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El clamor contra los desahucios en España ha puesto contra las cuerdas al Gobierno en plena campaña electoral catalana del 25N. Unos 350.000 propietarios han perdido su vivienda a manos de la banca en España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008. Un Ejército de descontentos dispuestos a rebelarse y a votar y una imparable corriente de solidaridad obligan ahora a una rápida reforma de la ley hipotecaria de principios del siglo pasado.

El Gobierno busca el establecimiento de un nuevo marco legal acorde con lo que exige la situación y las normativas existentes en los países occidentales y que permita frenar los desahucios. Paralelamente, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado una reforma legislativa que ha agilizado el desahucio por el impago de un alquiler.

El hecho es que España, que alardeaba hace poco del sistema financiero más moderno y con más cajeros, aplica a sus clientes mecanismos de usura capaces de dejar en la calle, literalmente, a familias que no han podido cumplir con el pago de la hipoteca. Mientras la banca se revuelve contra la reforma del marco legal, ante el temor a un quebranto de sus ya maltrechos balances financieros, al Gobierno se le exigen los cambios legales necesarios para permitir una moratoria en el pago de los plazos de la hipoteca en el caso de dificultades de las familias más desfavorecidas.

Las líneas principales de esas reformas en ciernes no satisfacen completamente a los afectados. El objetivo sigue siendo que se aplique de la manera más general posible el concepto dación en pago, que últimamente parece haber pasado a un segundo plano de la discusión pública en favor de la moratoria de los pagos. ...continúa leyendo "El clamor popular obliga a diseñar un nuevo marco legal contra los desahucios"

La Asociación Española de Banca (AEB) ha anunciado hoy que acepta la propuesta del Gobierno para frenar los desahucios en casos extremos, tal y como acordaron el viernes el Ejecutivo y el PSOE para hacer frente a la creciente presión social y el rechazo a las prácticas de las entidades. "Ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios", la patronal afirma en un comunicado que ha alcanzado un compromiso por el que todos sus miembros paralizarán "los lanzamientos durante los dos próximos años en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.

La asociación, sin embargo, no concreta en que consistirán estas circunstancias extremas. En cualquier caso, la medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que no será aplicable a las hipotecas que están en proceso de ejecución.

Según indica la AEB, la medida se toma "por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social". "El contenido de este compromiso había sido objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica", añade la nota.

Además, con vistas a los contactos entre los principales partidos para una posible reforma de la banca, la AEB afirma que está "a disposición del Gobierno, del principal partido de la oposición y del resto de formaciones políticas, para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir satisfaciendo la necesidad primaria de vivienda de los ciudadanos".

Aunque la multiplicación de desahucios no es un fenómeno nuevo, la publicación en los medios de los suicidios por los desalojos y la mayor presión social ha llevado a los partidos a ponerse manos a la obra para reformar la normativa. También ha motivado a los políticos a moverse rápido la entrada en escena de los jueces y su denuncia de la impunidad que la ley otorga a las entidades —y los abusos en las hipotecas—frente a los clientes.

La banca ya aceptó en su día a regañadientes el código de buenas prácticas aprobado en marzo de 2012 para frenar la multiplicación de ejecuciones, que rozan las 400.000 desde el inicio de la crisis. El código, en teoría, aumenta la protección contra los desahucios de las familias con todos sus miembros en paro, que tuviesen que destinar más del 60% de sus ingresos a la hipoteca y si no tenían una segunda vivienda. No obstante, solo es de aplicación siempre y cuando el crédito no tuviese garantías reales o personales —esto es, que no estuviesen avaladas por un familiar, por ejemplo—. En caso de existir, los garantes también tenían que cumplir los requisitos de estar todos los miembros de la unidad familiar en paro, superar el citado umbral del 60% y no tener otros bienes o derechos reales.

Sobre su eficacia y dado el retraso que sufren los procesos desde que llegan a los tribunales hasta que se produce el desalojo es pronto para aventurar si ha tenido éxito o no en su objetivo de frenar los desahucios. También está por ver si las "circunstancias extremas" a las que alude la AEB van más allá que las condiciones incluidas en el código de buenas prácticas.

Fuente: economia.elpais.com