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Playa de Benidorm, Alicante (Costa Blanca)

El pasado año, España recibió a más de 75 millones de turistas extranjeros, una actividad que supone el 11,1% del PIB. La realidad turística de nuestro país es, no obstante, muy diferente a la de otras regiones de nuestro entorno. Si en otras zonas los viajeros acuden a las playas, ciudades o capitales culturales y vuelven rápidamente a sus casas, España es la nación con más turistas residentes del mundo (un término paradójico en apariencia), tan solo superado por Estados Unidos, y muy por encima de Francia, Italia o Grecia. Ello quiere decir que nuestro país experimenta desde hace medio siglo un fenómeno curioso: la afluencia masiva de turistas (sobre todo, ingleses y alemanes) que pasan una gran parte del año en nuestras costas, disfrutando del sol, la playa y precios bajos asociados a un nivel de vida bajo. Es lo que ocurre con los suecos, con una población de alrededor de 90.000 personas en España. Estos no solo se benefician de los factores anteriormente señalados, sino también del Estado del bienestar español. Así, el turismo residencial se está aprovechando de este buen momento para comprar pisos y casas tras la crisis, hasta el punto que el pasado año 2016, los extranjeros residentes aumentaron su inversión en vivienda, un 15,5%. Pero, en este binomio formado por la vivienda y el turismo ¿cómo gastan el dinero los turistas extranjeros que vienen a España?, y cómo afecta a nuestro entorno, nuestra economía y nuestros barrios. Al parecer, no son ellos los que se adaptan, sino los comercios que quieren sobrevivir.

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Empezó la cuenta atrás en Reino Unido para celebrar el referéndum con el que sus ciudadanos decidirán si quieren seguir formando parte de la Unión Europea o si prefieren romper los lazos con los socios continentales. Así, el próximo 23 de junio, los británicos decidirán si quieren seguir siendo miembros de la Unión Europea. Su veredicto tendrá consecuencias globales para la economía europea e incluso mundial, pero también directas para España y los miles de españoles que viven actualmente en el Reino Unido. Importantes sectores como el turismo, el comercio, la inversión o el mercado residencial en las principales zonas de interés como Madrid, Barcelona, Costa Blanca, Costa del Sol, Baleares o Canarias, se verían afectados.

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El denominado "Brexit" lleva semanas acaparando las miradas de todo el mercado y los expertos han empezado a alertar de los múltiples efectos que tendría para el sector inmobiliario la salida de las islas británicas del esquema europeo. Las consecuencias se suavizan para el resto de estados miembros al no estar Gran Bretaña dentro de la Unión Monetaria, aunque no hay que menospreciar las que sufriremos tanto nosotros como ellos mismos en caso de confirmar su salida.

Consecuencias globales si se va Gran Bretaña de la UE

Al ser la principal condición de la Unión Económica Europea la libre circulación de personas y mercancías entre los estados miembros, los dos efectos principales sobre la economía de ellos serían claros. El flujo migratorio cambiaría de forma importante en Europa y estaríamos ante un nuevo paradigma para las personas que quieran ir a trabajar al Reino Unido y viceversa, ya que resurgirán limitaciones (visados, plazos...). Realmente, al ser éste el punto más utilizado por los partidarios del "Brexit" ya están consiguiendo concesiones del resto de miembros para evitarlo. Estos privilegios son uno de los motivos por los que el actual gobierno hace campaña a favor de mantener el país en la Unión, con lo que, salgan o no, parece inevitable que sigamos viendo variaciones en este aspecto y más restricciones en la entrada migratoria hacia las islas. El resultado económico para todos serán inminentes: más dificultad para trabajar en Inglaterra y más necesidad de acogida hacia el resto de países.

