En el conjunto de España y sin computar las ayudas al sector financiero, el pasado año 2015 se cerró con un déficit público que alcanza el 5,16% del PIB. Las comunidades autónomas a su vez cierran el año con un déficit del 1,66% del PIB, y la Administración central y la Seguridad Social han tenido un déficit conjunto del 3,94%, mientras las entidades locales han presentado superávit de 0,44%. Los datos muestran por tanto que las comunidades son corresponsables del déficit, en la misma proporción que su participación en el gasto público total. El dato supone una desviación cercana a los 9.000 millones de euros respecto al objetivo del 4,2% del PIB pactado con Bruselas.
De este modo, España ha vuelto a incumplir el objetivo de déficit y lo ha hecho por un margen muy superior al que había adelantado el propio presidente del Gobierno. Mariano Rajoy había hablado a principios de febrero de un 4,5% del PIB, pero la cifra ha sido finalmente 5,16%. También es cierto que el fuerte desfase en las cuentas públicas coincide con un año en que el crecimiento económico ha superado ampliamente las previsiones y la recaudación por impuestos ha aumentado con fuerza. Los números rojos se tenían que haber reducido del 5,8% del PIB registrado en 2014 al 4,2% previsto solo con la inercia del tirón económico. Sin embargo, las secuelas del año electoral (en 2015 se celebraron elecciones autonómicas, municipales, en mayo, y generales, en diciembre) y las fisuras en la financiación de la Seguridad Social han echado por tierra la consolidación fiscal.
Aunque el problema del déficit es complejo en el que intervienen varios factores, según los expertos el desfase se debe sobre todo a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social que han rebasado con creces sus límites presupuestarios. Para tratar de contener el déficit de las comunidades, Cristóbal Montoro prepara medidas adicionales de control de carácter coercitivo que condicionarán su financiación. De hecho, el ministerio ya ha enviado requerimientos de información a media docena de administraciones regionales en los que les advierte de que pondrá en marcha el procedimiento corrector, la antesala de medidas más drásticas como serían la gestión de los pagos, o una sanción equivalente al 0,2% del PIB regional y en el caso más extremo la intervención. El ministro pondrá en marcha nuevas medidas coercitivas de control sobre el gasto de las comunidades previstas en la ley de Estabilidad Presupuestaria y en la Regla de Gasto, que no se habían ejecutado hasta ahora.
Seis comunidades autónomas empeoran el déficit en 2015
Cataluña se convirtió en 2015 en la comunidad autónoma con el déficit más alto (2,70% del PIB), empeorando su posición en 2014, cuando Murcia fue la región más incumplidora. El desfase presupuestario de la Generalitat fue de 5.532 millones. El mayor en términos absolutos, seguido de la Comunidad de Madrid, con 2.774 millones (1,36%). El vicepresidente catalán y consejero de Economía, Oriol Junqueras, exige para 2016 un déficit del 1,07% frente al del 0,3% fijado por el Estado para las autonomías en aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria. De esa forma, justifica que dispondría de 1.600 millones.
Comunidad Valenciana (2,51%), Aragón (2,13%), Asturias (1,53%), Castilla y León (1,33%) y Navarra (1,28%) cerraron 2015 con un incremento del déficit respecto al curso anterior. Las regiones acumularon en su conjunto un déficit del 1,66% del PIB, lo que supone unos números rojos de 17.962 millones.
De las 17 comunidades autónomas, tan solo tres de ellas, Canarias (0,54%), Galicia (0,57%) y País Vasco (0,69%), cumplieron con el objetivo de déficit del ejercicio pasado.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha cuestionado a los nuevos Gobiernos autónomos surgidos de las elecciones del año pasado, a su juicio "Gobiernos de consenso que parece que no sirven más que para hacer anuncios de gasto". El consejero de Hacienda de Valencia, Vicent Soler, se mostró "indignado y asombrado" ante las críticas de Montoro, muy selectivo en sus argumentos. Valencia es una de las comunidades que reclaman con más énfasis un nuevo sistema de financiación.
Falta de disciplina presupuestaria
Para Alain Cuenca, profesor titular de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, España tiene un deficiente diseño de la arquitectura presupuestaria. Culpar a las comunidades es un enfoque erróneo, lo que necesitamos es una reforma de la política fiscal de todas las administraciones públicas en España. Será una difícil tarea para el próximo gobierno, pero no solo para él. Según su opinión, se requiere un Pacto de Estabilidad y Sostenibilidad de las cuentas públicas entre todos los niveles de gobierno. Ese pacto debería tener los siguientes elementos vinculados entre sí: una financiación territorial más adecuada; unos compromisos creíbles y leales de disciplina presupuestaria, cuyo incumplimiento sea objeto de sanciones automáticas; y, en un periodo de tiempo prudente, el retorno de las comunidades autónomas a la disciplina de los mercados financieros.
Desde Hacienda confían que las comunidades puedan recuperar el terreno perdido en 2016 por la sustancial mejora de la financiación autonómica. Las comunidades contarán con casi 10.000 millones más este año. Pero la gran preocupación está en el boquete de la Seguridad Social, con una vía de agua que se agranda cada año. Las múltiples bonificaciones y la precarización del empleo ha provocado que el aumento de los puestos de trabajo no se haya traducido en incrementos de las cotizaciones al mismo ritmo. Al tiempo, el gasto en pensiones ha seguido creciendo con fuerza pese a limitarse la revalorización al 0,25%. El Ejecutivo popular había previsto una reforma del sistema de las pensiones y tenía planeado convocar en este primer trimestre el Pacto de Toledo. Es una de las muchas asignaturas pendientes para el próximo Gobierno.
Fuente: elpais.com
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