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Diego Valderas, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, avanzó ayer que la Administración regional ultima un decreto de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios que llevará al Parlamento para su aprobación a finales de este mes o primeros de junio.

Hipoteca humor

La normativa pretende hacer frente a los abusos bancarios sobre las participaciones preferentes y las cláusulas sobre las hipotecas.  Se incrementarán las inspecciones y las sanciones administrativas para conseguirlo.

Recalcó que con la nueva normativa la Junta pretende proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente a los pagos de los mismos, así como también a las personas que avalen operaciones de préstamo o crédito. La intención de la Junta según explicó en rueda de prensa el también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, es "Impulsar un mayor nivel de inspección, dar más alcance y celeridad a las sanciones que se ponen encima de la mesa para que pasen a beneficiar cuando haya un abuso a los ciudadanos".

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Según informaron fuentes del PP, la Ley de Emprendedores que prepara el Gobierno recogerá un procedimiento concursal de insolvencia para personas físicas con actividad empresarial que incluya la hipoteca de la vivienda.

Ley de los emprendedores

Este jueves el Congreso de los Diputados aprueba la proposición de Ley de los Deudores Hipotecarios, de Reestructuración de la Deuda y del Alquiler Social, que pasará así a tramitarse en el Senado.

UPyD había propuesto al PP que esta norma de deudores hipotecarios incluyera un procedimiento de insolvencia.

Defiende que asimilar la insolvencia en el caso de las hipotecas a la de las empresas, de manera que los particulares puedan acudir a un concurso de acreedores y en el caso de desavenencia, y siempre bajo resolución judicial, poder cerrar su proceso con la dación en pago de la vivienda.

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Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, ha afirmado que el decreto de la Junta de Andalucía para acabar con el problema de los desahucios dificultará que los jóvenes de esa comunidad obtengan una hipoteca.

Ley de vivienda

De Guindos ha señalado además que la normativa andaluza afectará negativamente al sector de la construcción en una comunidad con un desempleo "diez puntos por encima de la media nacional".

Al contrario, el titular de Economía ha defendido que las medidas adoptadas por el Gobierno actúan "sobre lo que efectivamente se necesita" y los deudores hipotecarios son protegidos.

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El proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, contempla la eliminación de las ayudas que reciben los promotores, tanto públicos como privados. Se trata, por un lado, de cantidades por metro cuadrado; y, por otro, de ayudas en las cuotas hipotecarias que pagan estos promotores durante lo que dure la hipoteca.

Alquiler en España

Significa que si un promotor o una empresa pública de vivienda pierde las ayudas con las que contaba para pagar la hipoteca. “Nos cambian las reglas a mitad del partido, crea una gran inseguridad jurídica”, dijo ayer el presidente de la Asociación de Promotores Constructores (APCE), que aseguró que puede haber promotores que sin la subsidiación de intereses no podrán pagar.

El directivo de la Asociación Española de Promotores de Vivienda Pública (AVS) alerta de que la supresión de ayudas compromete la viabilidad de las promociones públicas de alquiler social y de las empresas municipales o de las comunidades autónomas”. “Es tremendo y se ha hecho a escondidas, crea una inseguridad muy bestia”, coincide con Galindo.

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El Ministerio de Economía considera que el decreto Ley de la Junta de Andalucía que contempla la expropiación temporal de casas y pisos que se encuentran inmersas en un proceso de desahucio "no será eficaz" porque no contiene medidas efectivas que reduzcan la deuda de los usuarios una vez haya entrado en vigor.

Pisos en venta en España

El martes, el Gobierno andaluz aprobó un decreto sobre la función social de la vivienda, concebido como un "plan de choque para frenar la sangría social" de los desahucios, con medidas como la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas en inminencia de desahucio en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas.

Fuentes del Ministerio de Economía han señalado que el decreto "plantea muchos problemas", el primero de ellos "de pura eficacia" y el segundo sujeto a la ejecución presupuestaria. Además, han destacado que el procedimiento para determinar el número de viviendas que están vacías es "de una complejidad extraordinaria".

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La reforma de la Ley de Costas, posiblemente aprobada el próximo 23 de abril, tendrá graves consecuencias con respecto a la seguridad de las personas que viven en la costa a causa de la enmienda al proyecto que pretende incluir el cambio climático en la nueva norma, según Greenpeace. La organización ecologista ha calificado a la reforma como una "desmedida frivolidad política".

Costa. Reforma de la ley de costas.

La estrategia del Partido Popular para "seguir rebajando la protección ambiental de la costa" y favorecer su privatización y señala que las enmiendas responden a la propuesta del departamento que dirige Miguel Arias Cañete de reducir la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos o la desprotección de salinas y dunas no necesarias para el mantenimiento de la playa. Estrategia que lamenta la ONG.