Todo esto está provocando grandes corrientes de opinión y de temor dentro del Reino Unido que abogan por que no se produzca el Brexit que ya está teniendo unas consecuencias directas sobre la economía británica, y especialmente sobre su moneda que ha caído más de un 10% respecto al euro en los últimos meses. Este descenso de la libra esterlina se está dando a pesar de que las encuestas anticipan que se mantendrán en la Unión. Si reacciona así ante un riesgo menor, todo hace pensar que la penalización por parte de los mercados hacia la libra será muy dura en caso de sorpresa y que se produzca esta separación. Para  George Osborne, ministro de Finanzas británico, la salida de la UE supondría un golpe económico inmediato para la segunda potencia europea, que incluiría una caída del precio de la vivienda de entre el 10% y el 18% en menos de dos años como consecuencia de la pérdida de valor de la libra esterlina.

A nivel interno, en Reino Unido "la hipotética salida de Gran Bretaña de la UE ya está provocando tensión en el mercado inmobiliario. El Banco de Inglaterra asegura que las transacciones inmobiliarias se han ralentizado un 40% en los primeros meses del año”, según afirma Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores. Son los primeros síntomas que muestran cómo "el gran capital" está esperando el resultado del próximo día 23 antes de tomar decisiones de inversión. Por lo que respecta a las mercancías no hay duda que se encarecerán las exportaciones e importaciones con destino u origen en el Reino Unido por la reaparición de tasas arancelarias.

Implicación directa con España: Turismo e inmigración

Pero las consecuencias podrían ir mucho más allá si el resultado de la consulta pública determina que los ciudadanos de Reino Unido desean distanciarse del Viejo Continente. Uniendo los factores anteriores (libra, aranceles, fronteras), el turismo, uno de los sectores más relevantes de la economía española, se puede poner a temblar: Los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2015 muestran como el Reino Unido es, con diferencia, el principal emisor de turistas con más de 15 millones de visitantes y genera una quinta parte de los ingresos por turismo en España (unos 12.000 millones de euros anuales).

El principal problema que plantea el ‘Brexit’ para el turismo es la devaluación de la libra frente al euro, lo que provocaría que a los británicos les saliera más caro viajar a los países que funcionan con el euro y podría frenar la llegada de visitantes en el futuro. Poniendo un ejemplo para valorar este impacto, un turista inglés que se gastó 800 libras en sus vacaciones en España en julio realmente ingresó 1.150 euros en nuestra economía, sin embargo, con esas mismas 800 libras ahora ingresaría poco más de 1.000 euros. España lo notaría significativamente teniendo en cuenta que, según un reciente informe del "World Travel & Tourism Council", el 16% de toda la economía española proviene del sector turístico y sus vinculaciones.

Actualmente hay alrededor de 200.000 españoles viviendo en suelo británico, aunque es imposible decir una cifra con exactitud ya que no todos están registrados en el Consulado. Nadie sabe aún las consecuencias que tendría un "Brexit" para los comunitarios que viven en el país. De momento, el Reino Unido estaría dos años en una especie de limbo hasta que se definiera su nuevo estatus. Aparte de tener que solicitar o no una visa, entre otros asuntos claves, se tendría que resolver si tienen derecho al Sistema Nacional de Salud y si se establece un convenio especial entre ambos países en materia fiscal. A nivel de pensiones, se tendría que definir cómo afecta a los españoles estas pagas los años trabajados en el Reino Unido.

Además, en España viven cerca de 700.000 ciudadanos británicos, 283.243 como residentes habituales (6% de la población extranjera) y el resto son personas que tienen una vivienda y pasan temporadas aquí. En este sentido, Londres sería el primer interesado en negociar un convenio especial con Madrid, ya que muchos de estos miles de compatriotas que viven en nuestro país son jubilados que se benefician del sistema de salud español. Entre 2000 y 2010, el número de residentes británicos mayores de 60 años se incrementó en un 400%.

