2007 (cuando tocaron máximos) una depreciación media superior al 40%, llevan año y medio, cuando no dos (según la estadística de referencia) creciendo, aunque sea a tasas muy moderadas.

Y pese a que el denominador de la ratio (el salario), también aumenta, lo hace a un ritmo inferior al del coste de las viviendas. Sobre si esta nueva tendencia se mantendrá o no, nadie se atreve a hacer un pronóstico, aunque todavía son muchas las voces que admiten que los precios de los pisos en muchas zonas del país siguen estando lejos del poder adquisitivo presente y futuro de numerosos hogares, en un país donde apenas el 21,5% de los jóvenes españoles menores de 30 años con empleo logran independizarse.

Fuente: cincodias.com

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accesibilidadLos edificios de viviendas en régimen de propiedad horizontal deben hacer obras antes del 4 de diciembre de 2017, según el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, para garantizar que las personas con discapacidad puedan hacer uso de los elementos comunes en las mismas condiciones que los demás vecinos.

A propietarios y comunidades de vecinos, les queda algo más de dos años para ir llenando la hucha y decidir qué tipo de adaptación han de realizar: instalar rampas, salvaescaleras, ascensores adaptados u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten el acceso total al inmueble.

Se conoce como propiedad horizontal al derecho que se ejerce sobre uno o más pisos o locales de un edificio, que han sido adquiridos por distintos propietarios en forma separada pero que tienen ciertos derechos y obligaciones en común. La propiedad horizontal, por lo tanto, es la institución jurídica vinculada a la división y organización de los inmuebles resultantes de la segregación de una construcción común. Dicha propiedad reglamenta la manera en que se divide el inmueble y su relación con el resto de los bienes privados y comunes del edificio.

Según Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios y Administradores de Fincas de España (CGCAFE): "Más del 75% de los pisos necesitan mejorar la accesibilidad. La persona propietaria de la vivienda con discapacidad o que sean mayores de 70 años puede solicitar que se adapten las instalaciones". Además, según Belén Galán, responsable de la empresa especializada en soluciones salvaescaleras (ThyssenKrupp Encasa), las dificultades mayores para los discapacitados están en las escaleras de los edificios. Díez señala que "como novedad se introduce el concepto de accesibilidad universal, de manera que se debe procurar adaptar los edificios para que todos los usuarios puedan acceder, no solo a sus viviendas, sino a todas las zonas comunes (garajes, jardines…)".

Cumplir con el objetivo de estas adaptaciones, conlleva un desembolso nada económico, sin embargo la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que modifica los artículos 10 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) recoge que las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal no deben suponer una "carga desproporcionada o indebida": "La carga es desproporcionada cuando el coste de las obras repercutido anualmente, descontando las subvenciones y ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes". Mientras no superen esas 12 mensualidades anuales, los gastos de las obras deben ser abonados por todos los propietarios.

Sistemas de accesibilidad y costes aproximados:

  • Plataformas salvaescaleras: Minimizan o eliminan las obras. Son elevadores dotados de una peana que circulan por un raíl instalado en la escalera y que permiten la comunicación entre las distintas plantas del edificio. Su inversión es de unos 7.000 euros.
  • Sillas salvaescaleras: Tienen un asiento que circula a través de un raíl instalado en la escalera, de modo que el usuario puede acceder a las distintas plantas de una vivienda sin necesidad de hacerlo andando. Hay distintas familias de sillas según el tipo de escalera ( curva, recta, sin descansillos...). Su inversión es de 3.500 y 4.000 euros.
  • Elevadores verticales: No necesitan cuadro de máquinas, ni foso, por lo que se pueden instalar en espacios reducidos. Esta solución es muy socorrida en la rehabilitación de viviendas y está diseñada para la elevación vertical de los usuarios (independientemente de que utilicen silla de ruedas o no). Su inversión es de unos 10.000 euros.
  • Ascensor: Su inversión final, entre obras de instalación, aparejador o arquitecto es de unos 75.000- 80.000 euros (para un edificio de 5 plantas); aunque se puede dar el caso de que, por las características del propio edificio, no se pueda instalar un ascensor en el interior del portal y se deba colocar por fuera, adosado a la fachada. En este caso el precio rondaría los 100.000 o 120.000 euros.

Imagen: 24siete.info - Fuente: elpais.com

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