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¿Qué coste sanitario y laboral tiene para la Administración Pública la deficiente calidad de las viviendas? Por primera vez, la Fundación La Casa que Ahorra ha presentado un estudio que estima el impacto que tendría en la salud y en la economía española una mejora de las condiciones de los hogares a través de una rehabilitación energética. Extrapolando los datos a nivel nacional para el número de viviendas estudiado (1,5 millones), las conclusiones son contundentes, el Estado se ahorraría 560 millones de euros en servicios sanitarios y costes laborales. Y la economía familiar entre 580 y 820 millones de euros.

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"Si se rehabilitaran energéticamente 1,5 millones de viviendas construidas en los años 60-80 sería posible evitar que unas 100.000 personas considerasen que tienen una salud mala o muy mala", cita el estudio. Además, las familias podrían ahorrarse entre 400-500 euros anuales en sus facturas energéticas, lo cual redundaría casi en la mitad de los costes energéticos totales de la vivienda.

"Si bien es cierto que existen numerosos estudios que refrendan que unas malas condiciones en el hogar (temperatura fría en invierno o altas temperaturas en verano, humedades, mala calidad del aire interior y ruido) ocasionan problemas en la salud (principalmente enfermedades respiratorias y cardiovasculares), hace falta profundizar en el porcentaje de mejora que desde el punto de vista cuantitativo tendría sobre la salud la eficiencia energética", ha destacado Jaume Salom, director de Energía Térmica y Edificación en IREC (Instituto de Investigación en Energía en Cataluña), entidad encargada de este estudio. Y es que, a nivel europeo alrededor del 15% de viviendas tienen problemas de humedades, el 10% de hongos y el 22% padecen las consecuencias del ruido.

En este contexto, el IREC ha evaluado cuál sería el impacto económico, sanitario y energético de una mejora energética sobre el stock de viviendas en España (excepto las ciudades de Ceuta y Melilla) potencialmente vulnerables y que, por tanto, no pueden garantizar las condiciones adecuadas de temperatura con sistemas de calefacción. Para ello, y teniendo en cuenta que el 55% de las viviendas están construidas antes de 1980 y el 30% en el periodo comprendido entre la década de los 60 y 80, se ha identificado aquellos hogares que gastan más del 10% de sus ingresos en energía (sufren de pobreza energética). En total 1,5 millones de viviendas o, lo que es lo mismo, el 8% del parque residencial español.

Estudiado el stock de vivienda sobre el que hipotéticamente se debería actuar, el IREC también realiza una radiografía de la salud atendiendo a diferentes indicadores como son las pirámides de edad (en dos tramos: de 24 a 64 años y mayores de 65), el estado de la salud autopercibida (o cómo es valorada por los propios españoles según la Encuesta Europea de Salud en España de 2014) y los tramos de ingresos anuales netos del hogar. Así, el 11% del grupo de edad de 24 a 64 declara que su salud es mala o muy mala, porcentaje que sube a 25% para mayores de 65 años. A través de la identificación de enfermedades asociadas a las malas condiciones en la vivienda, el estudio desvela que el 50% de la población de personas mayores de 65 años presenta algún tipo de enfermedad cardiovascular, mientras que un 10% tiene alguna enfermedad de alergia crónica.

Otro indicador estimado por el IREC es la Tasa de Mortalidad Adicional en Invierno (TMAI), basado en las Estadísticas de Defunciones de los años 2013 y 2014. Tomando como referencia un estudio europeo, "sorprende que los países del arco mediterráneo, que teóricamente tienen temperaturas más benignas, presentan una mayor TMAI, relacionado con la baja eficiencia energética de sus edificios y sus condiciones de temperatura interior", ha explicado Jaume Salom. Si nos centramos en España, "se estima que el número de MAI está alrededor de 7.000, en base al estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) que relaciona la TMAI con los grados-días de calefacción". En este sentido, a menor grados/días de calefacción la TMAI es mayor, por ejemplo en comunidades como Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también cifra que el 30% de las MAI está asociada a temperaturas frías en nuestro país, con 7.332 muertes al año, de las cuales 647 se atribuye a menores de 65 años.

En relación al impacto económico, con una inversión de 10.866 euros por vivienda con una rehabilitación pasiva (mejora de la envolvente de la vivienda) y 12.303 euros por vivienda con rehabilitación activa y pasiva (cambios en los sistemas de calefacción), la salud mala o muy mala autopercibida por la población mayor de 65 años se reduciría de un 24,9% a un 14,7%, mientras que las probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares se reducirían de un 50,6% a un 38,8%. Con todo, y a falta de datos menos conservadores, más difícil sería prever la reducción de las muertes adicionales de invierno debido a las condiciones de la vivienda.

La Administración también haría caja: unos 370 euros por vivienda. Para el sistema sanitario el ahorro en visitas hospitalarias y medicamentos sería de 150 euros por vivienda y la reducción de los costes en cuanto a bajas laborales de aproximadamente 220 euros por vivienda. Ahorros para las arcas del Estado a los que habría que añadir el que tendría en el usuario final en gastos energéticos: variaría entre 380 y 547 euros por vivienda en función de la rehabilitación acometida.