Con esto quiere referirse a la regresión costera y no incluye la inundabilidad frecuente de los tramos de costas, que se inundan, al menos una vez cada 11 o 13 años, como en Santa Pola (Alicante) o Playa de Vera (Almería). Además, subrayan que la nueva Ley indica que se tomarán medidas contra la subida del nivel del mar y la erosión "solo cuando ocurran catástrofes" o el mar alcance las viviendas, lo que, en su opinión choca con el principio de precaución más elemental.

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Notarios y registradores no están dispuestos a permitir que les carguen a sus espaldas el peso de la responsabilidad de los miles de abusos cometidos en contratos hipotecarios. Indirectamente, han sido acusados por el sector bancario de haber permitido la existencia de cláusulas abusivas en dichos contratos. Cláusulas que este jueves reconocía la justicia europea.

Un buen consejo: leer bien antes de firmar.

Con estas palabras echaba balones fuera la Asociación Hipotecaria Española (AHE) sobre la responsabilidad que pudiera tener la banca en dichos abusos: “Quisiéramos recordar que en el mercado hipotecario español se garantiza la seguridad en el tráfico jurídico mediante la participación tanto de un fedatario público ‐el notario‐ como de un registrador de la propiedad, que velan por que las cláusulas contenidas en los contratos y que son inscritas en el Registro de Propiedad respeten la legalidad vigente”. Recordemos que la mayoria de los miembros de la asociación son bancos y cajas de ahorro.

Sus insinuaciones han provocado un gran malestar entre notarios y registradores. “El notario sólo puede controlar, según establece la normativa vigente, que no existan cláusulas abusivas declaradas como tal por la ley o por una sentencia firme que deberá estar inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, explican desde el Consejo General del Notariado. “La declaración de si una cláusula es o no abusiva sólo puede ser efectuada, según la legislación vigente, por el juez”.

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Parece que empiezan a ponerle fin a las cláusulas o condiciones abusivas de las hipotecas, sin duda, una muy buena noticia.

¨La legislación española que regula los procedimientos de desahucio vulnera la normativa europea comunitaria de protección de los consumidores¨ considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) .

Pancarta de protesta contra los desahucios

La sentencia del TJUE dicta a los jueces españoles para que paralicen todos aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria en los que consideren que las hipotecas firmadas por los afectados contienen cláusulas o condiciones abusivas, como intereses de demora o vencimientos anticipados del préstamo. El fallo del tribunal europeo será directamente aplicable a partir de ahora y en los procesos que están vivos, así como en las sentencias pendientes de decretar.
Lo que hasta ahora no ha conseguido el Gobierno con el código de buenas prácticas para la banca ni con la paralización de los desahucios entre los colectivos más vulnerables, puede conseguirlo la justicia europea.

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El PP retrasa la tramitación de la Ley Antidesahucios hasta al menos el 14 de marzo, pero con nivel de urgencia.

Retrasar el procedimiento es "lo prudente y responsable", explicó el diputado 'popular', ya que las sentencias del Tribunal de Luxemburgo "tienen el carácter de cosa juzgada" por lo que poco después de que apruebe el Congreso la normativa, podría obligar a cambiarla.

Niño protestando ante los desahucios

Afirmó que "La sentencia puede afectar a la normativa española. Por tanto, entendemos que lo prudente, lo sensato, es esperar a conocer los términos de la sentencia para ver si fuera necesario adaptar la normativa española a algunos términos de la misma".

Un defecto que supondrá un duro correctivo a la actual normativa, particularmente en temas como la indefensión de los ciudadanos o las condiciones abusivas que deben soportar en temas como los intereses o los procedimientos de subasta, según la abogada general del TUE.

"Llevan esperando muchos años" "Esperar una semana no es un problema"

Bermúdez de Castro recordó que los afectados por las ejecuciones hipotecarias "llevan esperando muchos años" a resultas de que el anterior Ejecutivo socialista "no tomó ninguna medida", por lo que "esperar una semana no es un problema para que esas medidas se adopten finalmente".

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Pocas veces coinciden en su diagnóstico los colectivos de apoyo a los desahuciados y las instituciones europeas, pero en este caso ha sido así: la reforma aprobada por el Gobierno español el pasado noviembre va a tener un efecto muy limitado. El texto elaborado en Bruselas destaca que el cambio legal no causará problemas a la banca, porque su impacto será ínfimo.

Desahucios preocupan al Gobierno

Las asociaciones que en su día denunciaron una reforma que consideraban poco menos que cosmética se fijaban en el lado más dramático: las nuevas condiciones ayudarán a muy pocas familias a escapar del callejón sin salida en el que se han convertido sus hipotecas.

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