Mientras dure la crisis actual, los jueces deberían poder aplazar o suspender el desahucio de quienes no puedan seguir pagando su hipoteca por estar sin trabajo.
Esta es, ciertamente, una de las “Propuestas para la Agilización y Reforma de los Procesos Civiles” presentadas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un grupo de magistrados. También es una de las reformas contempladas en la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatori DESC (junto con otras organizaciones sociales y sindicales). Pero además —y quizá sobre todo— resulta ser la rotunda opinión que expresa el 94% de los españoles, según los datos del sondeo de Metroscopia recogidos en el cuadro que acompaña a estas líneas.
La sociedad española empatiza de manera unánime con el drama que representa un desahucio. En lo que llevamos de 2012, las ejecuciones hipotecarias arrastran una media de 526 desahucios diarios. El actual procedimiento, que data de 1909, no recoge ni su aplazamiento ni su suspensión. Algo posible con las reformas ya sugeridas por el Defensor del Pueblo y recogidas en el informe de propuestas coordinado por el vocal del CGPJ Manuel Almenar. ...continúa leyendo "Una ley hipotecaria más justa"
El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley en la que propone elevar el umbral de rentas a partir del cual los ciudadanos pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas, que prevé la posibilidad de renegociar las deudas hipotecarias o emplear la dación en pago, así como hacer esta opción obligatoria en el caso de entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso, Leire Iglesias, y la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, han presentado en el registro de la Cámara baja el texto de su iniciativa, que fue presentado hace unas semanas por el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba.
No obstante, sobre ese borrador inicial se han incluido algunos cambios, tras consultar con plataformas de afectados, sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios, así como modificaciones a propuesta de los ciudadanos, que han podido consultar la iniciativa socialista a través de su página web.
MODIFICACIONES
Entre los cambios con respecto a lo ya anunciado, destaca la extensión de la aplicación del Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno a las hipotecas "constituidas en garantía de préstamos o créditos" cuyo precio de adquisición no supere los 300.000 euros en municipios de más de un millón de habitantes, los 250.000 euros en los de entre 500.001 y un millón de ciudadanos, de 200.000 euros para los de entre 100.001 y 500.000 vecinos, y de 150.000 euros en los municipios de hasta 100.000 habitantes.
De esta manera, se elevan no sólo los umbrales de renta a partir de los cuales se puede acceder a las opciones del Código, sino que "también se amplían los precios de adquisición, permitiendo que un mayor número de familias puedan acogerse", según explican los socialistas. En la misma línea, se obliga a las entidades participadas por el FROB a iniciar negociaciones con el deudor y a adherirse no sólo al Código de Buenas Prácticas sino también al convenio notarial. ...continúa leyendo "Proposición de ley contra los desahucios"
Más de 2.500 familias de Baleares han perdido su casa a lo largo de este año a consecuencia de desahucios judiciales, promovidos por entidades financieras cuando las familias no han podido hacer frente al pago de las hipotecas, según ha informado Esquerra Unida.
En un comunicado, EU ha señalado que esta cifra refleja que este problema está aumentando de forma que cada vez afecta a más familias, de diferentes sectores sociales.
"El drama de perder la vivienda además de los ahorros y las cantidades aportadas en el pago de una parte de las hipotecas, es una consecuencia de la gravísima crisis económica que cada día trae a la miseria a más ciudadanos", ha lamentado el partido, que ha añadido que esta crisis ha sido creada, según dicen, por "las mismas empresas financieras, que concedían créditos sin ningún control" y que, además, ahora están recibiendo "cantidades ingentes de recursos públicos para su refinanciación".
Por ello, EU ha considerado que la actitud de estas entidades y la de las autoridades económicas es de "una inmoralidad absoluta". En este sentido, ha opinado que "no se puede permitir ni un día más que se traslade el problema de la mala gestión bancaria sobre los ciudadanos", mientras que los dirigentes de las entidades bancarias cobran "indemnizaciones millonarias".