Fuente: elmundo.es

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3D plan drawingEl Ministerio de Fomento parece estar convencido en su estrategia y garantiza que la inversión en rehabilitación será una de sus prioridades. Buena parte del parque inmobiliario español necesita mejoras que aumenten la eficiencia energética y faciliten la accesibilidad, tal y como exige la normativa europea. El Ministerio de Fomento, bajo la dirección de Ana Pastor, lleva trabajando con constructoras, promotores, compañías eléctricas y entidades financieras desde hace más de un año y el documento aprobado ahora por la CEOE es el resultado de estos encuentros.

En este sentido, el ministro de Economía Luis de Guindos, ha declarado que el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha el Plan Estatal de Rehabilitación de Viviendas, que contempla la inversión de 2.300 millones de euros, señalando que la mejor política de vivienda es el crecimiento económico y la creación de empleo "y en eso estamos".

Así, el plan que propone Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), establece las medidas que habría que poner en marcha, el coste que tendrían para el Estado, la inversión privada que podría movilizar y los puestos de trabajo que se mantendrían o crearían en el periodo 2014-2020. Además, se establece un cálculo de qué ahorros energéticos podrían generar las mejoras introducidas en los inmuebles, en cuánto tiempo se amortizarían las inversiones realizadas y qué efectos tendrían sobre la recaudación de impuestos.

Según los expertos que han trabajado en el documento, la propuesta tiene un perfil conservador, ya que está basada en las cifras del GTR, el informe elaborado por Peter Swetman y Albert Cuchí, que establece con carácter general que por cada millón de euros que se invierte en rehabilitación se pueden generar unos 18 empleos, una cifra que otros estudios elevan a 50 puestos de trabajo por cada millón de gasto.

De este modo, la CEOE plantea cuatro posibles escenarios. El llamado "escenario base", con una aportación pública de solo el 25% y otros tres que van desde una participación del Estado del 30%, al 40% y 50%. En el primero se estima que con una inversión pública de unos 6.855 millones de euros, se podrían movilizar otros 20.979 millones de inversión privada hasta 2020 y crear o mantener 142.845 empleos (el 14,3% de todos los afiliados en la actualidad en el sector).

Pero, si se toma como referencia el escenario con mayor disponibilidad de fondos públicos, con un 50%, la creación de empleo llegaría a 212.352 puestos de trabajo, la inversión pública superaría los 30.405 millones y se movilizarían inversiones privadas por otros 42.318 millones.

Una de las novedades que incluye el texto es cómo empresas y entidades financieras reconocen la falta de eficacia que tienen las subvenciones directas, por lo que aconsejan que las ayudas se den a través de un nuevo sistema de avales y garantías del Estado. De esta forma, la patronal bancaria AEB sostiene que se podrían conceder créditos a particulares y comunidades de vecinos que hoy tienen cerrado el acceso a la financiación. Con el nuevo mecanismo podrían obtener préstamos a 15 o 20 años para financiar obras de mejoras en sus casas a tipos de interés del 4%-5%.

¿Cómo funcionarían los incentivos a las reformas?

Un rápido análisis del parque inmobiliario español concluye que casi el 2% de los edificios se encuentra en estado de conservación ruinoso y el 7,6% en estado deficiente. Esto significa, según el documento aprobado ayer por CEOE, que existen 963.326 edificios que deberían acometer obras de reforma en sus instalaciones. Por ello, la patronal plantea un amplio abanico de medidas para mejorar esta situación.

En general, los empresarios consultados por el Gobierno para esta propuesta consideran que son más efectivas y rápidas las actuaciones indirectas a través de bajadas de impuestos que las subvenciones. En este sentido, plantean, entre otras iniciativas, un IVA de rehabilitación, deducciones en el IRPF por inversión en reformas de la vivienda, un IBI reducido si el inmueble es más eficiente en materia energética, reducción de las tasas y licencias de obras, menos impuesto de sociedades para las empresas que acometan proyectos de este tipo y definir un nuevo régimen fiscal para las comunidades de propietarios.

¿Deberían entrar las empresas privadas en este negocio?

Según los expertos, si. Consideran que es sumamente rentable, siempre que se concedan facilidades a los particulares interesados, como ventanillas únicas de gestión de las ayudas y solicitud de los préstamos bonificados. De hecho, CEOE propone adoptar el modelo Green Deal del Reino Unido, según el cual las empresas ofrecen financiar esas obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas a sus propietarios y recuperan su inversión mediante el pago de un cargo especial en las facturas de los suministros eléctricos de sus clientes. Los plazos de amortización de estas inversiones suelen ser cortos y oscilan de siete a 17 años.

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Entra en vigor el nuevo Informe de Conservación y Evaluación Energética de la Comunidad Valenciana

energía solar en viviendaEl Gobierno Valenciano acaba de poner en marcha oficialmente el Informe de Conservación y Evaluación de la Comunidad Valenciana (ICE), un informe de inspección de edificios con el que, a partir de ahora, en las obras de rehabilitación se deberán proponer soluciones para reducir el consumo de energía.

De esta manera, se establece una serie de requisitos a cumplir por los edificios, que recibirán unas ayudas acordes con las verdaderas necesidades de cambio en la infraestructura.

En cada inspección se revisarán elementos como las fachadas, las cubiertas, su accesibilidad o el consumo de energía y las emisiones de CO2.

La Comunidad Valencia ha sido pionera en implantar un ICE, según ha destacado la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Comunidad Valenciana, María Jesús Rodríguez.