Frente a la crisis del sector inmobiliario español, son necesarias medidas muy concretas que puedan impulsar una mejora real que beneficie tanto a ciudadano como empresario
Así está el panorama:
- Los 18 principales grupos de cajas de España suman hoy más de 550 sociedades inmobiliarias.
- Bankia, BBK - por la compra de Cajasur-, Kutxa, CatalunyaCaixa, Unnim y Banca Cívica son los grupos de cajas que afrontan la reforma financiera con un mayor número de sociedades inmobiliarias.
- La principal actividad inmobiliaria de las cajas de ahorros, en la actualidad, consiste en la gestión de los inmuebles que se van adjudicando por impagos.
- El control que las entidades financieras ejercen hoy sobre el negocio inmobiliario también se refleja en las principales empresas del sector, que quedan al margen de esta maraña de más de 550 sociedades.
Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Irea, afirma en declaraciones publicadas en El País, que las entidades "se arriesgaron demasiado en algunos de sus proyectos, de forma que hoy está en juego no solo el coste de su participación, sino también los importes de la deuda propia y la contraída con otras entidades financieras".
Así las cosas, hace unos días, las grandes inmobiliarias, a través del grupo G-14, han solicitado al Gobierno medidas que ayuden a reestructurar y redimensionar "de forma más eficiente" el sector a través de integraciones y fusiones entre empresas.
¿Qué piden? Que las operaciones de fusión y compraventa de inmobiliarias queden exentas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que actualmente grava estas transacciones.
Este impuesto "encarece de tal manera estas operaciones, que en la práctica se vuelven imposibles", indican fuentes del G-14 para Europa Press.
Dichas fuentes denuncian que los impuestos impiden que el sector se reorganice como debiera, ya que ha impedido fusiones que hubieran "permitido un ajuste menos traumático en el sector, habrían evitado la desaparición y el concurso de algunas empresas, y su consiguiente impacto en el empleo".
Empresa y ciudadano se verían beneficiados de esta medida, según afirma el catedrático de Economía de la Pompeu Fabra, José García Montalvo, en un reciente reportaje publicado por El País, Que el 'crash' inmobiliario no arruine al vulnerable.
Según García Montalvo, hay otras alternativas más "viables" que la dación en pago y que pueden beneficiar tanto a empresa como a ciudadano:
"Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que, en caso de que la subasta de una vivienda no tenga concurrencia, se aumente el porcentaje por el que el banco se adjudica la vivienda al 70 u 80 por ciento de su valor, reducir o eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales si el banco acepta la dación en pago, lo que incentivaría a los bancos a elegir esta opción, y reducir el límite del interés de demora".
Se prevee que estas sean las medidas adoptadas por la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados.
