Según el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, "Estamos desaprovechando la oportunidad de recibir cada año 60 millones de turistas, ya que muchos de los días festivos en los que llegan a nuestros destinos se encuentran con los comercios cerrados".
La frase define con claridad la intención de la propuesta liberalizadora de los horarios comerciales que ha presentado el Gobierno a las comunidades autónomas y que supone cambios fundamentales para el comercio minorista, cuya competencia reside en las mismas regiones, y no está exenta de polémica sobre su conveniencia y beneficios.
En concreto 4 aspectos de la propuesta afectarán directamente a los comerciantes en relación a la liberalización de horarios. El más llamativo, por imposición, establece la obligación a 14 grandes municipios turísticos para que creen zonas de gran afluencia turísticas en las que no haya restricciones en las horas de cierre y apertura. También se amplía de 72 a 90 el número de horas semanales que pueden abrir sus establecimientos en días laborables, y se eleva de 8 a 10 el mínimo de festivos que se debe abrir, el cuarto cambo importante es el incremento de 150 a 300 metros cuadrados el umbral a partir del cual el pequeño y mediano comercio tiene libertad de horarios.
En esta lista que obliga a la libertad de horarios comerciales se encuentran las localidades de Barcelona, Alicante, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Granada, Cartagena, junto con los ayuntamientos de Madrid, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, que no tendrán que tomar ninguna medida adicional ya que disponen de zonas con total libertad al comercio.
En todas estas localidades se cumplen algunos de los tres factores fijados por el Ejecutivo: tener más de 200.000 habitantes, registrar más de un millón de pernoctaciones anuales, o una afluencia superior a 400.000 pasajeros en cruceros), por lo que dispondrán de un plazo de seis meses desde que se apruebe la norma para delimitar las zonas turísticas que tendrán libertad absoluta de horarios comerciales. "Serán los municipios los que establezcan las zonas que deben funcionar sin restricciones y la aprobación definitiva procederá de la autonomía", subrayó García-Legaz, quién no aclaró si esta normativa se tramitará como decreto o proyecto de ley (podrían incluirse enmiendas en la tramitación). Según fuentes autonómicas presentes en la reunión lo más probable es que se tramite como real decreto (como se ha hecho con los ajustes en Sanidad y Educación o los acuerdos para no disponibilidad de créditos) para que las medidas liberalizadoras puedan aplicarse lo antes posible.
Esta medida supone una afrenta para el ayuntamiento de Barcelona, cuyas autoridades, al igual que la gran mayoría del resto de municipios catalanes, se han negado tradicionalmente a ampliar los horarios comerciales ante el daño que podría causar al pequeño y mediano comercio, muy representativo en esa comunidad autónoma. De hecho, el secretario general de la Confederación del Comercio de Cataluña, Miquel æeuro;ngel Fraile, animó al Ejecutivo presidido por Artur Mas a acudir al Constitucional si el Gobierno no rectifica sus propuestas sobre horarios comerciales.
Tampoco fue bien recibida la propuesta desde la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged), quién consideró que "tendrá un alcance imperceptible, muy alejado de las reformas de calado que requiere la economía española para recuperar la confianza y el consumo. En un comunicado, Anged apuntó que la propuesta de ampliar a 10 días festivos de aperturas es un retroceso frente a los 12 que el Gobierno del PP legisló en 2000 y calculó que las restricciones al comercio están impidiendo la creación de 20.000 puestos de trabajo.
Fuente: cincodias.com
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