La Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en funcionamiento este lunes en Sevilla la primera de las ocho oficinas de intermediación contra los desahucios previstas en todas las provincias andaluzas. La apertura de esta red de puntos de atención y asesoramiento ciudadano forma parte del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera del ramo, Elena Cortés, en el Parlamento de Andalucía.
En un comunicado, la Junta de Andalucía informa de que esta iniciativa es "especialmente novedosa por la ruptura de la neutralidad" que supone y, en ese sentido, la delegada territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, Granada Santos, ha destacado que "el programa supone un giro de 180 grados en la forma de encarar el problema de la vivienda, no desde una visión mercantil, sino desde el punto de vista de la defensa del derecho y al lado de las víctimas de la crisis".
Santos ha subrayado que "con este tipo de medidas pretendemos abrir un nuevo camino de insumisión ante este drama social", a lo que ha añadido que "a la red se le sumarán medidas legales" en las que actualmente trabaja la Consejería. La delegada territorial ha incidido en que desde Fomento y Vivienda se mantiene un diálogo "exigente" con las entidades financieras, que "ahora están obligadas más que nunca a poner de su parte".
Esta oficina de asesoramiento ciudadano, que desde el día 1 atiende ya a familias afectadas, dispone de un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda. Este punto ofrece un servicio gratuito en tres grandes áreas, que son la prevención, la mediación y la protección de las víctimas de los desahucios.
SERVICIO GRATUITO
En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo.
Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
La oficina garantiza también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
LA RED COMPLETA, EN OCTUBRE
La Consejería de Fomento y Vivienda ultima los trabajos para culminar en octubre la puesta en marcha de la red completa de oficinas en el resto de provincias. Para ello, la Junta de Andalucía ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas, al personal funcionario que atenderá estos puntos. Las jornadas convocaron a más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería. Así, recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano.
El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción (Facua).
Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
UNA POLÍTICA GENERALIZADA
Según detalla, este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales.
A esto se añade el "apoyo" dado por Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.
Fuente: europapress.es
Soraya Saénz de Santamaría ha destacado que la norma dará "seguridad jurídica" a ciudadanos y empresas y "reforzará la protección ambiental" de la costa, al tiempo que se evitarán "situaciones irreversibles". Por todo ello, ha insistido en que se trata de "un cambio normativo muy importante".
