El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley en la que propone elevar el umbral de rentas a partir del cual los ciudadanos pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas, que prevé la posibilidad de renegociar las deudas hipotecarias o emplear la dación en pago, así como hacer esta opción obligatoria en el caso de entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso, Leire Iglesias, y la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, han presentado en el registro de la Cámara baja el texto de su iniciativa, que fue presentado hace unas semanas por el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba.
No obstante, sobre ese borrador inicial se han incluido algunos cambios, tras consultar con plataformas de afectados, sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios, así como modificaciones a propuesta de los ciudadanos, que han podido consultar la iniciativa socialista a través de su página web.
MODIFICACIONES
Entre los cambios con respecto a lo ya anunciado, destaca la extensión de la aplicación del Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno a las hipotecas "constituidas en garantía de préstamos o créditos" cuyo precio de adquisición no supere los 300.000 euros en municipios de más de un millón de habitantes, los 250.000 euros en los de entre 500.001 y un millón de ciudadanos, de 200.000 euros para los de entre 100.001 y 500.000 vecinos, y de 150.000 euros en los municipios de hasta 100.000 habitantes.
De esta manera, se elevan no sólo los umbrales de renta a partir de los cuales se puede acceder a las opciones del Código, sino que "también se amplían los precios de adquisición, permitiendo que un mayor número de familias puedan acogerse", según explican los socialistas. En la misma línea, se obliga a las entidades participadas por el FROB a iniciar negociaciones con el deudor y a adherirse no sólo al Código de Buenas Prácticas sino también al convenio notarial.
Además, se modifica el anexo de la actual ley para que los deudores que lo soliciten en el momento de la dación en pago puedan quedarse en su vivienda durante un plazo máximo de dos años como arrendatarios, "satisfaciendo una renta anual del 2% del importe total de la deuda (viva) y con el límite máximo de un tercio de los ingresos familiares".
El PSOE también cambia el concepto de sobreendeudamiento para considerar que hay insolvencia actual o inminente en los casos de deudores de buena fe que, "por causas sobrevenidas de carácter objetivo, tenga que destinar al pago de sus deudas no profesionales más del 50% de los ingresos netos" de la unidad familiar.
Por otra parte, se propone rebajar "aún más", hasta dos años, el tiempo con el que cuentan los ciudadanos para que, consignando las cantidades vencidas por el principal e intereses, puedan liberar sus viviendas de los procedimientos de subasta. También se estipula que en los procedimientos de ejecución hipotecaria "la cantidad reclamada no podrá ser incrementada más que por las costas, y éstas no podrán ser superiores a las fijadas en la escritura y, en ningún caso, al 2% de lo reclamado", para evitar un "coste excesivo".
Para mejorar el amparo de los ciudadanos, los socialistas proponen que puedan contar con el asesoramiento de una asociación de consumidores antes del procedimiento extrajudicial y también durante todo el proceso de elaboración de un plan de saneamiento económico para reestructurar la deuda. Asimismo, se incorpora un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios a la comisión de seguimiento del Código de Buenas Prácticas, en el que actualmente sólo está representado el sector bancario (además de las instituciones).
AYUDAR A 600.000 FAMILIAS
Según ha explicado Iglesias, modificar la legislación sobre los desahucios, el sobreendeudamiento y la insolvencia es "muy necesario, cada día más, lamentablemente", ya que es un problema que afecta a más de 600.000 familias, 400.000 de las cuales ya están en proceso de ejecución hipotecaria y otras 200.000 que lo estarán próximamente "si no se toman medidas".
"El objetivo es parar los desahucios de una vez por todas. Hay que hablar primero de las personas y, luego, de los bancos. Tenemos que repartir las responsabilidades de lo ocurrido en este país, también las de las entidades financieras que dieron crédito sin garantías de cobro. También esas entidades tienen que asumir lo que ocurre y no se puede permitir que la gente se quede sin vivienda", ha defendido la diputada.
Por eso, ha hecho un "llamamiento" al Grupo Popular, con el que ya ha mantenido algunos "contactos informales" sobre esta iniciativa, a aceptar la tramitación de la proposición de ley para que pueda ser "enriquecida" por el resto de grupos. "A ellos que tantas veces hablan de pacto sin querer pactar, tenemos propuestas necesarias. Hay que parar los abusos de hoy y también evitar los de mañana y una futura burbuja inmobiliaria", ha reclamado.
LIMITAR LAS HIPOTECAS
Según explicó Rubalcaba a últimos de septiembre, en la proposición de ley se propone imponer límites a la duración de las hipotecas --30 años--, a su importe --80% del valor de la vivienda-- y a la variabilidad de los tipos de interés --5 puntos--.
Además, se busca evitar llegar a la dación en pago como forma de saldar la deuda hipotecaria, haciendo que los ciudadanos que puedan beneficiarse de fórmulas similares a las que tienen los empresarios para renegociar sus deudas, como el concurso de acreedores, lo que en otros países se llama una "segunda oportunidad".
Fuente: europapress.es
