Cambio de tendencia. La opción del alquiler es más demandada entre los andaluces que aspiran a hacerse con una vivienda protegida (VPO) que la compra de la misma, la opción tradicionalmente más habitual. La situación del mercado inmobiliario y el empeoramiento de la situación económica han virado la opción mayoritaria de los andaluces que pretenden hacerse con una VPO: dos de cada tres demandantes de vivienda protegida eligen el régimen de alquiler.
Los datos pertenecen al balance de solicitudes recibidas en los registros municipales de vivienda, obligatorios tras la aprobación en febrero del pasado año de la Ley autonómica de Vivienda. Los ayuntamientos tienen una moratoria hasta el próximo año para implantar estos registros.
Desde que los municipios de Córdoba e Isla Cristina estrenasen este servicio en cumplimiento de la ley, se han venido sumando más ayuntamientos hasta alcanzar la cifra de 222 en la actualidad, el 28,7%. Entre ellos se encuentran la mayoría de los grandes municipios de la comunidad, por lo que el 73% de la población ya puede inscribirse en uno de estos registros, paso previo para poder reclamar, incluso judicialmente, el derecho a una vivienda.
En los meses transcurridos, estos registros han recibido 70.000 solicitudes, según los datos aportados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. El 65,8% de los solicitantes se decanta por el régimen de alquiler y el 34,2% por la compra. Dentro de los que se inclinan por el régimen de arrendamiento, el 43,3% elige la fórmula del alquiler con opción a compra. Esta modalidad ofrece la posibilidad de acceder a la propiedad del inmueble pasados unos años -entre siete y diez-, con la particularidad de que al precio final del piso se le descontará parte del dinero que se haya abonado en concepto de renta.
La propia Junta atribuye este cambio de tendencia a la incidencia de la crisis, en la que el grueso de la población andaluza ha visto empeorada su situación económica, y a otros factores como la movilidad. Estos datos pueden contribuir a un cambio en los planes de vivienda de la Junta para fomentar el alquiler frente a la construcción de VPO, pese a que cuenta con la opinión contraria de alcaldes y los sindicatos CCOO y UGT.
También es posible que esta preferencia se deba a que el perfil tipo es el de una familia joven, con un nivel de ingresos inferiores a los 19.000 euros brutos anuales. De hecho, el 71% de los interesados en una VPO que acudieron a estos registros tienen unos ingresos inferiores a 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Otro 18,4% declara un máximo de 29.000 euros. Para este tope de ingresos -el 90% de la demanda- la VPO es de régimen especial, mientras que para los intermedios y más altos -un 10%- el plan concertado prevé las VPO de régimen general y las de iniciativa municipal y autonómica.
Fuente: diariodesevilla.es