Así, EU ha reclamado el establecimiento inmediato de una moratoria sobre los desahucios y la implantación de la dación en pago para quienes no puedan hacer frente a las hipotecas. Asimismo ha exigido una política pública que favorezca el acceso a la vivienda y la implantación de alquileres sociales, a partir del stock de viviendas hipotecadas por las entidades intervenidas con recursos públicos.
"No se puede permitir ni un día más la insensibilidad pública ante este auténtico drama social", ha remarcado EU, que ha recordado su apoyo a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y a todos aquellos que luchan contra los desahucios.
Además, ha considerado que el debate parlamentario de la Iniciativa Legislativa Popular, que está recogiendo miles de firmas, es una buena oportunidad para que el poder legislativo "afronte la situación y dé una respuesta a esta perdida ciudadana. De no hacerlo así, seguiría aumentando el peligroso descrédito de la política, que se muestra incapaz de atender las problemáticas ciudadanas".
Al mismo tiempo que se concretan las ayudas públicas a la banca, la creación del banco malo –que absorberá activos inmobiliarios de entidades financieras- y las condiciones de la población se recrudecen a consecuencia de la crisis, la lacra de los desahucios se extiende.
Ante esta situación, cada vez hay más familias que, tras perder su casa por no poder pagar la hipoteca o las cuotas del alquiler, se convierten en ocupas de viviendas deshabitadas propiedad de bancos, constructoras quebradas o pisos oficiales sin adjudicar para evitar dormir al raso.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha abierto cuatro edificios en el Vallés Occidental para alojar a las personas que se encuentran en esta situación.
La iniciativa, que han bautizado como “Obra Social la PAH”, pretende, según fuentes de la plataforma, “forzar la presión sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago” y que las administraciones públicas adopten “las medidas necesarias” para garantizar el derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución Española así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ...continúa leyendo "Ocupar pisos de bancos después del desahucio"
El paro y la precariedad siguen deparando registros inéditos. 2012 podría batir un nuevo récord de ejecuciones hipotecarias, en torno a las 100.000 sentencias. En junio, los juzgados españoles firmaron un 14% más (23.421) que hace un año, según la estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al segundo trimestre del año. Son 257 cada día.
Las ejecuciones de hipotecas son los procedimientos judiciales que dan pie al embargo de una vivienda, se tramitan en los juzgados de Primera Instancia y permiten exigir el pago de las deudas hipotecarias. Si el deudor no satisface las cuentas pendientes, la vivienda se subasta y, meses después, el proceso concluye con el desahucio o lanzamiento de la vivienda. La cifra de ejecuciones de junio es similar a la del trimestre previo, cuando se fallaron 24.792, y muestra la alta actividad de los juzgados en los últimos meses.
Una ejecución hipotecaria es el primer paso judicial para el embargo de una vivienda, el cual que suele concluir con un desahucio
En general, con la esperanza de cobrar lo adeudado y no aumentar su nómina de impagados, los bancos manejan plazos bastante amplios antes de iniciar la ejecución de un inmueble. Un banco considera moroso a un hipotecado al cabo de entre tres y seis meses. En ese momento, se inicia proceso muy costoso que implica altos intereses para el deudor.
Por esa razón, es de esperar que la fuerte crecida del desempleo, los recortes futuros y las escasas expectativas de mejora provoque un aumento de los embargos en los próximos meses, muchos de ellos propiciados por bancos intervenidos por el Estado.
Barcelona es la provincia española donde más desahucios se firmaron en el segundo trimestre, 2.701, un 36,8% más que hace un año, seguida de Madrid, donde han aumentado un 21%, hasta las 2.463. Ávila (131%), Segovia (111%) y Tarragona (107%), son las provincias donde más han aumentado estos procedimientos. ...continúa leyendo "Las ejecuciones hipotecarias suben un 14% en el segundo trimestre"
La Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en funcionamiento este lunes en Sevilla la primera de las ocho oficinas de intermediación contra los desahucios previstas en todas las provincias andaluzas. La apertura de esta red de puntos de atención y asesoramiento ciudadano forma parte del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera del ramo, Elena Cortés, en el Parlamento de Andalucía.
