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localrentaantigua 300x164 - Cerrado por alquiler: El fin de la renta antigua pone en riesgo 500.000 puestos de trabajoLa cuenta atrás ha comenzado. El 31 de diciembre acaba la renovación de los contratos previos a 1985 que afectan a casi 200.000 locales comerciales de renta antigua. Según los expertos y organizaciones empresariales, miles de pequeños comercios que a duras penas resisten la presión de las grandes cadenas y de los constantes envites de la crisis, están a punto de sufrir un duro varapalo con el final de los alquileres de renta antigua en las grandes ciudades.

El fin de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), conocida popularmente como "Ley Boyer", aunque la legislación ha protegido a los comercios con contratos anteriores a 1985 del notable aumento de los alquileres desde entonces, y es considerada por todos como un anacronismo, e incluso los mismos afectados entienden que los caseros quieran obtener el máximo rendimiento. Pero si las subidas de estos alquileres son demasiado altas, pueden poner en peligro la presencia de un sector que ha ayudado a la difícil recuperación económica que aún estamos pasando, y aliviado las altas tasas de paro a pesar de la supremacía de las grandes superficies.

Los nuevos precios, que superan en 10 o 15 veces los actuales, hacen que sea imposible la supervivencia de los comercios tradicionales, que agonizan desde hace años por la crisis, la bajada de ventas, la liberalización de horarios, las nuevas formas de comprar o la subida de precios en zonas turísticas por la presión de las grandes franquicias, dispuestas a pagar en un mes lo que les costaría a los pequeños comerciantes un año.

Moratoria de 5 años para los locales alquilados a comercios y pymes

Si las condiciones de los alquileres cambian radicalmente cuando expire la ley el próximo uno de enero, el sector del comercio minorista calcula que se pone en riesgo 519.000 puestos de trabajo en toda España y afectará a más de 190.000 comercios.

Con este temor, tanto La Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas de España (Copyme) y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) han solicitado una moratoria al Gobierno para prorrogar los alquileres de renta antigua cinco años, del 2015 a 2020, arrendados a comercios y pymes.

Sebastián Reyna, presidente de UPTA, asegura que de los 200.000 locales que actualmente tienen contratos de renta antigua muchos de ellos han pactado alguna actualización de sus rentas y entre 15.000 y 20.000 mantienen conversaciones con los propietarios para buscar una solución antes de que acabe el año. Entre 60.000 y 75.000 contratos de alquiler de renta antigua aún no han sufrido ninguna actualización.

Cada día se ven más carteles de liquidación, que es la única opción de los que se han dado por vencidos. Pilar Pina de 69 años, ha dirigido un negocio de óptica en Madrid durante las pasadas cuatro décadas, ya ha decidido que va a cerrar. "Me voy, me rindo", dijo para explicar que ha sido incapaz de renegociar una subida de menos de 2.000 euros desde los 1.400 euros mensuales que paga actualmente al mes. "Estaba dispuesta a pagar varios cientos de euros más, pero mi casera estaba pidiendo algo utópico".

La mayoría de los locales comerciales con renta antigua se ubican en Cataluña, principalmente en Barcelona, además de otras ciudades como Madrid, Granada, Córdoba, Málaga, Santander, junto con algunas zonas rurales y aldeas de Galicia, y muchos en menos proporción diseminados por todo el país.

Fuente: eleconomista.es - Imagen: EFE

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decompas 300x152 - El Gobierno impone a 14 grandes municipios turísticos libertad de horarios comercialesSegún el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, "Estamos desaprovechando la oportunidad de recibir cada año 60 millones de turistas, ya que muchos de los días festivos en los que llegan a nuestros destinos se encuentran con los comercios cerrados".

La frase define con claridad la intención de la propuesta liberalizadora de los horarios comerciales que ha presentado el Gobierno a las comunidades autónomas y que supone cambios fundamentales para el comercio minorista, cuya competencia reside en las mismas regiones, y no está exenta de polémica sobre su conveniencia y beneficios.

En concreto 4 aspectos de la propuesta afectarán directamente a los comerciantes en relación a la liberalización de horarios. El más llamativo, por imposición, establece la obligación a 14 grandes municipios turísticos para que creen zonas de gran afluencia turísticas en las que no haya restricciones en las horas de cierre y apertura. También se amplía de 72 a 90 el número de horas semanales que pueden abrir sus establecimientos en días laborables, y se eleva de 8 a 10 el mínimo de festivos que se debe abrir, el cuarto cambo importante es el incremento de 150 a 300 metros cuadrados el umbral a partir del cual el pequeño y mediano comercio tiene libertad de horarios.

En esta lista que obliga a la libertad de horarios comerciales se encuentran las localidades de BarcelonaAlicanteValenciaZaragozaMálagaSevillaLas Palmas de Gran CanariaBilbaoCórdobaGranadaCartagena, junto con los ayuntamientos de MadridPalma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, que no tendrán que tomar ninguna medida adicional ya que disponen de zonas con total libertad al comercio.

En todas estas localidades se cumplen algunos de los tres factores fijados por el Ejecutivo: tener más de 200.000 habitantes, registrar más de un millón de pernoctaciones anuales, o una afluencia superior a 400.000 pasajeros en cruceros), por lo que dispondrán de un plazo de seis meses desde que se apruebe la norma para delimitar las zonas turísticas que tendrán libertad absoluta de horarios comerciales. "Serán los municipios los que establezcan las zonas que deben funcionar sin restricciones y la aprobación definitiva procederá de la autonomía", subrayó García-Legaz, quién no aclaró si esta normativa se tramitará como decreto o proyecto de ley (podrían incluirse enmiendas en la tramitación). Según fuentes autonómicas presentes en la reunión lo más probable es que se tramite como real decreto (como se ha hecho con los ajustes en Sanidad y Educación o los acuerdos para no disponibilidad de créditos) para que las medidas liberalizadoras puedan aplicarse lo antes posible.

Esta medida supone una afrenta para el ayuntamiento de Barcelona, cuyas autoridades, al igual que la gran mayoría del resto de municipios catalanes, se han negado tradicionalmente a ampliar los horarios comerciales ante el daño que podría causar al pequeño y mediano comercio, muy representativo en esa comunidad autónoma. De hecho, el secretario general de la Confederación del Comercio de Cataluña, Miquel æeuro;ngel Fraile, animó al Ejecutivo presidido por Artur Mas a acudir al Constitucional si el Gobierno no rectifica sus propuestas sobre horarios comerciales.

Tampoco fue bien recibida la propuesta desde la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged), quién consideró que "tendrá un alcance imperceptible, muy alejado de las reformas de calado que requiere la economía española para recuperar la confianza y el consumo. En un comunicado, Anged apuntó que la propuesta de ampliar a 10 días festivos de aperturas es un retroceso frente a los 12 que el Gobierno del PP legisló en 2000 y calculó que las restricciones al comercio están impidiendo la creación de 20.000 puestos de trabajo.

Fuente: cincodias.com

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