Banca, comercio e inversión

La banca española es, después de la estadounidense, la que tiene la mayor exposición a Reino Unido. Según AFI “Entre el 25% y el 28% de los activos y los ingresos de las entidades financieras españolas depende de Reino Unido, con una exposición directa a Reino Unido de unos 478.000 millones de euros: unos 363.000 millones son deuda pública y privada y el resto, garantías, derivados y otros riesgos crediticios.

Además, más allá del impacto en las personas y la banca, los expertos también recuerdan que el "Brexit" afectaría tanto a las inversiones que realizan los británicos en España, como las que realizan allí las empresas españolas. Según un estudio de la Cámara de Comercio Británica en España, “el 21% de los flujos de inversión extranjera directa (IED) acumulada en nuestro país provienen de compañías británicas, lo que supone una inversión directa de 63.000 millones de euros en los últimos 11 años. La inmensa mayoría de este flujo se materializa en inversión productiva (sólo el 5% corresponde a compañías de tenencia de valores). En términos de stock, Reino Unido es el quinto país con mayor inversión extranjera directa en España, con más del 10% del total”. Según BBVA Research, "A medio y largo plazo, podría haber una disminución de los flujos de inversión extranjera y una reducción del comercio exterior con el resto de Europa, que dependerían mucho del tipo de acuerdos que se firmasen tras la salida no sólo con la UE, sino también con terceros países con los que la Unión ha negociado en nombre de sus países miembros”.

El impacto en el comercio es otro de los más nombrados por los expertos. Reino Unido es el cuarto país más importante para las exportaciones españolas (por detrás de Alemania, Francia e Italia) y el primero con una moneda diferente al euro. Por ello, una depreciación de la libra respecto a la moneda común podría poner en peligro las compras británicas de bienes domésticos, ya que el euro sería una divisa más fuerte y no les compensaría tanto realizar estas adquisiciones. "Exportamos a Reino Unido productos muy diversos, aunque los principales están relacionados con el transporte, la automoción y la alimentación. Además, España tiene un superávit comercial con el mercado británico equivalente al 1,3% del PIB (de unos 13.000-14.000 millones)”, según AFI.

El mercado inmobiliario español

Para Gonzalo Bernados, profesor Titular de Economía de la Universidad de Barcelona, la salida de Reino Unido de la UE sería un contrapunto para el mercado residencial. "Tener patrimonio con una libra fuerte ha sido positivo para los inversores y es uno de los factores que ha beneficiado a Londres, ya que mucha gente vive en la ciudad por la facilidad que hay para desplazarse por el resto de Europa. Sin embargo, si se produce una ruptura, habrá dificultades de movilidad y podríamos ver una fuerte caída del valor de los activos". El otro efecto que podría dejarse notar dentro del mercado residencial es la ralentización de la compra de viviendas en la eurozona por parte de británicos, ya que una libra más débil restaría atractivo a los activos valorados en euros. Este posible freno es especialmente preocupante para España, mercado en el que los ingleses son los foráneos que más casas adquieren en nuestro país: una de cada cinco, según el Colegio de Registradores o los datos del Ministerio de Fomento.

Zonas como Alicante, Baleares, Canarias o la Costa del Sol mantienen lazos comerciales y sentimentales desde hace años que se verían afectados. Así, según Ricardo Bocanegra, responsable de la Federación de Asociaciones de Extranjeros de la Costa del Sol, la aventura no le saldrá gratis al país. Al menos, desde un punto de vista administrativo. La independencia respecto a Europa comportaría un cambio automático de estatus y del régimen de ciudadanía, los turistas del Reino Unido pasarían de ser residentes de pleno derecho a adquirir la condición de extracomunitarios, con el inevitable incremento de papeleo y de incomodidades burocráticas". Que todo esto sea suficiente como para frenar sus inversiones es algo que analizan los expertos: "En principio no es nada positivo, pero todo dependerá de los acuerdos bilaterales que se adopten y el concierto de reemplazo que se elija. Hay países que sin estar en la UE tienen acuerdos especiales que hacen que la diferencia, en este sentido, sea mínima".