En un comunicado, la Junta de Andalucía informa de que esta iniciativa es "especialmente novedosa por la ruptura de la neutralidad" que supone y, en ese sentido, la delegada territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, Granada Santos, ha destacado que "el programa supone un giro de 180 grados en la forma de encarar el problema de la vivienda, no desde una visión mercantil, sino desde el punto de vista de la defensa del derecho y al lado de las víctimas de la crisis".
Santos ha subrayado que "con este tipo de medidas pretendemos abrir un nuevo camino de insumisión ante este drama social", a lo que ha añadido que "a la red se le sumarán medidas legales" en las que actualmente trabaja la Consejería. La delegada territorial ha incidido en que desde Fomento y Vivienda se mantiene un diálogo "exigente" con las entidades financieras, que "ahora están obligadas más que nunca a poner de su parte".
Esta oficina de asesoramiento ciudadano, que desde el día 1 atiende ya a familias afectadas, dispone de un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda. Este punto ofrece un servicio gratuito en tres grandes áreas, que son la prevención, la mediación y la protección de las víctimas de los desahucios.
SERVICIO GRATUITO
En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo.
Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
La oficina garantiza también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
LA RED COMPLETA, EN OCTUBRE
La Consejería de Fomento y Vivienda ultima los trabajos para culminar en octubre la puesta en marcha de la red completa de oficinas en el resto de provincias. Para ello, la Junta de Andalucía ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas, al personal funcionario que atenderá estos puntos. Las jornadas convocaron a más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería. Así, recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano.
El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción (Facua).
Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
UNA POLÍTICA GENERALIZADA
Según detalla, este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales.
A esto se añade el "apoyo" dado por Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración para la adhesión de la Federación al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento en el que trabaja este departamento de la Junta para combatir los desahucios en Andalucía.
La adhesión de la FAMP a dicho plan supone un "apoyo decisivo en defensa de la vivienda y en la lucha contra esta emergencia social", ha indicado Cortés, quien ha reconocido la "enorme importancia" que supone el respaldo de la FAMP "para que podamos garantizar los mejores resultados" del Programa.
Tras la firma, la consejera ha recordado que este instrumento en defensa de la vivienda conlleva la apertura de ocho oficinas provinciales, que prestarán un servicio público y gratuito de prevención e intermediación para evitar los desahucios y, en caso de iniciarse, ofrecer soluciones a las familias afectadas por este problema. Para el desarrollo de este trabajo, la consejera ha reconocido que los ayuntamientos "son una institución clave, la más próxima al ciudadano", ya que las corporaciones locales "conocen de primera mano la situación de las familias y permiten actuar con mayor celeridad".
La consejera ha insistido en el carácter participativo de esta herramienta, que, como a la FAMP, "ya ha sido presentada a otras entidades y colectivos sociales", cuyas aportaciones se tendrán en cuenta a la hora de activar las oficinas, "ya que el objetivo es que la administración esté al servicio de las víctimas de la crisis". "La FAMP ha demostrado una gran sensibilidad social y una total implicación en el Programa desde que se lo presentamos", ha dicho la titular de Fomento y Vivienda.
"El diálogo con los colectivos y entidades sociales de lucha contra los desahucios se ve hoy complementado con este novedoso marco de colaboración institucional", ha dicho la consejera, quien se ha mostrado convencida de que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda obtendrá un "amplio respaldo". ...continúa leyendo "Combatir los deshaucios en Andalucía"
Lo mas relevante de la nueva Ley del fomento del alquiler pasa por tres puntos:
1) Destacar como primera medida el desahucio con un plazo inicial de diez días para aquellos inquilinos morosos.
