La Asociación Española de Banca (AEB) ha anunciado hoy que acepta la propuesta del Gobierno para frenar los desahucios en casos extremos, tal y como acordaron el viernes el Ejecutivo y el PSOE para hacer frente a la creciente presión social y el rechazo a las prácticas de las entidades. "Ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios", la patronal afirma en un comunicado que ha alcanzado un compromiso por el que todos sus miembros paralizarán "los lanzamientos durante los dos próximos años en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.
La asociación, sin embargo, no concreta en que consistirán estas circunstancias extremas. En cualquier caso, la medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que no será aplicable a las hipotecas que están en proceso de ejecución.
Según indica la AEB, la medida se toma "por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social". "El contenido de este compromiso había sido objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica", añade la nota.
Además, con vistas a los contactos entre los principales partidos para una posible reforma de la banca, la AEB afirma que está "a disposición del Gobierno, del principal partido de la oposición y del resto de formaciones políticas, para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir satisfaciendo la necesidad primaria de vivienda de los ciudadanos".
Aunque la multiplicación de desahucios no es un fenómeno nuevo, la publicación en los medios de los suicidios por los desalojos y la mayor presión social ha llevado a los partidos a ponerse manos a la obra para reformar la normativa. También ha motivado a los políticos a moverse rápido la entrada en escena de los jueces y su denuncia de la impunidad que la ley otorga a las entidades —y los abusos en las hipotecas—frente a los clientes.
La banca ya aceptó en su día a regañadientes el código de buenas prácticas aprobado en marzo de 2012 para frenar la multiplicación de ejecuciones, que rozan las 400.000 desde el inicio de la crisis. El código, en teoría, aumenta la protección contra los desahucios de las familias con todos sus miembros en paro, que tuviesen que destinar más del 60% de sus ingresos a la hipoteca y si no tenían una segunda vivienda. No obstante, solo es de aplicación siempre y cuando el crédito no tuviese garantías reales o personales —esto es, que no estuviesen avaladas por un familiar, por ejemplo—. En caso de existir, los garantes también tenían que cumplir los requisitos de estar todos los miembros de la unidad familiar en paro, superar el citado umbral del 60% y no tener otros bienes o derechos reales.
Sobre su eficacia y dado el retraso que sufren los procesos desde que llegan a los tribunales hasta que se produce el desalojo es pronto para aventurar si ha tenido éxito o no en su objetivo de frenar los desahucios. También está por ver si las "circunstancias extremas" a las que alude la AEB van más allá que las condiciones incluidas en el código de buenas prácticas.
Fuente: economia.elpais.com