En Costa Blanca es donde están más preocupados. No es para menos. En la costa de Alicante, la hipotética salida británica de la UE "causaría una recesión que podría reducir su PIB en unos tres puntos en dos años, además de una significativa depreciación de la libra" que tendría efectos “muy negativos” en Alicante, donde más el 21% de las compras de vivienda a cargo de extranjeros las realizaron ciudadanos de Gran Bretaña, muy por encima de franceses (un 8,7%), y alemanes (7,3%), según Roberto Ruiz Scholtes, director de Estrategia de UBS Bank en España. Eso hace que la provincia sea la más interesada en que los votantes de aquel país decidan mantener a su país dentro de la Unión Europea en el referéndum que tendrá lugar el próximo 23 de junio. Se calcula que “el Brexit reduciría las ventas de viviendas a británicos entre un 10 y un 20%, con una caída del 2,5% en los ingresos turísticos”.

Fuentes: elconfidencial.com y el pais.com Imagen: openeurope.org.uk

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localrentaantiguaLa cuenta atrás ha comenzado. El 31 de diciembre acaba la renovación de los contratos previos a 1985 que afectan a casi 200.000 locales comerciales de renta antigua. Según los expertos y organizaciones empresariales, miles de pequeños comercios que a duras penas resisten la presión de las grandes cadenas y de los constantes envites de la crisis, están a punto de sufrir un duro varapalo con el final de los alquileres de renta antigua en las grandes ciudades.

El fin de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), conocida popularmente como "Ley Boyer", aunque la legislación ha protegido a los comercios con contratos anteriores a 1985 del notable aumento de los alquileres desde entonces, y es considerada por todos como un anacronismo, e incluso los mismos afectados entienden que los caseros quieran obtener el máximo rendimiento. Pero si las subidas de estos alquileres son demasiado altas, pueden poner en peligro la presencia de un sector que ha ayudado a la difícil recuperación económica que aún estamos pasando, y aliviado las altas tasas de paro a pesar de la supremacía de las grandes superficies.

Los nuevos precios, que superan en 10 o 15 veces los actuales, hacen que sea imposible la supervivencia de los comercios tradicionales, que agonizan desde hace años por la crisis, la bajada de ventas, la liberalización de horarios, las nuevas formas de comprar o la subida de precios en zonas turísticas por la presión de las grandes franquicias, dispuestas a pagar en un mes lo que les costaría a los pequeños comerciantes un año.

Moratoria de 5 años para los locales alquilados a comercios y pymes

Si las condiciones de los alquileres cambian radicalmente cuando expire la ley el próximo uno de enero, el sector del comercio minorista calcula que se pone en riesgo 519.000 puestos de trabajo en toda España y afectará a más de 190.000 comercios.

Con este temor, tanto La Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas de España (Copyme) y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) han solicitado una moratoria al Gobierno para prorrogar los alquileres de renta antigua cinco años, del 2015 a 2020, arrendados a comercios y pymes.

Sebastián Reyna, presidente de UPTA, asegura que de los 200.000 locales que actualmente tienen contratos de renta antigua muchos de ellos han pactado alguna actualización de sus rentas y entre 15.000 y 20.000 mantienen conversaciones con los propietarios para buscar una solución antes de que acabe el año. Entre 60.000 y 75.000 contratos de alquiler de renta antigua aún no han sufrido ninguna actualización.

Cada día se ven más carteles de liquidación, que es la única opción de los que se han dado por vencidos. Pilar Pina de 69 años, ha dirigido un negocio de óptica en Madrid durante las pasadas cuatro décadas, ya ha decidido que va a cerrar. "Me voy, me rindo", dijo para explicar que ha sido incapaz de renegociar una subida de menos de 2.000 euros desde los 1.400 euros mensuales que paga actualmente al mes. "Estaba dispuesta a pagar varios cientos de euros más, pero mi casera estaba pidiendo algo utópico".