Medida que después de analizarla no es tan contundente como parece. El plazo de 10 dias se refiere al periodo máximo para pagar las mensualidades que se deban al propietario, pero el desahucio puede demorarse meses en función de la agilidad del juzgado y a mayores hay que recordar que la nueva Ley dice que el propietario tendrá que aportar primero las pruebas del impago y a posteriori el inquilino tendrá 10 dias para pagar las cuotas pendientes una vez que se admita el tramite por parte del juzgado y ahí se iniciara el desahucio.
Ello siempre teniendo en cuenta la saturación del juzgado emisor, con lo que en realidad nos vamos a ir siempre a periodos de desahucio superiores a los seis meses como mínimo y eso teniendo en cuenta que a partir de ahora un único funcionario es valido para iniciar legalmente el desalojo de la vivienda.
Debemos sacar conclusiones de las fallidas leyes como las del “desahucio expres” o la ley de medidas de “agilización procesal” ya que estas fracasaron por unos juzgados colapsados y faltos de recursos. Por lo tanto, la seguridad jurídica al propietario, tan necesaria para reactivar el mercado del alquiler y provocar que la vivienda desocupada salga al mercado con lo que conseguiríamos abaratar el precio del alquiler, queda nuevamente en entredicho al topar con una justicia lenta y saturada.
2) En un segundo punto estarían los incentivos fiscales a las sociedades de inversión inmobiliarias (socimis) y que se dedican a la gestión de arrendamientos.
Estas sociedades, de número escaso en la actualidad, reciben un empujón fiscal para que crezcan en número, pero hay que destacar que la mayoría de las existentes, cuyos dueños son fondos de inversión, están más orientadas hacia el arrendamiento de locales y oficinas más que a viviendas, con lo cual creo que es más un giño del ejecutivo a que estas sociedades adquieran producto de procedencia bancaria para ponerlo posteriormente en el mercado del alquiler, cumpliendo así dos objtivos: disminuir el stock bancario y empujar estos fondos a dinamizar los arrendamientos. De todas formas se podrán aplicar unas deducciones del 85% en el impuesto de sociedades sobre las rentas de los alquileres.
3) De tracendental importancia es también el nuevo derecho que posee el inquilino a rescindir el contrato sin tener que pagar ninguna indemnización, siempre comunicándolo con un mes de antelación, y en el lado opuesto el propietario podrá recuperar su vivienda comunicándolo con una antelación de dos meses si la necesita para él o allegados en primer grado de parentesco, lo cual pone en relieve la flexibilidad del arrendamiento con esta nueva norma a la vez que da mas seguridad y tranquililad al propietario para ofertar su vivienda en alquiler. Y aquí destacaría la libertad de las partes a la hora de pactar la actualización de las rentas que se desligan de esta forma del IPC.
Hay que destacar que esta Ley persigue fomentar el mercado de alquiler en un marco donde solo el 17% de las viviendas están arrendadas frente a un 83% que son de propiedad, números muy dispares si los comparamos con el resto de Europa donde las vviendas arrendadas ocupan un 45% de media del parque de viviendas.
Pero dicho esto todo parece indicar que este porcentaje va ir en aumento, ya que el actual contexto socio-economico empuja a ello ya que la pérdida adquisitiva de las familias y un crédito cuya concesion volverá ser como en los años 90 potenciarán sí o sí el mercado de alquiler.
Por lo tanto debemos estar preparados para dar respuesta a todas aquellas personas que empujadas por una falta o merma de sus ingresos busquen vivienda en alquiler y precisamente esta ley del fomento del alquiler tiene que dar respuesta solida a esta ya creciente demanda.
