Tras el temor al "tarifazo" que amenazaba con una subida del 11% tras la subasta eléctrica que tuvo lugar la semana pasada, la luz subirá el 1 enero, pero el aumento se moderará hasta el 2,3% tras la intervención del Gobierno vía decreto (por primera vez desde la liberalización del sector) aprobando un aumento del 1,4% para la parte liberalizada del recibo y de otro 0,9% para el tramo regulado.
El viernes, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy reconoció el conflicto eléctrico ha sido el tema “más complicado” al que se ha enfrentado hasta ahora su Gobierno, y que le ha llevado finalmente a intervenir los precios cuando estos se han disparado. El clamor social y político que ha levantado el anuncio del "tarifazo del 11%", ha forzado al Ejecutivo a optar por una fórmula “transitoria” y de urgencia de decretar la subida del primer trimestre de 2014. Y se da un plazo tres meses para encontrar un método definitivo que sirva para cálcular la tarifa a partir de abril del próximo año.
Tras este parche, y a la espera de conocer el nuevo método para fijar la tarifa de último recurso (TUR), a la que están acogidos más de 16 millones de usuarios, el consumidor seguirá sin saber que le deparará el recibo de la luz en 2014. Los precedentes no son nada alentadores. Con el incremento de enero, la luz habrá subido cerca del 10% en nueve meses tras las revisiones que tuvieron lugar en octubre (3,1%), agosto (3,2%) y julio (1,2%). Desde 2006, el aumento supera el 70%.
En una decisión inédita desde la liberalización completa del sector en 2009, el Gobierno ha utilizado el decreto ley (aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes) para fijar este aumento lo que, en la práctica, supone la intervención de los precios de la energía. Conocedor de que esta situación no se puede prolongar en el tiempo, porque ni la regulación nacional ni la comunitaria lo permiten, el Ministerio de Industria se ha comprometido a buscar otro mecanismo que sustituya al actual de subasta Cesur en función de precios de futuros, y en la que participan eléctricas y agentes financieros, y cuya anulación el pasado día 19 desató el conflicto.
Para cubrirse legalmente en esta intervención, el Gobierno ha optado por hacer suya la propuesta de subida más moderada de las dos que le ofrecía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): la del 1,4% en el tramo liberalizado del recibo, que toma como referencia los precios de la energía del último semestre de 2013, frente al aumento del 2,9% que usaba el último trimestre.
Rajoy dio a entender, en su balance de fin de año, que su Ejecutivo intentará parar esa escalada: "No podemos tener la tercera electricidad más cara de Europa porque eso es contrario a la competitividad de las empresas españolas y es malo para la creación de empleo al ser uno de los costes más importantes. Porque además podemos producir el doble de energía eléctrica que la que consumimos. Esto no tiene explicación. Y hay que corregirlo".
Pero en Industria ni siquiera se atreven a dar un pronóstico sobre cómo evolucionará la factura en 2014. Y hasta sus cálculos sobre la evolución que ha sufrido hasta ahora resultan indescifrables. Pese a los citados aumentos de la tarifa en 2013, el Ministerio que dirige José Manuel Soria estima que la factura anual para una familia media con dos hijos ha caído un 3,1% en este año, y que el impacto de la subida de enero del 2,3% solo les supondrá un aumento del gasto del 0,2%.
Respecto al nuevo mecanismo para fijar la parte liberalizada del recibo se abren todas las incógnitas. En fuentes de Industria solo se asegura que seguirá habiendo revisiones trimestrales y aunque se evita la palabra "subasta" se insiste en que se basará en "sistemas de mercado". Entre las opciones que se baraja, está la de tomar como referencia una media de los precios que cotizan en el mercado diario durante un periodo o realizar más de una subasta Cesur para compensar las desviaciones y evitar la especulación. La parte del recibo regulada, la que compensa los peajes eléctricos (costes como transporte, distribución, primas a las renovables y deuda eléctrica), se congelará.
Otra incógnita es si con las últimas medidas se aumentará el déficit de tarifa, la diferencia entre lo que les cuesta teóricamente producir la energía a las eléctricas y lo que cobran por el recibo, y que ya acumula 29.000 millones de euros. Rajoy negó tajantemente que fuera a aumentar pero habrá que echar cuentas. Por lo pronto, Industria ha reconocido que si el aumento fijado para enero resulta menor que los precios reales de la electricidad los consumidores deberán compensar la diferencia en el siguiente recibo.
El último fleco del dislate eléctrico es el judicial. Las compañías están estudiando medidas legales contra el decreto del Gobierno. Las eléctricas, a su vez, y los 36 participantes en la última subasta, están bajo sospecha de manipulación (el ministro Soria las acusó tajantemente hace unos días aunque ahora ha suavizado sus declaraciones). Si la CMNC confirmara esas sospechas en la investigación que elabora debería aplicarles fuertes sanciones. E Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha presentado una denuncia contra las eléctricas ante el Fiscal General del Estado por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de la luz y el de las subastas y concursos públicos.
Fuente e imagen: elpais.com
El próximo 1 de enero hará un año que se puso fin a la deducción por 
El Parlamento Europeo ha aprobado de forma definitiva (por 596 votos a favor, 31 en contra y 65 abstenciones) una norma cuyo objetivo es acabar con los abusos en la concesión de hipotecas como los que provocaron la burbuja inmobiliaria en España o Irlanda y mejorar la protección de los consumidores frente a los desahucios en caso de impago. Así, la Eurocámara da el visto bueno a la primera normativa europea en el ámbito hipotecario, y los Estados tendrán a partir de ahora con un plazo de dos años para incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 prevén un gasto en Vivienda del 799,6 millones de euros, un 4,4% más que el año pasado, cuando la política en vivienda gestionó un presupuesto de mínimos de unos 765,88 millones. Apenas la variación es significativa: 44 millones más. En 2009, ya con la burbuja más que pinchada, pero cuando todavía existía el Ministerio de Vivienda, la partida para gestionar la política del sector recibió 1.618 millones, el doble que en 2014. El ministro Cristobal Montoro ha afirmado que el acceso a la vivienda "está garantizada gracias a estos presupuestos" .
