El aviso a navegantes del Ministerio de Economía va esta vez muy en serio y, para que no caiga en saco roto ni nadie se llame a engaños, fuentes oficiales recuerdan que el Consejo de Ministros ha estado esperando hasta el último minuto para renovar el trato de favor dentro de una regulación orientada específicamente a separar el grano de la paja dentro del mundo empresarial. En otras ocasiones, la dispensa contable se incluía en disposiciones legales que nada tenían que ver con los problemas empresariales, en una demostración palpable de improvisación ante la magnitud de la crisis que el anterior Gobierno se negó a reconocer.
De este modo el Gobierno, a través del subsecretario de Economía, Miguel Temboury, ha hecho llegar a las principales compañías del sector inmobiliario una clara advertencia para que aprovechen al máximo el nuevo decreto ley de reestructuración y refinanciación de deuda. El apercibimiento se sustenta con el anuncio de que 2014 será el último año del llamado "escudo legal antiquiebras" que protege a las empresas permitiendo que no tengan que computar las pérdidas generadas por la depreciación de activos durante la crisis económica.
La medida fue instaurada en 2008 por el Gobierno Zapatero para evitar el terremoto empresarial derivado de la regularización de balances que obligaba a muchas compañías a reponer capital o entrar en fase de disolución. El ajuste de precios en el mercado inmobiliario amenazaba entonces con provocar el desplome generalizado del sector, pero lo que nació como una excepción por dos años se ha convertido en una regla habitual de funcionamiento después de cinco prórrogas anuales consecutivas de exención contable.
El departamento que dirige Luis de Guindos alertó hace ya un año con poner término a esta especie de "indulto contable", pero el ministro ha preferido cargarse de razones para justificar con plena legitimidad la suspensión de una normativa que obligará a no pocos esfuerzos de equilibrio financiero para evitar la quiebra de muchas empresas. De ahí que la nueva y última moratoria aprobada hace escasamente unos días se haya habilitado a modo de disposición final entre las medidas urgentes destinadas a facilitar la recapitalización de deudas.
El real decreto 4/2014 del pasado 7 de marzo establece la exención de computar en las cuentas anuales las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de inversiones inmobiliarias y de las existencias o préstamos y partidas a cobrar. Ahora bien, el articulado de la reciente normativa deja muy claro que se trata de una situación "excepcional" y aplicable exclusivamente a los ejercicios sociales que se cierran en el presente ejercicio 2014.
Refinanciaciones en la fase preconcursal
Luis de Guindos, después de intensas gestiones con su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha propiciado ahora un marco muy favorable para la recapitalización de deudas, orientado sobre todo a la llamada fase preconcursal que antecede a la presentación de una suspensión de pagos. El objetivo es facilitar mecanismos de refinanciación que eviten la liquidación de empresas previo paso por los juzgados, pero con la salvedad de discriminar siempre y de forma clara los proyectos viables de los que realmente no lo son.
La dispensa legal para evitar la reposición de capital no puede convertirse, por tanto, en una pauta común de actuación porque la salida de la crisis exige también empresas capaces de revertir sus problemas de deuda asegurando el reequilibrio patrimonial de los negocios. Las "bulas contables" se han acabado en la España que aspira a la recuperación y en 2015 los estados financieros deberán ajustarse sin mayores contemplaciones para garantizar la solvencia de las empresas. La nueva era de crecimiento económico supone también un importante desafío y el que no esté en condiciones de superarlo deberá asumirlo con todas las consecuencias.
Fuente: elconfidencial.com
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