Se podría, en su momento, haber multado a los bancos por correr demasiado y, tal vez, por ir sin frenos, pero en estos momentos, en los que aún no se creen responsables del accidente, igual hay que multarles por no retirar el obstaculo de la calzada. Y más cuando hay mucha gente que necesita pasar. Aunque, si no se hizo entonces, igual tampoco se hace ahora. Poderoso caballero es Don Dinero.
Los pisos vacios de los bancos
La alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlón, ha pedido a las entidades bancarias que se esfuercen para alquilar o vender a precios asequibles los pisos de su propiedad, ya que si los tienen vacíos durante más de dos años el consistorio actuará con "contundencia" y los sancionará.
La alcaldesa, acompañada por el primer teniente de alcalde de Urbanismo, Jordi Mas, ha dicho que aplicará a los bancos la Ley Catalana de la Vivienda, que permite imponer sanciones con importes que pueden llegar a los 900.000 euros.
Asimismo, el consistorio "exigirá" a las entidades bancarias que sus pisos vacíos pasen a formar parte de la bolsa de la Oficina Local de la Vivienda, que cuenta con una lista de espera de más de 400 personas, para que gestione el alquiler de esos pisos.
Núria Parlón ha realizado estas manifestaciones durante la presentación del Plan de acción contra el mal uso de las viviendas (PACMUH).
Noticia del pasado mes de Junio: La crisis llena de ‘okupas’ edificios vacíos en España (euronews.es)
Durmiendo en colchones hinchables con solo unas cajas para guardar sus pertenencias, 32 familias han ‘okupado’ un edificio de apartamentos de nueva construcción vacío en Sevilla para poder tener un techo, después de haber sido expulsados de sus propias casas.
Ocupar edificios es poco frecuente en España, pero la tendencia ha ido en aumento por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008, que dejó miles de edificios vacíos, y la recesión económica, que ha provocado un aumento del paro y de las tasas de desalojos.
Los recortes en el gasto público con los que el Gobierno trata de evitar que España se hunda más en la crisis de deuda de la eurozona han hecho que la situación empeore para mucha gente y aparezcan nuevos grupos para protestar o ayudar a la gente a mejorar sus vidas.
“No somos antisistema. Simplemente no queremos vivir en la calle. Con tantos edificios como este y mucha gente normal enfrentándose a desahucios, esperamos inspirar a otros para hacer lo mismo”
El edificio, a un paso del centro de la capital andaluza, se terminó hace apenas tres años y está equipado con doble acristalamiento y suelos de madera nuevos, pero el constructor no fue capaz de vender los pisos.
La ocupación estuvo organizada por los miembros del movimiento 15-M, que ha visto una oportunidad para el creciente número de personas sin hogar en el millón de viviendas vacías que se estima hay en el país.
Los bancos españoles se han convertido en uno de los principales problemas de la economía, ya que arrastran una deuda estimada de 184.000 millones de euros entre propiedades embargadas que no pueden vender y préstamos a los constructores.
En más de 1,7 millones de hogares españoles todos los miembros de la familia están en paro y en 2010 los tribunales desalojaron a 100.000 personas que no pudieron pagar su hipoteca, cuatro veces la cifra registrada tres años antes.
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Atenderá a los que ya hayan intentado sin éxito llegar a un acuerdo con su entidad, no posean otra casa y que su hipoteca no supere los 350.000 euros
El Gobierno Vasco ha puesto en marcha un servicio de mediación entre las familias que carecen de recursos para pagar su hipoteca y las entidades financieras con el fin de facilitar un acuerdo que evite la ejecución hipotecaria y la pérdida de la vivienda.
Si el acuerdo resulta inviable y tiene lugar el desahucio, y sólo en los casos de riesgo de exclusión, ofrecerá con rapidez una vivienda en alquiler protegido.
Las personas y familias que deseen hacer uso de este servicio sólo deberán cumplir tres condiciones:
1. Haber intentado sin éxito llegar a un acuerdo con su banco o caja de ahorros
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