Cataluña impondrá un nuevo impuesto a las entidades financieras que tengan viviendas vacías durante dos años en los municipios donde se acrediten casos de vecinos con esta necesidad. Así lo aprobó este martes el Gobierno catalán dirigido por Artur Mas, que llevará el anteproyecto de ley al Parlament antes de verano para poder aplicar la nueva tasa a partir del 1 de enero de 2015. La cuantía media será de entre 850 y 1.650 euros anuales por vivienda y afectará a unas 15.000 casas y pisos ubicados en los 70 municipios donde el Plan Territorial Sectorial de Vivienda ha acreditado que hay una fuerte demanda de alojamiento.
Se calcula que en Cataluña hay 40.000 viviendas vacías en manos de la banca y la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). De estas solo penalizará las 15.000 que se hallan en 70 municipios con una "fuerte demanda acreditada". Así, según el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila "La Generalitat tiene hoy 14.000 viviendas para uso social, por lo que sacar esas viviendas al mercado supondría duplicar las viviendas con fines sociales". A pesar de que Vila aseguró que "la medida no es recaudatoria", la Generalitat estima que supondrá unos ingresos de entre 13 y 25 millones de euros.
La memoria económica que aprobó ayer el Gobierno de Cataluña establece tres tramos para gravar la cantidad de metros cuadrados vacíos de las viviendas que tenga la banca: hasta 10.000 metros cuadrados; entre 20.000 y 50.000 metros y más de 50.000 metros. Por el primer tramo se pagarán entre tres y seis euros por metro cuadrado; por el segundo, entre siete y 10, y a partir del tercero, entre 11 y 20. La ley fija, no obstante, bonificaciones sobre estas cuotas si el banco tiene pisos en alquiler con un uso social.
Por ejemplo, una entidad financiera tiene unas 400 viviendas vacías (40.000 metros cuadrados) y destina 48 a vivienda social. La base imponible es de entre tres y seis euros para los primeros 10.000 metros cuadrados y de entre siete y diez para el resto, lo que supone que debería pagar una tasa de entre 240.000 y 360.000 euros. Como tiene en alquiler el 12% de sus viviendas, se le aplica una bonificación del 30% de la cuota, por lo que finalmente pagará entre 168.000 y 252.000 euros.
Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de CiU en 2011 fue eliminar mediante la ley Ómnibus el artículo 42.6 de la ley de Vivienda que aprobó el tripartito, que preveía el alquiler forzoso de pisos vacíos. Ante la cascada de desahucios, el año pasado sindicatos, organizaciones de consumidores y entidades sociales pidieron al Ejecutivo catalán que recuperara esa figura. En lugar de ello, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha decidido gravar propiedades vacías que estén en manos de la banca.
La implantación del impuesto responde a los pactos de legislatura que alcanzaron CiU y ERC. Sin embargo, ERC critica que el gravamen a la banca no entre en vigor hasta el 1 de enero de 2015 al considerar, según su portavoz adjunto, Oriol Amorós, que las necesidades son "muchas y urgentes".
Fuente: elpais.com
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