Las empresas y autónomos pueden acogerse al "IVA de caja" desde el pasado día 1 de enero del recién estrenado 2014. Es la principal novedad fiscal del año, a la espera de que el Gobierno apruebe durante el primer semestre la anunciada reforma fiscal, que entrará en vigor de forma escalonada entre 2014 y 2017. La medida significa que pymes y autónomos podrán aplazar el pago del impuesto hasta que se cobre la factura, medida incluida por el Gobierno en la nueva Ley de Emprendedores y que, según sus cálculos, puede beneficiar a 1,3 millones de autónomos y 1 millón de pymes.
Con ello, se sustituye el tradicional criterio de devengo, normalmente vinculado a la facturación, por el de cobro efectivo. Este instrumento, de carácter voluntario, permitirá dotar de liquidez a las pymes y autónomos con un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros, que son los que podrán acogerse a esta medida, pero también conllevará nuevas obligaciones de información para atajar el fraude fiscal, como añadir en los libros de registro las fechas de cobro y pago de las facturas y los medios usados.
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Las empresas que quieran acogerse a este nuevo sistema de pago del IVA tienen de plazo hasta el 31 de marzo de 2014, tras aprobar hace apenas una semana su ampliación tres meses, frente al 31 de diciembre previsto inicialmente. De esta forma, se dispondrá de más tiempo para adaptar sus aplicaciones informáticas al nuevo sistema. Una vez que hayan optado por él, les vinculará por un periodo de tres años.
Por su parte, las empresas que contraten con pymes y autónomos sujetos al IVA de caja no podrán aplicarse la deducción de este impuesto hasta que hayan pagado la factura, lo que, según el Gobierno, supone un incentivo para que los clientes adelanten el pago de las facturas, dado que cuanto antes lo hagan, antes podrán deducir el IVA soportado.
Junto con este nuevo régimen, la Ley de Emprendedores también contempla otras ventajas fiscales para pymes y autónomos a partir de 2014, lo que el Gobierno considera la primera parte de la reforma fiscal que prepara. En concreto, las empresas con una facturación inferior a 10 millones de euros podrán deducirse hasta un 10% de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo que se reinviertan en la actividad económica.
Además, se permite que las deducciones por I+D+i que puedan aplicarse en un ejercicio puedan recuperarse mediante un sistema de devoluciones, que se empezará a aplicar ya en los gastos realizados en 2013, pudiéndose empezar a cobrar en 2015; al tiempo que se establece un nuevo incentivo fiscal en el IRPF (el 20% sobre una base máxima de 50.000 euros) a favor de los "business angels" o de las personas interesadas en aportar solo capital para la inicio de una actividad o capital semilla.
Impuesto de Sociedades: Prórroga del pago fraccionado
Por otro lado, la norma prorroga para 2014 determinadas medidas temporales que afectan al Impuesto de Sociedades, como la incorporación de la base imponible del pago fraccionado del 25% de los dividendos y rentas exentas, el pago fraccionado mínimo, la limitación de la deducibilidad del fondo de comercio o la limitación de la deducibilidad de los activos intangibles de vida útil indefinida.
Con ellas, el Gobierno pretende ensanchar las bases de este impuesto, dado que actualmente recauda poco a pesar de contar con tipos nominales altos, dado que el tipo que finalmente pagan se reduce mucho debido a las deducciones. De hecho, Hacienda indica que las grandes empresas tributan a un tipo cercano al 9%, a pesar de que el tipo nominal se sitúa en el 30%.
Por último, a partir de 2014 se fija una exención del 85% en el impuesto a la electricidad a sectores de consumo intensivo y se establece un tipo reducido en el de gas natural para uso con fines profesionales.
Fuente: elpais.com
El próximo 1 de enero hará un año que se puso fin a la deducción por 
El Parlamento Europeo ha aprobado de forma definitiva (por 596 votos a favor, 31 en contra y 65 abstenciones) una norma cuyo objetivo es acabar con los abusos en la concesión de hipotecas como los que provocaron la burbuja inmobiliaria en España o Irlanda y mejorar la protección de los consumidores frente a los desahucios en caso de impago. Así, la Eurocámara da el visto bueno a la primera normativa europea en el ámbito hipotecario, y los Estados tendrán a partir de ahora con un plazo de dos años para incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales.
