El secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Rafael Catalá, ha mostrado la confianza del Ministerio de Fomento en que la reducción de la duración máxima de los contratos de alquiler de viviendas lleve a los propietarios de pisos vacíos a arrendarlos.
"Creemos que puede ser un incentivo para que los propietarios puedan decidir poner en el mercado de alquiler esas viviendas vacías que existen", indicó Catalá en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.
El 'número dos' de Fomento destacó que el anteproyecto de Ley por de modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la de Enjuiciamiento Civil elevado al Consejo de Ministros del pasado viernes flexibiliza el mercado de forma que se prioriza el acuerdo entre las partes.
"La ley fija unas normas comunes, pero pensamos que tiene que regir el acuerdo entre las partes en los alquileres, en la fijación del precio o en las condiciones de finalización para ambas partes", argumentó Catalá.
El secretario de Estado destacó que la reforma "flexibiliza" también el sistema de desahucios en caso de impago del inquilino, "de tal forma que no sea un procedimiento lento, tardío y a veces frustante para el propietario".
"Una vez que se produce el impago de la renta, en un plazo de diez días, se le requiere al inquilino para que pague. Si no tiene una causa que lo justifique, el juzgado dictará inmediatamente la orden de desahucio", explicó Catalá.
También se refirió a la recuperación de la vivienda por parte del propietario, que tendrá lugar "cuando haya una causa importante, como que sea necesaria para él o para sus familiares en primer grado, sin que esté pactado necesario en el contrato, con un preaviso de dos meses".
"De su lado, el inquilino podrá poner fin al contrato de arrendamiento cuando considere necesario, siempre que lo avise en un plazo de un mes", añadió Catalá.
Según el secretario de Estado, en España existen 1,80 millones de viviendas en alquiler del parque total de 25 millones de pisos, "mientras que en el resto de Europa la proporción es al revés, "entre el 65% y el 70% de los inmuebles son de alquiler, y sólo un 35% o un 40% son en propiedad".
"Ello tiene mucho que ver con la cultura de los ciudadanos españoles", reconoció el 'número dos' de Fomento, "pero también con que las leyes no han dado seguridad y garantías", concluyó.
Fuente: europapress.es
