El Ministerio de Fomento parece estar convencido en su estrategia y garantiza que la inversión en rehabilitación será una de sus prioridades. Buena parte del parque inmobiliario español necesita mejoras que aumenten la eficiencia energética y faciliten la accesibilidad, tal y como exige la normativa europea. El Ministerio de Fomento, bajo la dirección de Ana Pastor, lleva trabajando con constructoras, promotores, compañías eléctricas y entidades financieras desde hace más de un año y el documento aprobado ahora por la CEOE es el resultado de estos encuentros.
En este sentido, el ministro de Economía Luis de Guindos, ha declarado que el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha el Plan Estatal de Rehabilitación de Viviendas, que contempla la inversión de 2.300 millones de euros, señalando que la mejor política de vivienda es el crecimiento económico y la creación de empleo "y en eso estamos".
Así, el plan que propone Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), establece las medidas que habría que poner en marcha, el coste que tendrían para el Estado, la inversión privada que podría movilizar y los puestos de trabajo que se mantendrían o crearían en el periodo 2014-2020. Además, se establece un cálculo de qué ahorros energéticos podrían generar las mejoras introducidas en los inmuebles, en cuánto tiempo se amortizarían las inversiones realizadas y qué efectos tendrían sobre la recaudación de impuestos.
Según los expertos que han trabajado en el documento, la propuesta tiene un perfil conservador, ya que está basada en las cifras del GTR, el informe elaborado por Peter Swetman y Albert Cuchí, que establece con carácter general que por cada millón de euros que se invierte en rehabilitación se pueden generar unos 18 empleos, una cifra que otros estudios elevan a 50 puestos de trabajo por cada millón de gasto.
De este modo, la CEOE plantea cuatro posibles escenarios. El llamado "escenario base", con una aportación pública de solo el 25% y otros tres que van desde una participación del Estado del 30%, al 40% y 50%. En el primero se estima que con una inversión pública de unos 6.855 millones de euros, se podrían movilizar otros 20.979 millones de inversión privada hasta 2020 y crear o mantener 142.845 empleos (el 14,3% de todos los afiliados en la actualidad en el sector).
Pero, si se toma como referencia el escenario con mayor disponibilidad de fondos públicos, con un 50%, la creación de empleo llegaría a 212.352 puestos de trabajo, la inversión pública superaría los 30.405 millones y se movilizarían inversiones privadas por otros 42.318 millones.
Una de las novedades que incluye el texto es cómo empresas y entidades financieras reconocen la falta de eficacia que tienen las subvenciones directas, por lo que aconsejan que las ayudas se den a través de un nuevo sistema de avales y garantías del Estado. De esta forma, la patronal bancaria AEB sostiene que se podrían conceder créditos a particulares y comunidades de vecinos que hoy tienen cerrado el acceso a la financiación. Con el nuevo mecanismo podrían obtener préstamos a 15 o 20 años para financiar obras de mejoras en sus casas a tipos de interés del 4%-5%.
¿Cómo funcionarían los incentivos a las reformas?
Un rápido análisis del parque inmobiliario español concluye que casi el 2% de los edificios se encuentra en estado de conservación ruinoso y el 7,6% en estado deficiente. Esto significa, según el documento aprobado ayer por CEOE, que existen 963.326 edificios que deberían acometer obras de reforma en sus instalaciones. Por ello, la patronal plantea un amplio abanico de medidas para mejorar esta situación.
En general, los empresarios consultados por el Gobierno para esta propuesta consideran que son más efectivas y rápidas las actuaciones indirectas a través de bajadas de impuestos que las subvenciones. En este sentido, plantean, entre otras iniciativas, un IVA de rehabilitación, deducciones en el IRPF por inversión en reformas de la vivienda, un IBI reducido si el inmueble es más eficiente en materia energética, reducción de las tasas y licencias de obras, menos impuesto de sociedades para las empresas que acometan proyectos de este tipo y definir un nuevo régimen fiscal para las comunidades de propietarios.
¿Deberían entrar las empresas privadas en este negocio?
Según los expertos, si. Consideran que es sumamente rentable, siempre que se concedan facilidades a los particulares interesados, como ventanillas únicas de gestión de las ayudas y solicitud de los préstamos bonificados. De hecho, CEOE propone adoptar el modelo Green Deal del Reino Unido, según el cual las empresas ofrecen financiar esas obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas a sus propietarios y recuperan su inversión mediante el pago de un cargo especial en las facturas de los suministros eléctricos de sus clientes. Los plazos de amortización de estas inversiones suelen ser cortos y oscilan de siete a 17 años.
Fuenet: cincodias.com
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