La mayoría de los locales comerciales con renta antigua se ubican en Cataluña, principalmente en Barcelona, además de otras ciudades como Madrid, Granada, Córdoba, Málaga, Santander, junto con algunas zonas rurales y aldeas de Galicia, y muchos en menos proporción diseminados por todo el país.

Fuente: eleconomista.es - Imagen: EFE

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decompasSegún el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, "Estamos desaprovechando la oportunidad de recibir cada año 60 millones de turistas, ya que muchos de los días festivos en los que llegan a nuestros destinos se encuentran con los comercios cerrados".

La frase define con claridad la intención de la propuesta liberalizadora de los horarios comerciales que ha presentado el Gobierno a las comunidades autónomas y que supone cambios fundamentales para el comercio minorista, cuya competencia reside en las mismas regiones, y no está exenta de polémica sobre su conveniencia y beneficios.

En concreto 4 aspectos de la propuesta afectarán directamente a los comerciantes en relación a la liberalización de horarios. El más llamativo, por imposición, establece la obligación a 14 grandes municipios turísticos para que creen zonas de gran afluencia turísticas en las que no haya restricciones en las horas de cierre y apertura. También se amplía de 72 a 90 el número de horas semanales que pueden abrir sus establecimientos en días laborables, y se eleva de 8 a 10 el mínimo de festivos que se debe abrir, el cuarto cambo importante es el incremento de 150 a 300 metros cuadrados el umbral a partir del cual el pequeño y mediano comercio tiene libertad de horarios.

En esta lista que obliga a la libertad de horarios comerciales se encuentran las localidades de BarcelonaAlicanteValenciaZaragozaMálagaSevillaLas Palmas de Gran CanariaBilbaoCórdobaGranadaCartagena, junto con los ayuntamientos de MadridPalma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, que no tendrán que tomar ninguna medida adicional ya que disponen de zonas con total libertad al comercio.

En todas estas localidades se cumplen algunos de los tres factores fijados por el Ejecutivo: tener más de 200.000 habitantes, registrar más de un millón de pernoctaciones anuales, o una afluencia superior a 400.000 pasajeros en cruceros), por lo que dispondrán de un plazo de seis meses desde que se apruebe la norma para delimitar las zonas turísticas que tendrán libertad absoluta de horarios comerciales. "Serán los municipios los que establezcan las zonas que deben funcionar sin restricciones y la aprobación definitiva procederá de la autonomía", subrayó García-Legaz, quién no aclaró si esta normativa se tramitará como decreto o proyecto de ley (podrían incluirse enmiendas en la tramitación). Según fuentes autonómicas presentes en la reunión lo más probable es que se tramite como real decreto (como se ha hecho con los ajustes en Sanidad y Educación o los acuerdos para no disponibilidad de créditos) para que las medidas liberalizadoras puedan aplicarse lo antes posible.

Esta medida supone una afrenta para el ayuntamiento de Barcelona, cuyas autoridades, al igual que la gran mayoría del resto de municipios catalanes, se han negado tradicionalmente a ampliar los horarios comerciales ante el daño que podría causar al pequeño y mediano comercio, muy representativo en esa comunidad autónoma. De hecho, el secretario general de la Confederación del Comercio de Cataluña, Miquel æeuro;ngel Fraile, animó al Ejecutivo presidido por Artur Mas a acudir al Constitucional si el Gobierno no rectifica sus propuestas sobre horarios comerciales.

Tampoco fue bien recibida la propuesta desde la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged), quién consideró que "tendrá un alcance imperceptible, muy alejado de las reformas de calado que requiere la economía española para recuperar la confianza y el consumo. En un comunicado, Anged apuntó que la propuesta de ampliar a 10 días festivos de aperturas es un retroceso frente a los 12 que el Gobierno del PP legisló en 2000 y calculó que las restricciones al comercio están impidiendo la creación de 20.000 puestos de trabajo.

Fuente: cincodias.com

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