A España le está costando varios años de adaptación asumir el pinchazo de los excesos inmobiliarios. Ciudadanos y empresas inmobiliarias han tenido que someterse a una importante cura de humildad, resistiendo o reinventándose (o incluso desapareciendo en muchos casos), a la vez que el mercado realizaba un importante ajuste a la baja en los precios de las casas y pisos en venta. El sector, entidades financieras, y la Sareb ("el banco malo") comienza a preguntarse ¿qué se puede hacer con el enorme stock de viviendas sin vender? No sólo las ya construidas, sino también las que están a medio construir. No es una cuestión menor, este es sin duda uno de los grandes lastres que mantienen prácticamente parado el sector inmobiliario. Las alternativas parecen estar claras, o se mantienen asumiendo un elevado coste, o la demolición para la regeneración de la actividad en muchas zonas de España.
El stock de viviendas nuevas sin vender en España se sitúa entre las 675.000 y las 815.000, según el Ministerio de Fomento o el último informe de CatalunyaCaixa. A esta cantidad de viviendas vacías se une cerca de medio millón de casas más que están en construcción, y que ahí siguen desde el inicio de la crisis. Todas estas viviendas se concentran en su mayor proporción en Castellón, Toledo, Murcia, Almería, Tarragona, La Rioja, Alicante y Málaga.
Actualmente hay indicios de recuperación a través de inversores y los compradores extranjeros que vuelven a interesarse por el mercado inmobiliario español, pero el ritmo de venta es todavía muy lento para absorber todo este stock. En el primer semestre de este año salieron al mercado 23.118 viviendas según el Ministerio de Fomento. Una cifra mínima en comparación con la época del boom, cuando en un semestre se levantaban cerca de 300.000 casas. A pesar de todo, solo se consiguió vender 20.770 hasta junio. Según los expertos, hay sitios donde las viviendas no valen nada por calidades o por ubicación y que solo tienen costes para el contribuyente. ¿Qué hacer entonces con ellas?
Como ya sucediera en Irlanda o Estados Unidos, que también se despertaron de forma repentina de un boom inmobiliario, el derribo podría ser la solución a parte del problema. En este sentido, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) aprobó el pasado mes de marzo un plan de negocio que reserva 103 millones de euros para demoliciones de edificios. Se trata de una cantidad algo inferior a la que se destina a mantenimiento de edificios (130 millones) y obras en curso (133 millones). Eso si, la Sareb explica que las demoliciones nunca se realizarán con promociones terminadas, sino con obras que estén en curso, y que el derribo no será inmediato.
El deterioro de los edificios es, precisamente, uno de los motivos que justificaría derribos, puesto que estos acarrean un elevado coste de mantenimiento que asumen los vecinos vía impuestos municipales, e incluso inciden en el precio del resto de inmuebles de la zona. En los estudios realizados en Estados Unidos, se concluye que por ejemplo, la ciudad de Filadelfia gasta cada año 20 millones de dólares (14,5 millones de euros) en mantener las propiedades vacías, que a su vez arrastra a la baja los precios del resto de inmuebles hasta provocar una depreciación conjunta de 3.600 millones de dólares (2.608 millones de euros).
No obstante, hay quien considera que la demolición no tiene por qué ser el único destino para estas viviendas sin vender. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), subrayan las necesidades urgentes de vivienda social “Como mínimo, la Sareb debería haber cedido las viviendas a los Ayuntamientos, porque tal vez es complicado ofrecer pisos por un alquiler de 100 euros al mes en Barcelona, pero no en Vilafranca del Penedès, donde hay viviendas de sobra”. Y proponen realizar una nueva planificación con el stock que está en manos del banco malo. “Los solares sin edificar deberían destinarse a equipamientos y muchas viviendas podrían ser destinadas a tareas sociales”.
Aún queda mucho camino por recorrer. La banca sigue tratando de reducir su exposición al inmobiliario a base de reducir sus préstamos a las empresas del sector y, además, debe zafarse de las miles de viviendas que se ha ido adjudicando. Por este motivo es complicado que se reanuden muchas obras a corto plazo. Los expertos consideran que a medida que se vaya drenando el stock surgirá la duda de qué hacer con lo que hay por construir. Y en algunos casos, se acudirá a la picota.
Fuente e imagen: elpais.com
